En la sesión de esta mañana de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), el consejero Alejandro Burgos Jiménez presentó una propuesta para que dicho órgano electoral exhorte al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, a que solicite licencia en su cargo o dimita de su postulación como candidato plurinominal a senador por el PAN.

Dicho consejero sustentó su solicitud a raíz de la más reciente resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la que ordenó al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, a que deje el cargo por ser también candidato a diputado federal plurinominal.
Es decir, es un mandato del Tribunal Federal Electoral que ningún mandatario estatal debe estar en funciones si está postulado como candidato.
La propuesta presentada hoy dividió opiniones en la Junta Local del INE, por lo que el vocal presidente, Luis San Denis Alvarado Díaz, señaló que se requiere de «un estudio y revisión a fondo».
Dijo que se trata de una postura que daría la institución y no sólo un consejero o ciudadano, por lo cual se optó para que se resuelva en otro momento, aunque existe el precedente de lo ordenado en el estado de Morelos.

Ante ello, el representante del PAN estatal, el partido de Vila Dosal, Jorge Ortega Cruz, pidió a los consejeros yucatecos no se extralimiten en sus funciones, sobre todo porque el propio INE ya aprobó la candidatura del actual gobernador.
Al respecto, la consejera Ivonne Quintal respondió que no se trata de una «extralimitación», porque para empezar no son empleados del INE, sino representantes de los ciudadanos y, por lo tanto, cuentan con libertad de exponer lo que consideren.
Cabe mencionar que Vila Dosal fue incluido en la posición siete de la lista de candidaturas plurinominales del PAN para el Senado, por lo que tiene altas probabilidades de obtener un escaño federal con una dieta asegurada por otros seis años.

Con información de Haz Ruido

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Debido a diversas omisiones e irregularidades en el llenado del informe policial homologado que evidenciaron la actuación arbitraria de los agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI), el juez de control Santos May Tinal decretó como ilegal la detención de los jóvenes  Andrea Sofía  C.R.  y Sebastián N.U., quienes participaron en la marcha a favor de Sitilpech y, por lo tanto, ordenó su inmediata liberación.

En la audiencia inicial, la Fiscalía General del Estado intentó imputar a los jóvenes por los delitos de ataque a servidores públicos y lesiones a servidores públicos, pero no contó con elementos para acreditar la presunción mínima de que sí lo cometieron en flagrancia.

La fiscal dio lectura a la información de la carpeta de investigación, en la que indicó que la razón de la actuación de los policías vestidos de civil es porque dichos jóvenes estaban discutiendo en la vía pública al finalizar la marcha. Según la PEI, cuando los agentes se acercaron para intervenir, Sebastián  golpeó a un policía con un caracol blanco que se utiliza para ceremonias prehispánicas y amagó con atacarlo de nuevo, mientras que Andrea Sofía empujó a una mujer policía, provocándole un esguince de primer grado.

Sin embargo, la carpeta estaba llena de inconsistencias, como el hecho de que, según la Policía Estatal, el arresto ocurrió a las 10: 30 de la noche y así lo precisó en el Registro Nacional de Detenciones. La fiscal indicó que hubo un error en el llenado de dicho dato y que en realidad se realizó a las 8: 30, pero nunca se corrigió en el mencionado sistema.

Además, la fiscal reconoció que al momento de la detención no le leyeron sus derechos a los jóvenes y no se precisó la hora en que le aplicaron los mecanismos de seguridad (esposas) cuando los metieron a dos vehículos de la Policía Estatal, los cuales no estaba rotulados.

Otra inconsistencia fue que supuestamente los agentes portaban chalecos de seguridad y que al momento de la detención, aproximadamente 30 personas se les acercaron y se los jalaron, por lo que al sentirse en riesgo decidieron retirarse. En esa versión, sostuvieron que no pudieron encontrar el caracol que supuestamente se usó para al agresión del policía.

Por todas esas irregularidades, los abogados de los acusados, David Dorantes y Orlando Estrella, solicitaron al juez que se proyecte un video en el que se observó el momento de la detención y en el que se corroboró que los agentes no traían sus chalecos y en ningún momento se vio el caracol.

Además, precisaron otra inconsistencia, como el hecho de que, según el informe policial,  un oficial le informó de sus derechos a los arrestados a las 8: 30 de la noche al mismo tiempo y en dos vehículos diferentes, lo que catalogaron de fantasioso.

Los defensores hicieron mucho hincapié en las inconsistencia en cuanto a la hora que supuestamente se hicieron las detenciones y del momento en que fueron presentados ante el ministerio público, datos plasmados en el Registro Nacional de Detenciones.

La fiscal pidió al juez que no se tome en cuenta el video, a pesar de que en un principio no se opuso a que se proyecte, pues según ella “no aporta nada”  y solo se trata de un fragmento de lo ocurrido. Sin embargo, May Tinal recalcó que dicho material era importante porque sólo se contaba con la versión de los dichos de los policías de un informe lleno de omisiones.

