El Paso de los Grillos
QUIEREN QUE EL TEATRO REGIONAL SEA PATRIMONIO DE YUCATÁN
La Fracción Legislativa del Partido Acción Nacional presentó en la sesión ordinaria, a la LXIII Legislatura la iniciativa para declarar el Teatro Regional Yucateco como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Yucatán, la cual se generó a raíz de la solicitud planteada por los hermanos Mario y Daniel Herrera Casares, que caracterizan a los cómicos regionales Dzereco y Nohoch, su padre el actor Mario Herrera Flores (“Mario III) y un grupo de artistas.
Al hacer uso de la palabra en la máxima Tribuna, la diputada Manuela Cocom Bolio destacó la importancia de recuperar nuestra esencia como yucatecos a través de los usos y costumbres, de nuestras tradiciones, de los eslabones de nuestra cultura, así como del español yucateco, es decir, la combinación de coloquialismos castellanos, con acento maya, “para esta Legislatura es fundamental establecer las bases adecuadas para la defensa del Patrimonio Cultural de nuestro Estado”.
“Nuestro estado posee una vasta riqueza cultural y muchos elementos susceptibles de ser protegidos ante los cambios de la modernidad y el avance de nuevas culturas y costumbres, pero hay una que ha permanecido por muchísimos años y que tiene una particularidad que nos demuestra la genuinidad del alma yucateca en la hermosa expresión escénica, llevando todos los eslabones de su cultura cada vez que se sube un telón, sin duda hablamos del Teatro Regional Yucateco”, resaltó.
En su turno, la diputada Fabiola Loeza Novelo entregó una iniciativa para la creación de la Ley Estatal para el Desarrollo y Protección de las Mujeres Jefas de Familia del Estado, con el fin de fomentar el empoderamiento de la mujer como jefas del hogar con medidas económicas gubernamentales.
“En sus 30 artículos y 8 capítulos se encuentran las previsiones pioneras en el establecimiento de condiciones óptimas para que las mujeres cuenten con herramientas y programas acordes a sus necesidades y las de su familia. Este Congreso con mayoría histórica de mujeres, reúne las condiciones para hacer posible que Yucatán se sume a otros estados en la ampliación de los derechos socioeconómicos de las jefas de familia”, agregó.
Gaspar Quintal Parra, diputado del PRI, hizo uso de la palabra para presentar la iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado para ampliar materias artísticas en el nivel medio superior, con el fin de ampliar el interés de los jóvenes en las artes y posicionar a Yucatán como semillero artístico y cultural.
La diputada de Morena, Alejandra Novelo Segura presentó una iniciativa para considerar como orden de protección la garantía del uso de la casa y el patrimonio familiar, pues señaló que una de las problemáticas que viven las mujeres es que cuando denuncian a algún familiar o a su pareja con quien comparte una casa, en ocasiones se ve obligada a dejar el espacio y buscar un refugio para vivir.
También, la diputada de Morena, Rubí Be Chan entregó la iniciativa para adicionar el artículo 27 Bis y un tercer párrafo al artículo 43 de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en el Estado, a fin de incrementar y facilitar el acceso a la impartición de justicia mediante mecanismos de solución de controversias tales como la mediación y la conciliación con ayuda de la tecnología y la comunicación creando un espacio virtual para la solución de conflictos.
El diputado Rafael Echazarreta Torres (Morena), presentó la iniciativa para modificar la Constitución Política del Estado en materia de responsabilidad política.
Durante los asuntos generales, la diputada Dafne López Osorio (PAN), con motivo del Día Mundial del Lupus (10 de mayo), destacó la importancia de fortalecer los esquemas de salud en México y el estado, refrendando el compromiso como representantes para adoptar normas y políticas que permitan a todas aquellas personas con esta y otras enfermedades una vida digna. De igual manera, mencionó que como muestra de apoyo se llevó a cabo la Iluminación del Edificio del Poder Legislativo en color morado por la fecha.
Por último, el diputado Crescencio Gutiérrez González (NA) presentó un punto de acuerdo para hacer un exhorto a la Cámara de Diputados para que, en el análisis de la iniciativa en materia de simplificación orgánica, se tomen en consideración reforzar a la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe para que no se vean afectadas la calidad y eficiencia de la educación, y respetar y garantizar la certeza jurídica en las relaciones laborales del personal docente.
En la sesión, se turnó a la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación las siguientes minutas: una para reformar y adicionar artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público; y otra minuta, para reformar la Constitución en materia de edad mínima para ocupar un cargo público, ambas remitidas por la Cámara de Senadores.
A la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, se envió la iniciativa referente a los informes de las cuentas públicas correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022 de Chichimilá y Río Lagartos.
La comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal analizará la iniciativa para modificar la Ley de Ingresos de Sotuta para el Ejercicio Fiscal 2023.
