Un cartel de delincuentes dedicados a los fraudes mediante conciertos que nunca se llevan a cabo ha sido detectado operando en la Península, con decenas de víctimas a las cuales han estafado, con montos que van de los 200 mil a los 80 millones de pesos.

Una investigación realizada por los propios afectados reveló que detrás de esa estructura fraudulenta está un conocido ex dueño de antros en Mérida, identificado como Gilberto Andrade Hidalgo, un veracruzano que tiempo atrás operó los establecimientos nocturnos “+ de 30” y “Clásico Península”.

Los operadores de las estafas y las caras visibles, según los denunciantes, son Christian Allard Pérez Moreno, Karim Rahme de la Cerda, Santiago Cural Mora, Elsa María Kuk Padrón y Paola Gutiérrez Ochoa, una chilena radicada en Mérida, quienes organizan conciertos ficticios para luego robarse el dinero.

Los tres últimos mencionados fungen como “enganchadores”, mientras los dos primeros figuran como “apoderados legales” de la organización. En esta red cuentan con un cómplice titular de la Notaría 39 con sede en Mérida, a donde Pérez Moreno y Rahme de la Cerda llevan a sus víctimas para convencerlos de que “todo es legal” y que su dinero está garantizado mediante actas protocolizadas.

El modus operandi consiste en contactar a las víctimas mediante los “enganchadores”, que son conocidos en el ámbito de los bares y las discotecas, aunque algunos de los afectados señalaron que eran clientes de un establecimiento en Mérida denominado “Like”, donde Cural Mora fungiría como el gerente general.

Dicha persona los convencía de invertir en conciertos de talla internacional, con artistas como Luis Miguel, Alfredo Olivas, Netón Vega, Manuel Turizo, Sin Bandera y Lara Campos, entre otros.

El caso más grave documentado es por 80 millones de pesos al señor Salomón Guerrero Buendía, quien mediante presiones ha logrado recuperar 50 millones, de modo que aún le adeudan 30, los cuales le han ofrecido devolver conforme cierren “más contratos”.

El siguiente en la lista es Carlos Cárdenas Cáceres, empresario del ámbito restaurantero, a quien le estafaron 2.1 millones con la promesa de diversas presentaciones del cantante de corridos tumbados Neton Vega. También Reynaldo Berrocal Ortiz, José Alberto Gutiérrez y Emanuel Valerio, con 1.5 millones cada uno, por los artistas Alfredo Olivas (norteño y banda), Sin Bandera (pop romántico) y Manuel Turizo (reguetón y pop latino), respectivamente.

Lamentable fue el caso de una señora de la tercera edad a la que le robaron 200 mil pesos por la supuesta presentación de la cantante infantil Lara Campos. La señora Nilma Ravell Mena expuso que fue enganchada por su “amiga” Elsa Kuk.

Cárdenas Cáceres relata que él fue contactado el 14 de enero de 2025 por Santiago Cural para ofrecerle invertir en una serie de conciertos en los cuales eran socios Karim Rahme y Christian Allard, siendo este último quien se presenta como el CEO de la empresa Ire Balance Entertainment.

Indicó que se reunió al día siguiente con Pérez Moreno, quien le mostró una serie de proyecciones y presupuestos para que invierta 2.1 millones de pesos a cambio de cinco fechas del artista Neton Vega en Puebla, Mexicali, León, Morelia y Aguascalientes.

Sin embargo, bajo diferentes pretextos que atribuía a la informalidad o temas de salud del artista, se iban cancelando los conciertos prometidos con utilidades del 100, 75 y 50 por ciento, según la inversión.

Es por ello que después de varias promesas de devolver el dinero, evasivas y finalmente suspender toda comunicación, las víctimas decidieron interponer denuncias en la Fiscalía de Yucatán. Hasta ahora se ha identificado al menos 15 afectados, todos con procesos abiertos contra dicho cartel de estafadores de conciertos y se presume que hay muchos más que aún no asoman.

Los estafados convocan a las posibles víctimas a ponerse en contacto para establecer una demanda colectiva por fraude mayor, que está tipificado con penas de cárcel sin derecho a fianza, con el fin de obtener de la Fiscalía General del Estado las respectivas órdenes de aprehensión.

Una funcionaria de la Fiscalía General del Estado de Yucatán está poniéndose en el ojo del huracán al aparentemente estar frenando el avance de una carpeta de investigación contra un defraudador de Mérida.

La fiscal Yessica Margarita Chi Negrón, de la agencia especializada en Delitos Patrimoniales, ha retardado el proceso de investigación para que las personas afectadas tengan acceso a la justicia.

