El Paso de los Grillos
«ENCUBRE FISCALÍA A VERDADEROS ASESINOS DE JOSÉ EDUARDO»
Las videocámaras de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán contienen la evidencia, aún no revelada, de lo que realmente ocurrió al joven José Eduardo Ravelo Echevarría, quien murió por una golpiza y violación presuntamente a manos de elementos de la Policía Yucateca.
Los miles de millones de pesos invertidos por los yucatecos en la infraestructura tecnológica del programa “Yucatán Seguro” tienen la respuesta de lo que sucedió antes y después con el joven veracruzano, que fue drogado de manera inusual –por personas hasta ahora desconocidas- y llevado en esas condiciones al centro de Mérida, para posteriormente dar aviso a la Policía Municipal.
La Fiscalía General del Estado dispone de esas grabaciones, donde se observa cómo llegó y quién llevó al joven veracruzano al centro de Mérida, donde fue primeramente reportado a los policías municipales en la calle 71 por 62 y 64, alrededor de las 9:30 de la mañana del 21 de julio.
Las mismas cámaras de la SSP dieron seguimiento al muchacho tras salir por su propio pie del edificio de la corporación municipal al cumplir 24 horas de arresto administrativo, alrededor de las 10:30 horas del 22 de julio.
La llamada de auxilio a Ciudad Isla, Veracruz, la recibió su hermano en las primeras horas de la tarde, cuando José Eduardo señaló que lo acababan de agredir. Su madre Dora María Ravelo Echevarría se trasladó a Mérida para llevarlo al hospital el día 24, mismo que interpuso la denuncia y fueron certificadas sus lesiones.
Sin embargo, es aún una incógnita lo que realmente sucedió, pues José Eduardo, en lo poco que podía recordar, dijo a su mamá que fue arrestado y subido a una camioneta policial negra con franjas grises.
Pero también dijo que fue atacado por elementos con pantalón oscuro y camisolas de color gris claro, como la señora narró a PRESIDIO en vídeo al dar a conocer estos hechos de manera pública: https://fb.watch/7jG8_GK_F8/
Los vídeos entregados por la Policía Municipal de Mérida a la Fiscalía estatal incluyen casi 25 horas de grabación –desde el primer contacto con el muchacho veracruzano hasta su posterior liberación- en las cuales no pudieron hallarse los delitos de los que acusan a cuatro agentes de esa corporación.
La investigación realizada por PRESIDIO indica que dos agentes acudieron a un primer reporte, alrededor de las 9:30 de la mañana, a la calle 71 por 62 y 64 del centro de la ciudad, donde se encontraron con José Eduardo en estado deplorable y lo dejaron ir al no existir aparente motivo para su arresto.
Un reporte posterior ocurrió aproximadamente una hora después, cuando en la calle 67-A por 62 y 64 junto al parque de San Juan un taxista llamó para decir que el muchacho había lanzado una piedra a su unidad.
Otros dos elementos municipales acudieron a verificarlo y, tras los señalamientos de testigos, procedieron a esposarlo y trasladarlo a la cárcel ante el estado en que se encontraba.
Su traslado al edificio de la Policía Municipal duró alrededor de 10 minutos, trayecto que fue grabado completo por las cámaras de la SSP, con un solo elemento en la parte posterior de la camioneta, y presuntamente no se observa ataque sexual o agresión a golpes.
Al ser ingresado en la cárcel se le envío a una celda donde permaneció como único ocupante las 24 horas, grabado por una cámara de seguridad en el interior.
Los policías municipales J.E.H.H, E.M.L.R, A.G.G.M y R.G.B.R se mantienen presos en el penal de Mérida por la acusación formulada por la Fiscalía de homicidio calificado cometido en pandilla, violación agravada y tortura agravada.
Los familiares de los agentes incriminados exigieron, mediante llamadas telefónicas a PRESIDIO, que la SSP y a la Fiscalía muestren esas evidencias para que se sepa la verdad de lo que ocurrió con José Eduardo, pues desean que se haga justicia a su madre y también a sus parientes.
“El gobierno del estado sabe, porque así está en las bitácoras y en los registros originales de la Policía Municipal, que ellos acudieron por separado, en parejas, a verificar los diferentes reportes de una persona que se encontraba alterando el orden en la vía pública”, señalaron.
Los dos últimos, agregaron, fueron quienes trasladaron al muchacho en una camioneta. Uno conducía y otro lo mantuvo esposado en la parte posterior de la patrulla durante el trayecto del parque de San Juan al edificio ubicado cerca del parque de La Mejorada.
“Nunca estuvieron más de dos agentes al mismo tiempo con José Eduardo, para que los señalen por agresiones en pandilla. Todo eso lo tienen grabado y la Fiscalía y el gobierno del estado lo saben”, expusieron a este medio.
También denunciaron que los policías fueron llamados para “una entrevista” ante la autoridad estatal investigadora en el Periférico de Mérida, pero fue una trampa.
“Al llegar ellos al Complejo de Seguridad Pública ya se tenían listas las órdenes de aprehensión, tras lo cual fueron esposados, les tomaron fotos e inmediatamente el gobernador Mauricio Vila los subió a sus redes sociales para asegurar que capturaron a los presuntos asesinos”.
