El Paso de los Grillos
COBRAN $1,500 EXTRA POR CANJE DE PLACAS “EXPRÉS”
Ganancias ilícitas sin reportar obtiene la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán en su módulo de canje de placas ubicado en la colonia Xcumpich, al norte de Mérida.
Mediante una red de enganchadores, conocidos como “coyotes VIP”, el ciudadano es extorsionado con 1,500 pesos para obtener una ficha rápida y expedita y con ello ahorrarse meses de espera.
Con esta práctica, el director del módulo de la SSP, José Guzmán Salcido, logra recaudar alrededor de 150 mil pesos al día del bolsillo de propietarios de vehículos que desean un trámite “exprés”.
PRESIDIO investigó reportes de usuarios del módulo acerca de una extorsión que se realiza en el sitio para evitar filas y la espera afuera de esas instalaciones.
Actualmente, debido a la pandemia, las citas para realizar el trámite se obtienen vía telefónica al número 9994000480 y son otorgadas en fechas diferidas, con varios meses de espera.
En estos días, por ejemplo, la cita más próxima se pacta por teléfono para finales de julio o principios de agosto del año en curso.
Esto hace que los ciudadanos deseen agilizar su trámite, ante el riesgo de que finalice el año y sus vehículos puedan ser retenidos por portar placas vencidas.
Por ello acuden al módulo preguntado por alguna forma de hacerlo más rápido y personal que se encuentra afuera proporciona los números de los “coyotes VIP” para contactarlos.
Una vez contactado al tramitador, éste le envía a uno de sus “auxiliares” que se encuentra en el sitio para que le entregue los papeles y el dinero, que suman 1,700 pesos por el derecho oficial, más la tarifa de 1,500 que no se reporta a las cajas del gobierno estatal.
Si además es necesario realizar el cambio de propietario, el costo se incrementa de 400 a 1,500 pesos más, dependiendo del año y modelo del vehículo.
De esta manera el ciudadano termina pagando alrededor de 4 mil pesos por el trámite completo, el mismo día. Sin embargo, esta cantidad está fuera del alcance de la mayoría de las familias yucatecas, que a duras penas logran recabar los 1,700 pesos que cobran por las placas nuevas.
Cabe mencionar que el pago de “mordida” para obtener una ficha exprés es voluntario, es decir, a nadie se obliga a contratar el servicio clandestino, pero los ciudadanos se sienten orillados a caer en esta práctica debido al tiempo de espera.
Una vez entregado papeles y dinero, y luego de verificar que están completos, los enviados entran directamente a la oficina del director Guzmán Salcido o del coordinador del módulo, Jesús Benjamín Hernández Estrada, cuyas secretarias se encargan de capturar en el sistema los datos del “cliente”.
Los auxiliares de los “coyotes VIP” permanecen en la oficina hasta que a los pocos minutos los llaman y pasan directamente a la caja de cobro.
Cabe recordar que el módulo de trámites vehiculares de la SSP estuvo cerrado por varios meses debido a la pandemia y fue reabierto en septiembre del año pasado, con esta nueva modalidad de recaudación de fondos ilícitos.
Según se averiguó, ya existían más de 100 gestores autorizados por el gobierno del estado mediante oficio, que hacían el trámite por el ciudadano y con ello se evitaban aglomeraciones.
Cada gestor atendía dos o tres trámites al día, previo pago de 500 pesos, con lo que se lograba una meta de unos 250 trámites diarios, evitando la concentración de más gente en el módulo.
Sin embargo, al reabrir en septiembre el módulo de Xchumpich, el coordinador llamó a algunos allegados para trabajar como “VIP”, sin tener registro oficial, de modo que operan en lo “oscurito”.
Mediante una investigación, PRESIDIO pudo identificar a nueve presuntos “coyotes VIP” con los nombres de Francisco Hoyos Figueroa, Fidel Basulto, Tony Méndez y su esposa Madeleine; Iván Morales y su hijo Iván; Martín Martínez y Grefy Martínez, quien sería ex esposa del director jurídico del módulo Angel Díaz, y uno más llamado Geovany.
A estos “VIP” se les permite atender de 10 a 15 personas al día cada uno, es decir, al menos 90 usuarios que dejarían una derrama mínima de alrededor de 150 mil pesos que no pasan por la Secretaría de Administración y Finanzas estatal.
