El Paso de los Grillos
CREAN JUZGADO CÍVICO PARA LA POLICÍA MUNICIPAL
Poner en marcha el nuevo modelo de Sistema de Justicia Cívica en el municipio es un gran paso en el fortalecimiento de la cultura de la legalidad y de la solución de conflictos comunitarios de manera pacífica, expedita y transparente, manifestó el alcalde Alejandro Ruz Castro.
“Sustentados en este nuevo modelo de aplicación de justicia cívica, sostenemos que una sociedad en paz no es solamente una sociedad sin conflictos, sino también una colectividad libre de violencias que reconoce la dignidad individual de sus habitantes y la seguridad de que sus derechos serán respetados”, expresó.
En la inauguración del Juzgado Cívico, ubicado en las instalaciones de la Policía Municipal de Mérida, el primer edil estuvo acompañado de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Carolina Silvestre Canto Valdés; Celia Rivas Rodríguez, regidora presidenta de Seguridad Pública y Tránsito; Mario Arturo Romero Escalante, director de la Policía Municipal de Mérida y Luis Quijano Axle, presidente de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México, A.C., en representación del Consejo Coordinador Empresarial.
Ruz Castro indicó que, en este Juzgado Cívico de la Policía Municipal de Mérida, el primero en aplicarse en todo Yucatán, se realizarán audiencias públicas que garantizarán los derechos de las y los detenidos, transparentando la labor policial en un marco de legalidad y justicia. “Con este nuevo modelo de aplicación de la ley, respondemos de manera plena al respeto a los derechos humanos, escuchando a los detenidos para que, en su caso, el juez cívico se encargue de amonestar o determinar si ameritan o no una sanción”, explicó.
En su turno, Silvestre Canto Valdés recalcó que el Poder Judicial y el Municipio de Mérida mantendrán la sinergia para coadyuvar en el sostenimiento de la paz y de la seguridad que le da a Mérida la calidad de vida que la distingue. “En adelante, continuaremos apoyando a este modelo y al juzgado cívico con mayor capacitación y formación continua para jueces y personal del juzgado en temas legales, mediación y resolución de conflictos. Podrán acercarse para que se les oriente en la interpretación y aplicación de normativas y procedimientos, y para el desarrollo y creación de protocolos estandarizados para la atención de casos, asegurando consistencia y eficiencia”, expuso.
Recordó que entre los años 2021 y 2022, a través de respectivos convenios de colaboración con el municipio de Mérida, se formó e impartió un amplio programa de capacitación a las y los elementos de la Policía Municipal y Jueces Calificadores, en las materias de derechos humanos, la protección de éstos, el sistema penal acusatorio y oral con las características y necesidades didácticas inherentes a las facultades e intervención de la policía en el proceso, entre otras.
También, se brindó una formación amplia en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, capacitación impartida por el Centro Estatal de Solución de Controversias, donde las y los mediadores se sensibilizaron en las grandes ventajas e impacto que los procesos basados en el diálogo y la construcción de acuerdos tienen en la vida de las personas.
En ese sentido, el presidente municipal agregó que en el Ayuntamiento se apoyó a la Policía Municipal para la profesionalización de sus elementos, que hoy serán aliadas y aliados importantes para la buena marcha de este nuevo modelo de justicia cívica. “El fin último es contribuir a que la paz ciudadana se construya mediante la resolución de conflictos de manera armónica y pacífica. Es un trabajo de equipo que encabeza el Ayuntamiento para beneficio de quienes habitamos el municipio”, dijo.
En el marco del evento, el Alcalde hizo entrega de nombramiento a Thelma Guadalupe Rivero Flores, como coordinadora general de Justicia Cívica e Ileana Ruby Estrada Quintal, como coordinadora del Juzgado Cívico.
Por su parte, Romero Escalante mencionó que uno de los objetivos de la justicia cívica es trabajar con las y los presuntos infractores que han cometido alguna falta administrativa, para poder integrarlos a la sociedad. “Este nuevo sistema establece protocolos bien definidos de intervención en los momentos de efectuar alguna detención, cuidando su bienestar social. Como pueden observar el nuevo modelo de sistema de justicia cívica será integral, con la visión humanitaria, que no solo garantiza el cumplimiento de las normativas vigentes, sino también apoya a los infractores, como una estrategia de prevención del delito”, señaló.
