Una banda dedicada al secuestro y tortura en Yucatán opera el robo y venta de vehículos en el estado, con la presunta protección de elementos policiales y funcionarios de la Fiscalía.

Al estilo de un cartel, los delincuentes organizados en Mérida y otros municipios realizan “levantones” y trasladan a sus prisioneros a una casa de seguridad.

Así lo han narrado al menos cinco personas que han contactado a PRESIDIO para denunciar públicamente a Ibrahim Omar Lugo Heredia (a) “El huero”, al que acusan de ofrecer automóviles y camionetas robados que luego son recuperados en operativos de la PEI.

Un impactante vídeo muestra la tortura a la que es sometido un sujeto que supuestamente se quedó con parte de las ganancias ilícitas por esa actividad.

La persona torturada se dirige a “Ibrahim”, quien al parecer está presente en la habitación y cuya voz se escucha mientras graba los hechos.

En algún momento del vídeo que ofrece PRESIDIO se oye una voz femenil en un radio con la supuesta frecuencia de la UMIPOL de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Para los denunciantes, esa es la evidencia de que en dichas acciones participan policías y aseguran que se trata de elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI).

Los afectados narraron historias similares, con el mismo modus operandi: Ibrahim vende vehículos robados a particulares, que luego son recuperados por la PEI cuando sus nuevos dueños transitan por las calles de la ciudad.

Señalaron que han interpuesto denuncias, pero éstas “no caminan” en la Fiscalía General del Estado. PRESIDIO tiene copia de dichas denuncias.

En el vídeo señalan a los sujetos que realizan la tortura con los nombres de Antonio Chagoya Ku, oriundo de Temax; Adolfo (a) “Fito” y “El pelón”.

Por el acento al hablar, la grabación no deja lugar a duda de que fue realizada en Yucatán y es una evidencia de que es falsa la versión oficial de que el estado está libre de la delincuencia organizada, que también está dando golpes a casa habitación en el norte de Mérida.

PRESIDIO más adelante ofrecerá nuevos testimonios, uno fue hecho público el 21 de enero pasado: https://fb.watch/bEmf0tUv9P/

La entrada (VÍDEO) Opera en Yucatán banda criminal que secuestra y tortura se publicó primero en PRESIDIO MX.

La Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, resultó responsable de encubrir la muerte del joven veracruzano José Eduardo Ravelo a manos del Estado.

La autoridad federal concluyó que el mandatario incluso participó en el escenario montado para deslindar a su gobierno del presunto homicidio, de modo que podría ser separado de su cargo para que enfrente las consecuencias penales que resulten.

De igual manera, mediante entrevista telefónica concedida a PRESIDIO, fuentes de la FGR revelaron que el Fiscal del Estado, Juan Manuel León León será inhabilitado para ser procesado por instrucciones de la Presidencia de la República en este caso que indignó a la sociedad mexicana.

El sustento de estas acciones legales contra las autoridades yucatecas, según se indicó, está basada en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en el Código Penal Federal.

Junto con el titular León León, otros funcionarios de la Fiscalía estatal serán separados de sus cargos al comprobarse su participación directa en la falsificación de dictámenes periciales y forenses, así como en la filtración de información reservada y materiales editados, con el fin de aparentar que la Policía Municipal de Mérida fue la responsable de la muerte del joven veracruzano.

“Al que cometa el delito de coalición de servidores públicos se le impondrán de dos años a siete años de prisión y multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente, en el momento de la comisión del delito, y destitución e inhabilitación de dos años a siete años para desempeñar”, según la Ley federal.

De la misma manera los fiscales de la FGR recabaron declaraciones y lograron identificar a todo el personal del Hospital Agustín O’Horán que tuvo contacto con el joven malherido y no le prestaron la debida atención, comenzando por el médico que lo discriminó y la doctora que ordenó ingresarlo al área Covid, donde contrajo la pulmonía que le quitó la vida.

“Se han establecido diferentes delitos de gravedad en torno a este caso, considerando que todos son servidores públicos y que su obligación es proteger y salvaguardar los derechos humanos de la población, independientemente de su origen, raza o condición social”, abundó la fuente.