El dinero, según la investigación realizada con fuentes internas del módulo, es dividido con Guzmán Salcido, quien fue puesto en el cargo por el titular de la SSP, Luis Felipe Saidén Ojeda, hace más de 10 años, cuando el módulo de placas y licencias se encontraba frente al Parque de la Paz.
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Una funcionaria de la Fiscalía General del Estado de Yucatán está poniéndose en el ojo del huracán al aparentemente estar frenando el avance de una carpeta de investigación contra un defraudador de Mérida.
La fiscal Yessica Margarita Chi Negrón, de la agencia especializada en Delitos Patrimoniales, ha retardado el proceso de investigación para que las personas afectadas tengan acceso a la justicia.
Sospechan que ha entrado en tratos económicos con el denunciado, Carlos Alberto Cherrez Cab, pues serían casi siete millones de pesos lo que se habría embolsado este sujeto de manera engañosa e ilegal.
Los defraudados son empleados del IMSS, activos y jubilados, así como amigos y conocidos de Cherrez Cab, a quienes les pedía dinero con el ofrecimiento de tener una gran oportunidad de inversión inmobiliaria en el oriente de Mérida.
En 2004, el ahora denunciado pedía 230 mil pesos a cada persona para invertir en lotes supuestamente ubicados en el fraccionamiento Vergel, y les permitía completar el monto en dos o tres pagos.
Sin embargo, al pasar el tiempo y no ver resultados, ni el fruto de su dinero un año después, dos personas solicitaron su devolución, pero no la obtuvieron y decidieron denunciar.
La denuncia es por el delito de abuso de confianza y fraude, a la cual se han sumado otras 14 personas, aunque serían 30 las defraudadas en total, todas aportando la misma cantidad, es decir, una estafa de 6 millones 900 mil pesos.
Según una de las 16 denunciantes, Marisa Librada Arceo Ucán, dentro de la carpeta de investigación FGE/PATRIM/UNADT-186/2025 contra Alberto Cherrez Cab, promovió el 4 de abril del año pasado una solicitud para que la Fiscalía girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Esta diligencia tiene como fin analizar los movimientos de las cuentas bancarias del investigado y rastrear el flujo del dinero que le fue entregado mediante diversas transferencias.
Con ello podrían esclarecerse los hechos y comprobarse el delito, pues se trata de una prueba técnica irrefutable de la CNBV que permitiría identificar depósitos, transferencias y el destino de los recursos.
La solicitud fue recibida en el día mencionado, pero al paso de los meses no se emitió acuerdo alguno, tampoco se resolvió la petición, ni se ejecutó la diligencia solicitada, a pesar de tratarse de una actuación clave y esencial para la justicia.
Por ello este año se promovió un juicio de amparo indirecto, en el que se denunció una “omisión ministerial continuada”, señalando que la falta de actuación constituye una forma de denegación de justicia y vulnera el derecho a una investigación efectiva.
Sin embargo, el caso tomó una dimensión aún más delicada al advertirse comunicaciones de la parte denunciada con la autoridad ministerial, es decir, la fiscal Chi Negrón.
Luego, en mensajes atribuidos a esta funcionaria de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía, se informó que la solicitud relacionada con la CNBV “ya se había pasado” y que se encontraban “en espera” de respuesta.
Estas aseveraciones hicieron creer a la parte denunciante que la diligencia se encontraba en trámite, lo cual resultó falso. Al percatarse de ello, es cuando Arceo Ucán decidió interponer un amparo contra la autoridad ministerial.
Su abogado explicó a PRESIDIO que la revisión del expediente y lo expuesto en el juicio de amparo revelan que no existe constancia de acuerdo, resolución ni ejecución de dicha diligencia, lo que evidencia una discrepancia entre lo comunicado y lo asentado formalmente en la carpeta.
A casi un año de presentada la solicitud, no hay determinación oficial sobre la misma dentro de la carpeta FGE/PATRIM/UNADT-186/2025 y se ha obstaculizado su judicialización para que los afectados puedan obtener justicia ante un juez y recuperar su dinero.
Este caso, junto con otros que hemos publicado, está dejando ver que al parecer Yucatán se está convirtiendo en el paraíso de los estafadores de inversiones, vehículos, propiedades y terrenos en la playa, entre otros.
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