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El Paso de los Grillos

CADA DOS DÍAS SE DENUNCIA TORTURA EN YUCATÁN

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Cada dos días, en promedio, se recibe una denuncia por tortura en la Fiscalía General de Yucatán, según los 315 casos que se documentaron el año pasado y en lo que va del presente.

Sin embargo, ninguna de estas carpetas de investigación sobre graves violaciones a los derechos humanos ha sido judicializada, es decir, ni siquiera llegan a turnarse en consecuencia legal contra quien cometió la tortura.

En el estado que tiene fama de seguro, donde “no pasa nada”, en 2020 se asentaron 212 denuncias y en lo que va de 2021 suman 103, pero ninguna ha llegado ante un juez de control.

Se estima que numerosos casos no llegan a conocerse debido a posibles amenazas hacia las víctimas o por miedo a represalias de parte de los verdugos.

La directora en México de la organización pro derechos humanos “Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos” (WOLA por sus siglas en inglés), Stephanie Brewer, difundió este lunes la respuesta de la Fiscalía estatal acerca de las denuncias por tortura en los últimos dos años y el seguimiento que les ha dado, el cual es nulo.

De 315 casos denunciados desde 2020, ninguno se ha judicializado, es decir, no son presentados ante un juez de control, de modo que no se emite orden de comparecencia o de aprehensión y, por ende, no comienza el proceso judicial.

Las denuncias de tortura, entre otros delitos de mayor impacto, deberían investigarse por oficio y es obligación de la Fiscalía del Estado iniciar las averiguaciones una vez asentada la denuncia ante el Ministerio Público.

Sólo cuando no hay suficientes elementos de prueba para determinar que se produjo el delito (mediante intervención de un médico legista) o el denunciante fallezca o desista de su denuncia, serían motivo para que el acta de investigación no llegue ante un juez para evitar un proceso judicial.

De esos 315 casos denunciados en Yucatán se desconoce el porqué ninguno llegó hasta las instancias judiciales. Ahora, tras la muerte del joven José Eduardo Ravelo Echevarría la atención internacional está en Yucatán y en la actuación de sus autoridades encargadas de servir y proteger.

Según declaró en días pasados el Juez Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, quien lleva el caso del joven veracruzano que fue violado y torturado, José Eduardo describió en su denuncia y señaló a una corporación policial que no sería la municipal de Mérida. Incluso logró dar nombres o apellidos, así como una descripción física de sus agresores sexuales y que portaban uniformes oficiales.

Por la “secrecía de la investigación” aún no se revela cuál corporación fue señalada por Ravelo Echevarría, pero esta denuncia, al igual que las 315 anteriores, no habían sido presentadas ante un juez de control.

Cuando se le solicitó la orden de aprehensión contra cuatro uniformados municipales, Rómulo Bonilla la concedió, desconociendo que la Fiscalía de Yucatán ocultaba datos de prueba.

Pero cuando se llevó a cabo el juicio de vinculación a proceso, los fiscales se vieron obligados a entregar la denuncia que el joven José Eduardo hizo en vida, de modo que el juez liberó de inmediato a los acusados.

Ayer lunes se realizaron de manera simultánea dos ruedas de prensa: una con el abogado David Dorantes, quien defiende a los policías acusados, y otra con el fiscal de Yucatán, Juan Manuel León León. De la primera informamos con vídeo en vivo (https://fb.watch/7r3x9EGhuV/). A la segunda no fue invitado, ni avisado PRESIDIO.

El titular de la Fiscalía habló del caso de José Eduardo y su explicación de los hechos se centró en los vídeos que circulan en redes sociales y que, a juicio del abogado Dorantes Cabrera, están editados y atentan contra la integridad del ahora fallecido.

La Fiscalía aceptó que su línea de investigación inicia a partir de la detención por parte de la Policía Municipal de Mérida y que se basa en la cronología de las grabaciones que circulan en redes sociales.

