El Paso de los Grillos
EN CUALQUIER MOMENTO LIBERAN AL ASESINO DE “SERRANOVA”
El Tribunal Segundo de Enjuiciamiento emitió hoy fallo condenatorio a favor del mesero tabasqueño Braulio Luna Sánchez por el delito de homicidio “cometido en riña con carácter de provocado”, por la muerte con más de 40 puñaladas y golpes en el cráneo del empresario artístico Sergio Serrano Navarro (Serranova). Con ello, el asesino de un momento a otro podría salir en libertad.
Este hecho de sangre ocurrió el 6 de diciembre de 2019, como dimos a conocer: https://presidiomx.com/lo-asesinan-en-su-casa-en-francisco-de-montejo/.
Su madre Martha Navarro ha clamado justicia a través de las redes sociales (https://fb.watch/clXoPDZ8yF/), ante el temor de que ocurriera lo que hoy se está confirmando.
En Yucatán, el delito de “homicidio en riña con carácter de provocado” se castiga con pena corporal de 2 a 6 años de prisión y, por el tiempo que el tabasqueño ha estado privado de su libertad, ya habrá compurgado gran parte de su condena, es decir, más tiempo de la sanción mínima.
El tabasqueño Luna Sánchez, de 18 años en ese entonces, fue imputado por el delito de homicidio simple por el fallecido juez de control Luis Edwin Mugarte Guerrero, como presunto autor material del homicidio del empresario Sergio Serrano Navarro, mejor conocido como Sergio “Serranova”.
La carpeta de investigación 388/2019 fue reclasificada como homicidio por riña, que se castiga con 4 a 12 años de cárcel, pero al ser considerado con carácter de “provocado”, la pena baja de 2 a 6 años.
Sin embargo, fue una masacre lo perpetrado en el domicilio del promotor artístico, como publicamos de manera amplia: https://presidiomx.com/fue-una-masacre-al-promotor-artistico-serranova/
En su momento, Mugarte Guerrero reclasificó el delito a homicidio simple que, de acuerdo al artículo 372, del Código Penal del Estado, al responsable de éste se le impondrán de 10 a 15 años de prisión.
El imputado declaró que conocía al ahora occiso, cuando trabajaba como mesero en un bar, y que comenzaron a salir.
Dijo que Serranova le pagaba 600 pesos por dejarse practicar sexo oral en su casa y que eran frecuentes sus encuentros.
Que el 5 de diciembre se vieron en casa del empresario en el fraccionamiento Francisco de Montejo, donde sostuvieron sexo oral a cambio de dinero.
En un momento dado, según la declaración del asesino confeso, Serranova quiso que lo penetren y como “sabía que padecía de una enfermedad contagiosa” se negó, lo que propició que empezaran a pelear.
Es por eso que en un momento dado, el ahora occiso tomó un cuchillo y lo lesionó en las manos y que al reaccionar al ataque, lo despojó del arma y lo acuchilló en innumerables ocasiones.
Por eso pidió el servicio de un taxi de la plataforma Didi, a cuyo conductor le solicitó lo llevara a una farmacia Similares para que lo curen.
Ahí le prestaron los primeros auxilios y por la gravedad de sus lesiones, le indicaron que tendría que buscar que lo operen.
Llamó a su mamá y se vieron en la Clínica Pensiones, donde le pareció muy caros los servicios médicos y se fueron al Hospital O’Horán.
Después, al recuperarse, se entregó a las autoridades.
Por su parte, la defensa particular del tabasqueño dijo que ambos discutieron y el ahora occiso trató de ahorcar a su cliente y que éste le dio un cabezazo al promotor; luego lo empujó y que, al levantarse, tomó un cuchillo tipo serrucho y lo lesionó en la mano derecha.
Empezaron a forcejear por el arma y ambos se lesionaron, su cliente con 9 heridas punzocortantes en ambas manos y el occiso con 25 en la cara y tórax.
Cabe señalar que la causa de muerte fue certificada como traumatismo craneofacial.
Reconoció que el procesado actuó “en defensa propia” de forma excesiva y “todo se trató de una riña” en el domicilio del fraccionamiento Francisco de Montejo.
Por su parte, la asesora de la víctima directa indicó en su momento que la confesión no concordaba con muchos datos de investigación, como son las numerosas heridas que tuvo la víctima, desde contusas, cortocontusas y punzocortantes, cuando el ahora procesado sólo tuvo 9 de manera leve en ambas manos.
Incluso que cuando abordó el Didi que pidió para retirarse del lugar, sacó un par de maletas del ahora occiso y solicitó al chofer que las metiera y bajara del auto cuando llegaron a su destino; que ocultó sus manos en una sudadera que apenas estaba manchada de sangre; esperó demasiado tiempo para entregarse y confesar, para preparar una coartada; que no tuvo contusiones y lesiones punzocortantes en la cara, pues no parece que peleó.
