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LA “LEY SECA” HA SIDO DEVASTADORA PARA MUCHAS FAMILIAS
–En Yucatán no se consultó con profesionales ni se crearon estrategias antes de imponer la medida, la cual está produciendo violencia doméstica, muertes por intoxicación y desempleo
#YUCATÁN La prohibición de compra, venta y consumo de alcohol en Yucatán ha dejado efectos colaterales en familias a las que originalmente se buscaba proteger.
La llamada “ley seca” tuvo buena intención en su concepción, que es la de prevenir contagios de Covid-19, pero desafortunadamente no se consultó con profesionales, ni se crearon estrategias antes de imponer la medida, la cual ha producido además elevado desempleo.
En Quintana Roo, desde que inició la contingencia fueron creados centros de atención urgente contra la violencia doméstica y el alcoholismo.
Pero en Yucatán, la “ley seca” sumada al confinamiento no está protegiendo a las mujeres víctimas de violencia y ya causó la muerte de 18 varones y dos féminas por beber alcohol adulterado, además de suicidios por depresión.
“La autoridad debe responder por esas vidas”, afirmaron dos investigadoras yucatecas, quienes coinciden en que, con o sin pandemia, las personas enfermas de estos males necesitan ayuda gubernamental.
El verdadero detonante, señalaron, fue que el gobierno juntó dos grandes problemas sociales: confinamiento y alcoholismo en abstinencia.
Gina Villagómez Valdés, antropóloga de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), explicó que si bien el alcohol es uno de los detonantes de violencia familiar, prohibir su consumo sin los mecanismos necesarios ha cobrado vidas en otro sector.
Como hemos informado, en Yucatán han muerto más de 20 personas de manera colateral por la “ley seca”, medida que suma 44 días y supuestamente terminaría el 1 de junio próximo.
En 18 de esos casos fue por consumir licor adulterado y dos por beber el alcohol de gel antibacterial con coca cola, además de suicidios por depresión.
“Cuando surge una emergencia, como la actual del Covid-19, hay varias reglas y estrategias a seguir, pero la ley seca se quedó lejos de ser la solución”, señaló Gina Villagómez.
La antropóloga comentó que cuando se ordenó el confinamiento, todas las organizaciones feministas se alarmaron por la violencia que sufrirían las mujeres, pero por cuestiones de salud “no quedaba otra opción”.
El confinamiento fue el primer problema, pues provoca estrés que se refleja en violencia, en su gran mayoría contra niños y mujeres. Pero al sumarle la prohibición del consumo de licores, el panorama empeoró.
El alcoholismo causa violencia y el encierro también, advirtió. La solución debió ser crear centros de atención urgente contra la violencia desde que inició la contingencia, como en Quintana Roo, pero en Yucatán “no se consultó con profesionales, ni se crearon estrategias”.
“Con el confinamiento la violencia se iba a disparar y las mujeres quedaron indefensas. Pero si le sumas ansiedad, irritabilidad y síndrome de abstinencia por la falta de alcohol, la consecuencias son peores”.
No existe una investigación a fondo sobre este fenómeno que está causando muertes y nadie ha dado la cara por estas víctimas. “El autor material es quien vendió (el licor adulterado), pero el primer responsable es la autoridad”, expuso la investigadora de la UADY.
La “ley seca” reveló que el alcoholismo en Yucatán es un problema de salud grave, pese a que ya estaba posicionado como el número uno con esta enfermedad en todo México, según el boletín federal de epidemiología.
Por su parte, la doctora Georgina Rosado Rosado, profesora en investigaciones sociales, aseveró que en Yucatán el problema del alcoholismo es grande y la abrupta medida prohibitiva ha provocado la muerte de varias personas.
Lo correcto era crear programas de asistencia para el alcoholismo y no continuar recortando los recursos, precisó, con líneas de atención para personas enfermas. Así como hay grupos de Alcohólicos Anónimos, igual deben existir para quienes desean ya no ser violentos.
La investigación “Mujeres maltratadas, hombres maltratadores”, elaborada por la propia Universidad Autónoma de Yucatán, confirma que el alcohol es un desinhibidor que potencializa actitudes, es decir, las personas alegres son más alegres, pero igual sucede con las agresivas.
No toda violencia proviene de un alcohólico y no todo alcohólico es violento, pero el 80 por ciento de violencia es porque el hombre del hogar está borracho y el 90 por ciento de feminicidios fueron en la propia casa de las víctimas, expuso la investigadora social, que se especializa en temas de género.
Para Georgina Rosado fue un acierto prohibir el consumo, venta y distribución de licores, pues el incremento en agresiones hacia niños y mujeres es por el confinamiento más que por “la ley seca”, ya que las féminas quedaron encerradas con sus agresores.