El informante detalló que el delito de encubrimiento se castiga, según el Capítulo I de la Ley, con prisión de tres meses a tres años y de 15 a 60 días de multa, al que “con ánimo de lucro, después de la ejecución del delito y sin haber participado en éste, adquiera, reciba u oculte el producto de aquél a sabiendas de esta circunstancia”.

Asimismo cometen el delito de coalición de servidores públicos, y lo castiga el Artículo 216 del Código Penal federal, “los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas”.

Por último, la fuente de la FGR explicó que los delitos contemplados en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, son:

Ejercicio ilícito de servicio público

Tráfico de influencias

Abuso de Autoridad

Cohecho

Coalición de Servidores Públicos

Peculado

Uso indebido de atribuciones

Cohecho a servidores extranjeros

Concusión

Enriquecimiento ilícito

Intimidación

Ejercicio abusivo de funciones

Ejercicio Indebido en la Administración de la Justicia

¡No se la crea! Disfrute su Día de Santos Inocentes.

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La entrada FINCA FGR RESPONSABILIDAD A VILA POR ENCUBRIR MUERTE DE RAVELO se publicó primero en PRESIDIO MX.

La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso de homicidio del joven veracruzano José Eduardo Ravelo Echevarría, quien murió en Yucatán presuntamente luego de ser violado y golpeado por elementos de la Policía Yucateca.

Será la autoridad federal la que tenga la última palabra sobre este caso, luego de que sus fiscales estuvieron en la entidad yucateca durante un mes investigando el delito de tortura y ahora se informó que la FGR se hará cargo también de la carpeta por el delito de homicidio.

Con ello quedó suspendida la audiencia que debía celebrarse el próximo lunes 25, a las 12:15 horas, en la cual los fiscales estatales apelarían la decisión del juez de control Rómulo Bonilla Castañeda quien decretó la libertad de los policías municipales.

La intención de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán era apelar para inculpar de nuevo a los elementos de la Policía Municipal de Mérida y meterlos a prisión por segunda ocasión, con mayores elementos que probaran su responsabilidad en la muerte de “El Güero”.

Sin embargo, hoy se dio a conocer mediante comunicado que la Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán suspendió de manera definitiva la audiencia de apelación sobre el juicio de homicidio que llevaba la Fiscalía estatal.

Lo anterior, se explicó, en razón de que la FGR ejerció la facultad de atracción sobre el caso, por lo que ya es de competencia exclusiva de la Federación.

El Tribunal también informó que dicha suspensión ha sido notificada oportunamente a las partes, que incluye a los familiares del Güero.

Al respecto, entrevistada por PRESIDIO desde Veracruz, la señora Dora María Ravelo Echevarría externó que tiene confianza en la Fiscalía yucateca, “pero para mi conveniencia es mejor que salga de Yucatán”.

Lo que pasa, dijo, es que “ahí (en Yucatán) hay mucha mano negra y no estoy confiada de que las cosas vayan a ser imparciales”.

Destacó que hoy viernes se cumplen tres meses exactamente de que recibió la llamada de su hijo José Eduardo, el 22 de julio de este año, donde le relató lo ocurrido y le pidió su ayuda, tras lo cual la señora viajó a Mérida.

Sobre la apelación que se buscaba ante el Tribunal, manifestó que tiene mucha confianza en los elementos de prueba que trabajó la FGE, los cuales eran fundamentales para revocar la orden del juez que decretó la libertad de los policías municipales.

“Pero si la FGR ya lo atrajo, yo me atengo a ello, porque yo misma busqué el apoyo del Gobierno Federal pues tengo más confianza de que haya justicia fuera de Mérida”, declaró, debido a actores externos como el Presidente Municipal y el jefe de la Policía Estatal.

“Se cumplió el propósito. Yo dije que sin en Mérida no me hacían justicia, me iba a ir a la Ciudad de México para hablar con el Presidente y afortunadamente él no me falló, me hizo caso, me está ayudando y le agradezco infinitamente”.

Por eso mismo, sobre la decisión de que la FGR atraiga por completo el caso de la muerte de su hijo, “no me queda de otra que seguirme con ellos, los federales”.

