Este martes en la Sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se resolvió la acción de inconstitucionalidad 98/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), demandando la invalidez de diversas disposiciones a las leyes de la Comisión de Derechos Humanos, de Instituciones y Procedimientos Electorales, Transparencia, Acceso a la Información Pública, Partidos Políticos y el Código de la Administración Pública todas del estado de Yucatán en el tema de deudores alimentarios.
En dicha sesión, 9 de los 11 ministros reconocieron la validez de la reforma a las leyes antes mencionadas sobre deudores alimentarios, conocida como la Ley 3 de 3, la cual fue aprobada por unanimidad el 31 de mayo del 2022, por la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Yucatán en Sesión Ordinaria.
Lo anterior por considerar infundados los argumentos de la CNDH y sobreseer la acción de inconstitucionalidad presentada. La Suprema Corte destacó que el contenido de la reforma tiene un fin constitucionalmente legítimo, además de no impedir el acceso a cargos públicos.
Las diputadas y diputados que conforman la actual Legislatura están trabajando para mejorar las leyes que permitan que las niñas, niños, adolescentes y mujeres tengan una mejor calidad de vida y libre de violencia, por lo que refrendan su compromiso de seguir trabajando privilegiando el diálogo y el consenso entre las fuerzas políticas que la integran.
Sobre este tema, la diputada de Movimiento Ciudadano Vida Gómez Herrera afirmó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara constitucional la #Ley3de3 contra la violencia de género en Yucatán, es un triunfo del activismo y la ciudadanía.
La coordinadora estatal del mencionado partido político en Yucatán recordó que esta reforma legal fue presentada por ella como iniciativa en el Congreso, a partir de un trabajo conjunto de AMISY, activistas, estudiantes de derecho, personas del ámbito académico y víctimas de violencia de género, y fue aprobada por unanimidad en la Legislatura estatal.
La propuesta fue presentada “con el respaldo de firmas de muchísimas personas que en distintos espacios públicos se sumaban…en todo momento fue un trabajo en equipo con la sociedad civil organizada, tanto en la presentación de la iniciativa, como en la discusión en comisiones, y también hizo un acompañamiento posterior a la aprobación en el Congreso del Estado”, destacó.
Hoy la Corte, por abrumadora mayoría de 9 a 2, nos ha dado la razón a todas las personas que defendimos la #Ley3de3 contra la violencia de género, y es un gran triunfo que nos da fuerzas para seguir luchando y estar muy al pendiente de su aplicación, sobre todo con miras al proceso electoral 2024, dijo.
Explicó que a partir de esta validación constitucional no hay marcha atrás: ninguna persona con antecedentes penales de violencia de género o deudores alimentarios puedan acceder a cargos de elección popular, o ser magistrados del Tribunal Superior de Justicia o consejeros de la Judicatura, o ser titular de dependencias del Poder Ejecutivo en Yucatán.
Destacó que el fallo de la Corte es el reconocimiento del interés superior de las infancias en el caso de los alimentos, y de la lucha en contra de la violencia de género en todas sus formas.
Finalmente, reconoció a destacadas impulsoras de la legislación “como Patricia Olamendi e Yndira Sandoval, que estuvieron en Yucatán acompañando este esfuerzo y que fueron parte fundamental junto con la Secretaría General del Congreso, para que esta norma alcanzara blindaje constitucional. Esta es una acción afirmativa en favor de las mujeres para que ningún violentador llegue al poder.
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