El Paso de los Grillos
CONFIRMA FGR UN DELITO PENAL DE ROLANDO ZAPATA
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el ex gobernador del PRI Rolando Zapata Bello cometió un delito penal al cancelar la construcción de un hospital en el municipio de Ticul.
El gobernante negó el acceso a mejores servicios médicos y hospitalarios en la zona sur de Yucatán y resultó en un crimen para la población, incluso con pérdida de vidas por ese motivo.
En noviembre del año pasado, la también ex gobernadora del PRI Ivonne Ortega Pacheco denunció por la vía penal a Zapata Bello para “acallar mentiras y que la justicia documente y sancione a los responsables” por cancelar el hospital que se construía en Ticul, hecho que se le ha atribuido a ella.
Mediante una notificación enviada a la denunciante la semana pasada, la FGR señaló que el delito es abuso de autoridad y se castiga con pena de hasta 8 años de prisión.
Sin embargo, indicó, dicho delito prescribió en 2019 al haberse cometido en 2015 y no realizarse ninguna investigación, pues incluso el sucesor de Zapata Bello, panista Mauricio Vila Dosal, no lo denunció a pesar del evidente daño a la población.
El delito identificado por la FGR es Abuso de Autoridad, “cometido por el servidor público que indebidamente niegue a los particulares un servicio que tenga la obligación de darles” y está previsto en el Artículo 215 fracción III del Código Penal Federal.
Se sanciona con pena de uno a ocho años de prisión y de 50 hasta 100 días multa.
Pero al abstenerse la FGR de investigarlo por haber caducado, el equipo jurídico de Ortega Pacheco dijo que explorará otras vías para hacer valer el precepto y que el delito no quede impune.
El acuerdo que la Fiscalía General de la República notificó es que se determinó la facultad de abstención de investigar la denuncia por la cancelación del Proyecto de Prestación de Servicios Hospital de Ticul presentada contra Rolando Zapata Bello y/o quien resulte responsable, pues considera que el delito atribuible prescribió en diciembre de 2019.
Consideró el Ministerio Público Federal que dicho delito se consumó en mayo de 2015, con la cancelación del Proyecto, y de esa fecha a la actualidad no se practicó ninguna diligencia para investigar ni, en consecuencia, sancionar el ilícito, por lo cual se actualizaría la “PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL del delito en estudio”.
Ivonne Ortega hizo notar que no es el único delito imputado a Rolando Zapata Bello y/o quien o quienes resulten responsables, y que hay discrepancia sobre la catalogación de la temporalidad del ilícito, por lo cual se exploran las vías legales para hacer valer el precepto ya identificado.
“El tema sigue y obviamente haremos más actuaciones jurídicas”, aseguró una fuente cercana a la ex gobernadora.
“Vamos con la ventaja de que no es una denuncia sin contenidos, ni un tema administrativo, como en su momento dijo Rolando Zapata para desestimar el asunto, sino que es un delito penal”, abundó.
La fuente señaló que el ex gobernador del PRI “se pasó todo este tiempo despreciando la denuncia y diciendo que no era asunto penal, pero sí lo es”, de modo que buscarán hacer justicia a través de otras vías.
Ejidatarios del núcleo de Dzununcán y autoridades estatales iniciaron trabajos de medición en las instalaciones de la feria Xmatkuil, en Mérida.
Desde la mañana de ayer, alrededor de 180 ejidatarios acudieron al sitio junto con personal de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios.
El asesor ejidal, David López Ambrosio, informó que la acción deriva de una mesa de diálogo entre el gobierno estatal y el ejido.
Indicó que topógrafos del catastro estatal realizaron labores para ubicar los linderos de la parcela en disputa.
Los ejidatarios apoyaron con herramientas para abrir brecha en el terreno, debido a que gran parte se encuentra enmontado.
Por su parte, el presidente del comisariado ejidal afirmó que no hubo toma de instalaciones, sino un trabajo coordinado para verificar la superficie ocupada por la feria.
Explicó que la expropiación refiere un total de 79 hectáreas, por lo que buscan precisar la extensión real.
Se informó que el próximo 15 de abril se llevará a cabo una audiencia en el Tribunal Agrario con sede en la ciudad de Mérida.
Los ejidatarios esperan avanzar en el proceso legal iniciado en 2023 y concretar una asamblea pendiente.
“El primer paso ya lo dimos, esperemos que el gobierno nos cumpla porque estamos en la mejor disposición de darle fin a ese conflicto y los ejidatarios por fin reciban su paga”, finalizó el comisario Wilbert Cocom Celis.
El gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó una gira por el sur del estado, donde entregó infraestructura educativa, caminos sacacosechas y una ciclovía en comunidades de Ticul.
En la comisaría de Pustunich, inauguró un telebachillerato y la rehabilitación de la escuela indígena Josefa Ortiz de Domínguez.
“Hoy les entregamos un espacio digno, como ustedes se merecen, con aulas, área administrativa y sanitarios que permiten estudiar en mejores condiciones”, expresó Díaz Mena.
Las obras incluyeron también mejoras en el plantel de educación inicial indígena, con nuevas aulas, sanitarios, cocina y una plaza cívica compartida.
El mandatario destacó que estas acciones contribuyen a mejorar la asistencia escolar, el aprendizaje y la participación comunitaria.
Posteriormente, en la comisaría de Yotholín, entregó la construcción y reconstrucción de caminos sacacosechas con inversión superior a siete millones de pesos.
“Estamos cambiando una realidad de rezago. Con el Renacimiento del campo yucateco buscamos que las y los productores mejoren sus cosechas y cuenten con el acompañamiento del Gobierno para elevar sus ingresos”, afirmó Joaquín.
La secretaria de Infraestructura, Alaine López Briceño, señaló que estas obras responden a necesidades planteadas por las comunidades.
Finalmente, el gobernador inauguró una ciclovía iluminada de dos kilómetros que conecta la Universidad Benito Juárez con Ticul.
La obra, con inversión superior a seis millones de pesos, beneficia a estudiantes y trabajadores del transporte local.
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