El Gobierno del Estado “está destruyendo” la vida de cientos de niños bajo su custodia en los centros de Convivencia Familiar de Yucatán (Cecofay) y de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede).
Ambas instituciones, dependientes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Yucatán, tienen a los menores en condiciones que alteran su salud mental y algunos ya han pensado en el suicidio, denunciaron ayer sus padres.
En el Cecofay, donde se reúnen niños cuya custodia se encuentra en litigio entre su padre y madre por motivos de divorcio, sus instalaciones son muy reducidas por ser una casa del fraccionamiento Juan Pablo II.
Ahí conviven los fines de semana más de mil niños y sus parientes, compartiendo un solo baño, por ejemplo. Son numerosos debido a que la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa) ha ido acumulando los expedientes, se quejaron.

Padres y madres de los menores acudieron ayer a la Prodemefa, localizada al oriente de Mérida, para señalar presuntos actos de corrupción en esta institución, convertida en “un lugar donde hacen negocios” con sus hijos y les “destruyen la vida”.
Las acusaciones contra organismos dependientes del DIF estatal no sorprende. PRESIDIO informó en junio pasado de anomalías al interior del Caimede, ubicado al igual que el Cecofay en el poniente de la ciudad, que han orillado a menores a fugarse de sus instalaciones.
En el Cecofay hay un hacinamiento originado por la lentitud de la Prodemefa para resolver los casos. Actualmente tiene mil 700 expedientes en sus manos y solamente tres psicólogas para elaborar los dictámenes que son enviados a los jueces, según detallaron los padres inconformes.
Eso, añadieron, ha provocado que los litigios sean largos y que los niños y adolescentes sean presas del estrés en el Cecofay, que funciona como un sitio neutral para el encuentro entre ellos y sus padres separados.
Sin embargo, por las condiciones del lugar, donde incluso surgen riñas entre sus parientes, algunos menores han manifestado ideas suicidas a sus papás, señaló Dariana Quintal Narváez en representación del movimiento “¡No más negocios con nuestros hijos!”,
Dijo que esta situación ya ha sido platicada con la titular de la Prodemefa, Irene Torres Ortegón, quien respondió que el Gobierno estatal no le ha querido otorgar recursos para contratar más personal y capacitar mejor al que actualmente se tiene.
La lentitud para resolver los casos ha originado sospechas de corrupción contra las psicólogas y su coordinadora, porque supuestamente se prestan a elaborar dictámenes a modo para favorecer a una de las partes que pelea la custodia.
Quintal Narváez dijo que ninguna de las psicólogas cuenta con certificado, que es indispensable para trabajar con niños, como lo estipulan las leyes de protección al infante.
Ofreció una improvisada rueda de prensa junto con otros padres en las afueras de la Prodemefa y, en un momento de su intervención, fue interrumpida por la coordinadora de psicólogas, Maricarmen Cob Gutiérrez, quien se encontraba a unos metros escuchando.
La empleada estatal dijo que hablaba “a título personal” para negar las acusaciones, a pesar de que se cuestionaba su función oficial y se encontraba en su centro laboral.
“Yo no tengo absolutamente nada que ver en las alteraciones que se mencionan en esos documentos. Mi trabajo es coordinar a las psicólogas, pero no es mi responsabilidad lo que ellas firman en cada uno de sus dictámenes”, explicó.

La empleada del DIF no aceptó preguntas de la prensa “porque no quiero interrumpir a la señora Dariana”. Dicho esto, dio la media vuelta y regresó a su oficina, ignorando los cuestionamientos.
El grupo de padres y madres sostuvo que hay falta de capacidad en el personal, pues los dictámenes “a modo” o descuidados que elaboran llegan a manos de los jueces, que se basan en ellos para decidir sobre la vida futura de sus hijos.
Insistieron en que esta situación ocasiona que las psicólogas queden sujetas a actos de corrupción para favorecer a una de las dos partes en pleito.
Mientras tanto, permanecen en un ambiente destructivo los mil 700 niños que siguen en espera de la resolución de sus litigios “por falta de recursos” del Gobierno de Yucatán.
(PRESIDIO/Edoardo Manzanilla)