El Paso de los Grillos
CADA DOS DÍAS SE DENUNCIA TORTURA EN YUCATÁN
Cada dos días, en promedio, se recibe una denuncia por tortura en la Fiscalía General de Yucatán, según los 315 casos que se documentaron el año pasado y en lo que va del presente.
Sin embargo, ninguna de estas carpetas de investigación sobre graves violaciones a los derechos humanos ha sido judicializada, es decir, ni siquiera llegan a turnarse en consecuencia legal contra quien cometió la tortura.
En el estado que tiene fama de seguro, donde “no pasa nada”, en 2020 se asentaron 212 denuncias y en lo que va de 2021 suman 103, pero ninguna ha llegado ante un juez de control.
Se estima que numerosos casos no llegan a conocerse debido a posibles amenazas hacia las víctimas o por miedo a represalias de parte de los verdugos.
La directora en México de la organización pro derechos humanos “Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos” (WOLA por sus siglas en inglés), Stephanie Brewer, difundió este lunes la respuesta de la Fiscalía estatal acerca de las denuncias por tortura en los últimos dos años y el seguimiento que les ha dado, el cual es nulo.
De 315 casos denunciados desde 2020, ninguno se ha judicializado, es decir, no son presentados ante un juez de control, de modo que no se emite orden de comparecencia o de aprehensión y, por ende, no comienza el proceso judicial.
Las denuncias de tortura, entre otros delitos de mayor impacto, deberían investigarse por oficio y es obligación de la Fiscalía del Estado iniciar las averiguaciones una vez asentada la denuncia ante el Ministerio Público.
Sólo cuando no hay suficientes elementos de prueba para determinar que se produjo el delito (mediante intervención de un médico legista) o el denunciante fallezca o desista de su denuncia, serían motivo para que el acta de investigación no llegue ante un juez para evitar un proceso judicial.
De esos 315 casos denunciados en Yucatán se desconoce el porqué ninguno llegó hasta las instancias judiciales. Ahora, tras la muerte del joven José Eduardo Ravelo Echevarría la atención internacional está en Yucatán y en la actuación de sus autoridades encargadas de servir y proteger.
Según declaró en días pasados el Juez Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, quien lleva el caso del joven veracruzano que fue violado y torturado, José Eduardo describió en su denuncia y señaló a una corporación policial que no sería la municipal de Mérida. Incluso logró dar nombres o apellidos, así como una descripción física de sus agresores sexuales y que portaban uniformes oficiales.
Por la “secrecía de la investigación” aún no se revela cuál corporación fue señalada por Ravelo Echevarría, pero esta denuncia, al igual que las 315 anteriores, no habían sido presentadas ante un juez de control.
Cuando se le solicitó la orden de aprehensión contra cuatro uniformados municipales, Rómulo Bonilla la concedió, desconociendo que la Fiscalía de Yucatán ocultaba datos de prueba.
Pero cuando se llevó a cabo el juicio de vinculación a proceso, los fiscales se vieron obligados a entregar la denuncia que el joven José Eduardo hizo en vida, de modo que el juez liberó de inmediato a los acusados.
Ayer lunes se realizaron de manera simultánea dos ruedas de prensa: una con el abogado David Dorantes, quien defiende a los policías acusados, y otra con el fiscal de Yucatán, Juan Manuel León León. De la primera informamos con vídeo en vivo (https://fb.watch/7r3x9EGhuV/). A la segunda no fue invitado, ni avisado PRESIDIO.
El titular de la Fiscalía habló del caso de José Eduardo y su explicación de los hechos se centró en los vídeos que circulan en redes sociales y que, a juicio del abogado Dorantes Cabrera, están editados y atentan contra la integridad del ahora fallecido.
La Fiscalía aceptó que su línea de investigación inicia a partir de la detención por parte de la Policía Municipal de Mérida y que se basa en la cronología de las grabaciones que circulan en redes sociales.
Sin embargo, el juez Bonilla Castañeda reveló que existen muchos datos de prueba, como las declaraciones que José Eduardo hizo en el Ministerio Público, las cuales deben ser tomadas en cuenta, más que los videos.
