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La Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, resultó responsable de encubrir la muerte del joven veracruzano José Eduardo Ravelo a manos del Estado.

La autoridad federal concluyó que el mandatario incluso participó en el escenario montado para deslindar a su gobierno del presunto homicidio, de modo que podría ser separado de su cargo para que enfrente las consecuencias penales que resulten.

De igual manera, mediante entrevista telefónica concedida a PRESIDIO, fuentes de la FGR revelaron que el Fiscal del Estado, Juan Manuel León León será inhabilitado para ser procesado por instrucciones de la Presidencia de la República en este caso que indignó a la sociedad mexicana.

El sustento de estas acciones legales contra las autoridades yucatecas, según se indicó, está basada en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en el Código Penal Federal.

Junto con el titular León León, otros funcionarios de la Fiscalía estatal serán separados de sus cargos al comprobarse su participación directa en la falsificación de dictámenes periciales y forenses, así como en la filtración de información reservada y materiales editados, con el fin de aparentar que la Policía Municipal de Mérida fue la responsable de la muerte del joven veracruzano.

“Al que cometa el delito de coalición de servidores públicos se le impondrán de dos años a siete años de prisión y multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente, en el momento de la comisión del delito, y destitución e inhabilitación de dos años a siete años para desempeñar”, según la Ley federal.

De la misma manera los fiscales de la FGR recabaron declaraciones y lograron identificar a todo el personal del Hospital Agustín O’Horán que tuvo contacto con el joven malherido y no le prestaron la debida atención, comenzando por el médico que lo discriminó y la doctora que ordenó ingresarlo al área Covid, donde contrajo la pulmonía que le quitó la vida.

“Se han establecido diferentes delitos de gravedad en torno a este caso, considerando que todos son servidores públicos y que su obligación es proteger y salvaguardar los derechos humanos de la población, independientemente de su origen, raza o condición social”, abundó la fuente.

El informante detalló que el delito de encubrimiento se castiga, según el Capítulo I de la Ley, con prisión de tres meses a tres años y de 15 a 60 días de multa, al que “con ánimo de lucro, después de la ejecución del delito y sin haber participado en éste, adquiera, reciba u oculte el producto de aquél a sabiendas de esta circunstancia”.

Asimismo cometen el delito de coalición de servidores públicos, y lo castiga el Artículo 216 del Código Penal federal, “los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas”.

Por último, la fuente de la FGR explicó que los delitos contemplados en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, son:

Ejercicio ilícito de servicio público

Tráfico de influencias

Abuso de Autoridad

Cohecho

Coalición de Servidores Públicos

Peculado

Uso indebido de atribuciones

Cohecho a servidores extranjeros

Concusión

Enriquecimiento ilícito

Intimidación

Ejercicio abusivo de funciones

Ejercicio Indebido en la Administración de la Justicia

 

¡No se la crea! Disfrute su Día de Santos Inocentes.

 

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