El funcionario recordó que el personal de la corporación municipal también ha recibido capacitación por parte del Consejo Metropolitano de Monterrey, la Asociación Libre A.C. de Monterrey Nuevo León, la Policía Metropolitana de Investigación de Monterrey, el Gobierno de Guadalajara, el Instituto de Administración Pública del Estado de México y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Finalmente, al evento también asistieron María Guadalupe Méndez Correa, Titular de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey); los regidores Pamela Coello Mena, Gabriel Barragán Casares, Daniel Quintal Estrella y Ana Gabriela Aguilar Ruiz; Ernesto Iván Pinto Dáger, Presidente del Colegio de Abogados de Yucatán; Eduardo Escalante en representación de la Canaco ServyTur Mérida; y los directores Fabiola García Magaña, del Instituto de la Mujer e Ignacio Gutiérrez Solís, de Gobernación.
Una funcionaria de la Fiscalía General del Estado de Yucatán está poniéndose en el ojo del huracán al aparentemente estar frenando el avance de una carpeta de investigación contra un defraudador de Mérida.
La fiscal Yessica Margarita Chi Negrón, de la agencia especializada en Delitos Patrimoniales, ha retardado el proceso de investigación para que las personas afectadas tengan acceso a la justicia.
Sospechan que ha entrado en tratos económicos con el denunciado, Carlos Alberto Cherrez Cab, pues serían casi siete millones de pesos lo que se habría embolsado este sujeto de manera engañosa e ilegal.
Los defraudados son empleados del IMSS, activos y jubilados, así como amigos y conocidos de Cherrez Cab, a quienes les pedía dinero con el ofrecimiento de tener una gran oportunidad de inversión inmobiliaria en el oriente de Mérida.
En 2004, el ahora denunciado pedía 230 mil pesos a cada persona para invertir en lotes supuestamente ubicados en el fraccionamiento Vergel, y les permitía completar el monto en dos o tres pagos.
Sin embargo, al pasar el tiempo y no ver resultados, ni el fruto de su dinero un año después, dos personas solicitaron su devolución, pero no la obtuvieron y decidieron denunciar.
La denuncia es por el delito de abuso de confianza y fraude, a la cual se han sumado otras 14 personas, aunque serían 30 las defraudadas en total, todas aportando la misma cantidad, es decir, una estafa de 6 millones 900 mil pesos.
Según una de las 16 denunciantes, Marisa Librada Arceo Ucán, dentro de la carpeta de investigación FGE/PATRIM/UNADT-186/2025 contra Alberto Cherrez Cab, promovió el 4 de abril del año pasado una solicitud para que la Fiscalía girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Esta diligencia tiene como fin analizar los movimientos de las cuentas bancarias del investigado y rastrear el flujo del dinero que le fue entregado mediante diversas transferencias.
Con ello podrían esclarecerse los hechos y comprobarse el delito, pues se trata de una prueba técnica irrefutable de la CNBV que permitiría identificar depósitos, transferencias y el destino de los recursos.
La solicitud fue recibida en el día mencionado, pero al paso de los meses no se emitió acuerdo alguno, tampoco se resolvió la petición, ni se ejecutó la diligencia solicitada, a pesar de tratarse de una actuación clave y esencial para la justicia.
Por ello este año se promovió un juicio de amparo indirecto, en el que se denunció una “omisión ministerial continuada”, señalando que la falta de actuación constituye una forma de denegación de justicia y vulnera el derecho a una investigación efectiva.
Sin embargo, el caso tomó una dimensión aún más delicada al advertirse comunicaciones de la parte denunciada con la autoridad ministerial, es decir, la fiscal Chi Negrón.
Luego, en mensajes atribuidos a esta funcionaria de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía, se informó que la solicitud relacionada con la CNBV “ya se había pasado” y que se encontraban “en espera” de respuesta.
Estas aseveraciones hicieron creer a la parte denunciante que la diligencia se encontraba en trámite, lo cual resultó falso. Al percatarse de ello, es cuando Arceo Ucán decidió interponer un amparo contra la autoridad ministerial.
Su abogado explicó a PRESIDIO que la revisión del expediente y lo expuesto en el juicio de amparo revelan que no existe constancia de acuerdo, resolución ni ejecución de dicha diligencia, lo que evidencia una discrepancia entre lo comunicado y lo asentado formalmente en la carpeta.
A casi un año de presentada la solicitud, no hay determinación oficial sobre la misma dentro de la carpeta FGE/PATRIM/UNADT-186/2025 y se ha obstaculizado su judicialización para que los afectados puedan obtener justicia ante un juez y recuperar su dinero.
Este caso, junto con otros que hemos publicado, está dejando ver que al parecer Yucatán se está convirtiendo en el paraíso de los estafadores de inversiones, vehículos, propiedades y terrenos en la playa, entre otros.
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