En su resolución, el juzgador señaló que el operativo de la PEI fue desacertado y consideró como absurdo que se emplearon al menos 6 agentes policiacos ante una “discusión en la vía pública”.

También cuestionó la capacidad y el entrenamiento de los policías que no pudieron advertir que supuestamente Sebastián tenía un caracol en su mano para agredirlo. Además, indicó que en el video no se aprecia que 30 personas se aproximaron a los policías

Asimismo, recalcó que ninguno tenía chaleco, por lo que sería ilógico que los hayan jalado y puesto en riesgo. En ese sentido, les recordó que debieron tener un distintivo que los acredite como miembros de la Secretaría de Seguridad Pública.

Por todas estas irregularidades, el juez declaró la no legal detención de los jóvenes y ordenó su inmediata liberación. Pese a eso, la fiscal solicitó que sean imputados, a lo que el juzgador le advirtió lo delicado de su petición y por eso se retractó.

En la otra audiencia, que se celebró de manera simultanea, una juez sí imputó a les activistas Andrew “N” y Dafne Isabel “N”, por los delitos de portación de armas y objetos peligrosos, desobediencia, resistencia y agresiones a servidores públicos. Sin embargo, le impusieron medidas cautelares menores y seguirán su proceso en libertad.

Llamó la atención que en ambas audiencias, los fiscales enfatizaron que la Policía activó un “código rojo” por la marcha de Sitilpech, debido a que los manifestantes lanzaron amenazas y cargaban latas de pintura, por lo que se dispuso el operativo de seguridad en la que los agentes llegaron vestidos de civil.

Con información de Herbeth Escalante / Haz Ruido

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La seguridad en Kanasín se refuerza con la llegada de patrullas, motocicletas y equipos de radiocomunicación para la Policía Municipal.

Con el propósito de reforzar la seguridad y proteger a las familias de Kanasín, este lunes el alcalde Edwin Bojórquez Ramírez, entregó a la corporación tres patrullas equipadas con cámaras de seguridad.

Además fuero dotados con motocicletas nuevas y dos equipos de radio y comunicación, los cuales fueron entregadas en un evento encabezado por el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal.

El alcalde Edwin Bojórquez agradeció al gobernador Vila Dosal el apoyo confiado al municipio, por lo que comprometió a la corporación policial ha darle buen uso a los vehículos y herramientas nuevas.

“Con este nuevo equipo vamos a reforzar la seguridad y vamos a ofrecer mayor tranquilidad a las familias de Kanasín”, reiteró el presidente municipal.

“La seguridad es uno de los principales pilares de nuestra administración y, desde el primer día de nuestro gobierno, nos enfocamos a impulsar una serie de acciones dentro de la corporación para hacerla más eficiente y trabajar a favor de las y los kanasinenses”.

“Sabemos que una de las mayores demandas de los ciudadanos es ofrecer mayor seguridad y por eso, en esta encomienda, se requiere del trabajo coordinado y en equipo con la sociedad”, apuntó Edwin Bojórquez.

“Nuestro compromiso, y lo estamos cumpliendo, es que nuestra policía esté cerca de la gente, de las colonias y fraccionamientos para prestarles apoyo y auxilio”.

Por último, reiteró la disposición de su administración por trabajar de manera coordinada con las autoridades estatales para disminuir los índices delictivos en el municipio y mantener la paz y tranquilidad dentro de la entidad.

Acompañaron al alcalde de Kanasín en la entrega de las patrullas y nuevo equipo el secretario de la Comuna, Hilario de Jesús Uicab Cab, y el director de la Policía Municipal, Luciano Moo Arceo.

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La Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, resultó responsable de encubrir la muerte del joven veracruzano José Eduardo Ravelo a manos del Estado.

La autoridad federal concluyó que el mandatario incluso participó en el escenario montado para deslindar a su gobierno del presunto homicidio, de modo que podría ser separado de su cargo para que enfrente las consecuencias penales que resulten.

De igual manera, mediante entrevista telefónica concedida a PRESIDIO, fuentes de la FGR revelaron que el Fiscal del Estado, Juan Manuel León León será inhabilitado para ser procesado por instrucciones de la Presidencia de la República en este caso que indignó a la sociedad mexicana.

El sustento de estas acciones legales contra las autoridades yucatecas, según se indicó, está basada en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en el Código Penal Federal.

Junto con el titular León León, otros funcionarios de la Fiscalía estatal serán separados de sus cargos al comprobarse su participación directa en la falsificación de dictámenes periciales y forenses, así como en la filtración de información reservada y materiales editados, con el fin de aparentar que la Policía Municipal de Mérida fue la responsable de la muerte del joven veracruzano.

“Al que cometa el delito de coalición de servidores públicos se le impondrán de dos años a siete años de prisión y multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente, en el momento de la comisión del delito, y destitución e inhabilitación de dos años a siete años para desempeñar”, según la Ley federal.

