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“YA LO TENEMOS”, INFORMA COMANDANTE EN DETENCIÓN ORQUESTADA
“Ya lo tenemos. Sí, es el de la consigna”, fue la llamada que el comandante Omar Herrera, a cargo del Sector Poniente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), realizó antes de trasladar al director de PRESIDIO a las celdas de la corporación.
El comunicador Erick Manzanilla fue apresado el domingo en la colonia El Roble Agrícola, al sur de Mérida, por alrededor de 20 uniformados, que llegaron en ocho unidades por supuesta petición de una familia de delincuentes.
Lo acusaron de allanamiento de morada por ingresar a un predio que es de la propiedad de su propia familia, y que estaba ocupado por niños y adultos, varios de ellos maleantes de la zona y adictos a drogas, que se retiraron cuando llegó la Policía.
Los delincuentes saludaron con familiaridad a los agentes, que conforme iban llegando mostraban preferencia hacia los invasores de la propiedad. Desde ahí comenzó la sospecha de que algo “andaba mal”.
Ante la actitud de los policías estatales, y con la esperanza de que llegara algún mando superior para enterarlo de la situación que ocurría, el comunicador permaneció en el sitio, junto con su padre e hijo.
Cuando finalmente arribó el comandante Herrera cruzó unas palabras con una de los “paracaidistas” e inmediatamente ordenó: “¡Deténganlos!”. Los elementos ya tenían preparadas las esposas, evidenciando que la orden estaba dada y faltaba la llegada del mando para proceder.
A los afectados no se les dio oportunidad de hablar, sólo cuando estaban esposados el comandante de SSP dijo al periodista: “Síguele con tus pendejadas, te vamos a chingar”.
A pesar de que Erick Manzanilla no se identificó como medio de comunicación, ni portaba gafete, ni hizo mención de su actividad, Omar Herrera le dejó en claro que sabía que “era de la prensa” y preguntó “si ya le iba a parar”.
Ante la negativa, fue abordado junto con su padre e hijo esposados en la unidad 6305 del Sector Poniente y llevados en convoy.
Fue entonces cuando el directivo de PRESIDIO aceptó que tiene una investigación periodística abierta contra dicho mando por ejercer violencia sexual contra elementos femeniles del Sector Poniente, cobros de cuota al personal a su cargo, extorsiones a negocios del poniente y otros actos de corrupción que realiza en conjunto con una agente llamada “Roselyn”, a la cual la identifican como su pareja sentimental.
Los hechos de la detención arbitraria y el diálogo antes descrito constan en una grabación en vídeo que hizo el oficial Ernesto Poot con un teléfono celular, que comenzó a grabar antes de la llegada del comandante y hasta la retirada.
En el trayecto, antes de salir al Periférico, el convoy policial se detuvo en una calle de la misma colonia, donde fueron golpeados por los elementos. La agresión la inició el agente Fausto Canul contra su hijo Edghar que intentaba sacar su teléfono celular.
Al defender Erick en forma verbal a su hijo, comenzó a ser golpeado por más agentes que subieron a la cama de la unidad.
Tras ser ingresado en las celdas de la SSP, en el edificio del Anillo Periférico, el director de PRESIDIO logró escapar a pie de la fortaleza del Complejo de Seguridad Pública. Minutos antes había escuchado la indicación de “ya saben qué hacer con él”.
Para preservar su vida, logró abandonar las instalaciones llena de cámaras y policías, caminó varios kilómetros bajo la fuerte lluvia con tormenta eléctrica y, dos horas después, logró tener acceso a un equipo celular desde donde informó de los hechos ocurridos.
La manera en cómo sucedió su detención reveló que la acción policial fue orquestada por órdenes superiores, confirmado posteriormente con la visita de personajes en el predio de la colonia El Roble, del cual nadie más que las autoridades conocía su ubicación y donde la supuesta agredida repite lo que parece ser un guión.
Uno de los aparentes objetivos del “levantón” era tener en poder de las autoridades el dispositivo celular del periodista, que fue escaneado y descargada toda su información, contraseñas y claves.
Por ese motivo no ha sido posible, hasta el momento, su acceso a la página de Presidio MX, en donde emitirá un comunicado en vivo ante la información negativa que se ha difundido y el intento de desprestigiar la labor que realiza, la cual no siempre resulta favorable a las autoridades.
Desde el lugar en donde se encuentra resguardado –porque teme por su vida y por camionetas blancas tipo Pick up que están rondando lugares que frecuenta y patrullas que observó hoy afuera de su domicilio temporal-, en su perfil de Facebook el comunicador puso el siguiente mensaje:
“Estas son las huellas de la violencia institucional que se ejerce en mi contra y mi círculo familiar.
«Sólo para dejar constancia documental de que sí me ingresaron a los separos de la Secretaría de Seguridad Pública y fui torturado en el trayecto.
«Tuve que huir –no sé cómo lo logré- bajo la lluvia por el riesgo a mi vida al escuchar la orden de que “ya saben que qué hacer con él”.
Las autoridades han montado guardia afuera de mi domicilio y por el momento no puedo revelar dónde me encuentro”.
En las próximas horas, una vez que recupere su dispositivo móvil, ofreció emitir un mensaje para relatar los hechos y aclarar las dudas que pudieran existir en torno a lo sucedido, frente a la desinformación que se ha emitido al respecto.
