El Paso de los Grillos
LIMITARÁN A DIPUTADOS “HABLADORES” EN TRIBUNA
Para dar tiempo y equidad a todos los integrantes del Poder Legislativo de Yucatán, pero sobre todo “meter orden” en las sesiones del Pleno, ayer fue solicitado elaborar un proyecto de dictamen para modificar el Reglamento de su Ley de Gobierno.
Con ello el Congreso del Estado busca dar orden y tiempo a las intervenciones de los diputados en la tribuna, debido a que hay legisladores que “se exceden” y hablan mucho para exponer una sola idea.
Durante la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el diputado del PAN Víctor Hugo Lozano Poveda destacó que esta Legislatura se ha caracterizado por mantener un buen ritmo de trabajo y ofrecer a los yucatecos iniciativas benéficas para la sociedad.
El también presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso indicó que por ello se presentó una iniciativa para reformar el Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, tras lo cual fue solicitado el proyecto de dictamen para su análisis y votación en la siguiente sesión de dicha Comisión.
En entrevista, Lozano Poveda explicó que esta iniciativa busca dinamismo en las sesiones del Pleno y, sobre todo, dar orden a las mismas. Se propone para la primera intervención, siete minutos y, si hay una segunda, el tiempo sería de tres minutos.
“Yucatán es el único estado que tiene un Congreso que no establece tiempos y orden en las intervenciones de sus diputados. Lo que estamos haciendo es homologar con el Congreso federal y con los locales que tienen establecidos estos tiempos y mecanismos de orden”, puntualizó.
En sesión de la comisión, la presidenta Carmen González Martín instruyó a la Secretaría General para entregar las fichas técnicas y cuadros comparativos de las siguientes iniciativas:
La primera presentada por los diputados Jesús Pérez Ballote (PAN) y Rafael Echazarreta Torres (Morena) en materia de Derecho a la Buena Administración Pública.
En este punto el diputado Víctor Hugo Lozano enfatizó la importancia de agilizar el análisis de este tema que, una vez más, pone a la vanguardia todo lo que se ha generado desde el seno de la actual Legislatura en cuestión de reformas constitucionales.
Posteriormente, el diputado Pérez Ballote resaltó la importancia de que los yucatecos cuenten con los derechos de recibir servicios con calidad y transparencia, además ayuda a sentar las bases de la justicia administrativa en la que los ciudadanos tengan garantizados sus derechos.
Al respecto, el diputado del PRI Gaspar Quintal Parra destacó que esto permite a los yucatecos exigir una buena administración pública, no sólo de manera municipal sino también estatal.
Para esto, la presidenta de la comisión, diputada Carmen González Martín solicitó la elaboración de un proyecto de dictamen.
La iniciativa presentada por la diputada de Morena Rubí Be Chan fue para adicionar una fracción al artículo 35 del Código de la Administración Pública de Yucatán, a fin de que se instalen unidades de hemodiálisis en cada centro hospitalario.
También la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifican diversos artículos del Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, signada por la diputada de Morena, Alejandra Novelo Segura.
La iniciativa para reformar la Base Primera del artículo 77 de la Constitución Política del Estado y reformar la Ley de los Municipios del Estado presentada por la diputada del PAN, Melba Gamboa Ávila, en materia de instalación de ayuntamientos.
La iniciativa del diputado Luis Fernández Vidal (PAN) para reformar diversos artículos del Código de Familia para el Estado y adicionar fracciones a la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado, para que se puedan realizar trámites legales a fin de lograr la tutela de niños, niñas, adolescentes y personas adultas, contando con un Consejo Municipal de Tutelas.
Además, la iniciativa para adicionar un párrafo al artículo 2 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Yucatán, se modifican la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán y su reglamento, y se adicionan tres párrafos al artículo 41 inciso E) de la Ley de Gobierno de los municipios del Estado, presentada por la diputada Dafne López Osorio (PAN), relativa al lenguaje incluyente y no sexista, para nombrar a hombres y mujeres en el quehacer público competente.
Para adicionar el inciso I) de la fracción XII del artículo 43, adicionar el artículo 70 bis, se reforma la fracción XIV y se recorre la fracción XIV para pasar a ser la XV del artículo 71 todos de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, se reforma la fracción IX del artículo 2, la fracción II del artículo 5, el capítulo VIII Bis, el artículo 25 A y 25 B, para pasar a ser artículo 25 Bis y 25 Ter respectivamente, así como se adicionan los artículos 25 Quater y 25 quinquies, todos del Reglamento del Instituto de Investigaciones Legislativas del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, para impulsar diversas medidas mediante el establecimiento de un órgano que se encargará, mediante la coordinación de diferentes áreas del Poder Legislativo, de prevenir, atender y erradicar la violencia de género y promover acciones institucionales dirigidas a generar mecanismos para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de los trabajadores y el empoderamiento de la mujer.