De la misma manera los fiscales de la FGR recabaron declaraciones y lograron identificar a todo el personal del Hospital Agustín O’Horán que tuvo contacto con el joven malherido y no le prestaron la debida atención, comenzando por el médico que lo discriminó y la doctora que ordenó ingresarlo al área Covid, donde contrajo la pulmonía que le quitó la vida.

“Se han establecido diferentes delitos de gravedad en torno a este caso, considerando que todos son servidores públicos y que su obligación es proteger y salvaguardar los derechos humanos de la población, independientemente de su origen, raza o condición social”, abundó la fuente.

El informante detalló que el delito de encubrimiento se castiga, según el Capítulo I de la Ley, con prisión de tres meses a tres años y de 15 a 60 días de multa, al que “con ánimo de lucro, después de la ejecución del delito y sin haber participado en éste, adquiera, reciba u oculte el producto de aquél a sabiendas de esta circunstancia”.

Asimismo cometen el delito de coalición de servidores públicos, y lo castiga el Artículo 216 del Código Penal federal, “los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas”.

Por último, la fuente de la FGR explicó que los delitos contemplados en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, son:

Ejercicio ilícito de servicio público

Tráfico de influencias

Abuso de Autoridad

Cohecho

Coalición de Servidores Públicos

Peculado

Uso indebido de atribuciones

Cohecho a servidores extranjeros

Concusión

Enriquecimiento ilícito

Intimidación

Ejercicio abusivo de funciones

Ejercicio Indebido en la Administración de la Justicia

¡No se la crea! Disfrute su Día de Santos Inocentes.

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La entrada FINCA FGR RESPONSABILIDAD A VILA POR ENCUBRIR MUERTE DE RAVELO se publicó primero en PRESIDIO MX.

La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso de homicidio del joven veracruzano José Eduardo Ravelo Echevarría, quien murió en Yucatán presuntamente luego de ser violado y golpeado por elementos de la Policía Yucateca.

Será la autoridad federal la que tenga la última palabra sobre este caso, luego de que sus fiscales estuvieron en la entidad yucateca durante un mes investigando el delito de tortura y ahora se informó que la FGR se hará cargo también de la carpeta por el delito de homicidio.

Con ello quedó suspendida la audiencia que debía celebrarse el próximo lunes 25, a las 12:15 horas, en la cual los fiscales estatales apelarían la decisión del juez de control Rómulo Bonilla Castañeda quien decretó la libertad de los policías municipales.

La intención de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán era apelar para inculpar de nuevo a los elementos de la Policía Municipal de Mérida y meterlos a prisión por segunda ocasión, con mayores elementos que probaran su responsabilidad en la muerte de “El Güero”.

Sin embargo, hoy se dio a conocer mediante comunicado que la Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán suspendió de manera definitiva la audiencia de apelación sobre el juicio de homicidio que llevaba la Fiscalía estatal.

Lo anterior, se explicó, en razón de que la FGR ejerció la facultad de atracción sobre el caso, por lo que ya es de competencia exclusiva de la Federación.

El Tribunal también informó que dicha suspensión ha sido notificada oportunamente a las partes, que incluye a los familiares del Güero.

Al respecto, entrevistada por PRESIDIO desde Veracruz, la señora Dora María Ravelo Echevarría externó que tiene confianza en la Fiscalía yucateca, “pero para mi conveniencia es mejor que salga de Yucatán”.

Lo que pasa, dijo, es que “ahí (en Yucatán) hay mucha mano negra y no estoy confiada de que las cosas vayan a ser imparciales”.

Destacó que hoy viernes se cumplen tres meses exactamente de que recibió la llamada de su hijo José Eduardo, el 22 de julio de este año, donde le relató lo ocurrido y le pidió su ayuda, tras lo cual la señora viajó a Mérida.

Sobre la apelación que se buscaba ante el Tribunal, manifestó que tiene mucha confianza en los elementos de prueba que trabajó la FGE, los cuales eran fundamentales para revocar la orden del juez que decretó la libertad de los policías municipales.

“Pero si la FGR ya lo atrajo, yo me atengo a ello, porque yo misma busqué el apoyo del Gobierno Federal pues tengo más confianza de que haya justicia fuera de Mérida”, declaró, debido a actores externos como el Presidente Municipal y el jefe de la Policía Estatal.

“Se cumplió el propósito. Yo dije que sin en Mérida no me hacían justicia, me iba a ir a la Ciudad de México para hablar con el Presidente y afortunadamente él no me falló, me hizo caso, me está ayudando y le agradezco infinitamente”.

Por eso mismo, sobre la decisión de que la FGR atraiga por completo el caso de la muerte de su hijo, “no me queda de otra que seguirme con ellos, los federales”.

Afirmó que los agentes de la FGR “hicieron una investigación exhaustiva, mayor que la realizada por la Fiscalía del Estado y esperemos que paguen los que tengan que pagar”.

Y los que cayeron en el delito de omisión, apuntó, también que tengan su parte.

