Debido a diversas omisiones e irregularidades en el llenado del informe policial homologado que evidenciaron la actuación arbitraria de los agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI), el juez de control Santos May Tinal decretó como ilegal la detención de los jóvenes Andrea Sofía C.R. y Sebastián N.U., quienes participaron en la marcha a favor de Sitilpech y, por lo tanto, ordenó su inmediata liberación.
En la audiencia inicial, la Fiscalía General del Estado intentó imputar a los jóvenes por los delitos de ataque a servidores públicos y lesiones a servidores públicos, pero no contó con elementos para acreditar la presunción mínima de que sí lo cometieron en flagrancia.
La fiscal dio lectura a la información de la carpeta de investigación, en la que indicó que la razón de la actuación de los policías vestidos de civil es porque dichos jóvenes estaban discutiendo en la vía pública al finalizar la marcha. Según la PEI, cuando los agentes se acercaron para intervenir, Sebastián golpeó a un policía con un caracol blanco que se utiliza para ceremonias prehispánicas y amagó con atacarlo de nuevo, mientras que Andrea Sofía empujó a una mujer policía, provocándole un esguince de primer grado.
Sin embargo, la carpeta estaba llena de inconsistencias, como el hecho de que, según la Policía Estatal, el arresto ocurrió a las 10: 30 de la noche y así lo precisó en el Registro Nacional de Detenciones. La fiscal indicó que hubo un error en el llenado de dicho dato y que en realidad se realizó a las 8: 30, pero nunca se corrigió en el mencionado sistema.
Además, la fiscal reconoció que al momento de la detención no le leyeron sus derechos a los jóvenes y no se precisó la hora en que le aplicaron los mecanismos de seguridad (esposas) cuando los metieron a dos vehículos de la Policía Estatal, los cuales no estaba rotulados.
Otra inconsistencia fue que supuestamente los agentes portaban chalecos de seguridad y que al momento de la detención, aproximadamente 30 personas se les acercaron y se los jalaron, por lo que al sentirse en riesgo decidieron retirarse. En esa versión, sostuvieron que no pudieron encontrar el caracol que supuestamente se usó para al agresión del policía.
Por todas esas irregularidades, los abogados de los acusados, David Dorantes y Orlando Estrella, solicitaron al juez que se proyecte un video en el que se observó el momento de la detención y en el que se corroboró que los agentes no traían sus chalecos y en ningún momento se vio el caracol.
Además, precisaron otra inconsistencia, como el hecho de que, según el informe policial, un oficial le informó de sus derechos a los arrestados a las 8: 30 de la noche al mismo tiempo y en dos vehículos diferentes, lo que catalogaron de fantasioso.
Los defensores hicieron mucho hincapié en las inconsistencia en cuanto a la hora que supuestamente se hicieron las detenciones y del momento en que fueron presentados ante el ministerio público, datos plasmados en el Registro Nacional de Detenciones.
La fiscal pidió al juez que no se tome en cuenta el video, a pesar de que en un principio no se opuso a que se proyecte, pues según ella “no aporta nada” y solo se trata de un fragmento de lo ocurrido. Sin embargo, May Tinal recalcó que dicho material era importante porque sólo se contaba con la versión de los dichos de los policías de un informe lleno de omisiones.
En su resolución, el juzgador señaló que el operativo de la PEI fue desacertado y consideró como absurdo que se emplearon al menos 6 agentes policiacos ante una “discusión en la vía pública”.
También cuestionó la capacidad y el entrenamiento de los policías que no pudieron advertir que supuestamente Sebastián tenía un caracol en su mano para agredirlo. Además, indicó que en el video no se aprecia que 30 personas se aproximaron a los policías
Asimismo, recalcó que ninguno tenía chaleco, por lo que sería ilógico que los hayan jalado y puesto en riesgo. En ese sentido, les recordó que debieron tener un distintivo que los acredite como miembros de la Secretaría de Seguridad Pública.
Por todas estas irregularidades, el juez declaró la no legal detención de los jóvenes y ordenó su inmediata liberación. Pese a eso, la fiscal solicitó que sean imputados, a lo que el juzgador le advirtió lo delicado de su petición y por eso se retractó.
En la otra audiencia, que se celebró de manera simultanea, una juez sí imputó a les activistas Andrew “N” y Dafne Isabel “N”, por los delitos de portación de armas y objetos peligrosos, desobediencia, resistencia y agresiones a servidores públicos. Sin embargo, le impusieron medidas cautelares menores y seguirán su proceso en libertad.
Llamó la atención que en ambas audiencias, los fiscales enfatizaron que la Policía activó un “código rojo” por la marcha de Sitilpech, debido a que los manifestantes lanzaron amenazas y cargaban latas de pintura, por lo que se dispuso el operativo de seguridad en la que los agentes llegaron vestidos de civil.
Con información de Herbeth Escalante / Haz Ruido
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