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SALE BARATO A ARTURO MILLET LIBRAR LA CÁRCEL

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Dos de los tres jueces del Tribunal Primero de Enjuiciamiento decidieron condenar a 4 años de cárcel y que pague 2.8 millones de pesos, el empresario Arturo Millet Reyes, impulsor del Coliseo Yucatán y ex propietario de los Venados de Yucatán, al encontrarlo responsable del delito de abuso de confianza equiparado agravado en contra de inversionistas yucatecos.

El juez Niger Desiderio Pool Cab cambió, de la noche a la mañana, de parecer, luego que desde un principio fue el que estaba más convencido de la culpabilidad del empresario.

Las jueces Fabiola Rodríguez Zurita y Nidia Guadalupe Celis Fuentes, se mantuvieron firmes.

El empresario tendrá que pagar la suma mencionada, si es que no quiere ir a la cárcel, porque se le negaron los beneficios sustitutivos de sanciones.

Pero seguirá en libertad, hasta que se resuelva la apelación que interpuso la defensa del empresario señalado como cabecilla del “Cártel del Sureste” en las cuestiones inmobiliarias.

La sanción por este delito va de los 4 a los 10 años de prisión.

Millet enfrenta sólo en Yucatán tres procesos por el mismo delito, bajo igual modus operandi.

En uno de estos casos son los mismos denunciantes quienes reclaman un daño patrimonial de 117 millones de pesos en iguales circunstancias.

Igualmente se le sigue proceso en Cancún, Quintana Roo, por el delito de fraude de más de un millón 350 mil dólares.

Millet ha perdido una serie de amparos en Quintana Roo y Yucatán, por lo que sólo está alargando sus procesos.

Fue acusado de vender 13 terrenos ubicados en Tulum, Quintana Roo, pero nunca entregó las escrituras, ni devolvió el dinero a 9 empresarios yucatecos.

Se supo que en el mes de junio del 2019, Millet Reyes no se presentó a una audiencia en la que se le formularía imputación por el delito de abuso de confianza equiparado, al llevar su representante legal una justificación médica en la que se le prescribe reposo absoluto por un padecimiento de dorsolumbagia severa.

Por eso se tuvo que esperar nueva fecha para que se lleve al cabo la audiencia por la denuncia presentada en su momento ante la Fiscalía General del Estado por los nueve agraviados.

Y en escrito de fecha 24 de septiembre de 2013, Millet Reyes reconoció, declarando bajo protesta de decir verdad, ante el abogado Fernando A. Castilla Patrón, titular de la Notaría Pública Número 70 del Estado, que con anterioridad a esa fecha, recibió en concepto de depósito y en diversas partidas la cantidad de 2 millones 800 mil dólares de los querellantes José Luis, Florentino y Aurelio Ernesto R.R., José Antonio C.B., Manuel Tomás M.F., Guillermo Andrés W.M., Alfredo R.M. y José Eduardo Z.A. (extinto).

Eso con el fin de gestionar en nombre y a favor de los citados querellantes, 13 inmuebles ubicados en el poblado de Tulum, municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo.

En dicho documento se comprometió que antes del 24 de enero del año 2014, en rendición de cuentas por dicha cantidad que le entregaron y sin necesidad de requerimiento alguno de parte de éstos, escrituraría los lotes de referencia a favor de los querellantes o en su defecto les reembolsaría la totalidad del dinero recibida y no podría disponer de dicha cantidad de dinero para fines diversos.

El documento fue ratificado en todas sus partes por éste, el día 9 de diciembre 2013, ante el Abogado Fernando A. Castilla Patrón, titular de la Notaría citada.

Pero llegada la fecha acordada de rendición de cuentas no cumplió con ésta y hasta el presente no ha entregado las escrituras de los inmuebles antes relacionados a los querellantes, ni en su caso les ha reembolsado las cantidades de dinero que le entregaron a pesar de que ya fue requerido formalmente por la vía judicial para ese efecto, el día 9 de julio de 2014, en el Poder Judicial del Estado de Yucatán.

Eso quedó asentado bajo el expediente número 437/2014 del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria que promovieron los agraviados a fin de requerirle rendición de cuentas respecto de su gestión, dándole tres días siguientes a dicha notificación para tal efecto, causando con su conducta un detrimento en el patrimonio de éstos.

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El Paso de los Grillos

“MÉRIDA ES RECONOCIDA POR SU PAZ”: ALCALDESA

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La Presidenta Municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, participó en la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2025 de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal; en la Ciudad de México.

El encuentro fue encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch; y reunió a autoridades municipales del país.

Durante la asamblea, la Alcaldesa destacó la situación de seguridad que prevalece en la capital yucateca y su disposición para asumir los nuevos lineamientos del organismo nacional.

“Mérida es reconocida por su paz social, que se construye con la participación ciudadana y el sentido de comunidad”, expresó.

En ese marco, Cecilia reiteró el compromiso de su administración con las políticas de seguridad y la coordinación interinstitucional para mantener bajos índices delictivos.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Mérida registra 172.1 delitos por cada 100 mil habitantes, frente a una tasa nacional de 1,018.4 delitos, con cifras correspondientes a agosto de 2025.

La información oficial señala que en la capital yucateca se cometen seis veces menos delitos que el promedio nacional.

Asimismo, la ciudad ocupa el segundo lugar como la más segura de América, solo por debajo de Quebec City, Canadá, según el ranking de CEOWORLD magazine 2024.