Sin embargo, el juez Bonilla Castañeda reveló que existen muchos datos de prueba, como las declaraciones que José Eduardo hizo en el Ministerio Público, las cuales deben ser tomadas en cuenta, más que los videos.

Por cierto, en la rueda de prensa de la Fiscalía sólo se permitió la palabra a cinco personas de los medios de comunicación. Pero cuando los reporteros comenzaron a preguntar sobre lo ocurrido antes de que José Eduardo fuera detenido y también por los señalamientos contra una corporación policial distinta, los fiscales se levantaron de sus asientos y dieron por terminado el acto informativo, que dejó más dudas que respuestas.

Edoardo Manzanilla (PRESIDIO)

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ENTREGAN 1ER INFORME DE GOBIERNO DE “HUACHO” AL CONGRESO

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El secretario General de Gobierno, Omar Pérez Avilés, acudió al Congreso del Estado en representación del Gobernador Joaquín Díaz Mena para entregar el Primer Informe de Gobierno, en cumplimiento del Artículo 28 de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

Ante las y los legisladores, se informó por la mañana que el documento da cuenta del estado que guarda la administración pública estatal, así como de los resultados correspondientes al periodo del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025.

Durante la sesión, se destacó que en los primeros quince meses de la actual administración se realizaron recorridos por los 106 municipios del estado, con el objetivo de conocer y atender directamente las necesidades de las comunidades.

También, se expuso que se ejecutaron obras y se implementaron programas sociales, así como apoyos dirigidos a sectores productivos como el campo y la pesca. Además, hubo acciones en materia de seguridad y proyectos de infraestructura estratégica.

Se precisó que los resultados presentados están alineados con el Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030 Renacimiento Maya, el cual establece metas en materia de igualdad, desarrollo y atención social.

El paquete entregado al Congreso está integrado por varios tomos que incluyen el informe en español, con 422 páginas, y su traducción íntegra a lengua maya, con 428 páginas.

Igualmente, están las preguntas del Congreso y las respuestas del Poder Ejecutivo en ambos idiomas, con 148 páginas cada uno.

Finalmente, el secretario General de Gobierno reiteró el compromiso de dar continuidad a las acciones de gobierno y al proceso de rendición de cuentas ante el Poder Legislativo.

Por su parte, el presidente de la Diputación Permanente, Germán Quintal Medina, señaló que la entrega del informe forma parte de los ejercicios de transparencia y que en las próximas semanas se definirá el calendario para el desarrollo de la Glosa del Informe.

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REHABILITAN SISTEMA DE AGUA Y NUEVAS VIALIDADES  

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En atención a las necesidades de las familias de las comisarías de Mérida, la Presidenta Municipal Cecilia Patrón Laviada entregó los trabajos de rehabilitación del sistema de agua potable en Texán Cámara y nuevas vialidades en San José Tzal.

La Alcaldesa destacó que las comisarías son prioridad en la agenda municipal, para impulsar un desarrollo equitativo y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

“Vemos en nuestras comisarías el camino al desarrollo equitativo con justicia social. Este 2026 las comisarías lideran nuestra agenda, cada ahorro municipal es un peso invertido en su mejora integral, con acciones palpables como un mejor acceso al agua, en calles nuevas y de calidad, pero sobre todo en la tranquilidad de sus familias de vivir en una mejor comunidad”, afirmó.

Las obras en Texán Cámara incluyeron la rehabilitación de la caseta principal, la cerca perimetral, componentes electromecánicos, el proceso de desinfección del agua y la automatización del servicio.

Se informó que, mediante el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento coordinado con la Conagua; se invirtieron 1 millón 96 mil 959.39 pesos de recursos federales y municipales.

Además, en esta comisaría se realizaron ampliaciones de red eléctrica y de agua potable, así como acciones de vivienda; que en conjunto representan una inversión de 7 millones 412 mil 004 pesos.

Cecilia recordó que, en lo que va de la administración, se han intervenido 28 sistemas de agua potable en 21 comisarías; de los cuales 15 ya están concluidos y 13 continúan en proceso.

