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LIBRÓ LA MUERTE; HOY ES VÍCTIMA DE INJUSTICIA

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Casi 15 días después de que iba caminando sobre la acera y un volquete la dejó al borde de la muerte, la joven Mili Irene Euán Cobá pudo sobrevivir, pero hoy se debate entre elevados gastos médicos y lo que parece ser una grave corrupción entre autoridades y aseguradoras.
La muchacha, que fue atropellada el pasado lunes 7 en el fraccionamiento Polígono 108, resultó con múltiples golpes internos y fracturas en la pelvis, pierna y brazo izquierdos.
PRESIDIO informó que la jovencita caminaba sobre la acera de la calle 20 con 33 cuando un volquete perdió el control y embistió un vehículo estacionado, el cual fue arrojado violentamente contra la muchacha y ésta quedó herida, aplastada debajo de la segunda unidad.
La fuerza del impacto fue tal que el vehículo estacionado quedó encima de la acera y el camión de volteo dentro de un predio, del cual derribó la reja y el muro.

En ese momento llegaron ajustadores de la compañía Quálitas, que aparentemente dieron todas las facilidades y enviaron a la joven herida al hospital Star Médica de Altabrisa. Pero allí sólo hizo un día porque los doctores informaron a sus familiares que la aseguradora avisó que no se haría cargo de los gastos.
La muchacha necesitaba entrar de urgencia a cirugía por los graves golpes en el abdomen y la fractura de la pelvis, de modo que consiguieron una ambulancia para trasladarla al hospital Agustín O’Horán, donde hasta hoy permanece.
La aseguradora del volquete, Quálitas, no ha querido cruzar palabra con nosotros y en la Fiscalía General del Estado nos dicen que “nada se puede hacer” y que este asunto “va para largo”, señalan los padres de Mili Irene.
Según su mamá, la señora María Euán Cobá, los daños a la casa y al segundo vehículo involucrado ya fueron cubiertos, no así los gastos médicos generados en los dos nosocomios donde la muchacha ha estado internada.
“En el Star Médica la cuenta por ese día de atención llegó a 40 mil pesos, pero al ver nuestra situación económica nos hicieron un descuento de casi la mitad, que firmamos en pagaré y aún debemos”.
Relata que aunque su hija ha logrado librar la muerte, los médicos del O’Horán tienen un pronóstico reservado tras la operación, pues podrían haberse formado cápsulas de aire durante la cirugía, que si llegan al corazón sería fatal.
“Ni el dueño del volquete, ni la aseguradora Quálitas han querido cruzar palabra con nosotros. Por terceras personas nos mandan a decir que no pagarán porque la póliza estaba vencida, pero no es verdad porque tenemos una foto donde se ve que está vigente”.

Entonces nos dijeron que no se harán responsables porque el chofer estaba alcoholizado, pero tampoco es cierto porque todos los vecinos lo vimos y los policías que tomaron conocimiento así lo certificaron, señala.
Tampoco en la Fiscalía nos ayudan: sólo nos dicen que debemos contratar un abogado; que no se puede hacer nada y que el asunto va para largo.
“En la FGE no nos permiten poner una demanda para asegurarnos del pago porque, dicen, ya existe una que se levantó el día del accidente y que hicieron firmar a mi hija cuando estaba sedada en el hospital”.
Al chofer del volquete lo dejaron libre debido a “la nueva ley”, nos explicaron, y que no se le pudo mantener preso “por falta de elementos”.
Si mi hija muere, ¿entonces quién se va a hacer responsable?, pregunta la madre de familia, quien vive en el predio 342 de la calle 37 por 18 y 20 de Polígono 108, a dos cuadras de donde ocurrió el atropellamiento.

La familia carece de dinero para afrontar los gastos y para pagar a quién los asesore en este proceso, donde se sienten víctimas de una injusticia por los aparentes arreglos entre autoridades y la compañía aseguradora.
Por eso la señora, que tiene el número telefónico 9994189047, invoca a la ayuda de la sociedad yucateca, que quedó impactada por la forma en que sucedió el accidente hace casi 15 días y que ha ocasionado discapacidad a la jovencita de 20 años de edad, la cual se mantiene postrada en la cama del hospital O’Horán sin saber lo que le espera.

