El Paso de los Grillos
NOTARIA FUE CLAVE EN DESPOJOS A EX ALCALDE
El caso de los hermanos Rodríguez Coello, nietos del ex alcalde de Mérida Herbé Rodríguez Abraham, sigue dando de qué hablar, al revelarse cómo aprovecharon la muerte de su abuela para manipular a su pariente viudo y quedarse con 36 propiedades, acabar con la finca que por años fomentó la señora fallecida y destruir los vínculos familiares, al grado de desconocer a su propio padre.
Hasta la fecha, Herbé y Gibran no hablan a su padre Herbé Jesús Rodríguez Sahuí, reveló una fuente cercana, ya que en muchas ocasiones trató de hacer reaccionar a sus hijos sobre su mal proceder, pero ellos «simplemente, de manera malagradecida, sólo le expresaban su rencor e ingratitud».
Nuevas revelaciones del caso señalan que los hermanos Rodríguez Coello fueron maquilando sus crímenes desde el año en que fallece su abuela Ligia Sahuí de Rodríguez, ya que se aprovecharon del dolor de su abuelo y su maltrecha condición física para llevarlo a firmar con engaños a la notaría de Alejandro José Monsreal Rodríguez.
En esas operaciones se tiene conocimiento, como hemos informado en anteriores notas, que también participaron el notario público 25 Luis Enrique López Martín y el hoy fallecido abogado Pedro Vicente Solís Cano, quien fuera titular de la notaría 63, con diferentes actos ilegales y de corrupción para favorecer a los nietos en el despojo de propiedades a su abuelo.
En todo ello siempre fue su cómplice la hoy notaria Carolina Cervantes, quien de manera diligente les veía todo tipo de trámites, contratos de renta y escrituras, ya que en ese tiempo ella era la escribana de la notaría de Monsreal, en complicidad especialmente con Herbé Rodríguez Coello, pues desde esa fecha sostienen una relación muy estrecha.
Por ello, añadió la fuente, han hecho y deshecho lo que han querido con las propiedades de sus abuelos Herbé y Ligia, prueba de ello es que su abuela tenía un terreno muy grande en donde levantó una finca y por muchos años ella la fomentaba con huertos de frutas y verduras.
Sin embargo, sólo esperaron a que muriera la señora Sahuí para apoderarse de dicha finca, para después tirar la casa y destruir todo lo que con tanto esfuerzo logró su abuela, para poder dividir el terreno en fracciones y ponerlos a sus prestadores de nombres, bajo diversas artimañas y en complicidad con la notaria Carolina Cervantes.
Eso es sólo un ejemplo, relata, de las barbaridades que han hecho los hermanos Herbé y Gibrán Rodríguez Coello para apoderarse suciamente de los bienes de sus abuelos.
La licenciada Carolina Cervantes es tan cercana a Herbé Rodríguez Coello y la mafia inmobiliaria de Yucatán, que le dieron como premio la notaría 126, ubicada en la calle 31 número 420 por 31 y 33 de la colonia Montebello.
«En realidad dicho inmueble se lo arrebataron los hermanos Herbé y Gibrán al señor Alonso, quitándole su casa por agiotismo. Y no es la primera vez que este par de personas (al día de hoy vinculadas por una juez) lo hacen, pues también quitaron su patrimonio a un vendedor de vehículos que laboraba en un lote denominado Autos Libanés».
La pregunta que nos hacemos es cómo la notaría número 126, a cargo de Carolina Cervantes, puede estar siendo utilizada para controlar todo desde ahí, porque también son las oficinas de los hoy vinculados Herbé Jesús y Gibrán Herbé Rodríguez Coello, y qué más podemos esperar de estos delincuentes de cuello blanco y de sus cómplices, finalizó.
Una funcionaria de la Fiscalía General del Estado de Yucatán está poniéndose en el ojo del huracán al aparentemente estar frenando el avance de una carpeta de investigación contra un defraudador de Mérida.
La fiscal Yessica Margarita Chi Negrón, de la agencia especializada en Delitos Patrimoniales, ha retardado el proceso de investigación para que las personas afectadas tengan acceso a la justicia.
Sospechan que ha entrado en tratos económicos con el denunciado, Carlos Alberto Cherrez Cab, pues serían casi siete millones de pesos lo que se habría embolsado este sujeto de manera engañosa e ilegal.
Los defraudados son empleados del IMSS, activos y jubilados, así como amigos y conocidos de Cherrez Cab, a quienes les pedía dinero con el ofrecimiento de tener una gran oportunidad de inversión inmobiliaria en el oriente de Mérida.
En 2004, el ahora denunciado pedía 230 mil pesos a cada persona para invertir en lotes supuestamente ubicados en el fraccionamiento Vergel, y les permitía completar el monto en dos o tres pagos.
Sin embargo, al pasar el tiempo y no ver resultados, ni el fruto de su dinero un año después, dos personas solicitaron su devolución, pero no la obtuvieron y decidieron denunciar.
La denuncia es por el delito de abuso de confianza y fraude, a la cual se han sumado otras 14 personas, aunque serían 30 las defraudadas en total, todas aportando la misma cantidad, es decir, una estafa de 6 millones 900 mil pesos.
Según una de las 16 denunciantes, Marisa Librada Arceo Ucán, dentro de la carpeta de investigación FGE/PATRIM/UNADT-186/2025 contra Alberto Cherrez Cab, promovió el 4 de abril del año pasado una solicitud para que la Fiscalía girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Esta diligencia tiene como fin analizar los movimientos de las cuentas bancarias del investigado y rastrear el flujo del dinero que le fue entregado mediante diversas transferencias.
Con ello podrían esclarecerse los hechos y comprobarse el delito, pues se trata de una prueba técnica irrefutable de la CNBV que permitiría identificar depósitos, transferencias y el destino de los recursos.
La solicitud fue recibida en el día mencionado, pero al paso de los meses no se emitió acuerdo alguno, tampoco se resolvió la petición, ni se ejecutó la diligencia solicitada, a pesar de tratarse de una actuación clave y esencial para la justicia.
Por ello este año se promovió un juicio de amparo indirecto, en el que se denunció una “omisión ministerial continuada”, señalando que la falta de actuación constituye una forma de denegación de justicia y vulnera el derecho a una investigación efectiva.
Sin embargo, el caso tomó una dimensión aún más delicada al advertirse comunicaciones de la parte denunciada con la autoridad ministerial, es decir, la fiscal Chi Negrón.
Luego, en mensajes atribuidos a esta funcionaria de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía, se informó que la solicitud relacionada con la CNBV “ya se había pasado” y que se encontraban “en espera” de respuesta.
Estas aseveraciones hicieron creer a la parte denunciante que la diligencia se encontraba en trámite, lo cual resultó falso. Al percatarse de ello, es cuando Arceo Ucán decidió interponer un amparo contra la autoridad ministerial.
Su abogado explicó a PRESIDIO que la revisión del expediente y lo expuesto en el juicio de amparo revelan que no existe constancia de acuerdo, resolución ni ejecución de dicha diligencia, lo que evidencia una discrepancia entre lo comunicado y lo asentado formalmente en la carpeta.
A casi un año de presentada la solicitud, no hay determinación oficial sobre la misma dentro de la carpeta FGE/PATRIM/UNADT-186/2025 y se ha obstaculizado su judicialización para que los afectados puedan obtener justicia ante un juez y recuperar su dinero.
Este caso, junto con otros que hemos publicado, está dejando ver que al parecer Yucatán se está convirtiendo en el paraíso de los estafadores de inversiones, vehículos, propiedades y terrenos en la playa, entre otros.
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