El Paso de los Grillos
YUCATÁN ES UN «PARAÍSO» PARA ESTAFADORES
El trágico final que tuvo el vendedor de autos exóticos José Ángel Dávila Bernal pudo evitarse si las autoridades encargadas de investigar, fincar responsabilidades e impartir justicia hubieran hecho su trabajo, apegados a la imparcialidad, en apoyo a las personas que denunciaban las estafas de que eran víctimas.
Dávila Bernal se valía de una supuesta red de «amigos» que tenía en diferentes dependencias del gobierno, la cual aparentemente le permitía continuar con el modus operandi de convencer de adquirirle costosas propiedades y vehículos cuyo valor ascendía a varios millones de pesos, para luego hacerse al desentendido y quedarse con los bienes o el dinero sin entregar las facturas o escrituras.
El ahora occiso, que fue asesinado de un disparo en la cabeza afuera de un bar del norte de Mérida (como reportamos en vivo y en vídeo posterior: https://www.facebook.com/share/v/XB4vPARCQuH3uN9i/?mibextid=qi2Omg), acostumbraba comentar que sus influencias iban desde mandos de la Policía Estatal, funcionarios de la Fiscalía del Estado, del Palacio de Gobierno y ciertos jueces que atraían sus casos judicializados. Y para que no quede duda, mencionaba sus nombres de manera directa.
Sin embargo, el caso de Dávila Bernal es sólo un ejemplo de la impunidad con que actúan redes de estafadores en Yucatán, que en este sexenio se ha convertido en un paraíso para estos delincuentes que ofrecen no sólo autos y propiedades, sino viajes, hospedaje en hoteles de lujo, financiamientos personales, artículos electrodomésticos y hasta materiales de construcción, entre otros, casos que PRESIDIO ha dado cuenta en cada oportunidad.
Incluso en la Fiscalía estatal hay personal en las agencias investigadoras que actúa como «secretarios» de los estafadores, que cuando acuden a rendir su declaración tras ser denunciados, mientras éstos se mantienen sentados y en silencio, los servidores públicos se encargan de llenar las formas con «copia y pega» de anteriores declaraciones hechas por los acusados.
En el caso de Dávila Bernal llama la atención la actuación de una juez de control del Centro de Justicia Oral de Mérida, que llevaba sus audiencias, Blanca Beatriz Bonilla González, adscrita al Primer Distrito Judicial del Estado.
Esta juzgadora, aun con los datos de prueba reunidos en las carpetas de investigación, tomaba decisiones que resultaban favorables al regiomontano que fue ejecutado al querer defraudar a la «persona equivocada» -presuntamente de iniciales Sh.R.F. y que radica en un estado del centro del país- con varios predios en Mérida y la costa yucateca.
En un caso anterior relacionado con la venta de un Lamborghini -de lo cual también dimos cuenta-, José Ángel tuvo mejor suerte al sólo recibir golpes del yucateco Miguel Pastor Campos Salazar en el Country Club, por la venta fraudulenta del automóvil exótico, del cual se negaba a entregar la factura bajo diferentes argumentos, hasta llegar a decir que «nunca se la iba a entregar» y que eso le pasó por confiado y «por pendejo».
Así está asentado en la Causa Administrativa 393/2023 que la juez Bonilla González tiene a su cargo y que se deriva de la carpeta de investigación GC2453/2022, ahora convertida en P3/129/2023.
Ahí se señala que el delito por el cual era citado a audiencias Dávila Bernal era fraude, denunciado por Campos Salazar y su esposa Niurys Fuentes Vázquez.
Según relataron ambos afectados, el 23 de noviembre de 2021 acudieron al lote de autos denominado “JAH Motors”, ubicado frente a la plaza The Harbor, en la calle 50 número 318 por 19 de la colonia Ampliación Nueva Revolución del norte de Mérida.
Ahí se encuentran con el ahora occiso José Ángel, quien era el dueño de dicho lote, a quien le comentan que estaban interesados en un Lamborghini tipo 724 Huracan Coupé 2015 que tenía en exhibición.
Tras mirar y probar el súper auto, acuerdan comprarlo en pagos parciales hasta casi saldar el monto total por 5 millones 800 mil pesos.
Luego de realizar los pagos acordados y querer completar el adeudo con la factura a la mano del Lamborghini, es cuando Dávila Bernal comenzó a dar evasivas para su liquidación.
Tras insistirle y acudir en repetidas ocasiones al lote, es cuando el estafador les dijo -según está asentado en la denuncia- que «nunca les entregaría la factura porque no la tenía y que el dinero que le habían dado nunca lo devolvería».
