El Paso de los Grillos
AGRESORES DE JOSÉ EDUARDO SIGUEN EN KANASÍN Y HOSPITAL
Foto: CuartoOscuro.com
La Fiscalía General de la República (FGR) desenmascaró ayer al gobierno de Mauricio Vila Dosal por fabricar un expediente para incriminar a policías del municipio de Mérida en la muerte José Eduardo Ravelo Echevarría.
La FGR determinó que la causa de muerte fue por una afección pulmonar que “El Güero” contrajo por negligencia en el Hospital General “Agustín O’Horán”.
Asimismo hubo negligencia del personal de la Fiscalía General del Estado, que presuntamente lo retuvo por horas en sus instalaciones, a sabiendas de que tenía graves lesiones internas de las cuales “El Güero” no dejaba de quejarse.
Dichas lesiones presuntamente fueron causadas a José Eduardo en un predio de Kanasín a donde fue llevado para una “fiesta” en donde hubo drogas e intercambio sexual bajo el efecto de sustancias ilegales.
Luego de entrevistar a más de 50 personas, entre conocidos del joven veracruzano, testigos de los hechos y funcionarios estatales y municipales, cuyas declaraciones están en la carpeta de investigación, se llegó a la verdad sobre la tortura. Aún sigue la investigación por el presunto homicidio.
La FGR documentó la mentira fabricada por el Estado contra el alcalde Renán Barrera Concha, quien es el más fuerte aspirante a la gubernatura de Yucatán frente al grupo político del gobernante Vila Dosal.
En un comunicado emitido ayer por la dependencia del Gobierno Federal, y que fue dado a conocer precisamente el día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba de gira en Yucatán, confirma que el gobierno estatal manipuló la primera autopsia y los análisis periciales, editó vídeos y torturó a testigos clave para que firmen declaraciones falsas.
Con esos elementos fabricados, según detalla la FGR, la Fiscalía estatal ejercitó acción penal en contra de cuatro policías municipales y buscaba sostener su versión para volverlos a meter a prisión.
Con ello el gobierno del estado evitaría que se descubra la verdad sobre lo que aconteció con Ravelo Echevarría, hechos en los cuales presuntamente están involucrados elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, personal de la Secretaría de Salud y personas que manejan “picaderos” en el municipio de Kanasín.
Por ello, aclaró la FGR en su comunicado, el pasado día 18 atrajo el caso para evitar que se sigan cometiendo “conductas presuntamente responsables de personal de la Fiscalía General del Estado de Yucatán”.
Recordó que el 18 de agosto pasado, la madre del joven presentó denuncia ante esa instancia y se inició la carpeta de investigación por la probable comisión del delito de tortura, la cual se investigó de manera exhaustiva por orden presidencial, ante cuya figura acudió la familia en busca de justicia.
Una veintena de agentes y fiscales federales se trasladaron a Yucatán y realizaron más de 50 entrevistas testimoniales y, en conjunto con peritos en la Ciudad de México, se analizaron las videograbaciones de las cámaras de seguridad de la SSP.
Incluso los agentes tuvieron que entrar con orden federal a las instalaciones del edificio central de la SSP en el Periférico de Mérida para obtener los materiales que en un principio la Policía Yucateca se negaba a entregar.
Como parte de la investigación, los trabajos se centraron también en realizar 45 análisis de medicina forense, química, genética, mecánica de lesiones, criminalística, audio y vídeo, e informática, entre otros, a cargo de peritos.
También se estudiaron más de 35 informes rendidos por agentes de la Policía Federal Ministerial sobre la información que recabaron en Mérida y en Kanasín, y los resultados que arrojaron tres inspecciones físicas realizados en sitios de ambos municipios.
Se llevaron a cabo también testimoniales de personas que convivieron con Ravelo Echevarría en los meses previos a su muerte.
Luego, con la exhumación del cadáver y una nueva necropsia, se descubrió que José Eduardo falleció por neumonía adquirida en el hospital y no por una golpiza recibida antes de ser dejado en los alrededores del parque de San Juan, tras lo cual se llamó a la Policía Municipal de Mérida, pero lo dejaron ir en la primera ocasión.