Afirmó que los agentes de la FGR “hicieron una investigación exhaustiva, mayor que la realizada por la Fiscalía del Estado y esperemos que paguen los que tengan que pagar”.

Y los que cayeron en el delito de omisión, apuntó, también que tengan su parte.

Reveló que la autoridad federal ya tiene el 100 por ciento de las grabaciones de todas las cámaras de la Policía Municipal, porque había dos cuyo contenido se desconocía y que serían claves en la investigación.

“El fiscal federal me dijo que ya tienen todos los vídeos, porque para poder culpar a estas personas faltaban los vídeos de dos cámaras, pues no se sabe que pasó durante ese tiempo” de grabación que estaba perdido.

Tenemos todo, todo, todo y ya no hay lugar a duda, fue lo que el fiscal federal le externó a la señora Dora Ravelo al hablar sobre los avances de la investigación, por lo cual ella tiene alta esperanza de que sí habrá justicia.

En su momento la Fiscalía yucateca me ayudó y pienso que hizo las cosas como debieron ser, aseveró, pero “me quedé decepcionada del alcalde Renán Barrera y de su jefe policiaco, pero algún día se van a quedar sin el poder”.

También se dijo decepcionada del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, Luis Felipe Saidén Ojeda, “el mero jefazo”, expresó, quien consideró es quien maneja las cosas en el estado.

“El gobernador Mauricio Vila, aunque tarde, me está apoyando”, indicó.

Reiteró que el licenciado Andrés Nieves ya no tiene relación alguna con este caso y agradeció a PRESIDIO “por ser el primero que me escuchó” cuando en todos lados le cerraban las puertas.

Soy veracruzana y lo que digo lo sostengo, y si no digo algo también lo defiendo, finalizó la madre del “Güero”.

CONTEXTO:

CONCLUYEN INVESTIGACIONES FEDERALES POR CASO DE JOSÉ EDUARDO

VIVIMOS LOS AÑOS MÁS VIOLENTOS EN YUCATÁN

CADA DOS DÍAS SE DENUNCIA TORTURA EN YUCATÁN

«ENCUBRE FISCALÍA A VERDADEROS ASESINOS DE JOSÉ EDUARDO»

VIAJAN A MÉRIDA AGENTES FEDERALES POR CASO DE JOSÉ EDUARDO: https://www.facebook.com/PresidioOnline/posts/1107599490073254

ASEGURA LA FGR TRES PATRULLAS MUNICIPALES: https://www.facebook.com/PresidioOnline/posts/1109579439875259

(VÍDEO) La presunta ruta que siguió José Eduardo Ravelo antes de aparecer con graves lesiones: https://www.facebook.com/PresidioOnline/posts/1114699849363218

(VÍDEO) Revelación de que al parecer no fueron municipales los autores de la muerte, detalles: https://www.facebook.com/PresidioOnline/videos/1162210147597027

(VÍDEO) El día que se dio a conocer el caso, a través de PRESIDIO: https://www.facebook.com/PresidioOnline/videos/501750580893713

La entrada SALE POR COMPLETO DE YUCATÁN EL CASO DEL “GÜERO” se publicó primero en PRESIDIO MX.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los hechos que derivaron en la muerte del joven veracruzano José Eduardo Ravelo Echevarría en Yucatán han concluido y en los próximos días se rendirá un informe sobre los resultados de dichas indagatorias.

Se indicó en forma extraoficial que será el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien ofrecerá información acerca de la amplia investigación que se realizó para esclarecer el caso que tuvo repercusión nacional y dejó en entredicho la seguridad en Yucatán.

Según se averiguó, las indagatorias abarcaron diferentes líneas de investigación, que incluyeron sus movimientos días antes de su detención a cargo de policías municipales de Mérida, e incluso sus actividades antes de llegar a radicar en la capital yucateca.

Trascendió que este miércoles la mamá del joven fallecido ofrecería una rueda de prensa en San Juan, supuesto epicentro de los hechos, para dejar en claro que no desea que se manche la memoria de su hijo y que confía en las autoridades federales en que no habrá impunidad.

