Por pedir diferentes sumas de dinero y jamás devolverlas fue detenido el presidente del “nuevo PRI” en Mérida, Rafael Echazarreta Torres, por elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI).
El arresto se dio hoy al ejecutar una orden de aprehensión, alrededor de las 6 de la tarde, por un presunto fraude de 12 millones de pesos, denunciado por el empresario Horacio De Freitas.

Trascendió que hay distintas denuncias en su contra por el mismo motivo, pero destaca la del empresario de origen extranjero, que demandó al ex diputado ante la Fiscalía General del Estado luego de ser convencido por el priísta de realizar inversiones millonarias, pero que nunca le generaron rendimientos.
El ex legislador yucateco, que obtuvo una curul bajo las siglas de Morena antes de renunciar y convertirse en dirigente del partido tricolor, habría aprovechado su cargo público para convencer al empresario de invertir en una empresa llamada “Exportaciones Integrales Mexicanas”, de la que ofreció al inversionista el 40 por ciento de las acciones.
Sin embargo, dicha firma nunca reportó ganancias y poco después fue embargada en medio de un litigio internacional, perdiéndose el dinero.
La denuncia del empresario De Freitas existe desde el 30 de diciembre de 2024, bajo la carpeta de investigación número NORTE-57-24-2024, pero hasta ahora pudo acreditarse el fraude por diferentes sumas de dinero y otros bienes, de modo que un juez liberó la orden de aprehensión.
La orden judicial fue emitida por el Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Estado, derivado de hechos ocurridos en 2023 y 2024, relacionados con operaciones comerciales de alto valor económico, según informó la Secretaría de Seguridad Pública en un boletín.
El dirigente del PRI, de 46 años de edad, fue puesto a disposición ante el juez que giró la orden de aprehensión por presuntamente robar dinero de poco en poco, primero en cantidades pequeñas y luego mediante grandes sumas que le fueron entregadas voluntariamente.
En respuesta, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Yucatán, a través de su presidente estatal, Gaspar Quintal Parra, condenó lo que llamó una persecución política emprendida contra el distinguido miembro de su instituto político y lamentó que se utilice «la venganza como respuesta ante las voces críticas que denuncian irregularidades» del gobierno estatal.
El líder priista sostuvo que pareciera que el actual régimen ha regresado a los tiempos de la «caja china», donde se fabrican escándalos para desviar la atención pública.
Dijo que el delito del que se acusa a su segundo al mando no ameritaba prisión y que parece más una campaña de desprestigio, aunque el juez pudo comprobar que es real el fraude cometido y actuó conforme a la ley.