Una vez en manos de los municipales, se analizó la totalidad de las videograbaciones desde la calle y su estancia completa en las instalaciones de la PMM. La FGR afirmó que el joven sí fue sometido, pero no se violaron sus derechos humanos o cometió algún delito en su contra que lo llevara a la muerte.
El joven presuntamente tenía ya debilitado su sistema inmunológico, de modo que al ingresarlo en el área Covid del O’Horán, contra la voluntad de su madre y pese a sus repetidas peticiones de que no lo hicieran, se expuso a José Eduardo a agentes biológicos externos y se agredió de manera innecesaria su estado de salud. Es decir, fue responsabilidad del hospital que aquririera neumonía, pero la Fiscalía estatal lo ocultó.
La declaración de su madre sobre este hecho consta en la entrevista previa realizada por PRESIDIO, donde narró el trato que les dieron en la Fiscalía y en el hospital.
Asimismo la Fiscalía estatal se negó a investigar los señalamientos hechos por el joven antes de morir sobre los apellidos, uniformes y características de la patrulla en que fue abordado, que corresponderían a la SSP.
Tampoco investigó el “estacionamiento grande y vacío” que mencionó, a donde supuestamente fue llevado para ser golpeado y violado, luego de ser presuntamente levantado en la calle 47 cerca de Santa Ana.
PRESIDIO acudió a la explanada de “La Plancha” durante una transmisión nocturna en vivo, cerca de la calle 47, y mostró el lugar que parecía ajustarse a lo dicho por el joven. También se mostraron las cámaras de la SSP que pudieron haber grabado este supuesto traslado y retirada de ese sitio.
Con los indicios de que al “Güero” le pudo ocurrir algo en Mérida o Kanasín, la búsqueda de la FGR se amplió a todas las policías que operan en la zona conurbada, incluyendo la estatal y ambas municipales.
La investigación de la Fiscalía federal confirmó que no existió tortura, ni violación sexual por parte de los elementos de la policía municipal que lo detuvieron en forma oficial.
La FGR concluyó su primer informe y anunció que está en proceso de judicialización para ejercer acción penal en contra de tres funcionarios de la Fiscalía General de Yucatán. Trascendió que su titular Juan Manuel León León está en la mira por su presunta participación y encubrimiento de los hechos, como PRESIDIO señaló desde el 11 de agosto pasado (https://presidiomx.com/encubre-fiscalia-a-verdaderos-asesinos-de-jose-eduardo/).
Ayer mismo, el gobernador Vila dijo que serán separados de sus cargos los funcionarios que resulten responsables de los señalamientos hechos por la FGR y que “está colaborando” en la investigación del personal de salud que atendió a José Eduardo porque en su gobierno “no hay lugar para la impunidad”.
Fue el propio Vila Dosal quien incurrió en un delito al subir a sus cuentas oficiales una fotografía donde culpó y exhibió a cuatro policías municipales como los responsables de la muerte del “Güero”.
El sábado 7 de agosto el gobernador de Yucatán escribió: “Lamento los hechos ocurridos en contra del joven J.E.R.E. originario de #Veracruz. Les informo que los policías municipales presuntos responsables de este crimen ya fueron capturados y aplicaremos la ley hasta sus últimas consecuencias”.
La familia del joven fallecido está en espera de justicia y de que se cumplan lo ofrecido por el presidente López Obrador durante una de sus conferencias de prensa mañaneras, donde aseguró que habrá sanciones penales “caiga quien caiga”.
Cabe señalar que, de manera dolosa, el fiscal León León también mencionó ante los medios de comunicación la falsa versión de que el joven había sido penetrado con un objeto duro, para sembrar la impresión de que fue violado por un tolete de los policías municipales.
Es un hecho que los paramédicos de la corporación municipal asearon al joven antes de su ingreso a las celdas y limpiaron rastros de semen en el área del ano, versión que fue corroborada por la madre en la plática con PRESIDIO.
Sin embargo, de ese hecho ocurrido, y que un estudio forense antes del fallecimiento permitió identificar desgarres en el recto, PRESIDIO lo abordará más adelante.