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VIOLAN LEYES EN EL CONGRESO DEL ESTADO

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En el máximo recinto donde debe imperar la legalidad, ya que ahí se forjan y nacen las leyes, reina la precisamente la ilegalidad, el acoso, la desinformación y la violencia política de género, señalan trabajadores del Poder Legislativo.

En el Congreso del Estado de Yucatán acusan al director general de Administración y Finanzas, Jordán Pérez Marfil, de llevar los hilos del nuevo Sindicato de Trabajadores Unidos del Poder Legislativo del Estado de Yucatán (Situpley).

Además, señalan, se sirve con la cuchara grande porque es quien maneja “los dineros” del Poder Legislativo de Yucatán y, con esos recursos, el año pasado formó un nuevo sindicato con el propósito de acabar con el actual, que ha estado vigente desde hace varias décadas, pues quiere demostrar ante el Poder Ejecutivo que tiene «músculo».

 

Entre los empleados ya conocen como “El titiritero” a Pérez Marfil, quien presume de ser intocable porque comparte un apellido con el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Wilberth Monforte Marfil.

El tesorero aplica diversas mañas, dicen, para acosar e ir “conquistando” -algunos dicen amenazados- a los empleados sindicalizados para que abandonen el antiguo Sindicato de Empleados del Poder Legislativo de Yucatán (Seply).

En esos «cantos de sirena» de Jordán Pérez arrastran a jubilados y pensionados, que creyendo fielmente lo que les dice, se han ido al Situpley sin informarse si les conviene o no, pero lo más grave es que no les informan que es algo ilegal bajo sus propios estatutos.

El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios solamente ha emitido como acuerdo y aceptado el número de registro del nuevo sindicato el Situpley, pero están pendientes los acuerdos que fueron depositados por el sindicato mayoritario, el Seply, acerca de Expulsados, Renuncias y Jubilados.

Se requiere que el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios emita el dictamen de dichos acuerdos para que se pueda formar el nuevo sindicato. Es preocupante que las personas que ostentan un cargo en el comité del nuevo Situpley no son elegibles y esto es por lo siguiente:

En su propio reglamento, el Situpley en el artículo 8, fracción II, inciso B, especifica que son socios en receso los que están sujetos a proceso penal en tanto se dicte sentencia. Artículo 10 dice que el carácter de socio se pierde por expulsión o por dejar de prestar servicios reales y efectivos, cesando así los derechos y obligaciones.

Por lo consiguiente es ilegal el comité del Situpley, que está conformado por Delmy Asunción Cruz Sierra, quien ostenta el cargo de Secretaria General y sólo sigue órdenes de Jordán.

El secretario de Trabajo y Conflictos, Abraham de Jesús Cervera Magaña, de quien suena irónico su cargo y una burla, porque tiene una demanda por violencia intrafamiliar por golpear a su esposa, hijo y suegro.

La demagogia también reina en el Poder Legislativo con favoritismos, abusos de poder y de información, así como desvíos de dinero porque todo lo que gasta el Situpley se factura a cuenta del Congreso del Estado de Yucatán.

El acoso y presión contra los miembros del actual sindicato es claro porque, por ejemplo, la secretaria del tesorero del Legislativo ya avisó al Situpley de cuándo recibirán juntos su aguinaldo, vales de despensa anual, pago de primera quincena, canasta navideña, bono anual y prima vacacional, entre otros, y al Seply, que lo pidió por oficio, no le han respondido.

Los empleados no tienen a quien recurrir porque el “Titiritero” y el diputado de Morena Alejandro Cuevas andan enfrascados en una pelea absurda por el poder, uno quiere mostrar que es más que el otro y quién manda, pues es más que evidente que al presidente de la Junta de Gobierno, Wilberth Monforte Marfil, no le interesa en lo más mínimo lo interno, más que figurar en las fotos, ya que ni él toma las decisiones importantes.

«Pérez Marfil siempre quiso acabar con el Seply y ahora siente que es su momento de controlar a los trabajadores del Congreso del Estado con este nuevo sindicato, pero pasándose por el arco del triunfo las leyes», señaló uno de los empleados más antiguos del recinto donde hoy impera la ilegalidad, pese a que es donde nacen las leyes.

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BUSCAN A OCTOGENARIO EXTRAVIADO EN CANTAMAYEC

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La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que mantiene un operativo de búsqueda para localizar a un adulto mayor reportado como extraviado en Cantamayec, en coordinación con autoridades municipales y personas voluntarias.

De acuerdo con el reporte, Miguel Ángel Cherres Chan, de 82 años, salió de su domicilio la mañana del 8 de diciembre, alrededor de las 10:00 horas, y no regresó. Sus familiares señalaron que puede desorientarse debido a su edad y estado de salud.

Tras el aviso, elementos de la SSP, policía municipal y voluntarios iniciaron recorridos por caminos de terracería, brechas y zonas de monte cercanas a Cantamayec. Hasta el momento, no se ha logrado ubicarlo.

 

La corporación informó que el operativo continúa activo y que se mantiene la coordinación interinstitucional para reforzar las acciones de localización en la región.

Don Miguel vestía camisa blanca, pantalón negro y sandalias. Es de tez morena clara, complexión delgada y mide aproximadamente 1.63 metros de estatura.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía de Cantamayec y comunidades aledañas a reportar cualquier información al 911 que ayude a dar con su paradero.

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