El Paso de los Grillos
CADA DOS DÍAS SE DENUNCIA TORTURA EN YUCATÁN
Cada dos días, en promedio, se recibe una denuncia por tortura en la Fiscalía General de Yucatán, según los 315 casos que se documentaron el año pasado y en lo que va del presente.
Sin embargo, ninguna de estas carpetas de investigación sobre graves violaciones a los derechos humanos ha sido judicializada, es decir, ni siquiera llegan a turnarse en consecuencia legal contra quien cometió la tortura.
En el estado que tiene fama de seguro, donde “no pasa nada”, en 2020 se asentaron 212 denuncias y en lo que va de 2021 suman 103, pero ninguna ha llegado ante un juez de control.
Se estima que numerosos casos no llegan a conocerse debido a posibles amenazas hacia las víctimas o por miedo a represalias de parte de los verdugos.
La directora en México de la organización pro derechos humanos “Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos” (WOLA por sus siglas en inglés), Stephanie Brewer, difundió este lunes la respuesta de la Fiscalía estatal acerca de las denuncias por tortura en los últimos dos años y el seguimiento que les ha dado, el cual es nulo.
De 315 casos denunciados desde 2020, ninguno se ha judicializado, es decir, no son presentados ante un juez de control, de modo que no se emite orden de comparecencia o de aprehensión y, por ende, no comienza el proceso judicial.
Las denuncias de tortura, entre otros delitos de mayor impacto, deberían investigarse por oficio y es obligación de la Fiscalía del Estado iniciar las averiguaciones una vez asentada la denuncia ante el Ministerio Público.
Sólo cuando no hay suficientes elementos de prueba para determinar que se produjo el delito (mediante intervención de un médico legista) o el denunciante fallezca o desista de su denuncia, serían motivo para que el acta de investigación no llegue ante un juez para evitar un proceso judicial.
De esos 315 casos denunciados en Yucatán se desconoce el porqué ninguno llegó hasta las instancias judiciales. Ahora, tras la muerte del joven José Eduardo Ravelo Echevarría la atención internacional está en Yucatán y en la actuación de sus autoridades encargadas de servir y proteger.
Según declaró en días pasados el Juez Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, quien lleva el caso del joven veracruzano que fue violado y torturado, José Eduardo describió en su denuncia y señaló a una corporación policial que no sería la municipal de Mérida. Incluso logró dar nombres o apellidos, así como una descripción física de sus agresores sexuales y que portaban uniformes oficiales.
Por la “secrecía de la investigación” aún no se revela cuál corporación fue señalada por Ravelo Echevarría, pero esta denuncia, al igual que las 315 anteriores, no habían sido presentadas ante un juez de control.
Cuando se le solicitó la orden de aprehensión contra cuatro uniformados municipales, Rómulo Bonilla la concedió, desconociendo que la Fiscalía de Yucatán ocultaba datos de prueba.
Pero cuando se llevó a cabo el juicio de vinculación a proceso, los fiscales se vieron obligados a entregar la denuncia que el joven José Eduardo hizo en vida, de modo que el juez liberó de inmediato a los acusados.
Ayer lunes se realizaron de manera simultánea dos ruedas de prensa: una con el abogado David Dorantes, quien defiende a los policías acusados, y otra con el fiscal de Yucatán, Juan Manuel León León. De la primera informamos con vídeo en vivo (https://fb.watch/7r3x9EGhuV/). A la segunda no fue invitado, ni avisado PRESIDIO.
El titular de la Fiscalía habló del caso de José Eduardo y su explicación de los hechos se centró en los vídeos que circulan en redes sociales y que, a juicio del abogado Dorantes Cabrera, están editados y atentan contra la integridad del ahora fallecido.
La Fiscalía aceptó que su línea de investigación inicia a partir de la detención por parte de la Policía Municipal de Mérida y que se basa en la cronología de las grabaciones que circulan en redes sociales.
Sin embargo, el juez Bonilla Castañeda reveló que existen muchos datos de prueba, como las declaraciones que José Eduardo hizo en el Ministerio Público, las cuales deben ser tomadas en cuenta, más que los videos.
Por cierto, en la rueda de prensa de la Fiscalía sólo se permitió la palabra a cinco personas de los medios de comunicación. Pero cuando los reporteros comenzaron a preguntar sobre lo ocurrido antes de que José Eduardo fuera detenido y también por los señalamientos contra una corporación policial distinta, los fiscales se levantaron de sus asientos y dieron por terminado el acto informativo, que dejó más dudas que respuestas.
Edoardo Manzanilla (PRESIDIO)
Ayer, se realizó un operativo entre diversas fuerzas de seguridad y militares en un predio ubicado en la calle 65, con 48 y 46, de la colonia Lázaro Cárdenas de Tizimín.
La movilización ocurrió alrededor de las 5:30 a.m., donde participaron elementos de la Guardia Nacional, Marina y Fiscalía General de la República; en coordinación con la Policía Estatal y Municipal
El objetivo fue un grupo conocido como “Los Petules”, señalado por vecinos de la zona como presuntos responsables de robos, disturbios en la vía pública y narcomenudeo.
De acuerdo con la información recabada, fueron detenidas al menos dos personas. El área permaneció acordonada y con la circulación cerrada hasta aproximadamente las 7:00 a.m., mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes.
Los habitantes señalaron que esto es un avance importante para recuperar la seguridad en la colonia, ya que por años han manifestado vivir con temor, ante las constantes conductas atribuidas a “Los Petules”.
Ayer, la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada entregó los trabajos de remodelación de la Base de la Policía Municipal ubicada en el mercado San Benito, zona icónica del Centro Histórico de Mérida.
“Esta nueva base tiene un propósito muy claro, dignificar los espacios de quienes están para servir y proteger a las y los meridanos. Porque cuando hablamos de seguridad, hablamos de personas, hablamos de comunidad”, expresó la edil.
Durante el evento, la alcaldesa destacó la importancia de invertir en mejores condiciones para los elementos de seguridad.
Las labores contemplaron la rehabilitación total de 673.78 metros cuadrados, donde se modernizaron áreas clave.
“San Benito es uno de los puntos que más vida tiene en Mérida. Aquí convergen miles de personas todos los días, y es precisamente aquí donde más se necesita esa presencia que da tranquilidad, que acompaña y que cuida”, afirmó Cecilia.
Con una inversión de 8 millones 208 mil 030.61 pesos, las instalaciones incluyen acceso principal, recepción, dormitorios para hombres y mujeres, cocina, área de lockers, gimnasio, bodega de materiales y servicios sanitarios.
Los trabajos realizados abarcaron la demolición y adecuación de espacios, instalación de nuevos recubrimientos, pisos, pintura, luminarias y sistemas hidráulicos y sanitarios.
Igualmente, se incorporaron materiales modernos, a fin de garantizar la durabilidad y mejores condiciones de uso.
Además, el equipamiento requirió una inversión de 3 millones 018 mil 575.20 pesos, para generar un ambiente digno que contribuya a su mejora continua.
Finalmente, Patrón Laviada reconoció el trabajo coordinado entre las distintas áreas del Ayuntamiento, así como el compromiso de la Policía Municipal.
Las operaciones de la corporación se han facilitado gracias al Centro de Comando y Control, el uso de cámaras de videovigilancia, la instalación de Botones de Alerta Segura y la coordinación permanente a través de la Mesa Interinstitucional de Seguridad.
Además, se impulsan estrategias de prevención y cohesión social, enfocadas en atender las causas de la violencia, recuperar espacios públicos y fomentar la participación ciudadana como eje fundamental de la seguridad.
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