Lea aquí el comunicado íntegro de la Fiscalía General de la República: https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-438-21-fgr-informa
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Una funcionaria de la Fiscalía General del Estado de Yucatán está poniéndose en el ojo del huracán al aparentemente estar frenando el avance de una carpeta de investigación contra un defraudador de Mérida.
La fiscal Yessica Margarita Chi Negrón, de la agencia especializada en Delitos Patrimoniales, ha retardado el proceso de investigación para que las personas afectadas tengan acceso a la justicia.
Sospechan que ha entrado en tratos económicos con el denunciado, Carlos Alberto Cherrez Cab, pues serían casi siete millones de pesos lo que se habría embolsado este sujeto de manera engañosa e ilegal.
Los defraudados son empleados del IMSS, activos y jubilados, así como amigos y conocidos de Cherrez Cab, a quienes les pedía dinero con el ofrecimiento de tener una gran oportunidad de inversión inmobiliaria en el oriente de Mérida.
En 2004, el ahora denunciado pedía 230 mil pesos a cada persona para invertir en lotes supuestamente ubicados en el fraccionamiento Vergel, y les permitía completar el monto en dos o tres pagos.
Sin embargo, al pasar el tiempo y no ver resultados, ni el fruto de su dinero un año después, dos personas solicitaron su devolución, pero no la obtuvieron y decidieron denunciar.
La denuncia es por el delito de abuso de confianza y fraude, a la cual se han sumado otras 14 personas, aunque serían 30 las defraudadas en total, todas aportando la misma cantidad, es decir, una estafa de 6 millones 900 mil pesos.
Según una de las 16 denunciantes, Marisa Librada Arceo Ucán, dentro de la carpeta de investigación FGE/PATRIM/UNADT-186/2025 contra Alberto Cherrez Cab, promovió el 4 de abril del año pasado una solicitud para que la Fiscalía girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Esta diligencia tiene como fin analizar los movimientos de las cuentas bancarias del investigado y rastrear el flujo del dinero que le fue entregado mediante diversas transferencias.
Con ello podrían esclarecerse los hechos y comprobarse el delito, pues se trata de una prueba técnica irrefutable de la CNBV que permitiría identificar depósitos, transferencias y el destino de los recursos.
La solicitud fue recibida en el día mencionado, pero al paso de los meses no se emitió acuerdo alguno, tampoco se resolvió la petición, ni se ejecutó la diligencia solicitada, a pesar de tratarse de una actuación clave y esencial para la justicia.
Por ello este año se promovió un juicio de amparo indirecto, en el que se denunció una “omisión ministerial continuada”, señalando que la falta de actuación constituye una forma de denegación de justicia y vulnera el derecho a una investigación efectiva.
Sin embargo, el caso tomó una dimensión aún más delicada al advertirse comunicaciones de la parte denunciada con la autoridad ministerial, es decir, la fiscal Chi Negrón.
Luego, en mensajes atribuidos a esta funcionaria de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía, se informó que la solicitud relacionada con la CNBV “ya se había pasado” y que se encontraban “en espera” de respuesta.
Estas aseveraciones hicieron creer a la parte denunciante que la diligencia se encontraba en trámite, lo cual resultó falso. Al percatarse de ello, es cuando Arceo Ucán decidió interponer un amparo contra la autoridad ministerial.
Su abogado explicó a PRESIDIO que la revisión del expediente y lo expuesto en el juicio de amparo revelan que no existe constancia de acuerdo, resolución ni ejecución de dicha diligencia, lo que evidencia una discrepancia entre lo comunicado y lo asentado formalmente en la carpeta.
A casi un año de presentada la solicitud, no hay determinación oficial sobre la misma dentro de la carpeta FGE/PATRIM/UNADT-186/2025 y se ha obstaculizado su judicialización para que los afectados puedan obtener justicia ante un juez y recuperar su dinero.
Este caso, junto con otros que hemos publicado, está dejando ver que al parecer Yucatán se está convirtiendo en el paraíso de los estafadores de inversiones, vehículos, propiedades y terrenos en la playa, entre otros.
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