Reveló que la autoridad federal ya tiene el 100 por ciento de las grabaciones de todas las cámaras de la Policía Municipal, porque había dos cuyo contenido se desconocía y que serían claves en la investigación.

“El fiscal federal me dijo que ya tienen todos los vídeos, porque para poder culpar a estas personas faltaban los vídeos de dos cámaras, pues no se sabe que pasó durante ese tiempo” de grabación que estaba perdido.

Tenemos todo, todo, todo y ya no hay lugar a duda, fue lo que el fiscal federal le externó a la señora Dora Ravelo al hablar sobre los avances de la investigación, por lo cual ella tiene alta esperanza de que sí habrá justicia.

En su momento la Fiscalía yucateca me ayudó y pienso que hizo las cosas como debieron ser, aseveró, pero “me quedé decepcionada del alcalde Renán Barrera y de su jefe policiaco, pero algún día se van a quedar sin el poder”.

También se dijo decepcionada del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, Luis Felipe Saidén Ojeda, “el mero jefazo”, expresó, quien consideró es quien maneja las cosas en el estado.

“El gobernador Mauricio Vila, aunque tarde, me está apoyando”, indicó.

Reiteró que el licenciado Andrés Nieves ya no tiene relación alguna con este caso y agradeció a PRESIDIO “por ser el primero que me escuchó” cuando en todos lados le cerraban las puertas.

Soy veracruzana y lo que digo lo sostengo, y si no digo algo también lo defiendo, finalizó la madre del “Güero”.

CONTEXTO:

CONCLUYEN INVESTIGACIONES FEDERALES POR CASO DE JOSÉ EDUARDO

VIVIMOS LOS AÑOS MÁS VIOLENTOS EN YUCATÁN

CADA DOS DÍAS SE DENUNCIA TORTURA EN YUCATÁN

«ENCUBRE FISCALÍA A VERDADEROS ASESINOS DE JOSÉ EDUARDO»

VIAJAN A MÉRIDA AGENTES FEDERALES POR CASO DE JOSÉ EDUARDO: https://www.facebook.com/PresidioOnline/posts/1107599490073254

ASEGURA LA FGR TRES PATRULLAS MUNICIPALES: https://www.facebook.com/PresidioOnline/posts/1109579439875259

(VÍDEO) La presunta ruta que siguió José Eduardo Ravelo antes de aparecer con graves lesiones: https://www.facebook.com/PresidioOnline/posts/1114699849363218

(VÍDEO) Revelación de que al parecer no fueron municipales los autores de la muerte, detalles: https://www.facebook.com/PresidioOnline/videos/1162210147597027

(VÍDEO) El día que se dio a conocer el caso, a través de PRESIDIO: https://www.facebook.com/PresidioOnline/videos/501750580893713

La entrada SALE POR COMPLETO DE YUCATÁN EL CASO DEL “GÜERO” se publicó primero en PRESIDIO MX.

Las videocámaras de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán contienen la evidencia, aún no revelada, de lo que realmente ocurrió al joven José Eduardo Ravelo Echevarría, quien murió por una golpiza y violación presuntamente a manos de elementos de la Policía Yucateca.

Los miles de millones de pesos invertidos por los yucatecos en la infraestructura tecnológica del programa “Yucatán Seguro” tienen la respuesta de lo que sucedió antes y después con el joven veracruzano, que fue drogado de manera inusual –por personas hasta ahora desconocidas- y llevado en esas condiciones al centro de Mérida, para posteriormente dar aviso a la Policía Municipal.

La Fiscalía General del Estado dispone de esas grabaciones, donde se observa cómo llegó y quién llevó al joven veracruzano al centro de Mérida, donde fue primeramente reportado a los policías municipales en la calle 71 por 62 y 64, alrededor de las 9:30 de la mañana del 21 de julio.

Las mismas cámaras de la SSP dieron seguimiento al muchacho tras salir por su propio pie del edificio de la corporación municipal al cumplir 24 horas de arresto administrativo, alrededor de las 10:30 horas del 22 de julio.

La llamada de auxilio a Ciudad Isla, Veracruz, la recibió su hermano en las primeras horas de la tarde, cuando José Eduardo señaló que lo acababan de agredir. Su madre Dora María Ravelo Echevarría se trasladó a Mérida para llevarlo al hospital el día 24, mismo que interpuso la denuncia y fueron certificadas sus lesiones.

Sin embargo, es aún una incógnita lo que realmente sucedió, pues José Eduardo, en lo poco que podía recordar, dijo a su mamá que fue arrestado y subido a una camioneta policial negra con franjas grises.

Pero también dijo que fue atacado por elementos con pantalón oscuro y camisolas de color gris claro, como la señora narró a PRESIDIO en vídeo al dar a conocer estos hechos de manera pública: https://fb.watch/7jG8_GK_F8/

Los vídeos entregados por la Policía Municipal de Mérida a la Fiscalía estatal incluyen casi 25 horas de grabación –desde el primer contacto con el muchacho veracruzano hasta su posterior liberación- en las cuales no pudieron hallarse los delitos de los que acusan a cuatro agentes de esa corporación.

