El Paso de los Grillos
ROLANDO DEBIÓ A YUCATECOS INFRAESTRUCTURA SALVA-VIDAS: SCT
El Gobierno de Yucatán, junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ha invertido miles de millones de pesos en modernizar carreteras y puentes, pero sin solucionar los verdaderos problemas de vialidad en el Estado.
Un ejemplo es el paso a desnivel con salida a Progreso reinaugurado ayer, una obra en la que fueron invertidos 150 millones de pesos y que incluyó la demolición de una infraestructura que era funcional, pero perjudicaría las futuras operaciones de “Vía Montejo”.
Los millonarios recursos estatales y federales erogados en ese sitio fueron destinados para beneficiar a tres grandes empresarios que construyen “Vía Montejo”, pese a que las obras perjudicaron a cientos de miles de automovilistas durante meses.
En este sexenio, según declaró ayer en el evento inaugural el gobernador Rolando Zapata Bello con el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, se ha erogado más de mil millones de pesos en la construcción de 10 puentes o pasos a desnivel.
Algunos fueron edificados en el Periférico de Mérida y otros como el distribuidor del municipio de Baca y el de acceso al puerto de Progreso.
En tanto más de dos mil millones de pesos fueron invertidos en obras carreteras durante estos seis años.
Como PRESIDIO ha dado a conocer, uno de los socios inversionistas de “Vía Montejo” es el priista Emilio Gamboa Patrón, quien fue directamente beneficiado con la obra inaugurada ayer por la tarde.
Tras el acto protocolario, Zapata Bello se negó a responder las preguntas de la prensa, actitud que mantuvo a lo largo de su sexenio.
Ante ello, PRESIDIO preguntó al funcionario federal sobre los motivos que lo llevaron a destinar grandes cantidades de dinero en obras que parecen superfluas y por presiones de políticos con poder, en vez de solucionar problemas sensibles de vialidad en los cuales hay gente que está muriendo.
Como ejemplo se le mencionó los accidentes ocurridos con trenes que atraviesan carreteras y donde no existe la infraestructura para evitarlos, como pasos a desnivel.
El pasado día 2 publicamos que en la carretera Tixkokob-Mérida, a la altura del entronque a Tixpéhual, una locomotora con 10 vagones arrastró a un automóvil Chevy y mató a su conductor.
Otros casos ocurrieron el año pasado sobre el Periférico de Mérida, a la altura de la salida a Umán, donde un tren se llevó a vehículos que cruzan sobre esa vía que atraviesa ambos cuerpos de circulación.
Con diferencia de un mes, dos locomotoras chocaron contra tráileres y un auto compacto.
La misma situación de riesgo ocurre en el Periférico de la ciudad de Valladolid, donde las vías férreas emergen del monte alto y cruzan sobre la carretera.
En esos lugares todo el tiempo hay muertos, se le hizo notar a Ruiz Esparza, por falta de una adecuada infraestructura y señalización.
«No es eso, mire –dijo el funcionario al reportero-: hay una obligación por parte de los concesionarios de los ferrocarriles, no sólo en Yucatán sino en todo el país, de dar seguridad en los cruces carreteros».
Endosó esa responsabilidad a los municipios y al mismo Gobierno estatal, mientras Rolando Zapata escuchaba a su lado.
«Están establecidas las reglas de cómo se debe intervenir por parte del concesionario, por parte del municipio y por parte del Gobierno, eso es fundamental».
Por lo tanto, enfatizó que los puntos de riesgo tienen que ser atendidos, pero no es una responsabilidad que se deba dejar sólo al Gobierno Federal.
“Lamentablemente, aquí en el Sureste hubo mucha irregularidad en la concesión del tren; estamos tratando de corregirla, estamos dejando un tren totalmente legalizado cuando fue uno totalmente ilegalizado”.
Luego de esta breve declaración, personal de Comunicación Social del gobierno impidió más cuestionamientos.
Quedó claro el contraste en la inversión prioritaria para “Vía Montejo”, cuyos trabajos se hicieron a marchas forzadas en forma coordinada con la construcción de vialidades de dicho complejo habitacional y comercial.
Con la inversión de dinero público que realizó el Gobierno, toda la vialidad alrededor de “Vía Montejo” quedó amplia y de primer nivel, para lo cual la privada “donó” terreno, en el cual fueron invertidos recursos oficiales.
Hace siete meses, cuando inició la construcción en marzo, el delegado de la SCT en Yucatán y funcionarios estatales aseguraron que la inversión pública no tendría relación con “Vía Montejo” y tampoco se beneficiaría a la privada con conexiones viales, pero mintieron.
A la mitad de esta calle se construyen dos pasos a desnivel subterráneos, semejantes a la Glorieta de la Paz en Prolongación Montejo.
