Un flamazo y posterior explosión causó quemaduras graves a un trabajador, hoy en un restaurante del centro de Mérida.

El hombre sufrió quemaduras en todo el cuerpo y fue llevado a un hospital, mientras el área era acordonada por policías y bomberos.

Ocurrió esta tarde en el restaurante “Hacienda Teya”, ubicado en la calle 60 por 51 y 53 del centro.

La información se manejó con hermetismo y se desconoce lo que provocó el accidente, sin embargo el sitio se llenó de patrullas, ambulancias y vehículos del cuerpo de bomberos.

Se averiguó que primero se originó el flamazo y ésto causó la explosión, dejando a un trabajador al parecer de la cocina con quemaduras graves en todas partes del cuerpo.

Apenas el lunes un accidente laboral similar se registró en el hotel “El Conquistador”, sobre la avenida Paseo de Montejo, donde un empleado quiso encender la plancha de la cocina y un flamazo y posterior explosión lo mandaron grave al hospital.

El caso de los imputados Herbe Jesús Rodríguez Coello y Gibrán Herbe Rodríguez Coello, vinculados a la carpeta administrativa 390/2024 del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial en Mérida, ha dejado ver serias deficiencias y levantado una ola de críticas en el ámbito legal debido al evidente retraso en la colocación de los brazaletes electrónicos que les fueron impuestos como medida cautelar hace más de 60 días.

A pesar de la resolución de una juez, emitida el 23 de octubre de 2024, los dispositivos aún no han sido instalados, lo que plantea serias dudas sobre la influencia que los imputados, nietos del fallecido ex alcalde de Mérida, Herbé Rodríguez Abraham, podrían estar ejerciendo para retrasar el proceso.

Esta demora ha encendido las alarmas entre la ciudadanía, especialmente en un lugar como Yucatán, que ostenta el título del «más seguro de México». Sin embargo, este caso pone en evidencia que ni un sistema judicial reconocido por su transparencia está exento de posibles casos de manipulación.

A más de dos meses desde que la juez ordenó la colocación inmediata de los brazaletes electrónicos, las gestiones necesarias aún no se han materializado.

Las reiteradas solicitudes de la juez encargada del caso a la Directora de Medidas Cautelares, Licenciada Maritza Andrea Canul Castro, han sido respondidas con el argumento de «no hay dispositivos disponibles», lo que hace sospechar que los imputados podrían estar utilizando influencias para evitar el cumplimiento de las medidas impuestas.

PRESIDIO ha dado seguimiento al caso de los hermanos Rodríguez Coello, acusados de haber despojado a su abuelo de múltiples propiedades, aprovechando su demencia senil antes de fallecer y haberlo hecho firmar papeles con la presunta complicidad de notarios.

Al estar sujetos a un proceso judicial, y para evitar que salgan del estado, se les ordenó colocar brazaletes electrónicos, pues son esenciales para monitorear a los imputados y garantizar que cumplan con las restricciones impuestas por el sistema judicial.

La ausencia de estos dispositivos con GPS no sólo compromete el proceso legal, sino que también pone en riesgo la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de garantizar el estado de derecho y es un ejemplo de cómo algunos pueden intentar burlar las disposiciones de la justicia.

Abogados reconocidos señalan que el cumplimiento de las leyes y las resoluciones judiciales es un pilar fundamental para la confianza en el sistema de justicia. Por ello, es necesario que este caso sea manejado con la máxima transparencia y que se refuercen los mecanismos necesarios para evitar retrasos o manipulaciones futuras que comprometan la integridad del proceso legal.

«La justicia no puede ni debe estar al servicio de intereses particulares», acotaron.

En la comisaría de Komchén, una discusión entre una pareja terminó en tragedia la noche del 29 de diciembre.

Cerca de las 10:00 pm, Gabriela C.C. y su esposo, Samuel F.P., ingerían alcohol en el patio de su casa cuando comenzaron a discutir y golpearse.

En medio del altercado, Gabriela tomó un cuchillo y lo clavó en el pecho de Samuel, a la altura del corazón, sin mediar palabra.

El ruido alertó a los hijos, quienes encontraron a su padre aún con vida en un charco de sangre. Intentaron llevarlo al hospital, pero murió antes de salir del poblado.

La causa de muerte fue un traumatismo torácico abierto secundario a la lesión por arma blanca. Gabriela fue detenida esa noche.

La juez Silvia Pamela Cetina Bautista legalizó su detención, la imputó por homicidio en razón de parentesco y le dictó prisión preventiva justificada.

La audiencia de vinculación se fijó para el 6 de enero. En Yucatán, este delito tiene penas de 25 a 35 años de cárcel y una multa de 250 a 350 días de salario.

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