La investigación realizada por PRESIDIO indica que dos agentes acudieron a un primer reporte, alrededor de las 9:30 de la mañana, a la calle 71 por 62 y 64 del centro de la ciudad, donde se encontraron con José Eduardo en estado deplorable y lo dejaron ir al no existir aparente motivo para su arresto.

Un reporte posterior ocurrió aproximadamente una hora después, cuando en la calle 67-A por 62 y 64 junto al parque de San Juan un taxista llamó para decir que el muchacho había lanzado una piedra a su unidad.

Otros dos elementos municipales acudieron a verificarlo y, tras los señalamientos de testigos, procedieron a esposarlo y trasladarlo a la cárcel ante el estado en que se encontraba.

Su traslado al edificio de la Policía Municipal duró alrededor de 10 minutos, trayecto que fue grabado completo por las cámaras de la SSP, con un solo elemento en la parte posterior de la camioneta, y presuntamente no se observa ataque sexual o agresión a golpes.

Al ser ingresado en la cárcel se le envío a una celda donde permaneció como único ocupante las 24 horas, grabado por una cámara de seguridad en el interior.

Los policías municipales J.E.H.H, E.M.L.R, A.G.G.M y R.G.B.R se mantienen presos en el penal de Mérida por la acusación formulada por la Fiscalía de homicidio calificado cometido en pandilla, violación agravada y tortura agravada.

Los familiares de los agentes incriminados exigieron, mediante llamadas telefónicas a PRESIDIO, que la SSP y a la Fiscalía muestren esas evidencias para que se sepa la verdad de lo que ocurrió con José Eduardo, pues desean que se haga justicia a su madre y también a sus parientes.

“El gobierno del estado sabe, porque así está en las bitácoras y en los registros originales de la Policía Municipal, que ellos acudieron por separado, en parejas, a verificar los diferentes reportes de una persona que se encontraba alterando el orden en la vía pública”, señalaron.

Los dos últimos, agregaron, fueron quienes trasladaron al muchacho en una camioneta. Uno conducía y otro lo mantuvo esposado en la parte posterior de la patrulla durante el trayecto del parque de San Juan al edificio ubicado cerca del parque de La Mejorada.

“Nunca estuvieron más de dos agentes al mismo tiempo con José Eduardo, para que los señalen por agresiones en pandilla. Todo eso lo tienen grabado y la Fiscalía y el gobierno del estado lo saben”, expusieron a este medio.

También denunciaron que los policías fueron llamados para “una entrevista” ante la autoridad estatal investigadora en el Periférico de Mérida, pero fue una trampa.

“Al llegar ellos al Complejo de Seguridad Pública ya se tenían listas las órdenes de aprehensión, tras lo cual fueron esposados, les tomaron fotos e inmediatamente el gobernador Mauricio Vila los subió a sus redes sociales para asegurar que capturaron a los presuntos asesinos”.

“Todo esto está armado –insistieron- y vamos a contrademandar al Estado apenas salgan de la prisión donde los tienen injustamente acusados de un crimen que no cometieron”, sostuvieron.

La sociedad yucateca exige que los miles de millones de pesos gastados en “Yucatán Seguro”, que registraron los pasos de José Eduardo cuando se desplazaba en calles del centro de Mérida tras salir de la cárcel municipal, muestren cómo y con quiénes pudo alejarse de esa zona –sin dinero- y horas después aparecer salvajemente agredido.

Una versión que recabó PRESIDIO es que supuestamente José Eduardo fue llevado a Kanasín, donde fue objeto de violación y una golpiza para luego ser abordado en un taxi, versión que aún están corroborando reporteros en ese municipio.

Mientras tanto, la autoridad estatal se ha negado a revelar el contenido de los vídeos de las cámaras públicas, colocadas en puntos estratégicos de la capital yucateca y en toda la geografía estatal, en donde se observan las horas previas al arresto de José Eduardo, así como las horas posteriores a su liberación, los cuales son claves para identificar a los autores de su muerte.

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El gobierno de Mauricio Vila Dosal prepara una elección de estado en Yucatán para favorecer a los candidatos del PAN, rompiendo varias normas electorales.

En diferentes municipios, en los últimos días se ha visto la descarga y entregas de una gran cantidad de apoyos pese a la veda electoral dictada por la autoridad.

Un ejemplo es Tizimín, donde se reparten despensas, sacos de maíz, fardos de láminas, insumos para el campo, entre otros.

Incluso en el local oficial de la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán (UGROY), según imágenes difundidas en redes sociales, se descargan y almacenan los apoyos enviados por el gobierno estatal.

En esas imágenes se ve a un candidato a regidor de Tizimín participando en los actos considerados ilegales para presionar el voto.

El propio candidato del PAN a la alcaldía de Tizimín, Pedro Couoh Suaste, avisó que iban a acelerar el ritmo de la entrega de dichos apoyos, de modo que adelantaron los regalos por el Día de las Madres a sus operadoras, en una reunión efectuada el 24 de abril pasado.

