El trágico final que tuvo el vendedor de autos exóticos José Ángel Dávila Bernal pudo evitarse si las autoridades encargadas de investigar, fincar responsabilidades e impartir justicia hubieran hecho su trabajo, apegados a la imparcialidad, en apoyo a las personas que denunciaban las estafas de que eran víctimas.
Dávila Bernal se valía de una supuesta red de «amigos» que tenía en diferentes dependencias del gobierno, la cual aparentemente le permitía continuar con el modus operandi de convencer de adquirirle costosas propiedades y vehículos cuyo valor ascendía a varios millones de pesos, para luego hacerse al desentendido y quedarse con los bienes o el dinero sin entregar las facturas o escrituras.

El ahora occiso, que fue asesinado de un disparo en la cabeza afuera de un bar del norte de Mérida (como reportamos en vivo y en vídeo posterior: https://www.facebook.com/share/v/XB4vPARCQuH3uN9i/?mibextid=qi2Omg), acostumbraba comentar que sus influencias iban desde mandos de la Policía Estatal, funcionarios de la Fiscalía del Estado, del Palacio de Gobierno y ciertos jueces que atraían sus casos judicializados. Y para que no quede duda, mencionaba sus nombres de manera directa.
Sin embargo, el caso de Dávila Bernal es sólo un ejemplo de la impunidad con que actúan redes de estafadores en Yucatán, que en este sexenio se ha convertido en un paraíso para estos delincuentes que ofrecen no sólo autos y propiedades, sino viajes, hospedaje en hoteles de lujo, financiamientos personales, artículos electrodomésticos y hasta materiales de construcción, entre otros, casos que PRESIDIO ha dado cuenta en cada oportunidad.
Incluso en la Fiscalía estatal hay personal en las agencias investigadoras que actúa como «secretarios» de los estafadores, que cuando acuden a rendir su declaración tras ser denunciados, mientras éstos se mantienen sentados y en silencio, los servidores públicos se encargan de llenar las formas con «copia y pega» de anteriores declaraciones hechas por los acusados.
En el caso de Dávila Bernal llama la atención la actuación de una juez de control del Centro de Justicia Oral de Mérida, que llevaba sus audiencias, Blanca Beatriz Bonilla González, adscrita al Primer Distrito Judicial del Estado.

Esta juzgadora, aun con los datos de prueba reunidos en las carpetas de investigación, tomaba decisiones que resultaban favorables al regiomontano que fue ejecutado al querer defraudar a la «persona equivocada» -presuntamente de iniciales Sh.R.F. y que radica en un estado del centro del país- con varios predios en Mérida y la costa yucateca.
En un caso anterior relacionado con la venta de un Lamborghini -de lo cual también dimos cuenta-, José Ángel tuvo mejor suerte al sólo recibir golpes del yucateco Miguel Pastor Campos Salazar en el Country Club, por la venta fraudulenta del automóvil exótico, del cual se negaba a entregar la factura bajo diferentes argumentos, hasta llegar a decir que «nunca se la iba a entregar» y que eso le pasó por confiado y «por pendejo».
Así está asentado en la Causa Administrativa 393/2023 que la juez Bonilla González tiene a su cargo y que se deriva de la carpeta de investigación GC2453/2022, ahora convertida en P3/129/2023.
Ahí se señala que el delito por el cual era citado a audiencias Dávila Bernal era fraude, denunciado por Campos Salazar y su esposa Niurys Fuentes Vázquez.
Según relataron ambos afectados, el 23 de noviembre de 2021 acudieron al lote de autos denominado “JAH Motors”, ubicado frente a la plaza The Harbor, en la calle 50 número 318 por 19 de la colonia Ampliación Nueva Revolución del norte de Mérida.
Ahí se encuentran con el ahora occiso José Ángel, quien era el dueño de dicho lote, a quien le comentan que estaban interesados en un Lamborghini tipo 724 Huracan Coupé 2015 que tenía en exhibición.

Tras mirar y probar el súper auto, acuerdan comprarlo en pagos parciales hasta casi saldar el monto total por 5 millones 800 mil pesos.
Luego de realizar los pagos acordados y querer completar el adeudo con la factura a la mano del Lamborghini, es cuando Dávila Bernal comenzó a dar evasivas para su liquidación.
Tras insistirle y acudir en repetidas ocasiones al lote, es cuando el estafador les dijo -según está asentado en la denuncia- que «nunca les entregaría la factura porque no la tenía y que el dinero que le habían dado nunca lo devolvería».
Al reclamarle y advertirle el matrimonio que lo denunciarían, el regiomontano se burló diciendo que «no tenían cómo comprobar que recibió el dinero y que eso les pasaba por pendejos y por confiados».
Para rematar, el vendedor añadió que «no era la primera vez que chinga a las personas de esa forma» y que tiene muchas influencias por las cuales siempre sale bien librado de las investigaciones y denuncias.
Sin embargo, el matrimonio no se dejó intimidar y acudió a la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 3, que se ubica en el fraccionamiento Cordemex, donde se abrió la carpeta de investigación en julio de 2022 al levantar la querella la señora Niurys Fuentes.
Tras ello se llevó a cabo la investigación y fueron recabados los datos de prueba necesarios para proceder a imputar a Dávila Bernal.
Entre las pruebas figuran documentales, testimoniales e informes de autoridades, entre otros.
A esta querella inicial se añadió la de Miguel Campos, quien decidió comparecer el 13 de marzo de 2023 para levantar su denuncia como también víctima del fraude.
Es un año después, el 15 de marzo pasado, que se lleva a cabo la primera audiencia ante la juez de control para formular la imputación por parte de los fiscales investigadores en contra del regiomontano.
Sin embargo, a pesar de las pruebas sólidas que se presentaron, de manera sorpresiva la juez Blanca Bonilla González, resolvió no vincularlo a proceso, pues argumentó que no tenía datos de manera objetiva que le permitieran «percibir un engaño», pues todo fue pactado en ese momento, con cantidades y fechas.
Se trata, dijo, de un contrato, «un acuerdo de voluntades».
Con ese criterio, además de dictar el Auto de No Vinculación, Bonilla González decretó también el sobreseimiento de la causa «por no existir hechos que la ley señale como delito».
Cinco días después, el 21 de marzo, el Fiscal de Litigación que conoció del asunto interpuso el recurso de apelación en contra de la resolución de la Juez.
Fue por ello que el 5 de abril de este mismo año se dio contestación por parte de la Asesoría Jurídica de las víctimas, así como de la defensa del imputado, al Recurso de Apelación interpuesto por el Fiscal.
Actualmente este caso no se ha resuelto ni hecho justicia a los afectados, ya que están a la espera de que se resuelva dicho recurso de apelación, el cual quedó registrado con el número de Toca 65/2024 en la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia.