El Paso de los Grillos
YUCATÁN ES UN «PARAÍSO» PARA ESTAFADORES
El trágico final que tuvo el vendedor de autos exóticos José Ángel Dávila Bernal pudo evitarse si las autoridades encargadas de investigar, fincar responsabilidades e impartir justicia hubieran hecho su trabajo, apegados a la imparcialidad, en apoyo a las personas que denunciaban las estafas de que eran víctimas.
Dávila Bernal se valía de una supuesta red de «amigos» que tenía en diferentes dependencias del gobierno, la cual aparentemente le permitía continuar con el modus operandi de convencer de adquirirle costosas propiedades y vehículos cuyo valor ascendía a varios millones de pesos, para luego hacerse al desentendido y quedarse con los bienes o el dinero sin entregar las facturas o escrituras.
El ahora occiso, que fue asesinado de un disparo en la cabeza afuera de un bar del norte de Mérida (como reportamos en vivo y en vídeo posterior: https://www.facebook.com/share/v/XB4vPARCQuH3uN9i/?mibextid=qi2Omg), acostumbraba comentar que sus influencias iban desde mandos de la Policía Estatal, funcionarios de la Fiscalía del Estado, del Palacio de Gobierno y ciertos jueces que atraían sus casos judicializados. Y para que no quede duda, mencionaba sus nombres de manera directa.
Sin embargo, el caso de Dávila Bernal es sólo un ejemplo de la impunidad con que actúan redes de estafadores en Yucatán, que en este sexenio se ha convertido en un paraíso para estos delincuentes que ofrecen no sólo autos y propiedades, sino viajes, hospedaje en hoteles de lujo, financiamientos personales, artículos electrodomésticos y hasta materiales de construcción, entre otros, casos que PRESIDIO ha dado cuenta en cada oportunidad.
Incluso en la Fiscalía estatal hay personal en las agencias investigadoras que actúa como «secretarios» de los estafadores, que cuando acuden a rendir su declaración tras ser denunciados, mientras éstos se mantienen sentados y en silencio, los servidores públicos se encargan de llenar las formas con «copia y pega» de anteriores declaraciones hechas por los acusados.
En el caso de Dávila Bernal llama la atención la actuación de una juez de control del Centro de Justicia Oral de Mérida, que llevaba sus audiencias, Blanca Beatriz Bonilla González, adscrita al Primer Distrito Judicial del Estado.
Esta juzgadora, aun con los datos de prueba reunidos en las carpetas de investigación, tomaba decisiones que resultaban favorables al regiomontano que fue ejecutado al querer defraudar a la «persona equivocada» -presuntamente de iniciales Sh.R.F. y que radica en un estado del centro del país- con varios predios en Mérida y la costa yucateca.
En un caso anterior relacionado con la venta de un Lamborghini -de lo cual también dimos cuenta-, José Ángel tuvo mejor suerte al sólo recibir golpes del yucateco Miguel Pastor Campos Salazar en el Country Club, por la venta fraudulenta del automóvil exótico, del cual se negaba a entregar la factura bajo diferentes argumentos, hasta llegar a decir que «nunca se la iba a entregar» y que eso le pasó por confiado y «por pendejo».
Así está asentado en la Causa Administrativa 393/2023 que la juez Bonilla González tiene a su cargo y que se deriva de la carpeta de investigación GC2453/2022, ahora convertida en P3/129/2023.
Ahí se señala que el delito por el cual era citado a audiencias Dávila Bernal era fraude, denunciado por Campos Salazar y su esposa Niurys Fuentes Vázquez.
Según relataron ambos afectados, el 23 de noviembre de 2021 acudieron al lote de autos denominado “JAH Motors”, ubicado frente a la plaza The Harbor, en la calle 50 número 318 por 19 de la colonia Ampliación Nueva Revolución del norte de Mérida.
Ahí se encuentran con el ahora occiso José Ángel, quien era el dueño de dicho lote, a quien le comentan que estaban interesados en un Lamborghini tipo 724 Huracan Coupé 2015 que tenía en exhibición.
Tras mirar y probar el súper auto, acuerdan comprarlo en pagos parciales hasta casi saldar el monto total por 5 millones 800 mil pesos.
Luego de realizar los pagos acordados y querer completar el adeudo con la factura a la mano del Lamborghini, es cuando Dávila Bernal comenzó a dar evasivas para su liquidación.
Tras insistirle y acudir en repetidas ocasiones al lote, es cuando el estafador les dijo -según está asentado en la denuncia- que «nunca les entregaría la factura porque no la tenía y que el dinero que le habían dado nunca lo devolvería».
Al reclamarle y advertirle el matrimonio que lo denunciarían, el regiomontano se burló diciendo que «no tenían cómo comprobar que recibió el dinero y que eso les pasaba por pendejos y por confiados».
Para rematar, el vendedor añadió que «no era la primera vez que chinga a las personas de esa forma» y que tiene muchas influencias por las cuales siempre sale bien librado de las investigaciones y denuncias.
Sin embargo, el matrimonio no se dejó intimidar y acudió a la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 3, que se ubica en el fraccionamiento Cordemex, donde se abrió la carpeta de investigación en julio de 2022 al levantar la querella la señora Niurys Fuentes.
Tras ello se llevó a cabo la investigación y fueron recabados los datos de prueba necesarios para proceder a imputar a Dávila Bernal.
Entre las pruebas figuran documentales, testimoniales e informes de autoridades, entre otros.
A esta querella inicial se añadió la de Miguel Campos, quien decidió comparecer el 13 de marzo de 2023 para levantar su denuncia como también víctima del fraude.
Es un año después, el 15 de marzo pasado, que se lleva a cabo la primera audiencia ante la juez de control para formular la imputación por parte de los fiscales investigadores en contra del regiomontano.
Sin embargo, a pesar de las pruebas sólidas que se presentaron, de manera sorpresiva la juez Blanca Bonilla González, resolvió no vincularlo a proceso, pues argumentó que no tenía datos de manera objetiva que le permitieran «percibir un engaño», pues todo fue pactado en ese momento, con cantidades y fechas.
Se trata, dijo, de un contrato, «un acuerdo de voluntades».
Con ese criterio, además de dictar el Auto de No Vinculación, Bonilla González decretó también el sobreseimiento de la causa «por no existir hechos que la ley señale como delito».
Cinco días después, el 21 de marzo, el Fiscal de Litigación que conoció del asunto interpuso el recurso de apelación en contra de la resolución de la Juez.
Fue por ello que el 5 de abril de este mismo año se dio contestación por parte de la Asesoría Jurídica de las víctimas, así como de la defensa del imputado, al Recurso de Apelación interpuesto por el Fiscal.
Actualmente este caso no se ha resuelto ni hecho justicia a los afectados, ya que están a la espera de que se resuelva dicho recurso de apelación, el cual quedó registrado con el número de Toca 65/2024 en la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia.
El gobernador Joaquín Díaz Mena visitó la unidad productiva Pitahaya Valley, ubicada en Yotholín, comisaría de Ticul.
Durante el recorrido, se informó que esta plantación cuenta con 40 hectáreas en producción y una inversión superior a 100 millones de pesos.
El mandatario señaló que el proyecto se ha consolidado como un referente en el sector agropecuario al posicionar a Yucatán en el cultivo de pitahaya.
Asimismo, anunció que se trabajará con Fundación Produce, la Secretaría de Desarrollo Rural y la empresa para replicar este modelo en beneficio de más productores.
En el lugar, agradeció la invitación del empresario Arturo Rabelo Cabal y destacó la consolidación del proyecto.
“La pitahaya es un fruto originario que va a posicionar a Yucatán como un referente para llegar a otros países como Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Italia, Emiratos Árabes y Países Bajos”, detalló Díaz Mena.
Ante el alcalde Humberto Parra Sosa, el gobernador indicó que esta iniciativa genera empleo y desarrollo regional.
“Esa es la ruta que queremos impulsar para el campo de Yucatán, articulando proyectos como Pitahaya Valley con obras estratégicas como el Puerto de Progreso y el corredor agroindustrial”, detalló Joaquín.
“Con su apoyo se continuará impulsando proyectos productivos que generen empleo, bienestar y desarrollo regional, consolidando al estado como referente nacional en producción agroalimentaria”, indicó.
Por su parte, el titular de la Seder, Edgardo Medina Rodríguez, destacó el crecimiento del proyecto iniciado en 2021.
“La pitahaya es un cultivo competitivo en el mercado global, pues no requiere suelos profundos, se adapta a las condiciones climáticas y ofrece una alternativa productiva para las comunidades rurales. Estos proyectos son el verdadero motor de bienestar; se cultivan tres variedades: roja, blanca y rosa, y ya se exporta a Canadá, España, Italia y Países Bajos, consolidando la presencia internacional de Yucatán”, comentó Medina Rodríguez.
En su intervención, el empresario Arturo Rabelo Cabal señaló que la plantación es la más grande de México y Norteamérica.
“Actualmente, la empresa cuenta con 200 hectáreas de rancho, 60 colaboradores y la meta de alcanzar 500 hectáreas productivas con más de mil empleos directos. La producción se distingue por no usar agroquímicos y por garantizar condiciones laborales responsables, lo que fortalece la cadena de valor y abre oportunidades en mercados internacionales. La fruta ya se comercializa en cadenas como Costco y Walmart, y se exporta a países de Asia y Europa”, expresó Rabelo Cabal.
La presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada realizó la segunda entrega del año de cascos gratuitos con certificación DOT en la colonia Azcorra, donde fueron beneficiados 185 meridanos.
“Ya suman 370 los cascos entregados este año, a 46 mujeres y 324 hombres, consolidando a este gobierno municipal como un Ayuntamiento que cuida a su gente, a las familias trabajadoras cuyo esfuerzo diario mantiene dinámica la economía de sus seres queridos y de la ciudad”, externó la alcaldesa.
En 2025, se benefició a 1 mil 216 personas, y en 2026 ya se atendió a 370 más, con una inversión superior a 1 millón 100 mil pesos.
Mediante la Dirección de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, el programa “Chambea Seguro” entrega cascos que cumplen con la norma internacional DOT.
La anterior, siguiendo los indicadores de seguridad y de prevención en casos de accidente. Asimismo, garantizan el cumplimiento de las normas nacionales para un tránsito responsable, evitando multas y sanciones.
Además de proteger la integridad física, este apoyo pretende contribuir directamente a aliviar la economía familiar, evitando un gasto importante en equipo de protección.
“Sabemos que para muchas familias la motocicleta no es un lujo, es la herramienta con la que se trabaja todos los días. Por eso este apoyo es importante, es cuidar a la persona y también el ingreso que lleva a su casa”, expresó Arturo León Itzá, director de la dependencia.
El funcionario subrayó que contar con equipo adecuado puede marcar la diferencia en situaciones de riesgo y reducir lesiones graves.
Asimismo, la estrategia tiene como uno de sus objetivos que haya más conciencia al manejar. Por ello, el apoyo incluye pláticas de seguridad vial para que las y los motociclistas
La iniciativa está dirigida a personas mayores de edad que utilizan motocicleta como herramienta de trabajo: repartidores de plataformas digitales, mensajeros, prestadores de servicios a domicilio, técnicos, entre otros oficios.
Para mayores informes sobre los programas sociales, la ciudadanía puede acudir a las ventanillas de la Dirección de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, ubicadas en C. 65 No. 368 Int. x 40 y 42, Col. Centro.
Igualmente, pueden comunicarse a los teléfonos (999) 924 6900 y (999) 924 6962, ext. 81750, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
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