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PONEN ANTE EL JUEZ AL “CARNICERO” DE LEANDRO VALLE
–En la misma audiencia lo imputan y vinculan al homicidio del joven Roberto de Jesús Fuentes Amaro
#YUCATÁN El presunto homicida Izael Dzib Campos, acusado de asesinar, destazar y filetear al joven Roberto de Jesús Fuentes Amaro, fue puesto hoy ante el juez, que lo imputó por homicidio calificado.
Dzib Campos será procesado por ese delito luego de que presuntamente a finales de junio mató a un joven que estaba desaparecido y para deshacerse del cuerpo lo descuartizó, refrigeró parte de sus carnes que luego vendió y el resto lo arrojó a un pozo.
Los hechos ocurrieron en casa del acusado, en la calle 37 entre 4 y 6 de la colonia Leandro Valle.
Sin embargo, en materia de cadáveres la ley sólo castiga a quien oculte, traslade, mutile, incinere, destruya, sepulte o mande sepultar un cadáver, un feto o restos humanos, sin orden de la autoridad correspondiente, delito por el cual sólo recibiría prisión de entre tres días a tres años y de dos a 20 días multa.
Por ello es más viable que sea procesado por el delito de homicidio calificado, que se sanciona con pena corporal que va de 20 a 40 años.
Asimismo la versión del supuesto canibalismo no pudo corroborarse, además que es un delito que no existe en el Código Penal del Estado de Yucatán, el cual fue modificado el pasado 7 de junio.
Izael no logró deshacerse a tiempo de las evidencias que lo vinculaban a la muerte del joven Roberto de Jesús F.A., pues la mamá de su víctima logró dar con su paradero y a la postre mover al aparato policiaco para su captura.
Como informamos, el supuesto asesino salió libre del penal meridano porque no hubo motivo para el juez Kenny Martins Burgos Salazar de mantenerlo en prisión sólo acusado de los delitos de ataques peligrosos contra los agentes, resistencia y desobediencia, y portación de armas e instrumentos prohibidos, además de una mala integración de la carpeta por parte de la Fiscalía.
Se le citó para una audiencia de vinculación, pero Dzib Campos no acudió y se le declaró prófugo, motivo por el cual fue detenido y encerrado.
Ahora el juez de control Rómulo Antonio Bonilla Castañeda lo requirió y dictó auto de vinculación a proceso en contra de este sujeto por los sangrientos hechos ocurridos en la colonia Leandro Valle.
Sobre ese suceso, entre las últimas horas del 28 y las primeras del 29 de junio, el hoy imputado con un arma blanca habría privado de la vida a la víctima, sin que se sepa exactamente el motivo del crimen, pues se ha descartado que sea homosexual.
En el transcurso de la audiencia de hoy, el imputado se reservó el derecho a declarar y pidió que se resolviera su situación jurídica de una vez, por lo que el juez accedió a vincularlo al delito.
El juez puso un plazo de cuatro meses, solicitado por la Fiscalía, para continuar con la investigación complementaria y seguir aportando pruebas y elementos que lo incriminen.
Bonilla Castañeda impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dure el proceso.
Un operativo de la Policía Municipal permitió recuperar una motocicleta robada y detener al presunto responsable, durante la tarde de este jueves.
El vehículo, una Italika FT125, color rojo; fue robado en la madrugada del domicilio de Ermilo A., luego de que su hijo olvidara colocarle el candado.
Tras la denuncia, oficiales iniciaron la búsqueda y localizaron la motocicleta, ya pintada de negro, en la colonia Santa Rosa de Lima; donde inició una persecución.
La caza concluyó con la captura de un hombre, identificado como Carlos, de aproximadamente 36 años; quien fue trasladado al cuartel Morelos.
Durante el traslado, una mujer, que dijo ser su esposa, persiguió la unidad policial hasta las instalaciones. Sin embargo, los agentes lograron ingresarlo sin contratiempos.
Por último, el tipo fue puesto a disposición del departamento jurídico, donde se determinará su situación legal ante la Fiscalía General del Estado.
Un coso taurino, promovido por el Alcalde Felipe Díaz Marrufo, alias “Catarino”; fue clausurado este jueves, mediante un operativo encabezado por autoridades federales.
Cerca de 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y Secretaría de la Defensa Nacional; arribaron al sitio para garantizar la ejecución de la diligencia judicial.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) intervino tras detectar que la obra carecía de permisos y afectaba una zona de manglar.
Estas obras fueron cerradas como resultado de una investigación por el presunto impacto ambiental negativo del proyecto.
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