En un audio se escucha al candidato del PAN decir que les daban su regalo anticipado porque el 10 de mayo estarían ocupados en dar regalos a los electores (https://www.facebook.com/Dios.es.Amor666/videos/128198562666056)

Sabiendo de la ilegalidad de estas acciones, el panista incluso pidió guardar celulares para que no se grabe lo que estaba a punto de decir en referencia a dichos apoyos.

“Surge la idea de adelantarles un detalle por el 10 de mayo, (pues) en los próximos días, cada vez más, vamos a acelerar el paso, vamos a acelerar los trabajos. Lo que hemos hecho hasta hoy NO VA A TENER PRECEDENTE con respecto a lo que vamos a hacer los próximos días”, expresó.

En el mismo audio dijo que el 10 de mayo estarían dedicados a “celebrar” a los votantes, “a los que están allá afuera”.

La reunión en donde se expresó lo anterior fue en presencia de dos diputados del PRI, el federal Jesús Vidal Peniche y la local Mirthea Arjona Martín, a los cuales nombraron en repetidas ocasiones por el micrófono

El lunes 10 de mayo al mediodía, en la comisaría de Popolnah, Tizimín, el gobierno del estado realizó la entrega de recursos públicos a través de funcionarios públicos estatales, como se observa en las fotografías, como medida de presión para obtener el voto a favor de los candidatos de Acción Nacional.

Presuntamente se viola lo establecido en el artículo 209 numeral 1 y 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde se precisa que está prohibida la entrega de algún beneficio directo o indirecto por cualquier persona.

Para la entrega de apoyos son empleados los funcionarios y personal del gobierno.

El director del Cobay de Tizimín, Enrique Chan, ex presidente del PAN en este municipio, citó al personal a su cargo porque “esta semana próxima nos solicitan apoyo interinstitucional para la segunda entrega de maíz en comisarías”.

“Por lo tanto nos vemos todos el lunes en Ugroy a las 6 de la mañana por favor. Control escolar y académico continúan con actividades en la escuela”.

De esta manera se emplean recursos, vehículos y personal de gobierno en todo el estado, por instrucciones de Vila Dosal para intensificar el reparto de artículos en veda.

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¿QUIÉN PAGARÁ LOS DAÑOS que pudiera provocar la confusión de los nuevos semáforos peatonales?, se preguntan conductores que circulan por las principales vías de la ciudad.
El gobierno de Mauricio Vila puso en marcha un programa de semaforización que está causando desconcierto entre los guiadores de vehículos, que ven el riesgo latente de que ocurra un choque por las luces verdes anticipadas.
El programa se llama “Mejora a la Movilidad y la Infraestructura Vial en Mérida”, a cargo del Gobierno del Estado, que considera la instalación de 2,646 semáforos peatonales en cruceros, según la información oficial.
El gasto es de 441 millones de pesos. En los siguientes días le daremos a conocer presuntos malos manejos que existen detrás de esta obra.

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La extranjera que, de manera enloquecida, agredió a una joven en un negocio ubicado en la avenida Paseo de Montejo de Mérida figura entre los empresarios que han sido beneficiados por ser considerados amigos del gobernador Mauricio Vila.

La canadiense Dawn Carol Simmons es propietaria de los restaurantes “Harlow”, que se ubica en Montejo por calles 37 y 39, y “Marmalade”, que opera en la 47 por 56 de Santa Ana. Se había inaugurado uno en 2019 en el Palacio de la Música, pero se informó que sólo estuvo 2 meses y actualmente es otro nombre y propietario.

Figura en la lista de 113 empresas que recibieron 460 millones de pesos el año pasado, mediante una línea de crédito, por ser considerados estratégicos para la economía yucateca.

Dicho programa en su momento fue criticado por la simulación de apoyo a la población, ya que los beneficios fueron a parar en los bolsillos de personas allegadas al gobernador: https://www.yucatan.com.mx/merida/apoyos-a-varias-empresas-ligadas-con-funcionarios

La canadiense agredió a una joven, presuntamente menor de edad, de manera  física y verbal, y amenazó con matarla y enterrarla en el frente de su local.

El hecho al parecer ocurrió en febrero pasado, cuando una persona calificó como “bonito lugar, dueño violento” el restaurante, pero apenas se dio a conocer ahora.

En la página Expats In The Yucatán (Expatriados en el Yucatán) un audio (https://fb.watch/4zhRDvz1EL/) fue publicado este viernes, donde se escucha la agresión verbal y el presunto daño físico, que no ha podido ser comprobado.

Tras conocerse los hechos, la comunidad local comenzó a llamarla desde ayer “la gringa loca” y ha sido bautizada con el hashthag #LadyHarlow para pedir su expulsión del país.

PRESIDIO contactó ayer a la extranjera para ofrecer una entrevista donde exprese alguna explicación u opinión sobre lo ocurrido, pero hasta el mediodía de hoy no hubo respuesta.