“Todo esto está armado –insistieron- y vamos a contrademandar al Estado apenas salgan de la prisión donde los tienen injustamente acusados de un crimen que no cometieron”, sostuvieron.
La sociedad yucateca exige que los miles de millones de pesos gastados en “Yucatán Seguro”, que registraron los pasos de José Eduardo cuando se desplazaba en calles del centro de Mérida tras salir de la cárcel municipal, muestren cómo y con quiénes pudo alejarse de esa zona –sin dinero- y horas después aparecer salvajemente agredido.
Una versión que recabó PRESIDIO es que supuestamente José Eduardo fue llevado a Kanasín, donde fue objeto de violación y una golpiza para luego ser abordado en un taxi, versión que aún están corroborando reporteros en ese municipio.
Mientras tanto, la autoridad estatal se ha negado a revelar el contenido de los vídeos de las cámaras públicas, colocadas en puntos estratégicos de la capital yucateca y en toda la geografía estatal, en donde se observan las horas previas al arresto de José Eduardo, así como las horas posteriores a su liberación, los cuales son claves para identificar a los autores de su muerte.
Una funcionaria de la Fiscalía General del Estado de Yucatán está poniéndose en el ojo del huracán al aparentemente estar frenando el avance de una carpeta de investigación contra un defraudador de Mérida.
La fiscal Yessica Margarita Chi Negrón, de la agencia especializada en Delitos Patrimoniales, ha retardado el proceso de investigación para que las personas afectadas tengan acceso a la justicia.
Sospechan que ha entrado en tratos económicos con el denunciado, Carlos Alberto Cherrez Cab, pues serían casi siete millones de pesos lo que se habría embolsado este sujeto de manera engañosa e ilegal.
Los defraudados son empleados del IMSS, activos y jubilados, así como amigos y conocidos de Cherrez Cab, a quienes les pedía dinero con el ofrecimiento de tener una gran oportunidad de inversión inmobiliaria en el oriente de Mérida.
En 2004, el ahora denunciado pedía 230 mil pesos a cada persona para invertir en lotes supuestamente ubicados en el fraccionamiento Vergel, y les permitía completar el monto en dos o tres pagos.
Sin embargo, al pasar el tiempo y no ver resultados, ni el fruto de su dinero un año después, dos personas solicitaron su devolución, pero no la obtuvieron y decidieron denunciar.
La denuncia es por el delito de abuso de confianza y fraude, a la cual se han sumado otras 14 personas, aunque serían 30 las defraudadas en total, todas aportando la misma cantidad, es decir, una estafa de 6 millones 900 mil pesos.
Según una de las 16 denunciantes, Marisa Librada Arceo Ucán, dentro de la carpeta de investigación FGE/PATRIM/UNADT-186/2025 contra Alberto Cherrez Cab, promovió el 4 de abril del año pasado una solicitud para que la Fiscalía girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Esta diligencia tiene como fin analizar los movimientos de las cuentas bancarias del investigado y rastrear el flujo del dinero que le fue entregado mediante diversas transferencias.
Con ello podrían esclarecerse los hechos y comprobarse el delito, pues se trata de una prueba técnica irrefutable de la CNBV que permitiría identificar depósitos, transferencias y el destino de los recursos.
La solicitud fue recibida en el día mencionado, pero al paso de los meses no se emitió acuerdo alguno, tampoco se resolvió la petición, ni se ejecutó la diligencia solicitada, a pesar de tratarse de una actuación clave y esencial para la justicia.
Por ello este año se promovió un juicio de amparo indirecto, en el que se denunció una “omisión ministerial continuada”, señalando que la falta de actuación constituye una forma de denegación de justicia y vulnera el derecho a una investigación efectiva.
Sin embargo, el caso tomó una dimensión aún más delicada al advertirse comunicaciones de la parte denunciada con la autoridad ministerial, es decir, la fiscal Chi Negrón.
Luego, en mensajes atribuidos a esta funcionaria de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía, se informó que la solicitud relacionada con la CNBV “ya se había pasado” y que se encontraban “en espera” de respuesta.
Estas aseveraciones hicieron creer a la parte denunciante que la diligencia se encontraba en trámite, lo cual resultó falso. Al percatarse de ello, es cuando Arceo Ucán decidió interponer un amparo contra la autoridad ministerial.
Su abogado explicó a PRESIDIO que la revisión del expediente y lo expuesto en el juicio de amparo revelan que no existe constancia de acuerdo, resolución ni ejecución de dicha diligencia, lo que evidencia una discrepancia entre lo comunicado y lo asentado formalmente en la carpeta.
A casi un año de presentada la solicitud, no hay determinación oficial sobre la misma dentro de la carpeta FGE/PATRIM/UNADT-186/2025 y se ha obstaculizado su judicialización para que los afectados puedan obtener justicia ante un juez y recuperar su dinero.
Este caso, junto con otros que hemos publicado, está dejando ver que al parecer Yucatán se está convirtiendo en el paraíso de los estafadores de inversiones, vehículos, propiedades y terrenos en la playa, entre otros.
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