Según explicó un arquitecto a PRESIDIO, estos declives exclusivos para automóviles conectarán mediante túneles con “Vía Montejo”, específicamente a “The Harbor” y a las torres principales de residencias.
Pese a la insistencia en negar que esta residencial de lujo propiedad de Emilio Gamboa sería beneficiada con dinero público, los trabajos privados y las obras oficiales están concluyendo casi al mismo tiempo.
A la vialidad principal para acceder a “Vía Montejo”, motivo por el cual fue demolido y vuelto a construir el puente a Progreso, sólo falta terminar los pasos subterráneos que llegarán desde la calle 60 y algunos detalles de estética, como áreas verdes. A la par de los trabajos oficiales, “Vía Montejo” se observa casi listo.
Edoardo Manzanilla (PRESIDIO)
Una funcionaria de la Fiscalía General del Estado de Yucatán está poniéndose en el ojo del huracán al aparentemente estar frenando el avance de una carpeta de investigación contra un defraudador de Mérida.
La fiscal Yessica Margarita Chi Negrón, de la agencia especializada en Delitos Patrimoniales, ha retardado el proceso de investigación para que las personas afectadas tengan acceso a la justicia.
Sospechan que ha entrado en tratos económicos con el denunciado, Carlos Alberto Cherrez Cab, pues serían casi siete millones de pesos lo que se habría embolsado este sujeto de manera engañosa e ilegal.
Los defraudados son empleados del IMSS, activos y jubilados, así como amigos y conocidos de Cherrez Cab, a quienes les pedía dinero con el ofrecimiento de tener una gran oportunidad de inversión inmobiliaria en el oriente de Mérida.
En 2004, el ahora denunciado pedía 230 mil pesos a cada persona para invertir en lotes supuestamente ubicados en el fraccionamiento Vergel, y les permitía completar el monto en dos o tres pagos.
Sin embargo, al pasar el tiempo y no ver resultados, ni el fruto de su dinero un año después, dos personas solicitaron su devolución, pero no la obtuvieron y decidieron denunciar.
La denuncia es por el delito de abuso de confianza y fraude, a la cual se han sumado otras 14 personas, aunque serían 30 las defraudadas en total, todas aportando la misma cantidad, es decir, una estafa de 6 millones 900 mil pesos.
Según una de las 16 denunciantes, Marisa Librada Arceo Ucán, dentro de la carpeta de investigación FGE/PATRIM/UNADT-186/2025 contra Alberto Cherrez Cab, promovió el 4 de abril del año pasado una solicitud para que la Fiscalía girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Esta diligencia tiene como fin analizar los movimientos de las cuentas bancarias del investigado y rastrear el flujo del dinero que le fue entregado mediante diversas transferencias.
Con ello podrían esclarecerse los hechos y comprobarse el delito, pues se trata de una prueba técnica irrefutable de la CNBV que permitiría identificar depósitos, transferencias y el destino de los recursos.
La solicitud fue recibida en el día mencionado, pero al paso de los meses no se emitió acuerdo alguno, tampoco se resolvió la petición, ni se ejecutó la diligencia solicitada, a pesar de tratarse de una actuación clave y esencial para la justicia.
Por ello este año se promovió un juicio de amparo indirecto, en el que se denunció una “omisión ministerial continuada”, señalando que la falta de actuación constituye una forma de denegación de justicia y vulnera el derecho a una investigación efectiva.
Sin embargo, el caso tomó una dimensión aún más delicada al advertirse comunicaciones de la parte denunciada con la autoridad ministerial, es decir, la fiscal Chi Negrón.
Luego, en mensajes atribuidos a esta funcionaria de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía, se informó que la solicitud relacionada con la CNBV “ya se había pasado” y que se encontraban “en espera” de respuesta.
Estas aseveraciones hicieron creer a la parte denunciante que la diligencia se encontraba en trámite, lo cual resultó falso. Al percatarse de ello, es cuando Arceo Ucán decidió interponer un amparo contra la autoridad ministerial.
Su abogado explicó a PRESIDIO que la revisión del expediente y lo expuesto en el juicio de amparo revelan que no existe constancia de acuerdo, resolución ni ejecución de dicha diligencia, lo que evidencia una discrepancia entre lo comunicado y lo asentado formalmente en la carpeta.
A casi un año de presentada la solicitud, no hay determinación oficial sobre la misma dentro de la carpeta FGE/PATRIM/UNADT-186/2025 y se ha obstaculizado su judicialización para que los afectados puedan obtener justicia ante un juez y recuperar su dinero.
Este caso, junto con otros que hemos publicado, está dejando ver que al parecer Yucatán se está convirtiendo en el paraíso de los estafadores de inversiones, vehículos, propiedades y terrenos en la playa, entre otros.
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