–Diputados de la LXII Legislatura piden que haga su trabajo la Fiscalía Especializada para sancionar a funcionarios y particulares involucrados

#YUCATÁN Diputados del Congreso del Estado aprobaron que se investiguen los probables hechos de corrupción atribuidos al ex fiscal Wilberth Cetina Arjona y a diversos funcionarios, servidores públicos y particulares que se menciona como involucrados.
Con 18 votos a favor y 6 en contra de la fracción del PAN y el único del Partido Verde, se aprobó un Punto de Acuerdo que solicita al titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán para que “en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, proceda a realizar las investigaciones que sean necesarias, indagar y dar seguimiento a los probables hechos de corrupción que son de dominio público”.
En ese mismo acuerdo, que fue avalado ayer en la sesión del Pleno, el Congreso solicitó a la titular de la Secretaría de Contraloría General del Estado de Yucatán, para que también proceda a investigar las conductas que puedan constituir responsabilidades administrativas.
Fue el priista Marcos Rodríguez Ruz quien presentó este Punto de Acuerdo luego de que fueron difundidos audios que hoy son públicos y hay diversas publicaciones impresas y electrónicas sobre posibles hechos delictuosos por integrantes del gabinete de Mauricio Vila.
Afirmó que el Congreso no puede quedarse estático al vulnerarse las instituciones de justicia y por ello las instancias investigadoras deben aclarar las circunstancias que rodean la renuncia del Fiscal General del Estado y los vínculos de funcionarios y particulares que conforman una probable red de corrupción y tráfico de influencias.
Añadió que esto ha provocado “un cisma público en Yucatán, cuyo gobierno se ha quedado en total silencio”.
Entre los funcionarios de primer nivel que se involucra en la “cadena de corrupción” figura la secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, cuyo esposo el notario Jorge Carlos Estrada Avilés es acusado de aprovechar su posición para gestionar asuntos de su despacho a través de la Fiscalía.
En los audios también se involucra al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, Luis Felipe Saidén Ojeda, a quien el ex fiscal señaló de cometer actos ilegales en los procesos de detención y fabricación de delitos, así como golpear y torturar a detenidos en la búsqueda de fines diferentes a la justicia.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Milagros Romero Bastarrachea, señaló que este Punto de Acuerdo es un trabajo de transparencia y de un llamado a autoridades “como la Fiscalía, de donde tenemos pocas noticias”.
“Estamos a favor de que se investigue, por la salud de las instancias gubernamentales y la responsabilidad que cada funcionario deberá asumir”, recalcó.
En respuesta, la coordinadora de la fracción del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, contestó que lo único que corresponde al Congreso es agilizar el nombramiento del próximo Fiscal “para dar certidumbre a la sociedad y trámite a todos los procesos pendientes”.
Lo que los panistas queremos “es darle velocidad al nombramiento y trabajar en un calendario para tener ya al nuevo titular”, sostuvo.
Ayer mismo fue turnada a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública la terna conformada por Patricia del Socorro Gamboa Wong, Juan Manuel León León y Adrián Abelardo Anguiano Aguilar, para que de entre ellos tres se designe al nuevo Fiscal General del Estado.
Otro diputado del PAN, Víctor Sánchez Roca, dijo que este tema está siendo utilizado con fines políticos e hizo un llamado a denunciar si se tienen las pruebas de que cometió un delito.
El perredista Alejandro Cuevas Mena le respondió que “no es raja política” porque existe la Ley Anticorrupción, que establece como delito grave la corrupción y se debe investigar por oficio, sin necesidad de denuncias.
¿Por qué renunció el Fiscal? No es algo normal, pues no busca un puesto político y tenemos que saber por qué se le pidió su renuncia, expresó.
Por su parte, el coordinador de Morena, Miguel Candila Noh, afirmó que aquellos funcionarios que hayan cometido corrupción deben ser sancionados y asumir un delito penal.
La coordinadora de la fracción de MC, Silvia López Escoffié, aclaró que se pide a otras autoridades que investiguen, como tienen la obligación de hacerlo, porque en este Punto de Acuerdo todos ganan; mientras que la Comisión de Justicia continúa con los trabajos y la obligación de designar a un nuevo Fiscal General.