Personas que la conocen de cerca se han abstenido de opinar, ya que “ella y su esposo son gente agresiva”. La mujer en particular es considerada violenta y racista.

Ayer se informó que el gobierno del estado acudió a colocar sellos de clausura en el establecimiento “Harlow” de Paseo de Montejo donde supuestamente ocurrieron los hechos. Ella fue captada afuera del “Marmalade” de Santa Ana.

No se ha informado qué ocurrió con los beneficios monetarios otorgados a los amigos del gobernador, luego de que el 3 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial del Estado las reglas de operación del llamado Plan Estatal para Impulsar la Economía, los Empleos y la Salud de los yucatecos.

“El objetivo es que esos apoyos lleguen a las personas que más lo necesiten en esta contingencia y se entreguen con total transparencia y oportunidad”, se dijo sobre ese plan, que incluyó supuestos apoyos de 5 mil pesos para desempleados que acabaron repartiéndose entre amigos y allegados al gobierno de Vila. Se puede consultar el boletín oficial en esta liga: https://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=2670

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–Instalan en Mérida la «Coordinación municipal contra la Violencia hacia las Mujeres»

El Gobernador Mauricio Vila Dosal y el alcalde Renán Barrera Concha, encabezaron la instalación de la Coordinación Municipal Contra la Violencia hacia las Mujeres en el Municipio de Mérida, organismo que congrega los esfuerzos de los 3 niveles de Gobierno en torno al combate de la discriminación y violencia por motivos de género, y que busca brindar atención integral para las mujeres meridanas víctimas de este tipo de situaciones.
Durante la instalación de este organismo, Vila Dosal y Barrera Concha refrendaron su compromiso de seguir trabajando de la mano para construir una Mérida y un Yucatán aún más equitativo y seguro para todas las mujeres. En ese marco, se nombró al alcalde meridano presidente de la Coordinación Municipal contra la Violencia hacia las Mujeres en el municipio.
Como parte de los objetivos específicos de esta Coordinación, se busca que, mediante la prevención, reforzar las acciones de difusión, sensibilización y capacitación que permita a las personas, tanto servidoras públicas, agresores, víctimas y sobrevivientes, identificar y, eventualmente, evitar o desarticular dinámicas de violencias hacia las mujeres por razones de género, en los distintos ámbitos y lugares en los que suele materializarse, así como colaborar para la co-construcción de paz, recuperar espacios públicos seguros y libres de violencia, así como fortalecer lazos de solidaridad.
Asimismo, generar las estrategias municipales que garanticen la atención inmediata ante casos que requieran la intervención de las autoridades para salvaguardar la vida y/o integridad de las mujeres, sus hijas e hijos; mantener la coordinación para definir e implementar los procedimientos de colaboración en corresponsabilidad operativa y, en su caso, financiera entre instituciones estatales y municipales en materia de prevención, atención y sanción de las violencias en contra de las mujeres.
Por último, promover la sanción y el acceso a la justicia, es decir, implementar acciones de vinculación con las “Mesas de Acceso a la Justicia” estatales, que permitan la canalización de casos, promuevan y agilicen el acceso a la justicia para las mujeres, sus hijas e hijos.
La Coordinación municipal contra la Violencia hacia las Mujeres en el municipio de Mérida también está integrada por la titular de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), María Herrera Páramo; la directora del Instituto Municipal de la Mujer de Mérida, Fabiola García Magaña; la síndico municipal del Ayuntamiento de Mérida, Diana Mercedes Canto Moreno, la regidora presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género del Cabildo de este municipio, Ana Gabriela Aguilar Ruíz; y los regidores Silvia del Carmen Paredes Polanco y Arturo León Itzá.
Al dirigir su mensaje, el Gobernador afirmó que el combate a la violencia hacia las mujeres es un tema que para su Gobierno es prioritario y que hoy no es un asunto menor en la agenda pública de nuestro estado y nuestro país, por lo que resaltó que con una buena coordinación entre los distintos órdenes de Gobierno y a través del fortalecimiento institucional, esa es la única manera de estar a la altura, como funcionarios, del gran reto que esto representa.
Acompañado de la titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), María Fritz Sierra, Vila Dosal recordó que, en noviembre del año pasado, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno del Estado refrendó su firme compromiso con esta causa, mediante la firma del “Acuerdo de Acciones Estratégicas Contra la Violencia hacia las Mujeres en el Estado de Yucatán”, donde se comprometió a impulsar acciones conjuntas y fortalecer a los institutos y organizaciones dedicadas a la protección de este sector de la población en los 15 municipios del estado con mayor índice de violencia hacia las mujeres.
