El Paso de los Grillos
APRUEBAN NUEVA LEY DEL ISSTEY, ENTRE PANISTAS Y SUS ALIADOS
En el Quinto Período Extraordinario de Sesiones, los diputados de la LXIII Legislatura aprobaron por mayoría, con el voto en contra de Morena, PRD, Movimiento Ciudadano y PRI, la iniciativa de Ley del ISSTEY, la cual se construyó a través de la comisión especializada con la opinión de trabajadores, pensionados, jubilados, sindicatos y aportaciones de todas las bancadas.
Luego de casi 40 años, la reforma a la Ley del ISSTEY permitirá garantizar las pensiones actuales y futuras de los trabajadores a fin de no poner en riesgo las finanzas del Estado, fijando acciones determinantes y encaminadas a conseguir un equilibrio entre los aspectos financieros, económicos y sociales, los cuales permiten una viabilidad financiera al sistema de pensiones actual y asegura las futuras pensiones de los trabajadores del estado.
Es importante señalar que esta nueva propuesta no afecta a las y los jubilados que hoy gozan de una pensión del ISSTEY. Todos los jubilados y pensionados actuales seguirán cobrando su pensión como hasta la fecha. De igual forma es importante señalar que todo el personal activo con derechos adquiridos no tendrá afectación alguna con la nueva legislación.
La iniciativa de Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado está compuesta por 137 artículos, los cuales se distribuyen en 9 capítulos: Disposiciones Generales, Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado; Cuotas, aportaciones y patrimonio del Instituto; Prestaciones, Seguro de Servicio Médico, Prestaciones Sociales, Préstamos a plazos hipotecarios, Pensiones y Revisión de pensiones.
El diputado Crescencio Gutiérrez González (NA), aseguró que luego de muchas sesiones y reuniones de trabajo realizadas en el seno de la comisión especial creada para atender la situación financiera del Instituto, hoy se presenta una oportunidad histórica para aprobar un producto legislativo que cambiará la situación financiera, el sistema de pensiones y sobre todo garantizar el justo derecho de acceder a una pensión o jubilación.
En su turno, el diputado del PAN Erik Rihani González, destacó que esta Ley está orientada en darle solidez al ISSTEY y dar certeza a las y los trabajadores jubilados y pensionados, así como refrendar las responsabilidades del gobierno para con ellos. Con esto, continuó, se dan las herramientas legales para que administrativamente puedan generarse los cambios en beneficio de los trabajadores.
En contra, los diputados del PRI, Gaspar Quintal Parra y del PRD, Eduardo Sobrino Sierra, señalaron que el dictamen carece de claridad en la forma de calcular las pensiones, pues no se toman en consideración la pluralidad que hay entre los ingresos actuales, así como es de cuestionarse si las medidas toman en cuenta los intereses de los trabajadores o si se parte nada más de lo que los expertos quieren hacer con el Instituto.
En ese sentido, los diputados de Morena, Rafael Echazarreta Torres, Jazmín Villanueva Moo y Rubí Be Chan, calificaron como una ofensa el dictamen, pues hace caso omiso a la problemática social que se vive. “Pedimos una serie de cosas y creímos que había voluntad política, y tomaron algunas de las ideas, pero las ideas no hacen la Ley, los proyectos son los que hacen la Ley para generar políticas públicas”, coincidieron.
En otro orden de ideas, se llevó a cabo la declaratoria correspondiente a la modificación en la Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia de violencia de género y deudores, tema del cual a la fecha se ha recibido 97 actas de cabildo en las que se hace constar la aprobación de la reforma, lo cual será enviado al Gobierno del Estado para los efectos correspondientes.
Como se informó, en mayo se aprobó por unanimidad las reformas a la Constitución Política del Estado en materia de violencia de género y deudores alimentarios, es decir, impedir que quienes tengan antecedentes como agresores por violencia familiar, sexual, violencia en contra de las mujeres en cualquiera de sus modalidades o por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, puedan ingresar al servicio público en cualquiera de los tres órdenes de gobierno y/o pertenezcan en él.
Asimismo, la declaratoria correspondiente a la aprobación de la minuta de decreto expedida con fecha de 20 de abril, la cual contiene la modificación a la Constitución Política del Estado en materia de Inclusión del Derecho a la Ciudad. Se informó que a la fecha se han recibido 48 actas de cabildo en las que se hace constar la aprobación de la reforma.
Designación y toma de compromiso de magistrada y magistrado
Durante la sesión, se llevó a cabo la votación, designación y toma de compromiso de un magistrado y una magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. En la lectura del dictamen, se dio a conocer que las ternas de candidatos presentadas por el Ejecutivo Estatal cuentan con los requisitos para ocupar el cargo, esto luego de que los aspirantes expusieron durante las reuniones de trabajo programadas, los motivos por los cuales deberían ser electos.
