Tras la difusión sobre el robo de un automóvil en Motul, por un hombre identificado como Luis E.G.H., que realizó un depósito de cheques a la cuenta de la vendedora y la cantidad acordada jamás se reflejo; ahora han salido dos casos más de personas que fueron víctimas de estas personas.

En la comisaría de Kaxatah, una familia puso en venta una camioneta Ford, tipo Ranger, y fue contactada por el mencionado sujeto, que acudió para apoderarse de la unidad sin pagar.

Primero, afirmó no contar con dinero en efectivo. Posteriormente, acudieron a una sucursal de Banco Azteca, donde se habría realizado la transacción. No obstante, la cantidad acordada nunca llegó a la cuenta, pues el cheque fue cancelado.

La afectada, de nombre K.T., indicó que intentó denunciar la situación, pero los abogados de la Fiscalía General del Estado del municipio le indicaron que no había dicho robo. Lo anterior, porque ella aparentemente había entregado y endosado la factura, pese a qué no recibió pago alguno, la venta se realizó en el mes de diciembre.

Ahora, con el caso de la ciudadana Sara T., las autoridades aún no realizan un reporte de robo del automóvil Renault, tipo Duster, con placas YZW-455-D, pese a qué ya se realizó la denuncia penal con el número de expediente GL/659/25.

También, en Cacalchén, una familia fue víctima del tipo, que utiliza la identificación de una persona muerta y una la licencia del Estado de México falsa. Después, entregaron su vehículo Ford a este individuo, luego de verificar que la cantidad estaba en espera de aprobación del banco. Sin embargo, la transacción se rechazó y su unidad nunca fue encontrada por las autoridades.

La ciudadanía pide la intervención del Gobernador Joaquín Díaz Mena, pues presuntamente sería una cuadrilla originaria de Estado de México que opera en Yucatán con total impunidad. Lo último que se supo es que se ha logrado rastrear el lugar donde venden las unidades robadas y se espera que la FGE actue.

Esta casa es señalada como el sitio donde hace unos días una adolescente estuvo retenida, drogada y abusada por «El diablo» o «El padrino», un sujeto que opera supuestos centros de reclusión y que hace pasar ante las autoridades como anexos de rehabilitación.

El predio es llamado «La quinta» y se ubica en la colonia Mulchechén de Kanasín, donde presuntamente envían a otras jóvenes que son recluidas contra su voluntad bajo el argumento de rehabilitarlas del consumo de drogas, pero al final de cuentas también son víctimas de abusos.

Lo anterior lo denunciaron los familiares de la jovencita América Dayreli Solís Campos, quien fue reportada como desaparecida el martes pasado, y por ello acudieron a la Fiscalía la misma noche que la chica apareció en su domicilio ubicado en el fraccionamiento Ampliación Hacienda.

Casi 24 horas antes fue recogida por un automóvil de color plata, de cuyo asiento del copiloto descendió alguien para que subiera la chica y él se fue al asiento posterior.

Cuando apareció en su casa, la muchacha tenía golpes y signos de ser drogada y violada, según certificaron médicos de la Fiscalía.

Ella fue enviada de vuelta a su casa cuando «El padrino» vio en redes sociales la ficha de búsqueda. Llegó en un auto de plataforma cuyo conductor proporcionó a la Policía los datos de ubicación del supuesto anexo de «El diablo».

Es denominada «Casa Hogar José Ruiz para Jóvenes Vulnerables» y es operada por Raúl Ruiz Martínez (a) «El diablo» o El padrino», quien presuntamente hoy fue detenido por elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) y trasladado al Complejo de Seguridad, según dio a conocer el primo de América Dayreli, Isaac Rivero, en llamada a PRESIDIO.

Junto con la mamá Silvia Campos, señala que en la Fiscalía niegan la detención y tratan de mantener oculto el hecho. Temen que sea dejado libre.

La familia asegura que el supuesto anexo no está en regla y funciona con la ayuda del «padrino Mariel», el cual «tiene nexos con la Fiscalía y protege a este director».

«Actúa impunemente, pues se han hecho otras denuncias, pero no proceden. Lo grave es que siga funcionando como un centro de rehabilitación cuando el director consume estupefacientes y se dedica a la venta del mismo», añadieron.

Se dice que el mismo sujeto tiene cuatro predios en Kanasín que operan como anexos, uno de ellos ubicado precisamente en la esquina de «La quinta».

Cobertura de Presidio MX: https://www.facebook.com/watch/?v=2182906738861083&rdid=ivpqwRyrNbG0fNpY

La Secretaría General de Gobierno informó esta tarde que, derivado del sensible fallecimiento del Profesor Francisco Javier Brito Herrera, quien se desempeñaba como Director del Centro de Reinserción Social de Mérida y en tanto se realiza el procedimiento formal para el nombramiento definitivo, se ha designado al Profesor Antonio Manuel González Zetina como Director provisional del mencionado Centro.

Mediante un comunicado se dijo que el Profesor González Zetina cuenta con una destacada trayectoria en la administración pública y en el ámbito educativo, desempeñándose como profesor de Educación Tecnológica en la Secundaria Técnica No. 1 de Tabasco; profesor en el CECyT No. 169 también del mencionado estado; subdirector de la Escuela Secundaria Técnica No. 21 en Motul, Yucatán; subdirector de la Escuela Secundaria Técnica No. 2 en Mérida y subdirector de la Escuela Secundaria Técnica No. 54 de la capital yucateca.

Fue en 1995 cuando González Zetina se integró al Centro de Reinserción Social de Mérida, desempeñándose bajo las instrucciones y coordinación del Profesor Brito. A partir del 21 de marzo de 1996 asumió el cargo de Subdirector, «función que desempeñó con responsabilidad, compromiso y respeto a los derechos humanos».

En cuanto a su formación académica, el Profesor González Zetina es egresado del Instituto Tecnológico de Mérida como Técnico en Máquinas y Herramientas, y cuenta con el título de Licenciado en Docencia Tecnológica, otorgado por el programa de Mejoramiento Profesional del Magisterio. Además, ha recibido capacitación especializada en derechos humanos, atención a personas privadas de su libertad y en el sistema penitenciario.

La Secretaría General de Gobierno refrenda su compromiso de garantizar la continuidad administrativa, los programas de reinserción social y el respeto pleno a los derechos humanos en el Centro de Reinserción Social de Mérida, asegurando que los procesos internos se conduzcan con responsabilidad, transparencia y estricto apego a la ley.