El Paso de los Grillos
CADA DOS DÍAS SE DENUNCIA TORTURA EN YUCATÁN
Cada dos días, en promedio, se recibe una denuncia por tortura en la Fiscalía General de Yucatán, según los 315 casos que se documentaron el año pasado y en lo que va del presente.
Sin embargo, ninguna de estas carpetas de investigación sobre graves violaciones a los derechos humanos ha sido judicializada, es decir, ni siquiera llegan a turnarse en consecuencia legal contra quien cometió la tortura.
En el estado que tiene fama de seguro, donde “no pasa nada”, en 2020 se asentaron 212 denuncias y en lo que va de 2021 suman 103, pero ninguna ha llegado ante un juez de control.
Se estima que numerosos casos no llegan a conocerse debido a posibles amenazas hacia las víctimas o por miedo a represalias de parte de los verdugos.
La directora en México de la organización pro derechos humanos “Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos” (WOLA por sus siglas en inglés), Stephanie Brewer, difundió este lunes la respuesta de la Fiscalía estatal acerca de las denuncias por tortura en los últimos dos años y el seguimiento que les ha dado, el cual es nulo.
De 315 casos denunciados desde 2020, ninguno se ha judicializado, es decir, no son presentados ante un juez de control, de modo que no se emite orden de comparecencia o de aprehensión y, por ende, no comienza el proceso judicial.
Las denuncias de tortura, entre otros delitos de mayor impacto, deberían investigarse por oficio y es obligación de la Fiscalía del Estado iniciar las averiguaciones una vez asentada la denuncia ante el Ministerio Público.
Sólo cuando no hay suficientes elementos de prueba para determinar que se produjo el delito (mediante intervención de un médico legista) o el denunciante fallezca o desista de su denuncia, serían motivo para que el acta de investigación no llegue ante un juez para evitar un proceso judicial.
De esos 315 casos denunciados en Yucatán se desconoce el porqué ninguno llegó hasta las instancias judiciales. Ahora, tras la muerte del joven José Eduardo Ravelo Echevarría la atención internacional está en Yucatán y en la actuación de sus autoridades encargadas de servir y proteger.
Según declaró en días pasados el Juez Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, quien lleva el caso del joven veracruzano que fue violado y torturado, José Eduardo describió en su denuncia y señaló a una corporación policial que no sería la municipal de Mérida. Incluso logró dar nombres o apellidos, así como una descripción física de sus agresores sexuales y que portaban uniformes oficiales.
Por la “secrecía de la investigación” aún no se revela cuál corporación fue señalada por Ravelo Echevarría, pero esta denuncia, al igual que las 315 anteriores, no habían sido presentadas ante un juez de control.
Cuando se le solicitó la orden de aprehensión contra cuatro uniformados municipales, Rómulo Bonilla la concedió, desconociendo que la Fiscalía de Yucatán ocultaba datos de prueba.
Pero cuando se llevó a cabo el juicio de vinculación a proceso, los fiscales se vieron obligados a entregar la denuncia que el joven José Eduardo hizo en vida, de modo que el juez liberó de inmediato a los acusados.
Ayer lunes se realizaron de manera simultánea dos ruedas de prensa: una con el abogado David Dorantes, quien defiende a los policías acusados, y otra con el fiscal de Yucatán, Juan Manuel León León. De la primera informamos con vídeo en vivo (https://fb.watch/7r3x9EGhuV/). A la segunda no fue invitado, ni avisado PRESIDIO.
El titular de la Fiscalía habló del caso de José Eduardo y su explicación de los hechos se centró en los vídeos que circulan en redes sociales y que, a juicio del abogado Dorantes Cabrera, están editados y atentan contra la integridad del ahora fallecido.
La Fiscalía aceptó que su línea de investigación inicia a partir de la detención por parte de la Policía Municipal de Mérida y que se basa en la cronología de las grabaciones que circulan en redes sociales.
Sin embargo, el juez Bonilla Castañeda reveló que existen muchos datos de prueba, como las declaraciones que José Eduardo hizo en el Ministerio Público, las cuales deben ser tomadas en cuenta, más que los videos.
Por cierto, en la rueda de prensa de la Fiscalía sólo se permitió la palabra a cinco personas de los medios de comunicación. Pero cuando los reporteros comenzaron a preguntar sobre lo ocurrido antes de que José Eduardo fuera detenido y también por los señalamientos contra una corporación policial distinta, los fiscales se levantaron de sus asientos y dieron por terminado el acto informativo, que dejó más dudas que respuestas.
Edoardo Manzanilla (PRESIDIO)
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) habilitó una nueva base policial en Chichén Itzá para ampliar la cobertura operativa en comunidades y carreteras de la región.
Las instalaciones se encuentran en el antiguo Parador Turístico de Cultur, cuya ubicación permitirá facilitar el desplazamiento de agentes y unidades hacia distintos puntos cercanos.
Desde esta base se realizarán de manera permanente labores de prevención, vigilancia y atención de reportes, con el objetivo de mejorar los tiempos de respuesta.
La nueva infraestructura permitirá a la SSP ampliar su presencia operativa y brindar atención de seguridad a habitantes y personas que transitan por esta zona de Yucatán.
Un accidente entre dos motociclistas se registró ayer por la tarde en la colonia Ciprés, luego de que uno de ellos presuntamente no respetara un señalamiento de alto.
El percance ocurrió alrededor de las 17:45 horas en la calle 19 entre 32 y 34, donde la Policía Municipal recibió el reporte y envió la unidad 705 al sitio.
De acuerdo con el reporte, Héctor C. C., de 21 años y originario de la comisaría de Timul, circulaba de sur a norte sobre la calle 34.
Al llegar a la intersección con la calle 19, no se habría percatado del señalamiento de alto y continuó su trayectoria, por lo que colisionó con otro motociclista.
El segundo involucrado fue identificado como Alexis V. O., de 27 años, quien transitaba de poniente a oriente sobre la calle 19 y tenía preferencia de paso.
Tras el impacto, ambos motociclistas presentaron lesiones, por lo que los agentes solicitaron la presencia de paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública.
Los socorristas valoraron a ambos hombres y determinaron que sus lesiones no eran de gravedad, por lo que no fue necesario trasladarlos a un hospital.
Finalmente, los involucrados llegaron a un acuerdo y firmaron el deslinde de responsabilidades correspondiente.
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