La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el ex gobernador del PRI Rolando Zapata Bello cometió un delito penal al cancelar la construcción de un hospital en el municipio de Ticul.
El gobernante negó el acceso a mejores servicios médicos y hospitalarios en la zona sur de Yucatán y resultó en un crimen para la población, incluso con pérdida de vidas por ese motivo.
En noviembre del año pasado, la también ex gobernadora del PRI Ivonne Ortega Pacheco denunció por la vía penal a Zapata Bello para “acallar mentiras y que la justicia documente y sancione a los responsables” por cancelar el hospital que se construía en Ticul, hecho que se le ha atribuido a ella.
Mediante una notificación enviada a la denunciante la semana pasada, la FGR señaló que el delito es abuso de autoridad y se castiga con pena de hasta 8 años de prisión.
Sin embargo, indicó, dicho delito prescribió en 2019 al haberse cometido en 2015 y no realizarse ninguna investigación, pues incluso el sucesor de Zapata Bello, panista Mauricio Vila Dosal, no lo denunció a pesar del evidente daño a la población.
El delito identificado por la FGR es Abuso de Autoridad, “cometido por el servidor público que indebidamente niegue a los particulares un servicio que tenga la obligación de darles” y está previsto en el Artículo 215 fracción III del Código Penal Federal.
Se sanciona con pena de uno a ocho años de prisión y de 50 hasta 100 días multa.
Pero al abstenerse la FGR de investigarlo por haber caducado, el equipo jurídico de Ortega Pacheco dijo que explorará otras vías para hacer valer el precepto y que el delito no quede impune.
El acuerdo que la Fiscalía General de la República notificó es que se determinó la facultad de abstención de investigar la denuncia por la cancelación del Proyecto de Prestación de Servicios Hospital de Ticul presentada contra Rolando Zapata Bello y/o quien resulte responsable, pues considera que el delito atribuible prescribió en diciembre de 2019.
Consideró el Ministerio Público Federal que dicho delito se consumó en mayo de 2015, con la cancelación del Proyecto, y de esa fecha a la actualidad no se practicó ninguna diligencia para investigar ni, en consecuencia, sancionar el ilícito, por lo cual se actualizaría la “PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL del delito en estudio”.
Ivonne Ortega hizo notar que no es el único delito imputado a Rolando Zapata Bello y/o quien o quienes resulten responsables, y que hay discrepancia sobre la catalogación de la temporalidad del ilícito, por lo cual se exploran las vías legales para hacer valer el precepto ya identificado.
“El tema sigue y obviamente haremos más actuaciones jurídicas”, aseguró una fuente cercana a la ex gobernadora.
“Vamos con la ventaja de que no es una denuncia sin contenidos, ni un tema administrativo, como en su momento dijo Rolando Zapata para desestimar el asunto, sino que es un delito penal”, abundó.
La fuente señaló que el ex gobernador del PRI “se pasó todo este tiempo despreciando la denuncia y diciendo que no era asunto penal, pero sí lo es”, de modo que buscarán hacer justicia a través de otras vías.