En San José Tzal, se construyeron y rehabilitaron 13 tramos de calles, equivalentes a casi tres kilómetros de vialidades, con el objetivo de mejorar la seguridad y la movilidad en la comunidad.

Patrón Laviada señaló que estas obras respondieron a solicitudes ciudadanas y representaron una inversión cercana a los 9 millones de pesos, reflejo del trabajo de diálogo y planeación.

Finalmente, reiteró que el ahorro municipal se traduce en beneficios directos para la población y en un desarrollo con mayor equidad.

“No están solos, aquí cuentan con un Ayuntamiento que escucha y da soluciones”, comentó.

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COORDINACIÓN INSTITUCIONAL, CLAVE PARA LA PAZ: GOBERNADOR

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El Gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad en Yucatán, donde reiteró que la entidad se mantiene como referente nacional gracias al trabajo coordinado entre la SSP y dependencias municipales y federales.

Durante la sesión, subrayó que la evaluación diaria, el análisis permanente de riesgos y una visión clara; han permitido fortalecer la estrategia de seguridad en el estado.

«Cuando las instituciones actúan aisladas, la seguridad se debilita. Cuando trabajamos unidos, la seguridad se fortalece y los resultados se ven. Un ejemplo clave de ello es lo ocurrido recientemente en el municipio de Dzilam González, pues gracias a la actuación coordinada y al uso de la inteligencia se logró detener a los presuntos responsables en un lapso de 96 horas. Eso habla de una policía profesional, eficaz, con capacidad de respuesta inmediata para que no haya impunidad», afirmó el Mandatario.

Desde el C5i de la SSP, reconoció el uso de tecnología, análisis de información y vigilancia estratégica como pilares de la política estatal de seguridad.

Acompañado por el secretario general de Gobierno, Omar Pérez Avilés; Joaquín recordó que en el primer año de su administración se entregaron más de 630 patrullas para reforzar la presencia policial en los 106 municipios.

«La seguridad no se cuida solo con patrullas y operativos, sino también con prevención. En este sentido, seguimos impulsando la estrategia integral Aliados por la Vida, que busca prevenir la violencia, proteger a la niñez y a las juventudes y fortalecer el tejido social desde el territorio, las escuelas y las comunidades. Cuidar a quienes vienen en la siguiente generación es la mejor inversión en la paz social», comentó.

Indicó que estas acciones están alineadas con la estrategia de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, enfocada en atender las causas del delito; como la construcción de Centros Pilar del Renacimiento Maya.

«Otros más vendrán posteriormente para Temozón, Izamal, Ticul, Umán y otros municipios. Este gobierno tiene claro que la paz de Yucatán es su prioridad. Por eso no vamos a permitir que la violencia eche raíces aquí. La seguridad se cuida con prevención y presencia permanente en calles y comunidades», expresó Díaz Mena.

Igualmente, agradeció el respaldo federal y la coordinación con las Fuerzas Armadas, al señalar que esta relación institucional se refleja en resultados concretos.

«Donde hay abandono y falta de oportunidades, la violencia encuentra terreno fértil. Por eso entendemos la seguridad como una política integral. Lo vivimos con el caso del joven del municipio de Tekax, que siendo menor de edad lo enganchan para llevar a Quintana Roo, supuestamente a trabajar de albañil, y lo capta el crimen organizado. Por eso tenemos que invertir más en educación, en salud, empleo y bienestar», dijo.

En ese contexto, recordó que para 2026 se contempla un presupuesto superior a 4,700 millones de pesos en materia de seguridad.

«Vamos a seguir cuidando de Yucatán con inteligencia, coordinación y con decisiones claras. Muchísimas gracias por la labor que realizan todos desde las instituciones representadas en esta Mesa de Seguridad», finalizó Joaquín.

Por su parte, el titular de la SSP, Luis Felipe Saidén Ojeda, presentó un informe sobre campañas, actividades y operativos realizados en coordinación con diversas instituciones para mantener la paz en la entidad.

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