Al reclamarle y advertirle el matrimonio que lo denunciarían, el regiomontano se burló diciendo que «no tenían cómo comprobar que recibió el dinero y que eso les pasaba por pendejos y por confiados».
Para rematar, el vendedor añadió que «no era la primera vez que chinga a las personas de esa forma» y que tiene muchas influencias por las cuales siempre sale bien librado de las investigaciones y denuncias.
Sin embargo, el matrimonio no se dejó intimidar y acudió a la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 3, que se ubica en el fraccionamiento Cordemex, donde se abrió la carpeta de investigación en julio de 2022 al levantar la querella la señora Niurys Fuentes.
Tras ello se llevó a cabo la investigación y fueron recabados los datos de prueba necesarios para proceder a imputar a Dávila Bernal.
Entre las pruebas figuran documentales, testimoniales e informes de autoridades, entre otros.
A esta querella inicial se añadió la de Miguel Campos, quien decidió comparecer el 13 de marzo de 2023 para levantar su denuncia como también víctima del fraude.
Es un año después, el 15 de marzo pasado, que se lleva a cabo la primera audiencia ante la juez de control para formular la imputación por parte de los fiscales investigadores en contra del regiomontano.
Sin embargo, a pesar de las pruebas sólidas que se presentaron, de manera sorpresiva la juez Blanca Bonilla González, resolvió no vincularlo a proceso, pues argumentó que no tenía datos de manera objetiva que le permitieran «percibir un engaño», pues todo fue pactado en ese momento, con cantidades y fechas.
Se trata, dijo, de un contrato, «un acuerdo de voluntades».
Con ese criterio, además de dictar el Auto de No Vinculación, Bonilla González decretó también el sobreseimiento de la causa «por no existir hechos que la ley señale como delito».
Cinco días después, el 21 de marzo, el Fiscal de Litigación que conoció del asunto interpuso el recurso de apelación en contra de la resolución de la Juez.
Fue por ello que el 5 de abril de este mismo año se dio contestación por parte de la Asesoría Jurídica de las víctimas, así como de la defensa del imputado, al Recurso de Apelación interpuesto por el Fiscal.
Actualmente este caso no se ha resuelto ni hecho justicia a los afectados, ya que están a la espera de que se resuelva dicho recurso de apelación, el cual quedó registrado con el número de Toca 65/2024 en la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia.
El Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda aprobó, en su tercera sesión ordinaria, el proyecto del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Mérida, con visión al año 2050 y con participación ciudadana.
Durante la sesión, se informó que el documento define la ruta para un crecimiento responsable del municipio, resultado de un proceso de consulta pública y de análisis técnico del desarrollo urbano.
“El objetivo es claro, desarrollar a Mérida con orden, justicia social y una planeación estratégica con visión de futuro, donde tanto autoridades como ciudadanía conozcan y ejerzan sus derechos, pero también asuman sus responsabilidades para lograr un crecimiento con piso parejo para todas y todos”, señaló la Presidenta Municipal Cecilia Patrón Laviada.
La Alcaldesa explicó que el nuevo programa incorpora cambios derivados de la consulta pública, al contrastar la propuesta técnica con la realidad de colonias, comisarías y familias del municipio.
En esta etapa, se establecen decisiones estratégicas para atender el crecimiento acelerado de la ciudad, con un enfoque en conectividad, movilidad eficiente, vialidades estructurales y zonificaciones claramente definidas.
A nivel estratégico, el proyecto contempla la redelimitación de Zonas Urbanas de Intervención, la ampliación del límite urbano al 2050, el reconocimiento de áreas urbanizables por derechos adquiridos y ajustes en zonas patrimoniales.
Durante el análisis, también se consideró la migración diaria en la zona metropolitana y su impacto en vialidades, servicios y equipamiento público.
En el ámbito normativo, se propusieron adecuaciones a los coeficientes de ocupación y uso de suelo, compatibilidades de uso y lineamientos generales para evitar urbanización desarticulada y reducir riesgos ambientales.
El programa incluye un eje de protección a los pueblos originarios, con el objetivo de preservar su identidad comunitaria frente al crecimiento urbano y reconocer su valor cultural y social.
La Consulta Pública, realizada del 4 de noviembre al 3 de diciembre de 2025, permitió enriquecer el programa, priorizar inversión pública y fortalecer la conectividad y movilidad urbana.
Tras su aprobación en el consejo, el documento será turnado al Cabildo de Mérida y posteriormente al Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial para su revisión y posibles observaciones.
