El Paso de los Grillos
YUCATÁN ES UN «PARAÍSO» PARA ESTAFADORES
El trágico final que tuvo el vendedor de autos exóticos José Ángel Dávila Bernal pudo evitarse si las autoridades encargadas de investigar, fincar responsabilidades e impartir justicia hubieran hecho su trabajo, apegados a la imparcialidad, en apoyo a las personas que denunciaban las estafas de que eran víctimas.
Dávila Bernal se valía de una supuesta red de «amigos» que tenía en diferentes dependencias del gobierno, la cual aparentemente le permitía continuar con el modus operandi de convencer de adquirirle costosas propiedades y vehículos cuyo valor ascendía a varios millones de pesos, para luego hacerse al desentendido y quedarse con los bienes o el dinero sin entregar las facturas o escrituras.
El ahora occiso, que fue asesinado de un disparo en la cabeza afuera de un bar del norte de Mérida (como reportamos en vivo y en vídeo posterior: https://www.facebook.com/share/v/XB4vPARCQuH3uN9i/?mibextid=qi2Omg), acostumbraba comentar que sus influencias iban desde mandos de la Policía Estatal, funcionarios de la Fiscalía del Estado, del Palacio de Gobierno y ciertos jueces que atraían sus casos judicializados. Y para que no quede duda, mencionaba sus nombres de manera directa.
Sin embargo, el caso de Dávila Bernal es sólo un ejemplo de la impunidad con que actúan redes de estafadores en Yucatán, que en este sexenio se ha convertido en un paraíso para estos delincuentes que ofrecen no sólo autos y propiedades, sino viajes, hospedaje en hoteles de lujo, financiamientos personales, artículos electrodomésticos y hasta materiales de construcción, entre otros, casos que PRESIDIO ha dado cuenta en cada oportunidad.
Incluso en la Fiscalía estatal hay personal en las agencias investigadoras que actúa como «secretarios» de los estafadores, que cuando acuden a rendir su declaración tras ser denunciados, mientras éstos se mantienen sentados y en silencio, los servidores públicos se encargan de llenar las formas con «copia y pega» de anteriores declaraciones hechas por los acusados.
En el caso de Dávila Bernal llama la atención la actuación de una juez de control del Centro de Justicia Oral de Mérida, que llevaba sus audiencias, Blanca Beatriz Bonilla González, adscrita al Primer Distrito Judicial del Estado.
Esta juzgadora, aun con los datos de prueba reunidos en las carpetas de investigación, tomaba decisiones que resultaban favorables al regiomontano que fue ejecutado al querer defraudar a la «persona equivocada» -presuntamente de iniciales Sh.R.F. y que radica en un estado del centro del país- con varios predios en Mérida y la costa yucateca.
En un caso anterior relacionado con la venta de un Lamborghini -de lo cual también dimos cuenta-, José Ángel tuvo mejor suerte al sólo recibir golpes del yucateco Miguel Pastor Campos Salazar en el Country Club, por la venta fraudulenta del automóvil exótico, del cual se negaba a entregar la factura bajo diferentes argumentos, hasta llegar a decir que «nunca se la iba a entregar» y que eso le pasó por confiado y «por pendejo».
Así está asentado en la Causa Administrativa 393/2023 que la juez Bonilla González tiene a su cargo y que se deriva de la carpeta de investigación GC2453/2022, ahora convertida en P3/129/2023.
Ahí se señala que el delito por el cual era citado a audiencias Dávila Bernal era fraude, denunciado por Campos Salazar y su esposa Niurys Fuentes Vázquez.
Según relataron ambos afectados, el 23 de noviembre de 2021 acudieron al lote de autos denominado “JAH Motors”, ubicado frente a la plaza The Harbor, en la calle 50 número 318 por 19 de la colonia Ampliación Nueva Revolución del norte de Mérida.
Ahí se encuentran con el ahora occiso José Ángel, quien era el dueño de dicho lote, a quien le comentan que estaban interesados en un Lamborghini tipo 724 Huracan Coupé 2015 que tenía en exhibición.
Tras mirar y probar el súper auto, acuerdan comprarlo en pagos parciales hasta casi saldar el monto total por 5 millones 800 mil pesos.
Luego de realizar los pagos acordados y querer completar el adeudo con la factura a la mano del Lamborghini, es cuando Dávila Bernal comenzó a dar evasivas para su liquidación.
Tras insistirle y acudir en repetidas ocasiones al lote, es cuando el estafador les dijo -según está asentado en la denuncia- que «nunca les entregaría la factura porque no la tenía y que el dinero que le habían dado nunca lo devolvería».
Al reclamarle y advertirle el matrimonio que lo denunciarían, el regiomontano se burló diciendo que «no tenían cómo comprobar que recibió el dinero y que eso les pasaba por pendejos y por confiados».
Para rematar, el vendedor añadió que «no era la primera vez que chinga a las personas de esa forma» y que tiene muchas influencias por las cuales siempre sale bien librado de las investigaciones y denuncias.
Sin embargo, el matrimonio no se dejó intimidar y acudió a la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 3, que se ubica en el fraccionamiento Cordemex, donde se abrió la carpeta de investigación en julio de 2022 al levantar la querella la señora Niurys Fuentes.
Tras ello se llevó a cabo la investigación y fueron recabados los datos de prueba necesarios para proceder a imputar a Dávila Bernal.
Entre las pruebas figuran documentales, testimoniales e informes de autoridades, entre otros.
