El Paso de los Grillos
SALE POR COMPLETO DE YUCATÁN EL CASO DEL “GÜERO”
La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso de homicidio del joven veracruzano José Eduardo Ravelo Echevarría, quien murió en Yucatán presuntamente luego de ser violado y golpeado por elementos de la Policía Yucateca.
Será la autoridad federal la que tenga la última palabra sobre este caso, luego de que sus fiscales estuvieron en la entidad yucateca durante un mes investigando el delito de tortura y ahora se informó que la FGR se hará cargo también de la carpeta por el delito de homicidio.
Con ello quedó suspendida la audiencia que debía celebrarse el próximo lunes 25, a las 12:15 horas, en la cual los fiscales estatales apelarían la decisión del juez de control Rómulo Bonilla Castañeda quien decretó la libertad de los policías municipales.
La intención de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán era apelar para inculpar de nuevo a los elementos de la Policía Municipal de Mérida y meterlos a prisión por segunda ocasión, con mayores elementos que probaran su responsabilidad en la muerte de “El Güero”.
Sin embargo, hoy se dio a conocer mediante comunicado que la Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán suspendió de manera definitiva la audiencia de apelación sobre el juicio de homicidio que llevaba la Fiscalía estatal.
Lo anterior, se explicó, en razón de que la FGR ejerció la facultad de atracción sobre el caso, por lo que ya es de competencia exclusiva de la Federación.
El Tribunal también informó que dicha suspensión ha sido notificada oportunamente a las partes, que incluye a los familiares del Güero.
Al respecto, entrevistada por PRESIDIO desde Veracruz, la señora Dora María Ravelo Echevarría externó que tiene confianza en la Fiscalía yucateca, “pero para mi conveniencia es mejor que salga de Yucatán”.
Lo que pasa, dijo, es que “ahí (en Yucatán) hay mucha mano negra y no estoy confiada de que las cosas vayan a ser imparciales”.
Destacó que hoy viernes se cumplen tres meses exactamente de que recibió la llamada de su hijo José Eduardo, el 22 de julio de este año, donde le relató lo ocurrido y le pidió su ayuda, tras lo cual la señora viajó a Mérida.
Sobre la apelación que se buscaba ante el Tribunal, manifestó que tiene mucha confianza en los elementos de prueba que trabajó la FGE, los cuales eran fundamentales para revocar la orden del juez que decretó la libertad de los policías municipales.
“Pero si la FGR ya lo atrajo, yo me atengo a ello, porque yo misma busqué el apoyo del Gobierno Federal pues tengo más confianza de que haya justicia fuera de Mérida”, declaró, debido a actores externos como el Presidente Municipal y el jefe de la Policía Estatal.
“Se cumplió el propósito. Yo dije que sin en Mérida no me hacían justicia, me iba a ir a la Ciudad de México para hablar con el Presidente y afortunadamente él no me falló, me hizo caso, me está ayudando y le agradezco infinitamente”.
Por eso mismo, sobre la decisión de que la FGR atraiga por completo el caso de la muerte de su hijo, “no me queda de otra que seguirme con ellos, los federales”.
Afirmó que los agentes de la FGR “hicieron una investigación exhaustiva, mayor que la realizada por la Fiscalía del Estado y esperemos que paguen los que tengan que pagar”.
Y los que cayeron en el delito de omisión, apuntó, también que tengan su parte.
Reveló que la autoridad federal ya tiene el 100 por ciento de las grabaciones de todas las cámaras de la Policía Municipal, porque había dos cuyo contenido se desconocía y que serían claves en la investigación.
“El fiscal federal me dijo que ya tienen todos los vídeos, porque para poder culpar a estas personas faltaban los vídeos de dos cámaras, pues no se sabe que pasó durante ese tiempo” de grabación que estaba perdido.
Tenemos todo, todo, todo y ya no hay lugar a duda, fue lo que el fiscal federal le externó a la señora Dora Ravelo al hablar sobre los avances de la investigación, por lo cual ella tiene alta esperanza de que sí habrá justicia.
En su momento la Fiscalía yucateca me ayudó y pienso que hizo las cosas como debieron ser, aseveró, pero “me quedé decepcionada del alcalde Renán Barrera y de su jefe policiaco, pero algún día se van a quedar sin el poder”.
También se dijo decepcionada del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, Luis Felipe Saidén Ojeda, “el mero jefazo”, expresó, quien consideró es quien maneja las cosas en el estado.
“El gobernador Mauricio Vila, aunque tarde, me está apoyando”, indicó.
Reiteró que el licenciado Andrés Nieves ya no tiene relación alguna con este caso y agradeció a PRESIDIO “por ser el primero que me escuchó” cuando en todos lados le cerraban las puertas.
Soy veracruzana y lo que digo lo sostengo, y si no digo algo también lo defiendo, finalizó la madre del “Güero”.
CONTEXTO:
CONCLUYEN INVESTIGACIONES FEDERALES POR CASO DE JOSÉ EDUARDO
VIVIMOS LOS AÑOS MÁS VIOLENTOS EN YUCATÁN
CADA DOS DÍAS SE DENUNCIA TORTURA EN YUCATÁN
«ENCUBRE FISCALÍA A VERDADEROS ASESINOS DE JOSÉ EDUARDO»
VIAJAN A MÉRIDA AGENTES FEDERALES POR CASO DE JOSÉ EDUARDO: https://www.facebook.com/PresidioOnline/posts/1107599490073254
ASEGURA LA FGR TRES PATRULLAS MUNICIPALES: https://www.facebook.com/PresidioOnline/posts/1109579439875259
(VÍDEO) La presunta ruta que siguió José Eduardo Ravelo antes de aparecer con graves lesiones: https://www.facebook.com/PresidioOnline/posts/1114699849363218
(VÍDEO) Revelación de que al parecer no fueron municipales los autores de la muerte, detalles: https://www.facebook.com/PresidioOnline/videos/1162210147597027
(VÍDEO) El día que se dio a conocer el caso, a través de PRESIDIO: https://www.facebook.com/PresidioOnline/videos/501750580893713
Una funcionaria de la Fiscalía General del Estado de Yucatán está poniéndose en el ojo del huracán al aparentemente estar frenando el avance de una carpeta de investigación contra un defraudador de Mérida.
La fiscal Yessica Margarita Chi Negrón, de la agencia especializada en Delitos Patrimoniales, ha retardado el proceso de investigación para que las personas afectadas tengan acceso a la justicia.
Sospechan que ha entrado en tratos económicos con el denunciado, Carlos Alberto Cherrez Cab, pues serían casi siete millones de pesos lo que se habría embolsado este sujeto de manera engañosa e ilegal.
Los defraudados son empleados del IMSS, activos y jubilados, así como amigos y conocidos de Cherrez Cab, a quienes les pedía dinero con el ofrecimiento de tener una gran oportunidad de inversión inmobiliaria en el oriente de Mérida.
En 2004, el ahora denunciado pedía 230 mil pesos a cada persona para invertir en lotes supuestamente ubicados en el fraccionamiento Vergel, y les permitía completar el monto en dos o tres pagos.
Sin embargo, al pasar el tiempo y no ver resultados, ni el fruto de su dinero un año después, dos personas solicitaron su devolución, pero no la obtuvieron y decidieron denunciar.
La denuncia es por el delito de abuso de confianza y fraude, a la cual se han sumado otras 14 personas, aunque serían 30 las defraudadas en total, todas aportando la misma cantidad, es decir, una estafa de 6 millones 900 mil pesos.
Según una de las 16 denunciantes, Marisa Librada Arceo Ucán, dentro de la carpeta de investigación FGE/PATRIM/UNADT-186/2025 contra Alberto Cherrez Cab, promovió el 4 de abril del año pasado una solicitud para que la Fiscalía girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Esta diligencia tiene como fin analizar los movimientos de las cuentas bancarias del investigado y rastrear el flujo del dinero que le fue entregado mediante diversas transferencias.
Con ello podrían esclarecerse los hechos y comprobarse el delito, pues se trata de una prueba técnica irrefutable de la CNBV que permitiría identificar depósitos, transferencias y el destino de los recursos.
La solicitud fue recibida en el día mencionado, pero al paso de los meses no se emitió acuerdo alguno, tampoco se resolvió la petición, ni se ejecutó la diligencia solicitada, a pesar de tratarse de una actuación clave y esencial para la justicia.
Por ello este año se promovió un juicio de amparo indirecto, en el que se denunció una “omisión ministerial continuada”, señalando que la falta de actuación constituye una forma de denegación de justicia y vulnera el derecho a una investigación efectiva.
Sin embargo, el caso tomó una dimensión aún más delicada al advertirse comunicaciones de la parte denunciada con la autoridad ministerial, es decir, la fiscal Chi Negrón.
Luego, en mensajes atribuidos a esta funcionaria de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía, se informó que la solicitud relacionada con la CNBV “ya se había pasado” y que se encontraban “en espera” de respuesta.
Estas aseveraciones hicieron creer a la parte denunciante que la diligencia se encontraba en trámite, lo cual resultó falso. Al percatarse de ello, es cuando Arceo Ucán decidió interponer un amparo contra la autoridad ministerial.
Su abogado explicó a PRESIDIO que la revisión del expediente y lo expuesto en el juicio de amparo revelan que no existe constancia de acuerdo, resolución ni ejecución de dicha diligencia, lo que evidencia una discrepancia entre lo comunicado y lo asentado formalmente en la carpeta.
A casi un año de presentada la solicitud, no hay determinación oficial sobre la misma dentro de la carpeta FGE/PATRIM/UNADT-186/2025 y se ha obstaculizado su judicialización para que los afectados puedan obtener justicia ante un juez y recuperar su dinero.
Este caso, junto con otros que hemos publicado, está dejando ver que al parecer Yucatán se está convirtiendo en el paraíso de los estafadores de inversiones, vehículos, propiedades y terrenos en la playa, entre otros.
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