El Paso de los Grillos
CADA DOS DÍAS SE DENUNCIA TORTURA EN YUCATÁN
Cada dos días, en promedio, se recibe una denuncia por tortura en la Fiscalía General de Yucatán, según los 315 casos que se documentaron el año pasado y en lo que va del presente.
Sin embargo, ninguna de estas carpetas de investigación sobre graves violaciones a los derechos humanos ha sido judicializada, es decir, ni siquiera llegan a turnarse en consecuencia legal contra quien cometió la tortura.
En el estado que tiene fama de seguro, donde “no pasa nada”, en 2020 se asentaron 212 denuncias y en lo que va de 2021 suman 103, pero ninguna ha llegado ante un juez de control.
Se estima que numerosos casos no llegan a conocerse debido a posibles amenazas hacia las víctimas o por miedo a represalias de parte de los verdugos.
La directora en México de la organización pro derechos humanos “Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos” (WOLA por sus siglas en inglés), Stephanie Brewer, difundió este lunes la respuesta de la Fiscalía estatal acerca de las denuncias por tortura en los últimos dos años y el seguimiento que les ha dado, el cual es nulo.
De 315 casos denunciados desde 2020, ninguno se ha judicializado, es decir, no son presentados ante un juez de control, de modo que no se emite orden de comparecencia o de aprehensión y, por ende, no comienza el proceso judicial.
Las denuncias de tortura, entre otros delitos de mayor impacto, deberían investigarse por oficio y es obligación de la Fiscalía del Estado iniciar las averiguaciones una vez asentada la denuncia ante el Ministerio Público.
Sólo cuando no hay suficientes elementos de prueba para determinar que se produjo el delito (mediante intervención de un médico legista) o el denunciante fallezca o desista de su denuncia, serían motivo para que el acta de investigación no llegue ante un juez para evitar un proceso judicial.
De esos 315 casos denunciados en Yucatán se desconoce el porqué ninguno llegó hasta las instancias judiciales. Ahora, tras la muerte del joven José Eduardo Ravelo Echevarría la atención internacional está en Yucatán y en la actuación de sus autoridades encargadas de servir y proteger.
Según declaró en días pasados el Juez Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, quien lleva el caso del joven veracruzano que fue violado y torturado, José Eduardo describió en su denuncia y señaló a una corporación policial que no sería la municipal de Mérida. Incluso logró dar nombres o apellidos, así como una descripción física de sus agresores sexuales y que portaban uniformes oficiales.
Por la “secrecía de la investigación” aún no se revela cuál corporación fue señalada por Ravelo Echevarría, pero esta denuncia, al igual que las 315 anteriores, no habían sido presentadas ante un juez de control.
Cuando se le solicitó la orden de aprehensión contra cuatro uniformados municipales, Rómulo Bonilla la concedió, desconociendo que la Fiscalía de Yucatán ocultaba datos de prueba.
Pero cuando se llevó a cabo el juicio de vinculación a proceso, los fiscales se vieron obligados a entregar la denuncia que el joven José Eduardo hizo en vida, de modo que el juez liberó de inmediato a los acusados.
Ayer lunes se realizaron de manera simultánea dos ruedas de prensa: una con el abogado David Dorantes, quien defiende a los policías acusados, y otra con el fiscal de Yucatán, Juan Manuel León León. De la primera informamos con vídeo en vivo (https://fb.watch/7r3x9EGhuV/). A la segunda no fue invitado, ni avisado PRESIDIO.
El titular de la Fiscalía habló del caso de José Eduardo y su explicación de los hechos se centró en los vídeos que circulan en redes sociales y que, a juicio del abogado Dorantes Cabrera, están editados y atentan contra la integridad del ahora fallecido.
La Fiscalía aceptó que su línea de investigación inicia a partir de la detención por parte de la Policía Municipal de Mérida y que se basa en la cronología de las grabaciones que circulan en redes sociales.
Sin embargo, el juez Bonilla Castañeda reveló que existen muchos datos de prueba, como las declaraciones que José Eduardo hizo en el Ministerio Público, las cuales deben ser tomadas en cuenta, más que los videos.
Por cierto, en la rueda de prensa de la Fiscalía sólo se permitió la palabra a cinco personas de los medios de comunicación. Pero cuando los reporteros comenzaron a preguntar sobre lo ocurrido antes de que José Eduardo fuera detenido y también por los señalamientos contra una corporación policial distinta, los fiscales se levantaron de sus asientos y dieron por terminado el acto informativo, que dejó más dudas que respuestas.