Las autoridades de la FGR encargadas del caso fueron enfáticas en que se fincarán responsabilidades por este caso y que fue una acción “gravísima” haber filtrado material en vídeo –presuntamente por parte de la Fiscalía General del Estado-, independientemente de los hechos ocurridos.

Por la reserva de la investigación, que es confidencial y a la cual supuestamente no tienen acceso las autoridades estatales, no se proporcionaron mayores datos sobre los resultados.

Sin embargo, PRESIDIO supo que en los trabajos realizados en Mérida y en Kanasín participaron alrededor de 20 elementos de la FGR, entre policías y peritos, que llegaron desde el 20 de agosto pasado y cambiaron su residencia a la capital yucateca por un mes.

Los elementos federales han retornado a la Ciudad de México, luego de cumplir con la encomienda del presidente Andrés Manuel López Obrador de investigar de manera exhaustiva los hechos, “caiga quien caiga”.

Trascendió que habría sanciones contra determinadas autoridades por su participación indirecta en los hechos y, en otros casos, por omisión u ocultamiento de la información.

La función del grupo enviado a Mérida fue únicamente investigar y litigar el caso, sin hacer declaraciones, aunque la reconstrucción de hechos llevada a cabo el 3 de septiembre fue a la vista pública en los alrededores del parque de San Juan. Hubo un ensayo la noche anterior, como reportó PRESIDIO en vivo.

Como parte de las investigaciones fue exhumado el cadáver de José Eduardo sepultado en su natal ciudad Isla, Veracruz, para realizarle una nueva autopsia y se aseguraron unidades de la Policía Municipal de Mérida, que se mantienen resguardadas en las instalaciones de la FGR en Yucatán.

Desde el 11 de agosto PRESIDIO reportó que la Fiscalía estatal encubría a los verdaderos verdugos de “El Güero” (https://presidiomx.com/encubre-fiscalia-a-verdaderos-asesinos-de-jose-eduardo/) al mantener oculta la evidencia completa del contenido de las videocámaras a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y determinar la verdad de lo que realmente ocurrió al joven.

Durante las investigaciones también salió a relucir el actuar de la Policía Yucateca, que según testimonios recabados en ciudadanos entrevistados, emplea procedimientos que muchas veces derivan en prácticas de tortura.

PRESIDIO publicó que cada dos días se denuncia tortura en Yucatán, según un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés): https://presidiomx.com/cada-dos-dias-se-denuncia-tortura-en-yucatan/

Se estima que numerosos casos no llegan a conocerse debido a posibles amenazas hacia las víctimas o por miedo a represalias.

Incluso la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) emitió un informe donde expone que documentó 22 personas fallecidas estando detenidas y en custodia de autoridades policiacas municipales y estatales.

Dichas muertes se dieron en el lapso de 2018 a noviembre de 2020 y la información hizo eco en varios medios locales y nacionales: https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/11/16/entre-2018-y-2020-murieron-22-personas-detenidas-en-yucatan-codhey-173.html

El organismo hizo un llamado a los elementos policiales a seguir los protocolos establecidos en las corporaciones para garantizar la integridad y la vida de los yucatecos durante el tiempo que estén bajo su resguardo y responsabilidad.

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–Editorial–

Por Wenceslao Uc (*)

En Yucatán han incrementado grandemente los homicidios. Según datos del INEGI, en 1990 (Víctor Manzanilla Schaffer) hubo 62 asesinatos dolosos; diez años después, en 2000 (Víctor Cervera Pacheco), hubo 42. Para 2010 (Ivonne Ortega Pacheco) se reportaron 34 y en 2020 hubo 72 (Mauricio Vila Dosal), es decir, un homicidio cada cinco días: el año el más violento en la historia de Yucatán.

(De 2021 aún no se tienen los datos disponibles en lo que va del año, pero los reportes en PRESIDIO muestran una situación alarmante).

Con este panorama, la administración e impartición de la justicia yucateca han quedado al desnudo con el caso “José Eduardo”, un joven veracruzano que llegó al estado en busca de oportunidades laborales. Con apenas 23 años de edad, fue asesinado a golpes y violado, según la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público.