La madre del ahora occiso relató que no son congruentes los alegatos del sujeto, pues se robó las maletas de la víctima que recientemente había cambiado una fuerte suma de pesos en dólares pues iba a ir a Los Angeles.
Y que no fue una riña, porque a nadie se le puede causar así como así 25 heridas en el rostro y tórax, “pues lo mató con saña y con sangre fría”, y que se trató de un crimen con alevosía y ventaja en contra de su vástago.
La mamá ha insistido en que las autoridades están coludidas en este caso y desde el principio se mencionó que el mesero contaba con la protección de un alto funcionario del gobierno priista de Rolando Zapata Bello, conocido por su inclinación homosexual y que aparentemente era pieza clave del gabinete a cargo de una Secretaría.
Una funcionaria de la Fiscalía General del Estado de Yucatán está poniéndose en el ojo del huracán al aparentemente estar frenando el avance de una carpeta de investigación contra un defraudador de Mérida.
La fiscal Yessica Margarita Chi Negrón, de la agencia especializada en Delitos Patrimoniales, ha retardado el proceso de investigación para que las personas afectadas tengan acceso a la justicia.
Sospechan que ha entrado en tratos económicos con el denunciado, Carlos Alberto Cherrez Cab, pues serían casi siete millones de pesos lo que se habría embolsado este sujeto de manera engañosa e ilegal.
Los defraudados son empleados del IMSS, activos y jubilados, así como amigos y conocidos de Cherrez Cab, a quienes les pedía dinero con el ofrecimiento de tener una gran oportunidad de inversión inmobiliaria en el oriente de Mérida.
En 2004, el ahora denunciado pedía 230 mil pesos a cada persona para invertir en lotes supuestamente ubicados en el fraccionamiento Vergel, y les permitía completar el monto en dos o tres pagos.
Sin embargo, al pasar el tiempo y no ver resultados, ni el fruto de su dinero un año después, dos personas solicitaron su devolución, pero no la obtuvieron y decidieron denunciar.
La denuncia es por el delito de abuso de confianza y fraude, a la cual se han sumado otras 14 personas, aunque serían 30 las defraudadas en total, todas aportando la misma cantidad, es decir, una estafa de 6 millones 900 mil pesos.
Según una de las 16 denunciantes, Marisa Librada Arceo Ucán, dentro de la carpeta de investigación FGE/PATRIM/UNADT-186/2025 contra Alberto Cherrez Cab, promovió el 4 de abril del año pasado una solicitud para que la Fiscalía girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Esta diligencia tiene como fin analizar los movimientos de las cuentas bancarias del investigado y rastrear el flujo del dinero que le fue entregado mediante diversas transferencias.
Con ello podrían esclarecerse los hechos y comprobarse el delito, pues se trata de una prueba técnica irrefutable de la CNBV que permitiría identificar depósitos, transferencias y el destino de los recursos.
La solicitud fue recibida en el día mencionado, pero al paso de los meses no se emitió acuerdo alguno, tampoco se resolvió la petición, ni se ejecutó la diligencia solicitada, a pesar de tratarse de una actuación clave y esencial para la justicia.
Por ello este año se promovió un juicio de amparo indirecto, en el que se denunció una “omisión ministerial continuada”, señalando que la falta de actuación constituye una forma de denegación de justicia y vulnera el derecho a una investigación efectiva.
Sin embargo, el caso tomó una dimensión aún más delicada al advertirse comunicaciones de la parte denunciada con la autoridad ministerial, es decir, la fiscal Chi Negrón.
Luego, en mensajes atribuidos a esta funcionaria de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía, se informó que la solicitud relacionada con la CNBV “ya se había pasado” y que se encontraban “en espera” de respuesta.
Estas aseveraciones hicieron creer a la parte denunciante que la diligencia se encontraba en trámite, lo cual resultó falso. Al percatarse de ello, es cuando Arceo Ucán decidió interponer un amparo contra la autoridad ministerial.
Su abogado explicó a PRESIDIO que la revisión del expediente y lo expuesto en el juicio de amparo revelan que no existe constancia de acuerdo, resolución ni ejecución de dicha diligencia, lo que evidencia una discrepancia entre lo comunicado y lo asentado formalmente en la carpeta.
A casi un año de presentada la solicitud, no hay determinación oficial sobre la misma dentro de la carpeta FGE/PATRIM/UNADT-186/2025 y se ha obstaculizado su judicialización para que los afectados puedan obtener justicia ante un juez y recuperar su dinero.
Este caso, junto con otros que hemos publicado, está dejando ver que al parecer Yucatán se está convirtiendo en el paraíso de los estafadores de inversiones, vehículos, propiedades y terrenos en la playa, entre otros.
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