Sospechan que ha entrado en tratos económicos con el denunciado, Carlos Alberto Cherrez Cab, pues serían casi siete millones de pesos lo que se habría embolsado este sujeto de manera engañosa e ilegal.

Los defraudados son empleados del IMSS, activos y jubilados, así como amigos y conocidos de Cherrez Cab, a quienes les pedía dinero con el ofrecimiento de tener una gran oportunidad de inversión inmobiliaria en el oriente de Mérida.

En 2004, el ahora denunciado pedía 230 mil pesos a cada persona para invertir en lotes supuestamente ubicados en el fraccionamiento Vergel, y les permitía completar el monto en dos o tres pagos.

Sin embargo, al pasar el tiempo y no ver resultados, ni el fruto de su dinero un año después, dos personas solicitaron su devolución, pero no la obtuvieron y decidieron denunciar.

La denuncia es por el delito de abuso de confianza y fraude, a la cual se han sumado otras 14 personas, aunque serían 30 las defraudadas en total, todas aportando la misma cantidad, es decir, una estafa de 6 millones 900 mil pesos.

Según una de las 16 denunciantes, Marisa Librada Arceo Ucán, dentro de la carpeta de investigación FGE/PATRIM/UNADT-186/2025 contra Alberto Cherrez Cab, promovió el 4 de abril del año pasado una solicitud para que la Fiscalía girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Esta diligencia tiene como fin analizar los movimientos de las cuentas bancarias del investigado y rastrear el flujo del dinero que le fue entregado mediante diversas transferencias.

Con ello podrían esclarecerse los hechos y comprobarse el delito, pues se trata de una prueba técnica irrefutable de la CNBV que permitiría identificar depósitos, transferencias y el destino de los recursos.

La solicitud fue recibida en el día mencionado, pero al paso de los meses no se emitió acuerdo alguno, tampoco se resolvió la petición, ni se ejecutó la diligencia solicitada, a pesar de tratarse de una actuación clave y esencial para la justicia.

Por ello este año se promovió un juicio de amparo indirecto, en el que se denunció una “omisión ministerial continuada”, señalando que la falta de actuación constituye una forma de denegación de justicia y vulnera el derecho a una investigación efectiva.

Sin embargo, el caso tomó una dimensión aún más delicada al advertirse comunicaciones de la parte denunciada con la autoridad ministerial, es decir, la fiscal Chi Negrón.

Luego, en mensajes atribuidos a esta funcionaria de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía, se informó que la solicitud relacionada con la CNBV “ya se había pasado” y que se encontraban “en espera” de respuesta.

Estas aseveraciones hicieron creer a la parte denunciante que la diligencia se encontraba en trámite, lo cual resultó falso. Al percatarse de ello, es cuando Arceo Ucán decidió interponer un amparo contra la autoridad ministerial.

Su abogado explicó a PRESIDIO que la revisión del expediente y lo expuesto en el juicio de amparo revelan que no existe constancia de acuerdo, resolución ni ejecución de dicha diligencia, lo que evidencia una discrepancia entre lo comunicado y lo asentado formalmente en la carpeta.

A casi un año de presentada la solicitud, no hay determinación oficial sobre la misma dentro de la carpeta FGE/PATRIM/UNADT-186/2025 y se ha obstaculizado su judicialización para que los afectados puedan obtener justicia ante un juez y recuperar su dinero.

Este caso, junto con otros que hemos publicado, está dejando ver que al parecer Yucatán se está convirtiendo en el paraíso de los estafadores de inversiones, vehículos, propiedades y terrenos en la playa, entre otros.

Una persona perdió la vida al quedar incrustrado su automóvil bajo un camión de carga, esta mañana sobre la carretera Mérida-Chetumal.

El accidente, en el que tres personas más resultaron gravemente heridas, ocurrió cuando el conductor de la pesada unidad dio una vuelta prohibida sobre la vía federal.

Sucedió en el tramo Acanceh-Tecoh, a la altura del kilómetro 10 y cerca de la comisaría de Petectunich, Yucatán, dónde la circulación vehicular quedó limitada.

Se averiguó que el operador del camión, propiedad de Tito Sorense Martínez Gutiérrez, quiso retornar en un lugar prohibido y provocó el accidente.

Durante la maniobra al vehículo de carga se le impactó en el costado izquierdo un automóvil Honda, que avanzaba con preferencia y arrastró algunos metros la otra unidad.

El coche se incrustó bajo el camión y quedó completamente machacado en toda la parte delantera derecha, dónde acabó prensada y murió la persona que viajaba como copiloto.

Otras tres personas, entre ellas una mujer, fueron rescatadas por testigos que pasaban por el sitio, para después ser ser atendidos por paramédicos y trasladados a un hospital en la ciudad de Mérida.