Cabe recordar que este Acuerdo contiene 3 ejes rectores: el primero, es que el Gobierno del Estado brindará capacitación a los Ayuntamientos para que desarrollen y promuevan acciones de prevención de la violencia y atención a las mujeres víctimas de esta condición. Segundo, que se dará acompañamiento en la articulación de acciones de atención y prevención contra la violencia; y como tercero y último, exhortar a los Ayuntamientos a fortalecer a las Instancias Municipales de las Mujeres ya sea proporcionándoles una estructura acorde al tamaño de cada municipio o creándose legalmente mediante acuerdos de Cabildo.
Ahí, el Gobernador agradeció a la secretaria de las Mujeres, María Herrera Páramo, pues igual en noviembre le pidió que se instale la “Agenda Estratégica para la Prevención, Atención y Sanción de la violencia contra las mujeres y niñas a través de la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad”, a lo cual se dio cumplimiento en enero, concretando una agenda que servirá para construir acuerdos específicos, teniendo como ejes principales la prevención de la violencia de género y feminicidios y la reducción del rezago en el acceso a la justicia.
A estos esfuerzos, continuó Vila Dosal, se les suma el trabajo realizado durante su Gobierno, tratando de brindar seguridad y un impulso económico a las mujeres de nuestro estado, así como en materia de prevención, por lo que se han realizado talleres y actividades en beneficio de más de 14,200 personas y, mediante campañas en medios digitales e impresos, se promocionó en los 106 municipios del estado un Yucatán libre de violencia.
Además, de que se cuentan con 14 Centros Municipales de Atención a la Violencia contra las Mujeres en los cuales se han brindado más de 56 mil servicios.
En su mensaje, el alcalde Renán Barrera enfatizó que la instalación de la Coordinación Municipal Contra la Violencia hacia las Mujeres del Municipio es un paso más para garantizar la protección y el ejercicio de sus derechos y un aliciente para continuar realizando políticas, lineamientos y mecanismos institucionales que fomenten un municipio basado en la igualdad de oportunidades entre géneros.
“Este Ayuntamiento está del lado de las mujeres y por eso ha puesto todo su esfuerzo en defender y poner en marcha políticas públicas que impulsen y consoliden mecanismos participativos e incluyentes, que procuren el bienestar de la población y, sobre todo, de la mujer”, expresó.
Mencionó que Mérida se integró en su momento a la Agenda Estratégica para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia contra Mujeres y Niñas en el Estado, con el firme propósito de seguir trabajando en acciones que permitan seguir avanzando en el desarrollo integral de la entidad, salvaguardando la vida de las mujeres y mejorando el clima de paz.
“Sabemos que los resultados son mejores y se dan más rápido si trabajamos coordinados en favor de la equidad de género”, apuntó.
Para mejorar la atención a las mujeres, el Gobernador indicó que, a pesar de la pandemia, se ha logrado capacitar en 6 cursos distintos al 100% del personal que trabaja en los Centros Municipales; en materia de justicia se realizó una inversión de 18.6 millones de pesos para entregar la tercera etapa del Centro de justicia de las Mujeres (CJM) y, en la contingencia sanitaria, se impulsó la línea de denuncia anónima 089 y el 911, donde en su conjunto, se ha dado 89 canalizaciones y, de manera adicional, y se dio 1,586 orientaciones vía WhatsApp desde que entró en operaciones en marzo.
«Asimismo, en beneficio de las mujeres mediante el fortalecimiento de nuestro sistema de justicia, presenté la iniciativa para modificar el Código Penal del Estado y la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en el Estado en materia de feminicidio ante el Congreso del Estado. Con lo que se logró que, de acuerdo con el INEGI, Yucatán sea el primer estado del país con mayor percepción de seguridad por parte de las mujeres y, también, ocupamos el tercer lugar nacional con menor incidencia delictiva en mujeres; cifra 6 veces menor que el promedio nacional», añadió Vila Dosal.
Tras presentar el recuento de acciones en la materia, el Gobernador aseveró que, si bien estamos avanzando en buen camino, aún queda mucho por hacer en la materia, por lo que celebró la instalación de esta Coordinación Municipal y, dijo que, durante todo el mes de marzo, se estarán realizando diversas actividades y temáticas para promover la autonomía y el empoderamiento de la mujer.
Por último, Vila Dosal llamó no bajar la guardia contra el Coronavirus, especialmente ante la cercanía de las vacaciones de Semana Santa, donde se pueden disparar los índices, por lo que pidió que las actividades a realizar en los días santos y la semana de Pascua, se realicen siempre cumpliendo los protocolos sanitarios y no descuidando las medidas de higiene.
La titular de Semujeres, María Herrera Páramo, explicó que la Coordinación municipal contra la Violencia hacia las Mujeres en el municipio de Mérida busca que, a través de la coordinación de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal), se delineen acciones dirigidas a difundir y garantizar los servicios para que las mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos tengan acceso a una respuesta integral.
“El objetivo general es coordinar las acciones de las instancias municipales, estatales y federales en materia de prevención, protección y atención integral de las violencias contra las mujeres en el territorio municipal a fin de garantizar la protección y el ejercicio de sus derechos”, señaló la funcionaria estatal.

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