En esta ocasión, la diputada de Movimiento Ciudadano, Vida Gómez Herrera, hizo entrega de diversas propuestas para enriquecer el producto legislativo.
La Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 73 bis al Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, en materia de Dictámenes Legislativos, suscrita por el diputado Rafael Alejandro Echazarreta Torres.
Por último, la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, ambas del Estado de Yucatán, en materia de Derechos Político-Electorales del pueblo indígena, presentada por Echazarreta Torres.
En la sesión se llevó a cabo la distribución de iniciativas acompañadas de sus respectivos cuadros comparativos y fichas técnicas para reformar la Constitución Política del Estado y se expida la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Yucatán, presentada por el diputado Víctor Hugo Lozano Poveda (PAN).
Al igual, la presentada por el legislador de Morena, Rafael Echazarreta Torres, en materia de asistencia y votación remota de las diputadas y los diputados.
Una funcionaria de la Fiscalía General del Estado de Yucatán está poniéndose en el ojo del huracán al aparentemente estar frenando el avance de una carpeta de investigación contra un defraudador de Mérida.
La fiscal Yessica Margarita Chi Negrón, de la agencia especializada en Delitos Patrimoniales, ha retardado el proceso de investigación para que las personas afectadas tengan acceso a la justicia.
Sospechan que ha entrado en tratos económicos con el denunciado, Carlos Alberto Cherrez Cab, pues serían casi siete millones de pesos lo que se habría embolsado este sujeto de manera engañosa e ilegal.
Los defraudados son empleados del IMSS, activos y jubilados, así como amigos y conocidos de Cherrez Cab, a quienes les pedía dinero con el ofrecimiento de tener una gran oportunidad de inversión inmobiliaria en el oriente de Mérida.
En 2004, el ahora denunciado pedía 230 mil pesos a cada persona para invertir en lotes supuestamente ubicados en el fraccionamiento Vergel, y les permitía completar el monto en dos o tres pagos.
Sin embargo, al pasar el tiempo y no ver resultados, ni el fruto de su dinero un año después, dos personas solicitaron su devolución, pero no la obtuvieron y decidieron denunciar.
La denuncia es por el delito de abuso de confianza y fraude, a la cual se han sumado otras 14 personas, aunque serían 30 las defraudadas en total, todas aportando la misma cantidad, es decir, una estafa de 6 millones 900 mil pesos.
Según una de las 16 denunciantes, Marisa Librada Arceo Ucán, dentro de la carpeta de investigación FGE/PATRIM/UNADT-186/2025 contra Alberto Cherrez Cab, promovió el 4 de abril del año pasado una solicitud para que la Fiscalía girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Esta diligencia tiene como fin analizar los movimientos de las cuentas bancarias del investigado y rastrear el flujo del dinero que le fue entregado mediante diversas transferencias.
Con ello podrían esclarecerse los hechos y comprobarse el delito, pues se trata de una prueba técnica irrefutable de la CNBV que permitiría identificar depósitos, transferencias y el destino de los recursos.
La solicitud fue recibida en el día mencionado, pero al paso de los meses no se emitió acuerdo alguno, tampoco se resolvió la petición, ni se ejecutó la diligencia solicitada, a pesar de tratarse de una actuación clave y esencial para la justicia.
Por ello este año se promovió un juicio de amparo indirecto, en el que se denunció una “omisión ministerial continuada”, señalando que la falta de actuación constituye una forma de denegación de justicia y vulnera el derecho a una investigación efectiva.
Sin embargo, el caso tomó una dimensión aún más delicada al advertirse comunicaciones de la parte denunciada con la autoridad ministerial, es decir, la fiscal Chi Negrón.
Luego, en mensajes atribuidos a esta funcionaria de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía, se informó que la solicitud relacionada con la CNBV “ya se había pasado” y que se encontraban “en espera” de respuesta.
Estas aseveraciones hicieron creer a la parte denunciante que la diligencia se encontraba en trámite, lo cual resultó falso. Al percatarse de ello, es cuando Arceo Ucán decidió interponer un amparo contra la autoridad ministerial.
Su abogado explicó a PRESIDIO que la revisión del expediente y lo expuesto en el juicio de amparo revelan que no existe constancia de acuerdo, resolución ni ejecución de dicha diligencia, lo que evidencia una discrepancia entre lo comunicado y lo asentado formalmente en la carpeta.
A casi un año de presentada la solicitud, no hay determinación oficial sobre la misma dentro de la carpeta FGE/PATRIM/UNADT-186/2025 y se ha obstaculizado su judicialización para que los afectados puedan obtener justicia ante un juez y recuperar su dinero.
Este caso, junto con otros que hemos publicado, está dejando ver que al parecer Yucatán se está convirtiendo en el paraíso de los estafadores de inversiones, vehículos, propiedades y terrenos en la playa, entre otros.
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