El Paso de los Grillos
LO ARROLLA SSP, LO INCULPA Y NIEGA ACCESO A CÁMARAS
Una camioneta de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán embistió y dejó herido de gravedad a un motociclista que circulaba sobre la avenida “Mérida 2000”, al surponiente de la ciudad.
Por el impacto, el guiador de la moto fue lanzado a varios metros sobre la avenida, donde quedó inconsciente y malherido.
Tras el hecho, la Policía Estatal no admitió su responsabilidad y, en cambio, mandó custodia al hospital donde se encuentra ingresado para que pague por los daños causados a la patrulla.
El motociclista arrollado es Youseff Abraham Memery Góngora, de 27 años de edad, quien resultó con fractura expuesta de tibia y peroné, múltiples fracturas en la pelvis, hematoma en un riñón y con el dedo medio de la mano derecha destrozado.
Los hechos ocurrieron a la 1:40 la madrugada del martes 31 de diciembre pasado sobre dicha avenida, a la altura de la calle 71 del fraccionamiento Jardines de Nueva Mulsay.
Pese a la hora, en el suceso hubo varios testigos. Sin embargo, fueron amenazados por los agentes cuando grababan y tomaban fotos con sus teléfonos celulares, según el relato de algunos de ellos, entrevistados por PRESIDIO.
Justo donde fue el accidente hay instaladas cámaras de vigilancia del programa “Yucatán Seguro” –antes “Escudo Yucatán”- que graban las 24 horas.
Sin embargo, no se ha permitido a los familiares acceder a las grabaciones para corroborar las versiones y determinar al responsable del hecho, confirmó a PRESIDIO el señor José Alberto Memery Arjona, padre del lesionado.
El joven narró que transitaba sobre la avenida cuando llegó al retorno con la calle 71, donde se ubica la taquería “El buen pastor”, y se detuvo entre camellones cuando vio unidades de Policía que se aproximaban con torretas y sirenas, en dirección sur a norte.
Según su versión, vio cómo cruzaron velozmente dos patrullas de la SSP con las señales de emergencia encendidas. Una vez que pasaron, presuntamente llevando a un detenido, el motociclista reanudó su marcha sobre la avenida, tomando la misma dirección que las unidades.
En ese momento asomó una tercera unidad, la número 6646, sin luces de emergencia ni sirenas, y lo embistió con su parte frontal derecha, lanzándolo por alrededor de 30 metros.
Un testigo dijo a PRESIDIO que la patrulla iba bastante rezagada de las demás y que chocó por alcance al motociclista, el cual se acababa de incorporar a la arteria y al parecer no se percató de la unidad, ni de la gran velocidad que llevaba.
El testigo –quien en la entrevista expuso que fue amenazado por un comandante de la SSP en el lugar- coincidió con la versión del motociclista, de que la patrulla no llevaba luces ni sonido de emergencia.
Otra mujer que atestiguó el accidente aseguró que la patrulla estaba detenida junto a la taquería y “salió de momento” tras cruzar las primeras unidades, y que en su camino arrolló al motociclista.
El joven quedó tendido junto a la acera de una tienda Oxxo y la motocicleta unos 10 metros después. La camioneta policial se quedó también en el sitio.
Una ambulancia de la misma SSP llegó a los pocos minutos y sus paramédicos valoraron al lesionado, que había recobrado el conocimiento y se encontraba retorciéndose, entre gritos de dolor.
Por lo maltrecho que se veía, varios creyeron que no sobreviviría a las lesiones.
Uno de los entrevistados mencionó que escuchó a un agente decir: “Ya le llevó la verga al chavo”, mientras dejaba ver una sonrisa. Otros policías, dijo, murmuraban que “sale más barato muerto que vivo”.
Pero lo que tiene indignados a los familiares de Youssef es que, al parecer, los socorristas de la SSP recibieron una indicación superior de “dejar que se muera”.
“Cuando lo levantaron de la calle para ponerlo en la camilla, lo hicieron sin aparente cuidado –prosigue uno de los testigos-, a pesar de que todos oíamos cómo se quejaba. Luego se quedaron alrededor de 20 minutos estacionados en la ambulancia, con las puertas cerradas”.
“Cuando se retiraron del sitio lo hicieron con sirenas, pero sin la velocidad de una emergencia”, agregó.
Según refirió una joven que se retiró después de la ambulancia, sorprendida vio que la unidad se quedó estacionada “un buen tiempo” en una taquería frente a la gasolinera de la avenida Xoclán, lo que la hace pensar que “estaban esperando que muriera”.
Finalmente el motociclista llegó al Hospital O’Horán, donde le prestaron la atención médica debida. A la fecha, cinco días después del accidente, permanece ingresado en espera de cirugía, ya fuera de peligro.
Ante la negativa de la SSP de mostrar las grabaciones, los padres se dieron a la tarea de localizar a los testigos que pudieran aportar datos.
No ha sido fácil porque la mayoría de las personas fueron amenazadas de que si hablan “se irían contra ellas”. Gran parte de los testigos laboran en comercios cercanos y otros son clientes de los mismos.
Señalaron que cuando vieron el accidente se acercaron para tratar de ayudar y algunos sacaron sus teléfonos para grabar vídeo y tomar fotografías del suceso, pero los agentes lo prohibieron. Luego colocaron cintas amarillas.
Añadieron que incluso hubo uno –al parecer comandante- que exigió a un testigo que le entregara su teléfono y borró las imágenes.
