La capital yucateca registró ayer una amplia participación durante la tercera edición de “Diseña Tu Ciudad 2026”, donde miles de ciudadanos votaron para definir el destino de recursos públicos.

La jornada superó la asistencia del año anterior y se desarrolló en 51 centros de votación distribuidos en el municipio, además de contar por primera vez con voto digital.

Durante un recorrido en el módulo del parque zoológico Animaya, la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada destacó la respuesta ciudadana.

“¡Gracias a las y los meridanos por hacer de la ciudad un ejemplo de democracia participativa! Aquí demostramos que cuando la ciudadanía se involucra, logramos mejores resultados para todas y todos”, expresó.

El ejercicio incluyó la consulta de 129 proyectos y cinco propuestas especiales, con una inversión superior a 90 millones de pesos.

“Este modelo no solo define obras, define comunidad. Porque en Mérida, la voz de la ciudadanía no solo se escucha, se convierte en acción. Hoy reiteramos con orgullo que Mérida no solo es una de las ciudades más importantes del país por su crecimiento y calidad de vida, sino también por algo que nos distingue profundamente: aquí, las decisiones se toman con la gente”, afirmó.

La jornada transcurrió en un ambiente ordenado y familiar, con participación activa tanto en sedes físicas como en la plataforma digital hasta el cierre a las 18:00 horas.

Entre las propuestas destacaron corredores verdes en Brisas, Vergel y Kukulcán, así como ciclovías en Vergel y el tramo San José Tzal–San Antonio Tzacalá.

El programa contempla 19 intervenciones, incluyendo nuevas áreas deportivas, espacios a rehabilitar y un proyecto especial, definidos a partir de propuestas ciudadanas.

“Nos encontramos en un momento clave para seguir construyendo la ciudad que queremos. Este ejercicio permite que cada persona tenga incidencia directa en su comunidad”, señaló la alcaldesa.

Cada participante pudo emitir hasta tres votos para seleccionar proyectos de construcción, rehabilitación y opciones especiales.

El mecanismo permite decidir el destino de al menos el 3 por ciento de los ingresos propios del Ayuntamiento.

Con esta participación, Mérida refuerza un modelo de toma de decisiones basado en la intervención directa de la ciudadanía.

La circulación de un video en redes sociales que alertaba sobre una camioneta sospechosa generó preocupación entre habitantes del municipio de Motul.

En las imágenes se señalaba a un vehículo tipo Voyager azul, lo que derivó en publicaciones que lo relacionaban con hechos graves sin sustento, incrementando la alarma social.

Tras el caso, la familia involucrada se presentó voluntariamente ante la Dirección de la Policía Municipal de Motul para aclarar la situación.

Las personas, originarias de Cansahcab, informaron que acudieron a Motul para realizar compras como parte de sus actividades habituales.

Explicaron que, al transitar por la zona, se detuvieron brevemente y realizaron una maniobra en reversa debido a que observaron el diseño de las rejas de un predio.

Indicaron que se encuentran en proceso de construcción y buscaban ideas, por lo que las imágenes captadas corresponden únicamente a la fachada del inmueble.

El conductor, identificado como L.R.J.N., reiteró que no existía intención de generar conflicto y acudieron a las autoridades para evitar malentendidos.

Asimismo, manifestaron su disposición para dialogar con la persona que difundió el video y aclarar lo ocurrido.

Por su parte, elementos de seguridad pública señalaron que dieron seguimiento al reporte tras la difusión del material.

Las autoridades confirmaron que no se detectaron indicios de conducta delictiva en el caso.

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía a informarse por medios oficiales y evitar compartir contenido no verificado que genere desinformación o alarma.

Una funcionaria de la Fiscalía General del Estado de Yucatán está poniéndose en el ojo del huracán al aparentemente estar frenando el avance de una carpeta de investigación contra un defraudador de Mérida.

La fiscal Yessica Margarita Chi Negrón, de la agencia especializada en Delitos Patrimoniales, ha retardado el proceso de investigación para que las personas afectadas tengan acceso a la justicia.

Sospechan que ha entrado en tratos económicos con el denunciado, Carlos Alberto Cherrez Cab, pues serían casi siete millones de pesos lo que se habría embolsado este sujeto de manera engañosa e ilegal.

Los defraudados son empleados del IMSS, activos y jubilados, así como amigos y conocidos de Cherrez Cab, a quienes les pedía dinero con el ofrecimiento de tener una gran oportunidad de inversión inmobiliaria en el oriente de Mérida.

En 2004, el ahora denunciado pedía 230 mil pesos a cada persona para invertir en lotes supuestamente ubicados en el fraccionamiento Vergel, y les permitía completar el monto en dos o tres pagos.

Sin embargo, al pasar el tiempo y no ver resultados, ni el fruto de su dinero un año después, dos personas solicitaron su devolución, pero no la obtuvieron y decidieron denunciar.

La denuncia es por el delito de abuso de confianza y fraude, a la cual se han sumado otras 14 personas, aunque serían 30 las defraudadas en total, todas aportando la misma cantidad, es decir, una estafa de 6 millones 900 mil pesos.

Según una de las 16 denunciantes, Marisa Librada Arceo Ucán, dentro de la carpeta de investigación FGE/PATRIM/UNADT-186/2025 contra Alberto Cherrez Cab, promovió el 4 de abril del año pasado una solicitud para que la Fiscalía girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Esta diligencia tiene como fin analizar los movimientos de las cuentas bancarias del investigado y rastrear el flujo del dinero que le fue entregado mediante diversas transferencias.

Con ello podrían esclarecerse los hechos y comprobarse el delito, pues se trata de una prueba técnica irrefutable de la CNBV que permitiría identificar depósitos, transferencias y el destino de los recursos.

La solicitud fue recibida en el día mencionado, pero al paso de los meses no se emitió acuerdo alguno, tampoco se resolvió la petición, ni se ejecutó la diligencia solicitada, a pesar de tratarse de una actuación clave y esencial para la justicia.

Por ello este año se promovió un juicio de amparo indirecto, en el que se denunció una “omisión ministerial continuada”, señalando que la falta de actuación constituye una forma de denegación de justicia y vulnera el derecho a una investigación efectiva.

Sin embargo, el caso tomó una dimensión aún más delicada al advertirse comunicaciones de la parte denunciada con la autoridad ministerial, es decir, la fiscal Chi Negrón.

Luego, en mensajes atribuidos a esta funcionaria de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía, se informó que la solicitud relacionada con la CNBV “ya se había pasado” y que se encontraban “en espera” de respuesta.

Estas aseveraciones hicieron creer a la parte denunciante que la diligencia se encontraba en trámite, lo cual resultó falso. Al percatarse de ello, es cuando Arceo Ucán decidió interponer un amparo contra la autoridad ministerial.

Su abogado explicó a PRESIDIO que la revisión del expediente y lo expuesto en el juicio de amparo revelan que no existe constancia de acuerdo, resolución ni ejecución de dicha diligencia, lo que evidencia una discrepancia entre lo comunicado y lo asentado formalmente en la carpeta.

A casi un año de presentada la solicitud, no hay determinación oficial sobre la misma dentro de la carpeta FGE/PATRIM/UNADT-186/2025 y se ha obstaculizado su judicialización para que los afectados puedan obtener justicia ante un juez y recuperar su dinero.

Este caso, junto con otros que hemos publicado, está dejando ver que al parecer Yucatán se está convirtiendo en el paraíso de los estafadores de inversiones, vehículos, propiedades y terrenos en la playa, entre otros.