El caso del veracruzano ha dado la vuelta al país –con tintes internacionales (https://elpais.com/mexico/2021-08-27/el-caso-ravelo-retoma-el-debate-sobre-la-violencia-policial-en-mexico.html)– como un abuso de autoridad y de poder ante gobiernos panistas en “el estado más seguro”.

Esta falta de sensibilización, costumbre en gobiernos autoritarios y fascistas, se ha hecho presente desde el inicio de la actual administración.

El caso del veracruzano se ha vuelto de interés nacional y los medios de comunicación nacionales más importantes le han dado seguimiento, posicionando a la entidad yucateca como un lugar de arbitrariedades y con gobernantes soberbios, no como el destino turístico pacífico y tranquilo. Estoy seguro de que no es la imagen por la que Mauricio Vila paga cada año millones de pesos.

Intentaré hacer una breve cronología sobre los acontecimientos de este caso y espero no errar en fechas, ya que hay mucha información y no toda es consistente:

El 21 de julio, la Policía Municipal de Mérida detuvo a José Eduardo por equis motivo; fue maltratado y encarcelado por elementos de dicha corporación policiaca. Sin embargo, las acusaciones de que fue golpeado y violado están en la denuncia interpuesta en el Ministerio Público, aderezada con vídeos filtrados por la Fiscalía estatal en redes sociales que muestran el patio de la comandancia, donde se aprecian jaloneos y golpes en contra del joven.

También se muestra el momento al llevarlo a su celda, arrastrado, con un short o bóxer. Un policía acomoda el cuerpo del joven de costado, al parecer para evitar su muerte por broncoaspiración (si el joven vomitara –dado su presunto grado de intoxicación- se podía ahogar y morir).

También en el video se logran ver hematomas o moretones en varias partes del cuerpo (existe una versión de que el joven fue golpeado previamente al asistir a una fiesta en Kanasín).

El 22 de julio fue liberado de la cárcel municipal y, mediante los videos filtrados por la Fiscalía estatal, se aprecia una dificultad para caminar del veracruzano.

Entre el 22 y 23 de julio José Eduardo se comunica con familiares de su estado natal y su mamá viaja a Mérida el día 24. Ella lo acompaña a interponer la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Después de valorarlo el médico legista, personal de la dependencia recomendó llevarlo a un hospital, ya que su estado era grave.

El veracruzano fue trasladado en ambulancia al Hospital General “Agustín O’Horán”, que es considerado uno de los “mejores hospitales de México por su excelencia constante”, según una firma mundial de investigación de datos llamada Statista Inc (publicado en medios de comunicación el 9 de marzo del 2021, con publicidad pagada por Vila).

Al ingresarlo al O’Horán hubo acciones de negligencia del personal de salud que no están muy claras y que tampoco fueron investigadas por la Fiscalía yucateca.

Lamentablemente, José Eduardo Ravelo falleció el 3 de agosto. Al día siguiente la noticia se dio a conocer a través de PRESIDIO (https://www.facebook.com/PresidioOnline/videos/501750580893713) y luego hicieron eco otros medios de comunicación al “viralizarse”.

La madre de José Eduardo hizo la denuncia en la red social culpando a los policías, pero ninguna autoridad hizo caso, sino hasta que llevó el ataúd al Palacio de Gobierno.

Entonces la historia dio una vuelta de 180 grados, las autoridades brillaron por su ausencia y el abogado defensor del veracruzano, quien vendió los servicios funerarios, acaparó los reflectores, pero no supo manejarse y lo sacaron de la “jugada” mediática.

La sociedad enardeció por la falta de respuesta de los gobernantes. Era increíble ver cómo una madre paseaba por el Centro Histórico de la ciudad de Mérida con el ataúd de su hijo.

Al día siguiente de haberse manifestado, el alcalde Renán Barrera se reunió con la madre y el abogado, quien maliciosamente declaró que le ofreció 2.5 millones de pesos para silenciarla, pero fue la propia señora que al día siguiente lo desmintió ante las cámaras tras haberse reunido con Mauricio Vila.