Por último, a la comisión de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo, se envió la iniciativa para reformar la Ley de Emprendedores del Estado, en materia de jóvenes emprendedores presentada por la diputada y diputado del PRI, Karla Franco Blanco y Gaspar Quintal Parra, respectivamente.
Se dio por enterada la LXIII Legislatura de los oficios enviados por los Congresos de Durango y de Michoacán.
Al término, se aprobó por unanimidad la celebración de una Sesión Solemne para el 17 de mayo con motivo de la entrega del Reconocimiento “A la Excelencia Docente del Estado”, para las 10 horas y, posteriormente la realización de la sesión ordinaria para el mismo día.
Sesión de la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología
En sesión de la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, se aprobó el dictamen para la modificación de la Ley de Educación del Estado respecto a la educación indígena y educación inclusiva, relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, subsecretaría General de Acuerdos, Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad.
También, se aprobó el dictamen para reformar la Ley de Educación del Estado, en materia de educación financiera.
Una funcionaria de la Fiscalía General del Estado de Yucatán está poniéndose en el ojo del huracán al aparentemente estar frenando el avance de una carpeta de investigación contra un defraudador de Mérida.
La fiscal Yessica Margarita Chi Negrón, de la agencia especializada en Delitos Patrimoniales, ha retardado el proceso de investigación para que las personas afectadas tengan acceso a la justicia.
Sospechan que ha entrado en tratos económicos con el denunciado, Carlos Alberto Cherrez Cab, pues serían casi siete millones de pesos lo que se habría embolsado este sujeto de manera engañosa e ilegal.
Los defraudados son empleados del IMSS, activos y jubilados, así como amigos y conocidos de Cherrez Cab, a quienes les pedía dinero con el ofrecimiento de tener una gran oportunidad de inversión inmobiliaria en el oriente de Mérida.
En 2004, el ahora denunciado pedía 230 mil pesos a cada persona para invertir en lotes supuestamente ubicados en el fraccionamiento Vergel, y les permitía completar el monto en dos o tres pagos.
Sin embargo, al pasar el tiempo y no ver resultados, ni el fruto de su dinero un año después, dos personas solicitaron su devolución, pero no la obtuvieron y decidieron denunciar.
La denuncia es por el delito de abuso de confianza y fraude, a la cual se han sumado otras 14 personas, aunque serían 30 las defraudadas en total, todas aportando la misma cantidad, es decir, una estafa de 6 millones 900 mil pesos.
Según una de las 16 denunciantes, Marisa Librada Arceo Ucán, dentro de la carpeta de investigación FGE/PATRIM/UNADT-186/2025 contra Alberto Cherrez Cab, promovió el 4 de abril del año pasado una solicitud para que la Fiscalía girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Esta diligencia tiene como fin analizar los movimientos de las cuentas bancarias del investigado y rastrear el flujo del dinero que le fue entregado mediante diversas transferencias.
Con ello podrían esclarecerse los hechos y comprobarse el delito, pues se trata de una prueba técnica irrefutable de la CNBV que permitiría identificar depósitos, transferencias y el destino de los recursos.
La solicitud fue recibida en el día mencionado, pero al paso de los meses no se emitió acuerdo alguno, tampoco se resolvió la petición, ni se ejecutó la diligencia solicitada, a pesar de tratarse de una actuación clave y esencial para la justicia.
Por ello este año se promovió un juicio de amparo indirecto, en el que se denunció una “omisión ministerial continuada”, señalando que la falta de actuación constituye una forma de denegación de justicia y vulnera el derecho a una investigación efectiva.
Sin embargo, el caso tomó una dimensión aún más delicada al advertirse comunicaciones de la parte denunciada con la autoridad ministerial, es decir, la fiscal Chi Negrón.
Luego, en mensajes atribuidos a esta funcionaria de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía, se informó que la solicitud relacionada con la CNBV “ya se había pasado” y que se encontraban “en espera” de respuesta.
Estas aseveraciones hicieron creer a la parte denunciante que la diligencia se encontraba en trámite, lo cual resultó falso. Al percatarse de ello, es cuando Arceo Ucán decidió interponer un amparo contra la autoridad ministerial.
Su abogado explicó a PRESIDIO que la revisión del expediente y lo expuesto en el juicio de amparo revelan que no existe constancia de acuerdo, resolución ni ejecución de dicha diligencia, lo que evidencia una discrepancia entre lo comunicado y lo asentado formalmente en la carpeta.
A casi un año de presentada la solicitud, no hay determinación oficial sobre la misma dentro de la carpeta FGE/PATRIM/UNADT-186/2025 y se ha obstaculizado su judicialización para que los afectados puedan obtener justicia ante un juez y recuperar su dinero.
Este caso, junto con otros que hemos publicado, está dejando ver que al parecer Yucatán se está convirtiendo en el paraíso de los estafadores de inversiones, vehículos, propiedades y terrenos en la playa, entre otros.
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