A esta querella inicial se añadió la de Miguel Campos, quien decidió comparecer el 13 de marzo de 2023 para levantar su denuncia como también víctima del fraude.
Es un año después, el 15 de marzo pasado, que se lleva a cabo la primera audiencia ante la juez de control para formular la imputación por parte de los fiscales investigadores en contra del regiomontano.
Sin embargo, a pesar de las pruebas sólidas que se presentaron, de manera sorpresiva la juez Blanca Bonilla González, resolvió no vincularlo a proceso, pues argumentó que no tenía datos de manera objetiva que le permitieran «percibir un engaño», pues todo fue pactado en ese momento, con cantidades y fechas.
Se trata, dijo, de un contrato, «un acuerdo de voluntades».
Con ese criterio, además de dictar el Auto de No Vinculación, Bonilla González decretó también el sobreseimiento de la causa «por no existir hechos que la ley señale como delito».
Cinco días después, el 21 de marzo, el Fiscal de Litigación que conoció del asunto interpuso el recurso de apelación en contra de la resolución de la Juez.
Fue por ello que el 5 de abril de este mismo año se dio contestación por parte de la Asesoría Jurídica de las víctimas, así como de la defensa del imputado, al Recurso de Apelación interpuesto por el Fiscal.
Actualmente este caso no se ha resuelto ni hecho justicia a los afectados, ya que están a la espera de que se resuelva dicho recurso de apelación, el cual quedó registrado con el número de Toca 65/2024 en la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia.
Una funcionaria de la Fiscalía General del Estado de Yucatán está poniéndose en el ojo del huracán al aparentemente estar frenando el avance de una carpeta de investigación contra un defraudador de Mérida.
La fiscal Yessica Margarita Chi Negrón, de la agencia especializada en Delitos Patrimoniales, ha retardado el proceso de investigación para que las personas afectadas tengan acceso a la justicia.
Sospechan que ha entrado en tratos económicos con el denunciado, Carlos Alberto Cherrez Cab, pues serían casi siete millones de pesos lo que se habría embolsado este sujeto de manera engañosa e ilegal.
Los defraudados son empleados del IMSS, activos y jubilados, así como amigos y conocidos de Cherrez Cab, a quienes les pedía dinero con el ofrecimiento de tener una gran oportunidad de inversión inmobiliaria en el oriente de Mérida.
En 2004, el ahora denunciado pedía 230 mil pesos a cada persona para invertir en lotes supuestamente ubicados en el fraccionamiento Vergel, y les permitía completar el monto en dos o tres pagos.
Sin embargo, al pasar el tiempo y no ver resultados, ni el fruto de su dinero un año después, dos personas solicitaron su devolución, pero no la obtuvieron y decidieron denunciar.
La denuncia es por el delito de abuso de confianza y fraude, a la cual se han sumado otras 14 personas, aunque serían 30 las defraudadas en total, todas aportando la misma cantidad, es decir, una estafa de 6 millones 900 mil pesos.
Según una de las 16 denunciantes, Marisa Librada Arceo Ucán, dentro de la carpeta de investigación FGE/PATRIM/UNADT-186/2025 contra Alberto Cherrez Cab, promovió el 4 de abril del año pasado una solicitud para que la Fiscalía girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Esta diligencia tiene como fin analizar los movimientos de las cuentas bancarias del investigado y rastrear el flujo del dinero que le fue entregado mediante diversas transferencias.
Con ello podrían esclarecerse los hechos y comprobarse el delito, pues se trata de una prueba técnica irrefutable de la CNBV que permitiría identificar depósitos, transferencias y el destino de los recursos.
La solicitud fue recibida en el día mencionado, pero al paso de los meses no se emitió acuerdo alguno, tampoco se resolvió la petición, ni se ejecutó la diligencia solicitada, a pesar de tratarse de una actuación clave y esencial para la justicia.
Por ello este año se promovió un juicio de amparo indirecto, en el que se denunció una “omisión ministerial continuada”, señalando que la falta de actuación constituye una forma de denegación de justicia y vulnera el derecho a una investigación efectiva.
Sin embargo, el caso tomó una dimensión aún más delicada al advertirse comunicaciones de la parte denunciada con la autoridad ministerial, es decir, la fiscal Chi Negrón.
Luego, en mensajes atribuidos a esta funcionaria de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía, se informó que la solicitud relacionada con la CNBV “ya se había pasado” y que se encontraban “en espera” de respuesta.
Estas aseveraciones hicieron creer a la parte denunciante que la diligencia se encontraba en trámite, lo cual resultó falso. Al percatarse de ello, es cuando Arceo Ucán decidió interponer un amparo contra la autoridad ministerial.
Su abogado explicó a PRESIDIO que la revisión del expediente y lo expuesto en el juicio de amparo revelan que no existe constancia de acuerdo, resolución ni ejecución de dicha diligencia, lo que evidencia una discrepancia entre lo comunicado y lo asentado formalmente en la carpeta.
A casi un año de presentada la solicitud, no hay determinación oficial sobre la misma dentro de la carpeta FGE/PATRIM/UNADT-186/2025 y se ha obstaculizado su judicialización para que los afectados puedan obtener justicia ante un juez y recuperar su dinero.
Este caso, junto con otros que hemos publicado, está dejando ver que al parecer Yucatán se está convirtiendo en el paraíso de los estafadores de inversiones, vehículos, propiedades y terrenos en la playa, entre otros.
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