La circulación de un video en redes sociales que alertaba sobre una camioneta sospechosa generó preocupación entre habitantes del municipio de Motul.
En las imágenes se señalaba a un vehículo tipo Voyager azul, lo que derivó en publicaciones que lo relacionaban con hechos graves sin sustento, incrementando la alarma social.
Tras el caso, la familia involucrada se presentó voluntariamente ante la Dirección de la Policía Municipal de Motul para aclarar la situación.
Las personas, originarias de Cansahcab, informaron que acudieron a Motul para realizar compras como parte de sus actividades habituales.
Explicaron que, al transitar por la zona, se detuvieron brevemente y realizaron una maniobra en reversa debido a que observaron el diseño de las rejas de un predio.
Indicaron que se encuentran en proceso de construcción y buscaban ideas, por lo que las imágenes captadas corresponden únicamente a la fachada del inmueble.
El conductor, identificado como L.R.J.N., reiteró que no existía intención de generar conflicto y acudieron a las autoridades para evitar malentendidos.
Asimismo, manifestaron su disposición para dialogar con la persona que difundió el video y aclarar lo ocurrido.
Por su parte, elementos de seguridad pública señalaron que dieron seguimiento al reporte tras la difusión del material.
Las autoridades confirmaron que no se detectaron indicios de conducta delictiva en el caso.
Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía a informarse por medios oficiales y evitar compartir contenido no verificado que genere desinformación o alarma.
Una funcionaria de la Fiscalía General del Estado de Yucatán está poniéndose en el ojo del huracán al aparentemente estar frenando el avance de una carpeta de investigación contra un defraudador de Mérida.
La fiscal Yessica Margarita Chi Negrón, de la agencia especializada en Delitos Patrimoniales, ha retardado el proceso de investigación para que las personas afectadas tengan acceso a la justicia.
Sospechan que ha entrado en tratos económicos con el denunciado, Carlos Alberto Cherrez Cab, pues serían casi siete millones de pesos lo que se habría embolsado este sujeto de manera engañosa e ilegal.
Los defraudados son empleados del IMSS, activos y jubilados, así como amigos y conocidos de Cherrez Cab, a quienes les pedía dinero con el ofrecimiento de tener una gran oportunidad de inversión inmobiliaria en el oriente de Mérida.
En 2004, el ahora denunciado pedía 230 mil pesos a cada persona para invertir en lotes supuestamente ubicados en el fraccionamiento Vergel, y les permitía completar el monto en dos o tres pagos.
Sin embargo, al pasar el tiempo y no ver resultados, ni el fruto de su dinero un año después, dos personas solicitaron su devolución, pero no la obtuvieron y decidieron denunciar.
La denuncia es por el delito de abuso de confianza y fraude, a la cual se han sumado otras 14 personas, aunque serían 30 las defraudadas en total, todas aportando la misma cantidad, es decir, una estafa de 6 millones 900 mil pesos.
Según una de las 16 denunciantes, Marisa Librada Arceo Ucán, dentro de la carpeta de investigación FGE/PATRIM/UNADT-186/2025 contra Alberto Cherrez Cab, promovió el 4 de abril del año pasado una solicitud para que la Fiscalía girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Esta diligencia tiene como fin analizar los movimientos de las cuentas bancarias del investigado y rastrear el flujo del dinero que le fue entregado mediante diversas transferencias.
Con ello podrían esclarecerse los hechos y comprobarse el delito, pues se trata de una prueba técnica irrefutable de la CNBV que permitiría identificar depósitos, transferencias y el destino de los recursos.
La solicitud fue recibida en el día mencionado, pero al paso de los meses no se emitió acuerdo alguno, tampoco se resolvió la petición, ni se ejecutó la diligencia solicitada, a pesar de tratarse de una actuación clave y esencial para la justicia.
Por ello este año se promovió un juicio de amparo indirecto, en el que se denunció una “omisión ministerial continuada”, señalando que la falta de actuación constituye una forma de denegación de justicia y vulnera el derecho a una investigación efectiva.
Sin embargo, el caso tomó una dimensión aún más delicada al advertirse comunicaciones de la parte denunciada con la autoridad ministerial, es decir, la fiscal Chi Negrón.
Luego, en mensajes atribuidos a esta funcionaria de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía, se informó que la solicitud relacionada con la CNBV “ya se había pasado” y que se encontraban “en espera” de respuesta.
Estas aseveraciones hicieron creer a la parte denunciante que la diligencia se encontraba en trámite, lo cual resultó falso. Al percatarse de ello, es cuando Arceo Ucán decidió interponer un amparo contra la autoridad ministerial.
Su abogado explicó a PRESIDIO que la revisión del expediente y lo expuesto en el juicio de amparo revelan que no existe constancia de acuerdo, resolución ni ejecución de dicha diligencia, lo que evidencia una discrepancia entre lo comunicado y lo asentado formalmente en la carpeta.
A casi un año de presentada la solicitud, no hay determinación oficial sobre la misma dentro de la carpeta FGE/PATRIM/UNADT-186/2025 y se ha obstaculizado su judicialización para que los afectados puedan obtener justicia ante un juez y recuperar su dinero.
Este caso, junto con otros que hemos publicado, está dejando ver que al parecer Yucatán se está convirtiendo en el paraíso de los estafadores de inversiones, vehículos, propiedades y terrenos en la playa, entre otros.
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