El gobernador, después de haber escuchado rumores de que la reunión con Renán fue “áspera y hostil”, según palabras del abogado, optó por comportarse “conciliador, empático y sensible”.

Entre tantas especulaciones, el único hecho real es que hasta el momento no hay algún responsable tras las rejas. A la vista de los ciudadanos, este hecho lleva dos meses sin resolverse, habiendo tantas cámaras en vías públicas, tantos testigos y tanto presupuesto para la seguridad.

¿Qué pasa con las autoridades locales que no tuvieron la capacidad de resolver un caso tan trascendental? ¿O sólo la burguesía y el norte de la ciudad tienen derecho a la justicia pronta y expedita?

¿Realmente vivimos en el estado más seguro del país? ¿Han servido de algo las fuertes inversiones en materia de seguridad? ¿Qué está pasando con la entrada de nuevas drogas al estado?

No creo que vivamos en el estado más seguro. Hoy en día es más frecuente escuchar sobre algún asesinato. Y mucho más frecuente saber de algún suicidio, asaltos y violencia.

Yucatán no sólo es Mérida: tiene otros 105 municipios y, con el paso de los años, va en aumento la violencia e inseguridad. Es la entidad donde reinan los abusos de autoridad, cada día más frecuentes.

A mí no se me ha olvidado la lata de gas lacrimógeno que aventaron los granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el primer informe de gobierno de Mauricio Vila.

Tampoco se me olvida la represión de porros priistas contra panistas cuando se construyó el “paso deprimido”.

Hoy en día también he sido detenido, sin orden y sin flagrancia, por agentes de la SSP por el simple hecho de las “modificaciones” a la Ley de Seguridad. Me vieron “sospechoso” y eso es motivo suficiente para que te revisen, en algunos casos con golpes o pérdidas de pertenencias. Hoy, cuando veo a una patrulla acercándose, no sé qué pensar.

Como dije al principio, en este último año han ido en incremento los homicidios dolosos. Sin embargo, la justicia es únicamente para la burguesía y la elite social: hace unos días se descubrió un cuerpo en montes de Sierra Papacal. Era de un ex directivo de Grupo Radio Fórmula nacional y bastaron 2 días para que se “resolviera” y se presumiera que fue su chofer quien le quitó la vida. A eso se llama “justica pronta y expedita”.

La última pregunta que me hago la tendría que responder el Comisario Luis Felipe Saidén Ojeda, si vale la pena tolerar que se envenene a los yucatecos con “cristal”, droga diez veces más adictiva que la cocaína y que está inundando nuestro estado y siendo causa de muchos suicidios en jóvenes.

Como conclusión sólo puede analizarse tristemente el dato duro de que en los últimos 10 años ha aumentado en 100% el número de asesinatos en Yucatán y que la sociedad podría empezar a “normalizar” este tipo de eventos.

Pero, qué más da el caso José Eduardo, si pronto tendremos un “Estadio Sustentable”.

*) Licenciado en Ciencias Políticas, Maestro en Ingeniería Financiera y Diplomado en Diseño de Encuestas y Análisis Estadístico, con experiencia laboral en la Coparmex, el IPEPAC y diferentes oficinas del Gobierno del Estado

N. de la R.: El contenido del presente artículo es una opinión personal del colaborador, que asume la responsabilidad de sus escritos, y no necesariamente representa la visión de PRESIDIO.

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Cada dos días, en promedio, se recibe una denuncia por tortura en la Fiscalía General de Yucatán, según los 315 casos que se documentaron el año pasado y en lo que va del presente.

Sin embargo, ninguna de estas carpetas de investigación sobre graves violaciones a los derechos humanos ha sido judicializada, es decir, ni siquiera llegan a turnarse en consecuencia legal contra quien cometió la tortura.

En el estado que tiene fama de seguro, donde “no pasa nada”, en 2020 se asentaron 212 denuncias y en lo que va de 2021 suman 103, pero ninguna ha llegado ante un juez de control.

Se estima que numerosos casos no llegan a conocerse debido a posibles amenazas hacia las víctimas o por miedo a represalias de parte de los verdugos.

