A pesar de los retos que la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual (por sus siglas, LGBTTI) aún sortea, se percibe un ambiente político y social «menos hostil» respecto a su derecho a contraer matrimonio, por lo que hay confianza en que el Congreso del Estado apruebe esa iniciativa.
Carlos Escoffié Duarte, integrante de un colectivo de reciente creación denominado «Por la protección de todas las familias de Yucatán», y quien es al mismo tiempo pariente de la diputada local de Movimiento Ciudadano, Silvia López Escoffié, expresó la urgencia de permitir que las personas del mismo sexo puedan casarse.
Hace 10 años, indicó en rueda de prensa, en Yucatán “se dio un enorme paso hacia atrás” al establecer como único modelo de matrimonio el de un hombre con una mujer.
Hoy, luego de que la Legislatura anterior dejara sin resolver este tema, de nuevo en el Congreso del Estado se discute dicha iniciativa para que cualquier persona pueda decidir con quién unirse legalmente sin importar que sean del mismo sexo.
Escoffié Duarte, abogado especializado en Derechos Humanos, dijo que luego de que la Suprema Corte de Justicia y la Corte Interamericana establecieran como inconstitucional prohibir el matrimonio igualitario, “y gracias a la mentalidad de las nuevas generaciones”, hoy están más confiados en que el Congreso del Estado tomará la decisión correcta a favor de los derechos de la comunidad LGBTTI, aunque es impredecible saber su resolución final.
“En contra tienen el costo político, es decir, si algo les perjudica para que los derechos homosexuales sean respetados, es que a los diputados y a los diferentes partidos siempre les ha importado el rechazo social, más que hacer valer la ley”.
Incluso aquellos funcionarios que dicen «es un tema complejo, que se tiene que analizar» son aquellos inseguros que no se atreven a tener una postura clara debido al mismo costo político –señaló-, pues el tema «no tiene nada de difícil, se trata de reformar sólo dos puntos: los artículos 94 de la Constitución y el 42 del Código de la Familia.
El pasado día 12, la coordinadora de la bancada del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, aseguró que “el 99 por ciento” de las personas se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo.
Días después la legisladora panista aseveró que esos datos están basados en un estudio federal, pero no dio más detalles.
Esta mañana, el colectivo de agrupaciones que promueven esta unión legal señaló que una decisión tan importante no se puede basar en opiniones y “sondeos” a familiares y gente cercana.
Además, dijo Carlos Escoffié, “cada uno de los diputados tiene en su círculo cercano a gente que forma parte de la comunidad LGBTTI”.
«Las pruebas importan, las estadísticas también, pero no se puede negar un derecho basándose en percepciones u opiniones. No importa si hay gente en contra de que la comunidad LGBTTI se case, porque es un derecho y no es negociable”.
Si los derechos fueran un tema popular y se sometieran a elección, ella (la diputada Díaz Lizama) no podría votar y no estaría hoy sentada en una curul, subrayó el abogado al hacer referencia a los tiempos en que las mujeres no gozaban de los mismos derechos que los hombres.

Por su parte, César Briceño, integrante del mismo colectivo, leyó un documento que señala como ilegal y políticamente incorrecto someter la decisión del matrimonio igualitario a una elección popular. «Se trata de un derecho, no puede someterse a elección».
Recordaron que el Congreso del Estado representa a una comunidad laica y con diferentes creencias, por lo que las cuestiones religiosas o espirituales no pueden anteponerse a la resolución.
Los activistas revelaron que han sido víctimas de amenazas desde que decidieron apoyar los derechos de la gente gay.
Han recibido mensajes privados en los que se lee: «Los vamos a mandar al campo de concentración de Chechenia, maricas», en la República del Cáucaso que forma parte de la Federación Rusa y donde existe una «purga» de homosexuales.
Si los diputados votan en contra, mandarán un mensaje implícito de que las diferentes orientaciones sexuales están mal y no son normales, incitando al odio, señalaron.
Un reportero preguntó sobre la iniciativa que presentó el ex gobernador Rolando Zapata Bello, en la cual se descartaba la adopción de hijos, Escoffié Duarte dijo que desconoce su contenido.
Sin embargo, consideró preocupante presentar una iniciativa en favor de la comunidad LGBTI y se descarte la opción de adoptar, pues «no es negociable, son derechos».
Sobre la labor y presencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), Olga Moguel aseguró que ha sido omisa y que no los apoya.
Es una institución que se limita a dar recomendaciones «muy tibias» y a dar cursos, externó, por lo que exhortaron a cumplir su trabajo.
Cabe mencionar que la Suprema Corte de Justicia estableció en noviembre de 2015 que las leyes que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo son inconstitucionales y violatorias de derechos humanos.
Por ello diferentes organizaciones yucatecas denunciaron ante la Corte a la Legislatura pasada por omisión, creando un amparo que recientemente fue rechazado.
Pero no porque los diputados hayan tenido razón en limitar el matrimonio entre hombre y mujer, dijeron, sino porque el término «omisión legislativa» es amplio y se sigue discutiendo su significado.
“Ya no hay excusas, se acabaron los argumentos jurídicos para seguirse negando a aprobarlo”, finalizaron.

Edoardo Manzanilla (PRESIDIO)

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