El Paso de los Grillos
SEIS HERIDOS POR NUEVA NEGLIGENCIA EN “PASEO 60”
Nueve meses después de que murieran aplastados cuatro albañiles por un derrumbe en el hotel “Paseo 60” en construcción, una nueva negligencia ocasionó hoy que seis personas ajenas a la obra resultaran heridas.
Esta mañana, una enorme manguera que era usada para colar concreto se zafó desde 20 metros de altura y cayó a la vía pública, donde aplastó el frente de una unidad del transporte público que iba con cupo completo.
El tubo de 50 kilos de peso se precipitó sobre los vehículos que circulaban en la calle 60 por 35 del centro al desprenderse de una grúa que impulsaba concreto hacia el techo del hotel.
El impacto fue recibido de lleno por la camioneta de pasajeros de la ruta “Tapetes 2”, con placas A-135-YSA del Frente Unico de Trabajadores del Volante, y quedaron lesionados el chofer y cinco pasajeros. Dos personas fueron hospitalizadas.
La pesada manguera de seis metros de largo lesionó a dos estudiantes, un ama de casa, dos empleados y al chofer del transporte público que pasaban por la «zona hotelera» que el Gobierno estatal está impulsando.
Las labores de colado se realizaban desde la vía pública, sin delimitar un área de protección civil para la población. Ninguna autoridad ha querido asumir la responsabilidad del hecho.
Los heridos son los estudiantes Cielo Mayorga Segura, de 19 años de edad, y Abel Tepal Aké, de 21; los trabajadores Daniel Avilés Pérez, de 19 años; María Chulim Medina, de 22, e Iván Chan Pech, de 35, así como el chofer de la unidad del FUTV, Marco Antonio Chan Canto.
Los dos primeros se dirigían al Instituto Tecnológico de Mérida y los empleados lesionados a sus labores en la empresa “Hisense”. Al momento del accidente la camioneta llevaba 17 pasajeros, en medio del embotellamiento.
Presuntamente el desprendimiento del tubo fue por un “error humano”, de manera similar a lo ocurrido en la tragedia del 4 de diciembre del año pasado, cuando una grúa golpeó la estructura en construcción y se desplomaron cinco pisos, matando a cuatro alarifes bajo sus escombros.
Fuentes de la empresa constructora entrevistadas hoy en el lugar del accidente dijeron que una “soga desgastada” no soportó el peso de la manguera, que mide 6 metros y pesa unos 50 kilos.
Admitieron que el hecho pudo terminar en tragedia, pues “si el tubo caía diferente, o el conductor maniobraba hacia su izquierda, alguien pudo haber muerto”.
Por fortuna ningún peatón o trabajador pasaba en ese momento en el área de las labores, que no estaba delimitada para seguridad de los transeúntes.
Según narraron a PRESIDIO, instantes antes del impacto los pasajeros de la combi observaron por la ventanilla cómo un trabajador de la construcción se cubrió el rostro con un brazo y se agachó.
En ese momento sintieron un fuerte golpe y vieron cristales volando por todos lados.
La camioneta perdió el control y siguió avanzando, mientras el chofer, con un brazo lastimado, gritaba a los pasajeros “que se agarren” porque no podía frenar.
Por un momento los pasajeros sintieron que la unidad volcaría luego del impacto porque “se fue de lado”.
El chofer, con un brazo herido e inmóvil, subió a la banqueta para tratar de frenar, pero no lo logró. Al ver que colisionaría contra otros vehículos, maniobró para esquivarlos, excepto una Nissan Frontier, con placas YP-8262-A, que fue golpeada en un costado y quedó con abolladuras y un espejo lateral roto.
La combi continuó su trayecto hasta que taxistas y trabajadores del hotel se «colgaron» de las ventanillas traseras para detenerla. Fue cuando el conductor apagó la unidad y quedó bloqueado el volante, a punto de llegar a la intersección con la avenida Colón.
El accidente ocurrió a las 10:37 horas y en menos de 10 minutos al sitio llegó una ambulancia de la SSP, la cual trasladó a dos lesionados al hospital.
Chulim Medina sufrió un corte a la altura del codo y Chan Canto golpes en un brazo que lo dejaron sin movilidad, aunque sin fracturas.
Tras el accidente, trabajadores de la empresa constructora levantaron la manguera para guardarla, lo mismo que el camión de “Concreplus”, que fue resguardado en el interior.
Personal de la empresa movió la unidad y borró toda la evidencia antes que llegara la Policía, incluso retiraron los restos del concreto y fragmentos de cristales.
Agentes de la Policía Estatal Investigadora ingresaron a la construcción para entrevistar a los encargados, que negaron que ahí hubiera ocurrido algún accidente.
Los hechos quedaron grabados por las cámaras de video de alta resolución de la SSP, que funcionan en la avenida Colón, a sólo unos metros del lugar de los hechos, pero no fueron difundidos.
La empresa “Concreplus”, a la cual se atribuyó la responsabilidad del accidente, pertenece al Grupo Industrial Procon (Productos de Concreto Peninsulares), propiedad de la familia Abraham.
Como en su momento informamos, el propietario de “Paseo 60” es el yucateco José Chapur Zahoul, director de la cadena Moon Palace Resorts, y la empresa a cargo es BACSA (Barbosa Constructora), que se especializa en la edificación de hoteles y resorts.