Las pocas fotografías de que se dispone fueron tomadas a distancia, para evitar ser detenidos.
Los padres de Youssef se preguntan en manos de quiénes estamos los yucatecos, que nos vemos desamparados ante este tipo de situaciones.
“Se supone que estando la Policía de por medio te debes sentir seguro. Pero en este caso está sucediendo lo contrario”, señaló el papá.
Admitió que hay habitantes de Yucatán que sienten miedo de sus autoridades, pero otra gran parte experimenta impotencia o coraje. “Y no lo sabes, o no lo crees, hasta que te pasa”.
El señor Memery Arjona también aceptó que cualquiera puede tener un accidente, “pero aquí el problema es que quieren deslindarse y echar toda la culpa a mi hijo”.
Hasta ayer el motociclista estaba “en calidad de detenido” y con custodia en el hospital. Primero con un agente de la Fiscalía General del Estado en el acceso a camas y luego otro junto a la de él.
Al preguntar su padre el motivo a un agente de la SSP, recibió como respuesta que “son órdenes”. Ahora su hijo está en manos del Ministerio Público, según le informaron al retirarle la custodia policial.
Por parte la SSP se niegan a dar detalles de lo ocurrido. La corporación sólo refiere que “se sigue el procedimiento”.
Recalcan los familiares que en el punto donde ocurrió el accidente hay cámaras de la SSP, de modo que esperan que la Policía yucateca permita salir de dudas con esas grabaciones, ya que es un derecho que tienen como ciudadanos.
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Una funcionaria de la Fiscalía General del Estado de Yucatán está poniéndose en el ojo del huracán al aparentemente estar frenando el avance de una carpeta de investigación contra un defraudador de Mérida.
La fiscal Yessica Margarita Chi Negrón, de la agencia especializada en Delitos Patrimoniales, ha retardado el proceso de investigación para que las personas afectadas tengan acceso a la justicia.
Sospechan que ha entrado en tratos económicos con el denunciado, Carlos Alberto Cherrez Cab, pues serían casi siete millones de pesos lo que se habría embolsado este sujeto de manera engañosa e ilegal.
Los defraudados son empleados del IMSS, activos y jubilados, así como amigos y conocidos de Cherrez Cab, a quienes les pedía dinero con el ofrecimiento de tener una gran oportunidad de inversión inmobiliaria en el oriente de Mérida.
En 2004, el ahora denunciado pedía 230 mil pesos a cada persona para invertir en lotes supuestamente ubicados en el fraccionamiento Vergel, y les permitía completar el monto en dos o tres pagos.
Sin embargo, al pasar el tiempo y no ver resultados, ni el fruto de su dinero un año después, dos personas solicitaron su devolución, pero no la obtuvieron y decidieron denunciar.
La denuncia es por el delito de abuso de confianza y fraude, a la cual se han sumado otras 14 personas, aunque serían 30 las defraudadas en total, todas aportando la misma cantidad, es decir, una estafa de 6 millones 900 mil pesos.
Según una de las 16 denunciantes, Marisa Librada Arceo Ucán, dentro de la carpeta de investigación FGE/PATRIM/UNADT-186/2025 contra Alberto Cherrez Cab, promovió el 4 de abril del año pasado una solicitud para que la Fiscalía girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Esta diligencia tiene como fin analizar los movimientos de las cuentas bancarias del investigado y rastrear el flujo del dinero que le fue entregado mediante diversas transferencias.
Con ello podrían esclarecerse los hechos y comprobarse el delito, pues se trata de una prueba técnica irrefutable de la CNBV que permitiría identificar depósitos, transferencias y el destino de los recursos.
La solicitud fue recibida en el día mencionado, pero al paso de los meses no se emitió acuerdo alguno, tampoco se resolvió la petición, ni se ejecutó la diligencia solicitada, a pesar de tratarse de una actuación clave y esencial para la justicia.
Por ello este año se promovió un juicio de amparo indirecto, en el que se denunció una “omisión ministerial continuada”, señalando que la falta de actuación constituye una forma de denegación de justicia y vulnera el derecho a una investigación efectiva.
Sin embargo, el caso tomó una dimensión aún más delicada al advertirse comunicaciones de la parte denunciada con la autoridad ministerial, es decir, la fiscal Chi Negrón.
Luego, en mensajes atribuidos a esta funcionaria de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía, se informó que la solicitud relacionada con la CNBV “ya se había pasado” y que se encontraban “en espera” de respuesta.
Estas aseveraciones hicieron creer a la parte denunciante que la diligencia se encontraba en trámite, lo cual resultó falso. Al percatarse de ello, es cuando Arceo Ucán decidió interponer un amparo contra la autoridad ministerial.
Su abogado explicó a PRESIDIO que la revisión del expediente y lo expuesto en el juicio de amparo revelan que no existe constancia de acuerdo, resolución ni ejecución de dicha diligencia, lo que evidencia una discrepancia entre lo comunicado y lo asentado formalmente en la carpeta.
A casi un año de presentada la solicitud, no hay determinación oficial sobre la misma dentro de la carpeta FGE/PATRIM/UNADT-186/2025 y se ha obstaculizado su judicialización para que los afectados puedan obtener justicia ante un juez y recuperar su dinero.
Este caso, junto con otros que hemos publicado, está dejando ver que al parecer Yucatán se está convirtiendo en el paraíso de los estafadores de inversiones, vehículos, propiedades y terrenos en la playa, entre otros.
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