Edoardo Manzanilla (PRESIDIO)
La Presidenta Municipal Cecilia Patrón Laviada encabezó una jornada de entrega de trabajos, en comisarías del norte; que incluyó rehabilitación de espacios públicos y sistemas de agua potable, así como acciones de vivienda.
“Yo a las comisarías las quiero mucho, las conozco desde hace años, y estoy pendiente de ellas de manera permanente. Ustedes me dieron la oportunidad de servirles y mi tarea es cuidar que su dinero regrese a ustedes en obras que cuiden, unan, y transformen su calidad de vida”, expresó.
Durante la gira, la Alcaldesa reiteró que las comisarías son una prioridad permanente en su forma de gobernar. Por ello, este año se priorizan acciones en pos de la convivencia vecinal, la actividad física, el esparcimiento y el bienestar de las familias.
En Komchén, se entregó la rehabilitación integral del parque ubicado en la calle 30, con una inversión de 3 millones 245 mil 446.64 pesos, en un área intervenida de 1 mil 139 metros cuadrados.
De esta manera, es un espacio más seguro, accesible y funcional para la convivencia comunitaria y el deporte, especialmente para niñas y niños.
Los trabajos incluyeron la construcción de un área deportiva con estructuras metálicas para porterías y tableros, pintura de canchas y cerca perimetral; entre otros
“Este parque no es sólo una obra más; es un espacio que rehabilitamos con el estilo que nos caracteriza: caminando con ustedes, escuchándolos y decidiendo juntos cómo mejorar su comunidad. Aquí está el dinero de las y los meridanos”, subrayó Cecilia.
Asimismo, en San Matías Cosgaya, se entregó la rehabilitación del sistema de agua potable, atendiendo una de las principales solicitudes en contar con mejor bombeo y mayor presión; con la rehabilitación de la caseta, la cerca perimetral, los componentes electromecánicos y el proceso de desinfección del agua.
La obra beneficia a 809 habitantes y representó una inversión de 1 millón 149 mil 402.10 pesos, integrada por recursos del programa PROAGUA, coordinado por Conagua, y del Ayuntamiento de Mérida.
“El agua potable es un derecho humano, y vamos a llegar al 100 por ciento de las comisarías con sistemas de agua como se merecen”, afirmó Patrón Laviada.
En materia de vivienda, se otorgaron siete acciones en las comisarías de Noc-Ac, Cheumán y Dzityá, con una inversión conjunta de 679 mil 530.66 pesos.
Se realizaron labores de techos firmes, cuartos dormitorios, baños y pisos; a fin de mejorando la seguridad, la salud y la dignidad de las familias.
Finalmente, la Alcaldesa reiteró que el predial no tuvo incremento en este año, por lo que invitó a aprovechar los descuentos vigentes en los primeros meses del año.
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) reportó un avance superior al 90% en la iniciativa “Aliados por las Escuelas”, con la instalación de 59 de 60 comités municipales.
Se informó que únicamente resta el municipio de Mérida, cuya instalación se realizará en los próximos días, con lo que se completará la cobertura estatal.
La estrategia es impulsada por el Gobernador Joaquín Díaz Mena y forma parte del programa estatal “Aliados por la Vida”, próximo a cumplir un año desde su implementación.
Dicha iniciativa prioriza la salud socioemocional como eje central de las políticas públicas dirigidas a la comunidad escolar en Yucatán.
A través de “Aliados por las Escuelas”, la Segey promueve entornos escolares seguros con la participación de tutores de familia, personal docente y directivo; así como autoridades municipales, estatales y sociedad civil organizada.
La conformación de los comités municipales permite coordinar acciones para atender y prevenir problemáticas que afectan a niñas, niños y juventudes, como el acoso escolar, las adicciones y otros riesgos psicosociales.
De manera complementaria, se contempla atención especializada en salud mental, mediante la incorporación y capacitación de profesionales en psicología y psiquiatría dentro de los planteles educativos.
Estas y estos especialistas brindan acompañamiento, orientación y canalización a estudiantes que lo requieren, contribuyendo a su desarrollo emocional, social y académico.
La Segey informó que, a la fecha, se ha brindado atención en 177 escuelas de 59 municipios del Estado. Asimismo, la instalación de comités en municipios prioritarios ha permitido alcanzar a más de siete mil personas.
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