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EQUIPAN A POLICÍAS CON CHANCLAS “DURA MIL”
–Evidente carencia de implementos y capacitación de agentes en los municipios, donde realizan detenciones cuya brutalidad ocasiona muertes
#YUCATÁN Policías del municipio yucateco de Chichimilá están a cargo de la seguridad de esta cabecera y sus comisarías equipados con calzado tipo chancletas “Dura mil”.
Los millonarios recursos asignados a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán aparentemente no llegan a este lugar localizado en el oriente del estado, como tampoco la capacitación ofrecida a través del programa “Yucatán Seguro”.
En la comisaría de Chan Xcail fue evidente este fin de semana la falta de preparación de los uniformados, que batallaron para detener a dos jóvenes que fueron reportados por estar ingiriendo bebidas embriagantes en un parque.
Los jóvenes fueron arrestados con empujones, golpes y jaloneos debido a que los policías carecen de tácticas policiales y conocimientos básicos de defensa personal.
A pesar de que los oficiales municipales arriesgan su integridad física, no se les dota del equipo necesario para realizar su trabajo y tampoco se les proporciona adiestramiento para realizar detenciones, varias de las cuales han terminado en muertes por brutalidad policial.
En un vídeo del arresto en Chan Xcail se observa cómo los policías perdían sus chanclas en el forcejeo, por momentos se les salían de sus pies y descalzos lograron someter a las personas.
El episodio contrasta con las imágenes difundidas por el gobierno yucateco donde muestra elementos capacitados, armas y equipos de última generación para proteger a la población.
La situación laboral de los policías de Chichimilá es deprimente, pues sólo cuentan con una playera con leyenda de “Policía Municipal Coordinada”, un pantalón y acuden a trabajar con sus chanclas “Dura mil”.
En Yucatán, los recursos enviados por la Federación a los municipios se reciben mediante el Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG).
El dinero es liberado y controlado mediante convenios que suscribe el titular de la SSP, Luis Felipe Saidén Ojeda, quien en realidad ejerce los millonarios recursos.
Como ejemplo, este año 2020 Mérida figuró entre los tres municipios de México que recibió la mayor cantidad de dinero, con 52 millones 529 mil 565 pesos, después de Tijuana, Baja California, con 54 millones 419 mil 559, y Guadalajara, Jalisco, con 54 millones 37 mil 974, de acuerdo con datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.
En el caso de Yucatán, este recurso se complementa con los 2,600 millones de pesos destinados a “Yucatán Seguro” y que supuestamente un Comité integrado por cámaras empresariales y organizaciones civiles se encargaría de vigilar que tenga buen uso.
Sin embargo, es evidente que ese dinero, otorgado mediante un préstamo aprobado por los diputados locales, no llega a las corporaciones municipales donde se necesita.
Un operativo de la Policía Municipal permitió recuperar una motocicleta robada y detener al presunto responsable, durante la tarde de este jueves.
El vehículo, una Italika FT125, color rojo; fue robado en la madrugada del domicilio de Ermilo A., luego de que su hijo olvidara colocarle el candado.
Tras la denuncia, oficiales iniciaron la búsqueda y localizaron la motocicleta, ya pintada de negro, en la colonia Santa Rosa de Lima; donde inició una persecución.
La caza concluyó con la captura de un hombre, identificado como Carlos, de aproximadamente 36 años; quien fue trasladado al cuartel Morelos.
Durante el traslado, una mujer, que dijo ser su esposa, persiguió la unidad policial hasta las instalaciones. Sin embargo, los agentes lograron ingresarlo sin contratiempos.
Por último, el tipo fue puesto a disposición del departamento jurídico, donde se determinará su situación legal ante la Fiscalía General del Estado.
Un coso taurino, promovido por el Alcalde Felipe Díaz Marrufo, alias “Catarino”; fue clausurado este jueves, mediante un operativo encabezado por autoridades federales.
Cerca de 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y Secretaría de la Defensa Nacional; arribaron al sitio para garantizar la ejecución de la diligencia judicial.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) intervino tras detectar que la obra carecía de permisos y afectaba una zona de manglar.
Estas obras fueron cerradas como resultado de una investigación por el presunto impacto ambiental negativo del proyecto.
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