Compartir

La agrupación de la sociedad civil “Equipo Indignación” mandó una carta al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, donde le exige poner un alto a las frecuentes muertes de ciudadanos a manos de la Policía.
Las activistas locales que defienden los derechos humanos señalan a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) yucateca por ocultar la información en el presunto homicidio de un hombre que fue “levantado” esta semana por elementos estatales en el puerto de Progreso, “un deplorable silencio” que incluye a Vila Dosal.
En su misiva al mandatario yucateco, el grupo Indignación le recuerda casos similares que han ocurrido a habitantes de Yucatán que están bajo custodia de policías del Estado y de municipios, hasta la fecha todos ellos impunes.
El caso más sangriento que PRESIDIO pudo documentar fue el asesinato a balazos de un habitante de Tzucacab, que fue acribillado a sangre fría mientras dormía en su hamaca, por agentes al mando de un comandante de la Policía Yucateca, Ariel Alonso Samos Sánchez, hombre de confianza del titular de la SSP Luis Felipe Saidén Ojeda.
Ese hecho, que fue evidenciado con fotografías en poder de este medio, derivó en disturbios y destrozos por la población en el Palacio Municipal y la expulsión del comandante, que fue destituido por el alcalde tras revelarse los detalles.
En la carta enviada hoy al gobernador Vila Dosal, sobre el nuevo caso que amenaza con salírsele de las manos, el texto íntegro dice:

C. Mauricio Vila Dosal
Gobernador de Yucatán

Señor Gobernador:

Con gran preocupación, consternadas, nos enteramos una vez más del fallecimiento de una persona mientras estaba a cargo de la policía de Yucatán.
Un escueto boletín de la Secretaría de Seguridad Pública, más que informar, ocultó datos, nombres, lugares, fechas, responsables, circunstancias de la “muerte” de una persona “mientras era trasladada a la cárcel pública”.
Al boletín de la SSP, emitido el 25 de febrero pasado, ha seguido un deplorable silencio de las distintas autoridades, instituciones y dependencias responsables, incluyéndolo a usted.
Por declaraciones de familiares de Gaspar Sulub Cimé, a quienes expresamos nuestra solidaridad, hemos sabido de la detención ilegal, violenta y arbitraria de la que fue objeto a manos de policías estatales la noche del lunes 24 de febrero pasado, en Progreso; de la forma como los familiares fueron informados de su fallecimiento, de las fundadas sospechas de tortura y asesinato, y de la crueldad posterior a la que han sido expuestos, en medio del dolor por la pérdida que enfrentan y por las graves circunstancias en las que ocurrió, al negárseles el cuerpo, información y garantías de una investigación pronta e imparcial.
“Al comunicado de la SSP le falta demasiada información. A nosotras nos sobran preguntas. Esperamos con atención”, le expresamos el día que se publicó el boletín (el martes pasado). Sin embargo nada ha informado su gobierno, a pesar de la magnitud, de la relevancia y de las graves implicaciones de estos hechos.
Ni siquiera se ha informado si hay algún policía detenido.
Lamentablemente el equipo Indignación ha constatado que en Yucatán la tortura es una práctica tan sistemática como impune y lo son también las detenciones violentas y arbitrarias.
Diversas organizaciones de derechos humanos, así como el Relator de Naciones Unidas en la materia han insistido en que a las detenciones arbitrarias suelen seguir otras graves violaciones a los derechos humanos, con frecuencia tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
En Yucatán en los últimos años han fallecido varias personas en centros de detención o en unidades policíacas durante sus traslados. Todas esas muertes se encuentran impunes. Ni siquiera se ha sancionado a alguien por la evidente y notoria negligencia que esos casos implicarían, aún si se descartase tortura.
En 2016 al menos dos personas murieron por “infarto” en Mérida mientras estaban bajo custodia de la policía estatal. Una de ellas, en mayo, en los separos de la S.S.P. Otra, en diciembre, en una patrulla de la S.S.P., durante su traslado.
Ese mismo año, en Temax, un joven murió en la cárcel. El dictamen forense señaló “parasitosis”.
En 2018 un joven murió en Teabo, en la cárcel municipal, y en 2019 otro joven falleció en Oxkutxzcab.
Estas son sólo algunas de las muchas muertes en cárceles, centros de detención y unidades policíacas en Yucatán.
Las continuas exigencias hechas para erradicar la tortura en Yucatán han sido sistemáticamente ignoradas. Desde Indignación, en reiteradas ocasiones, hemos exigido un protocolo que obligue a descartar tortura cuando un fallecimiento ocurra en un centro de detención, tal como establece la legislación internacional de derechos humanos, lo cual incluye peritajes forenses independientes, investigación pronta, independiente e imparcial, sanción a los responsables y garantías de no repetición
Con rabia, con Indignación, reiteramos la exigencia.
Ya Basta.

Expresamos toda nuestra solidaridad a los familiares de Gaspar Sulub Cimé.
Equipo Indignación.

Síguenos en Facebook Presidio MX: https://www.facebook.com/PresidioOnline