Por cierto, en la rueda de prensa de la Fiscalía sólo se permitió la palabra a cinco personas de los medios de comunicación. Pero cuando los reporteros comenzaron a preguntar sobre lo ocurrido antes de que José Eduardo fuera detenido y también por los señalamientos contra una corporación policial distinta, los fiscales se levantaron de sus asientos y dieron por terminado el acto informativo, que dejó más dudas que respuestas.
Edoardo Manzanilla (PRESIDIO)
El Gobernador Joaquín Díaz Mena y el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué Sacristán, visitaron el Laboratorio de Control Biológico del Aedes aegypti-Wolbachia de la UADY.
Lo anterior, para evaluar su infraestructura y capacidades, con miras al establecimiento de una biofábrica modular de producción de moscas estériles contra el gusano barrenador del ganado.
Durante el recorrido se acordó fortalecer la coordinación entre la Federación y el Gobierno de Yucatán, con el propósito de aprovechar la capacidad científica de la UADY.
Asimismo, a fin de analizar la posibilidad de convertir este espacio en un punto estratégico para el control biológico de plagas ganaderas.
De concretarse, Yucatán se posicionaría como referente nacional en la producción de mosca estéril, método que busca erradicar el mencionado parásito.
En la visita, las autoridades recorrieron las áreas del laboratorio dedicado al «mosquito bueno”, que forma parte de la Estrategia Nacional para el Control del Dengue y otras Arbovirosis.
Este proyecto utiliza mosquitos portadores de Wolbachia, bacteria que reduce la capacidad del Aedes aegypti para transmitir dengue, zika y chikungunya.
El responsable del laboratorio, Pablo Manrique Saidén, explicó los procesos de cría, control y liberación de estos ejemplares; detallando que su reproducción permite disminuir y reemplazar gradualmente a la población de mosquitos transmisores.
Participaron también el director de Senasica, Javier Calderón Elizalde; el titular de Sader en Yucatán, Jorge Carlos Berlín Montero; el rector de la UADY, Carlos Estrada Pinto; y el director del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Hugo Delfín González.
Para fortalecer la protección de quienes utilizan motocicletas como herramienta de trabajo, el Ayuntamiento de Mérida realizó la sexta edición del programa “Chambea Seguro”, encabezada por la Presidenta Municipal Cecilia Patrón Laviada.
“En Mérida los compromisos se cumplen, por eso me da mucho gusto estar consolidando esta iniciativa que comenzó hace algunos años con un propósito muy claro: proteger la vida y el bienestar de quienes todos los días trabajan con esfuerzo y responsabilidad sobre una motocicleta”, expresó la Alcaldesa, durante el acto realizado en el parque del fraccionamiento Polígono 108 CTM.
Esta vez, se otorgaron 236 cascos certificados tipo DOT, con lo que suman 911 distribuidos en el primer año de la administración, con una inversión total de 765 mil 070.31 pesos.
Con este contexto, Cecilia destacó la importancia del trabajo de los motociclistas en la movilidad y economía local.
“Ustedes son parte esencial de la dinámica diaria de nuestra ciudad. Gracias a su trabajo, Mérida se mueve, se conecta y crece; son un pilar importante para la economía local que dependen de su labor”, afirmó.
La estrategia, operada por la Dirección de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, busca brindar seguridad a trabajadores que dependen de la motocicleta para su sustento.
“Cada casco significa una vida más protegida, una familia más tranquila y una economía familiar más fuerte”, añadió Patrón Laviada, quien también recordó que este apoyo representa un ahorro de entre 700 y mil pesos.
Acompañada de Arturo León Itzá, director de Desarrollo Social, la Alcaldesa reiteró que la meta para el cierre de 2025 es alcanzar los mil cascos entregados.
Las personas interesadas en participar en la próxima convocatoria pueden consultar la página oficial del Ayuntamiento.
Entre los requisitos se encuentran: ser mayor de 18 años, residir en Mérida o sus comisarías; y usar motocicleta de dos ruedas como herramienta de trabajo.
Asimismo, presentar identificación oficial, comprobante de domicilio, CURP, tarjeta de circulación y licencia de conducir tipo motociclista vigentes.
El trámite también puede realizarse en la sede de la Dirección de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, ubicada en la calle 65 No. 368 interior, colonia Centro, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.
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