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“YA MATÉ A MAMÁ”, MENSAJEÓ MATRICIDA

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“Ya maté a mamá, está tirada en el baño”, fue el mensaje que envió a su hermano el asesino de una mujer de la tercera edad, ayer en la quinta “San Cruz” de la comisaría de Cholul.

El hijo de la víctima, Rogelio V. G., de 39 años, confesó por Whatsapp haber asesinado a su madre el “Día del Padre”, para después intentar acabar con su vida.

El cuerpo sin vida de la madre, Lucelly G. A., de 72 años, fue encontrado por su otro hijo “Roberto” en el jardín de la quinta privada, que se ubica en el tramo carretero Cholul-Stipach y se renta para eventos.

Según testigos, Rogelio cometió el crimen bajo los efectos de alguna droga y presuntamente atacó a la mujer con un cuchillo cebollero.

Una versión señala que poco antes el agresor y la víctima discutieron por dinero, ya que la señora Lucelly se habría negado a darle efectivo a su hijo.

La señora estaba en el baño cuando su hijo entró y le causó una herida mortal en el cuello. La mujer murió desangrada y el asesino, en su desesperación, habría arrastrado el cuerpo hasta el jardín.

Después de cometer el crimen el matricida se auto infligió lesiones, al parecer para acabar con su vida, aunque sobrevivió y fue hospitalizado.

Al llegar, policías y fiscales encontraron múltiples habitaciones ensangrentadas, por lo que colocaron acordonamientos en distintas áreas de la propiedad.

Hasta ahora se mantiene el hermetismo de la Secretaría de Seguridad Pública en torno al caso, que se ha negado a emitir información oficial.

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MU£RTO Y H£RIDOS EN AUTOBÚS DE PUEBLA A MÉRIDA

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Durante la madrugada de este lunes, un autobús de la línea ADO se impactó por alcance contra un tractocamión que remolcaba dos jaulas graneleras, en el kilómetro 149 de la autopista Isla–Acayucan, con dirección a Acayucan.

La unidad de pasajeros, con número económico 0610, cubría la ruta desde Puebla con destino a Mérida, Yucatán, cuando ocurrió el siniestro, reportado por automovilistas que transitaban también por la vía conocida como La Tinaja–Cosoleacaque.

Tras el accidente, acudieron de inmediato paramédicos de CAPUFE, Protección Civil de Acayucan y Oluta, elementos de la Cruz Roja y otras corporaciones de emergencia para atender a los heridos.

Lamentablemente, el conductor del autobús falleció a causa del fuerte impacto, mientras que al menos 20 pasajeros resultaron lesionados y fueron atendidos en el lugar o trasladados a hospitales cercanos.

La circulación vehicular fue suspendida mientras personal de emergencia realizaba maniobras de auxilio, con apoyo de la Guardia Nacional División Carreteras, Policía Estatal y otras autoridades.

Elementos de la Fiscalía General del Estado llegaron posteriormente, acompañados por peritos en criminalística y Policía Ministerial Acreditable, quienes iniciaron el peritaje correspondiente.

El cuerpo del conductor fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley y se espera sea reconocido por sus familiares.

Hasta el momento, se desconocen las causas oficiales del accidente, mientras continúan las investigaciones por parte de las autoridades competentes.

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APUÑALÓ Y ENTERRÓ A SU PROPIO AMIGO, MAESTRO DE TZUCACAB

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Fue asesinado por su propio amigo el profesor Edwin Mukul, originario del municipio de Tzucacab, según las primeras investigaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Ayer cerca de la medianoche la corporación publicó un comunicado en el que informó sobre la detención de Javier Esteban, de 30 años, igual originario de Tzucacab y de oficio agricultor.

En el boletín se explica que ambos tenían una relación de amistad y confianza y que el crimen ocurrió entre la noche del pasado sábado 17 y las primeras horas del domingo 18 mayo, en un predio de la localidad de Tigre Grande.

La corporación policial reunió suficientes datos de prueba para que un juez de control concediera una orden de aprehensión, que se ejecutó ayer por el delito de homicidio calificado.

El cuerpo, según confirmó la SSP, presentaba cortes por arma blanca en distintas partes y fue hallado en una excavación de aproximadamente un metro de profundidad, al fondo de un predio que es propiedad del acusado.

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