Cecilia destacó que Mérida debe crecer sin perder su esencia “una ciudad que permita la ampliación urbana mientras protege su patrimonio tangible e intangible, sus comisarías, su cultura y sus áreas naturales protegidas, que son fuente de salud, armonía y bienestar colectivo”, añadió.
En el proceso, se resaltó la coordinación metropolitana, fortalecida en enero de 2026 con asistencia técnica del Proyecto CIDEU de Planificación Supramunicipal.
El programa contempla una cartera de proyectos de red vial, infraestructura peatonal y red ciclista, así como ajustes a reglamentos municipales para sustentar jurídicamente su aplicación.
Patrón Laviada reconoció la labor del Consejo Consultivo, del IMPLAN y de la ciudadanía participante, al considerar este avance como un paso para frenar el crecimiento desordenado y atender desigualdades.
El Ayuntamiento de Mérida reiteró su compromiso de proyectar a la ciudad hacia 2050 como un municipio ordenado, sostenible y con desarrollo incluyente.
Miles de familias yucatecas serán beneficiadas mediante el trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno, a través del Programa Nacional de Vivienda.
Lo anterior, contempla la construcción de 70 mil viviendas nuevas en la entidad, con una inversión estimada de 42 mil millones de pesos.
Durante la entrega de las primeras casas, del programa Vivienda para el Bienestar en Yucatán, el Gobernador Joaquín Díaz Mena informó que se trata de un compromiso enfocado en colocar el bienestar ciudadano en el centro de las decisiones gubernamentales.
El Mandatario señaló que con las primeras 64 viviendas y la liberación de escrituras, diversas familias accedieron por primera vez a un patrimonio con certeza jurídica.
Detalló que el proyecto considera 2,604 viviendas en desarrollo, de las cuales 304 ya están construidas, como parte de una estrategia que busca atender rezagos históricos.
En ese contexto, agradeció el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y del Infonavit para facilitar el acceso a vivienda digna en el estado.
“Me da más gusto y más emoción escuchar a nuestra secretaria, Edna Elena Vega Rangel, decir que el número de viviendas, que la meta para Yucatán, a la cual nos comprometimos en la campaña, eran 10 mil; cuando inició el gobierno nos comprometimos con 20 mil como meta, y que anuncie ella que nos vamos a 70 mil merece un fuerte aplauso”, expresó.
Asimismo, explicó que 25 familias recibieron soluciones a créditos impagables y 20 más obtuvieron la liberación de escrituras.
Añadió que en administraciones anteriores el acceso a la vivienda se volvió limitado, lo que obligó a muchas familias a trasladarse fuera de Mérida.
“Hoy, con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hay un gobierno que tiene sensibilidad social, que camina junto a la gente, escucha y entiende las necesidades. El programa Vivienda para el Bienestar está pensado para trabajadoras y trabajadores que ganan uno o dos salarios mínimos. Esta política no se va a quedar solo en Mérida; esta política pública voltea a ver a los municipios del interior del estado; en varias ciudades, incluso del oriente y sur del estado, vamos a estar», adelantó.
Por su parte, la titular de la Sedatu, Edna Elena Vega Rangel, destacó que en Yucatán se avanza en garantizar el derecho a la vivienda.
“En Yucatán, hoy 109 familias pueden dormir tranquilas sabiendo que su casa ya es suya, que ese esfuerzo valió la pena y que nadie se las puede quitar. En Yucatán este compromiso ya se refleja en los hechos: la meta sexenal es de 70 mil nuevas viviendas y no es dato menor. Todo esto es posible aquí en Yucatán gracias al gran apoyo del Gobernador y a la contribución de las y los presidentes municipales”, informó Vega Rangel.
Igualmente, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, señaló que existe un déficit de vivienda en el país derivado de políticas pasadas.
Indicó que al inicio del actual gobierno federal se estableció la meta de construir viviendas dignas y reducir deudas, mediante nuevos esquemas de adquisición.
“Vamos muy bien; hemos iniciado ya la construcción de vivienda. Se están entregando viviendas de las que se iniciaron el año pasado. Este es un ejemplo. Ahora mismo estamos construyendo en Mérida, Kanasín, Umán, Ucú, Ticul, Progreso y Valladolid”, señaló Romero Oropeza.
Finalmente, autoridades estatales y federales realizaron recorridos de supervisión en los desarrollos Vivienda para el Bienestar “Cuxtal” y “Punta Cruz Eco”, en el municipio de Mérida.
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