Sin embargo, para Gina Villagómez es inconcebible que la quinta parte de muertes en Yucatán, en comparación con los fallecimientos por coronavirus, sea por la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas.
La antropóloga dijo que entre los yucatecos está arraigado relajarse “tomando dos” y comer una botana, de modo que debió dejarse abierta una “válvula de escape” para aquella gente que está perdiendo trabajo e ingresos.
La “ley seca” debe corregirse, aseveró, pues ha provocado además un grave desempleo en negocios que expendían bebidas alcohólicas y que daban trabajo a meseros, cocineros, músicos, personal de seguridad, así como a otros giros de proveedores de insumos.
La investigadora sugirió tomar medidas contra el alcoholismo de manera escalonada, es decir, restringir los horarios de venta o limitar a una “canastilla” por persona.
Con ello, dijo, se abre una válvula que liberaría tanta presión en la sociedad por el encierro aunado al calor, que se agrava por la incertidumbre que mantiene el gobierno del estado sobre la reapertura de la venta de licores.
El secretario General de Gobierno, Omar Pérez Avilés, acudió al Congreso del Estado en representación del Gobernador Joaquín Díaz Mena para entregar el Primer Informe de Gobierno, en cumplimiento del Artículo 28 de la Constitución Política del Estado de Yucatán.
Ante las y los legisladores, se informó por la mañana que el documento da cuenta del estado que guarda la administración pública estatal, así como de los resultados correspondientes al periodo del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025.
Durante la sesión, se destacó que en los primeros quince meses de la actual administración se realizaron recorridos por los 106 municipios del estado, con el objetivo de conocer y atender directamente las necesidades de las comunidades.
También, se expuso que se ejecutaron obras y se implementaron programas sociales, así como apoyos dirigidos a sectores productivos como el campo y la pesca. Además, hubo acciones en materia de seguridad y proyectos de infraestructura estratégica.
Se precisó que los resultados presentados están alineados con el Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030 Renacimiento Maya, el cual establece metas en materia de igualdad, desarrollo y atención social.
El paquete entregado al Congreso está integrado por varios tomos que incluyen el informe en español, con 422 páginas, y su traducción íntegra a lengua maya, con 428 páginas.
Igualmente, están las preguntas del Congreso y las respuestas del Poder Ejecutivo en ambos idiomas, con 148 páginas cada uno.
Finalmente, el secretario General de Gobierno reiteró el compromiso de dar continuidad a las acciones de gobierno y al proceso de rendición de cuentas ante el Poder Legislativo.
Por su parte, el presidente de la Diputación Permanente, Germán Quintal Medina, señaló que la entrega del informe forma parte de los ejercicios de transparencia y que en las próximas semanas se definirá el calendario para el desarrollo de la Glosa del Informe.
En atención a las necesidades de las familias de las comisarías de Mérida, la Presidenta Municipal Cecilia Patrón Laviada entregó los trabajos de rehabilitación del sistema de agua potable en Texán Cámara y nuevas vialidades en San José Tzal.
La Alcaldesa destacó que las comisarías son prioridad en la agenda municipal, para impulsar un desarrollo equitativo y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
“Vemos en nuestras comisarías el camino al desarrollo equitativo con justicia social. Este 2026 las comisarías lideran nuestra agenda, cada ahorro municipal es un peso invertido en su mejora integral, con acciones palpables como un mejor acceso al agua, en calles nuevas y de calidad, pero sobre todo en la tranquilidad de sus familias de vivir en una mejor comunidad”, afirmó.
Las obras en Texán Cámara incluyeron la rehabilitación de la caseta principal, la cerca perimetral, componentes electromecánicos, el proceso de desinfección del agua y la automatización del servicio.
Se informó que, mediante el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento coordinado con la Conagua; se invirtieron 1 millón 96 mil 959.39 pesos de recursos federales y municipales.
Además, en esta comisaría se realizaron ampliaciones de red eléctrica y de agua potable, así como acciones de vivienda; que en conjunto representan una inversión de 7 millones 412 mil 004 pesos.
Cecilia recordó que, en lo que va de la administración, se han intervenido 28 sistemas de agua potable en 21 comisarías; de los cuales 15 ya están concluidos y 13 continúan en proceso.
En San José Tzal, se construyeron y rehabilitaron 13 tramos de calles, equivalentes a casi tres kilómetros de vialidades, con el objetivo de mejorar la seguridad y la movilidad en la comunidad.
Patrón Laviada señaló que estas obras respondieron a solicitudes ciudadanas y representaron una inversión cercana a los 9 millones de pesos, reflejo del trabajo de diálogo y planeación.
Finalmente, reiteró que el ahorro municipal se traduce en beneficios directos para la población y en un desarrollo con mayor equidad.
“No están solos, aquí cuentan con un Ayuntamiento que escucha y da soluciones”, comentó.
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