Con 17 votos a favor, se designó a Paloma de la Paz Angulo Suárez como magistrada y, con 18 votos a César Enrique Ferreyro Rosado. Posteriormente, los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso acompañaron a los candidatos electos para realizar la toma de compromiso.
Como parte de los asuntos en cartera, se aprobó por unanimidad las propuestas de acuerdo en donde se establecen los criterios de evaluación y la metodología a seguir para dictaminar lo conducente respecto del titular del Órgano de Control Interno del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y del titular del Órgano de Control Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, presentadas por la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción.
Por último, se dio por concluido el Quinto Período Extraordinario de Sesiones.
Una funcionaria de la Fiscalía General del Estado de Yucatán está poniéndose en el ojo del huracán al aparentemente estar frenando el avance de una carpeta de investigación contra un defraudador de Mérida.
La fiscal Yessica Margarita Chi Negrón, de la agencia especializada en Delitos Patrimoniales, ha retardado el proceso de investigación para que las personas afectadas tengan acceso a la justicia.
Sospechan que ha entrado en tratos económicos con el denunciado, Carlos Alberto Cherrez Cab, pues serían casi siete millones de pesos lo que se habría embolsado este sujeto de manera engañosa e ilegal.
Los defraudados son empleados del IMSS, activos y jubilados, así como amigos y conocidos de Cherrez Cab, a quienes les pedía dinero con el ofrecimiento de tener una gran oportunidad de inversión inmobiliaria en el oriente de Mérida.
En 2004, el ahora denunciado pedía 230 mil pesos a cada persona para invertir en lotes supuestamente ubicados en el fraccionamiento Vergel, y les permitía completar el monto en dos o tres pagos.
Sin embargo, al pasar el tiempo y no ver resultados, ni el fruto de su dinero un año después, dos personas solicitaron su devolución, pero no la obtuvieron y decidieron denunciar.
La denuncia es por el delito de abuso de confianza y fraude, a la cual se han sumado otras 14 personas, aunque serían 30 las defraudadas en total, todas aportando la misma cantidad, es decir, una estafa de 6 millones 900 mil pesos.
Según una de las 16 denunciantes, Marisa Librada Arceo Ucán, dentro de la carpeta de investigación FGE/PATRIM/UNADT-186/2025 contra Alberto Cherrez Cab, promovió el 4 de abril del año pasado una solicitud para que la Fiscalía girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Esta diligencia tiene como fin analizar los movimientos de las cuentas bancarias del investigado y rastrear el flujo del dinero que le fue entregado mediante diversas transferencias.
Con ello podrían esclarecerse los hechos y comprobarse el delito, pues se trata de una prueba técnica irrefutable de la CNBV que permitiría identificar depósitos, transferencias y el destino de los recursos.
La solicitud fue recibida en el día mencionado, pero al paso de los meses no se emitió acuerdo alguno, tampoco se resolvió la petición, ni se ejecutó la diligencia solicitada, a pesar de tratarse de una actuación clave y esencial para la justicia.
Por ello este año se promovió un juicio de amparo indirecto, en el que se denunció una “omisión ministerial continuada”, señalando que la falta de actuación constituye una forma de denegación de justicia y vulnera el derecho a una investigación efectiva.
Sin embargo, el caso tomó una dimensión aún más delicada al advertirse comunicaciones de la parte denunciada con la autoridad ministerial, es decir, la fiscal Chi Negrón.
Luego, en mensajes atribuidos a esta funcionaria de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía, se informó que la solicitud relacionada con la CNBV “ya se había pasado” y que se encontraban “en espera” de respuesta.
Estas aseveraciones hicieron creer a la parte denunciante que la diligencia se encontraba en trámite, lo cual resultó falso. Al percatarse de ello, es cuando Arceo Ucán decidió interponer un amparo contra la autoridad ministerial.
Su abogado explicó a PRESIDIO que la revisión del expediente y lo expuesto en el juicio de amparo revelan que no existe constancia de acuerdo, resolución ni ejecución de dicha diligencia, lo que evidencia una discrepancia entre lo comunicado y lo asentado formalmente en la carpeta.
A casi un año de presentada la solicitud, no hay determinación oficial sobre la misma dentro de la carpeta FGE/PATRIM/UNADT-186/2025 y se ha obstaculizado su judicialización para que los afectados puedan obtener justicia ante un juez y recuperar su dinero.
Este caso, junto con otros que hemos publicado, está dejando ver que al parecer Yucatán se está convirtiendo en el paraíso de los estafadores de inversiones, vehículos, propiedades y terrenos en la playa, entre otros.
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