PRESIDIO se comunicó con Protección Civil estatal y municipal, así como la Secretaría del Trabajo federal, que no estaba enterada del suceso de hoy.
Los tres se deslindaron de la responsabilidad de la supervisión y declinaron afirmar que se trató de una negligencia durante las labores de construcción del hotel, que en forma oficial suma cuatro muertos y seis lesionados hasta el momento.
La obra fue suspendida en diciembre cuando ocurrió el derrumbe, pero fue reanudada sin haberse rendido a la opinión pública un informe del peritaje y los resultados arrojados.
El director de Protección Civil estatal, Aarón Palomo Euán, dijo que el Estado sólo hace análisis de riesgos en aquellos casos que puedan representar un peligro para la población y que lo ocurrido hoy fue un “acto inseguro”.
El Ayuntamiento de Mérida indicó que en edificios con instalaciones y capacidad para más de 25 personas es responsabilidad del Gobierno del Estado, pero que además fue un “accidente vial” entre una grúa y un colectivo.
En tanto el delegado federal del Trabajo, Ricardo Béjar Herrera, dijo desconocer lo ocurrido y que informaría apenas su personal inspeccionara el lugar, pero que si los hechos sucedieron afuera estarían «fuera de su competencia».
Una funcionaria de la Fiscalía General del Estado de Yucatán está poniéndose en el ojo del huracán al aparentemente estar frenando el avance de una carpeta de investigación contra un defraudador de Mérida.
La fiscal Yessica Margarita Chi Negrón, de la agencia especializada en Delitos Patrimoniales, ha retardado el proceso de investigación para que las personas afectadas tengan acceso a la justicia.
Sospechan que ha entrado en tratos económicos con el denunciado, Carlos Alberto Cherrez Cab, pues serían casi siete millones de pesos lo que se habría embolsado este sujeto de manera engañosa e ilegal.
Los defraudados son empleados del IMSS, activos y jubilados, así como amigos y conocidos de Cherrez Cab, a quienes les pedía dinero con el ofrecimiento de tener una gran oportunidad de inversión inmobiliaria en el oriente de Mérida.
En 2004, el ahora denunciado pedía 230 mil pesos a cada persona para invertir en lotes supuestamente ubicados en el fraccionamiento Vergel, y les permitía completar el monto en dos o tres pagos.
Sin embargo, al pasar el tiempo y no ver resultados, ni el fruto de su dinero un año después, dos personas solicitaron su devolución, pero no la obtuvieron y decidieron denunciar.
La denuncia es por el delito de abuso de confianza y fraude, a la cual se han sumado otras 14 personas, aunque serían 30 las defraudadas en total, todas aportando la misma cantidad, es decir, una estafa de 6 millones 900 mil pesos.
Según una de las 16 denunciantes, Marisa Librada Arceo Ucán, dentro de la carpeta de investigación FGE/PATRIM/UNADT-186/2025 contra Alberto Cherrez Cab, promovió el 4 de abril del año pasado una solicitud para que la Fiscalía girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Esta diligencia tiene como fin analizar los movimientos de las cuentas bancarias del investigado y rastrear el flujo del dinero que le fue entregado mediante diversas transferencias.
Con ello podrían esclarecerse los hechos y comprobarse el delito, pues se trata de una prueba técnica irrefutable de la CNBV que permitiría identificar depósitos, transferencias y el destino de los recursos.
La solicitud fue recibida en el día mencionado, pero al paso de los meses no se emitió acuerdo alguno, tampoco se resolvió la petición, ni se ejecutó la diligencia solicitada, a pesar de tratarse de una actuación clave y esencial para la justicia.
Por ello este año se promovió un juicio de amparo indirecto, en el que se denunció una “omisión ministerial continuada”, señalando que la falta de actuación constituye una forma de denegación de justicia y vulnera el derecho a una investigación efectiva.
Sin embargo, el caso tomó una dimensión aún más delicada al advertirse comunicaciones de la parte denunciada con la autoridad ministerial, es decir, la fiscal Chi Negrón.
Luego, en mensajes atribuidos a esta funcionaria de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía, se informó que la solicitud relacionada con la CNBV “ya se había pasado” y que se encontraban “en espera” de respuesta.
Estas aseveraciones hicieron creer a la parte denunciante que la diligencia se encontraba en trámite, lo cual resultó falso. Al percatarse de ello, es cuando Arceo Ucán decidió interponer un amparo contra la autoridad ministerial.
Su abogado explicó a PRESIDIO que la revisión del expediente y lo expuesto en el juicio de amparo revelan que no existe constancia de acuerdo, resolución ni ejecución de dicha diligencia, lo que evidencia una discrepancia entre lo comunicado y lo asentado formalmente en la carpeta.
A casi un año de presentada la solicitud, no hay determinación oficial sobre la misma dentro de la carpeta FGE/PATRIM/UNADT-186/2025 y se ha obstaculizado su judicialización para que los afectados puedan obtener justicia ante un juez y recuperar su dinero.
Este caso, junto con otros que hemos publicado, está dejando ver que al parecer Yucatán se está convirtiendo en el paraíso de los estafadores de inversiones, vehículos, propiedades y terrenos en la playa, entre otros.
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