La directora en México de la organización pro derechos humanos “Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos” (WOLA por sus siglas en inglés), Stephanie Brewer, difundió este lunes la respuesta de la Fiscalía estatal acerca de las denuncias por tortura en los últimos dos años y el seguimiento que les ha dado, el cual es nulo.

De 315 casos denunciados desde 2020, ninguno se ha judicializado, es decir, no son presentados ante un juez de control, de modo que no se emite orden de comparecencia o de aprehensión y, por ende, no comienza el proceso judicial.

Las denuncias de tortura, entre otros delitos de mayor impacto, deberían investigarse por oficio y es obligación de la Fiscalía del Estado iniciar las averiguaciones una vez asentada la denuncia ante el Ministerio Público.

Sólo cuando no hay suficientes elementos de prueba para determinar que se produjo el delito (mediante intervención de un médico legista) o el denunciante fallezca o desista de su denuncia, serían motivo para que el acta de investigación no llegue ante un juez para evitar un proceso judicial.

De esos 315 casos denunciados en Yucatán se desconoce el porqué ninguno llegó hasta las instancias judiciales. Ahora, tras la muerte del joven José Eduardo Ravelo Echevarría la atención internacional está en Yucatán y en la actuación de sus autoridades encargadas de servir y proteger.

Según declaró en días pasados el Juez Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, quien lleva el caso del joven veracruzano que fue violado y torturado, José Eduardo describió en su denuncia y señaló a una corporación policial que no sería la municipal de Mérida. Incluso logró dar nombres o apellidos, así como una descripción física de sus agresores sexuales y que portaban uniformes oficiales.

Por la “secrecía de la investigación” aún no se revela cuál corporación fue señalada por Ravelo Echevarría, pero esta denuncia, al igual que las 315 anteriores, no habían sido presentadas ante un juez de control.

Cuando se le solicitó la orden de aprehensión contra cuatro uniformados municipales, Rómulo Bonilla la concedió, desconociendo que la Fiscalía de Yucatán ocultaba datos de prueba.

Pero cuando se llevó a cabo el juicio de vinculación a proceso, los fiscales se vieron obligados a entregar la denuncia que el joven José Eduardo hizo en vida, de modo que el juez liberó de inmediato a los acusados.

Ayer lunes se realizaron de manera simultánea dos ruedas de prensa: una con el abogado David Dorantes, quien defiende a los policías acusados, y otra con el fiscal de Yucatán, Juan Manuel León León. De la primera informamos con vídeo en vivo (https://fb.watch/7r3x9EGhuV/). A la segunda no fue invitado, ni avisado PRESIDIO.

El titular de la Fiscalía habló del caso de José Eduardo y su explicación de los hechos se centró en los vídeos que circulan en redes sociales y que, a juicio del abogado Dorantes Cabrera, están editados y atentan contra la integridad del ahora fallecido.

La Fiscalía aceptó que su línea de investigación inicia a partir de la detención por parte de la Policía Municipal de Mérida y que se basa en la cronología de las grabaciones que circulan en redes sociales.

Sin embargo, el juez Bonilla Castañeda reveló que existen muchos datos de prueba, como las declaraciones que José Eduardo hizo en el Ministerio Público, las cuales deben ser tomadas en cuenta, más que los videos.

Por cierto, en la rueda de prensa de la Fiscalía sólo se permitió la palabra a cinco personas de los medios de comunicación. Pero cuando los reporteros comenzaron a preguntar sobre lo ocurrido antes de que José Eduardo fuera detenido y también por los señalamientos contra una corporación policial distinta, los fiscales se levantaron de sus asientos y dieron por terminado el acto informativo, que dejó más dudas que respuestas.

Edoardo Manzanilla (PRESIDIO)

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–Nuevo ejemplo en Yucatán de la brutalidad que se ejerce con uniforme; agentes señalados incluso por constantes robos

#YUCATÁN Un habitante de Chicxulub Pueblo denunció que fue levantado, torturado e incomunicado por más de dos días por policías municipales y personal de la Fiscalía General del Estado.
Señaló que lo tuvieron incomunicado desde las 6 de la mañana del miércoles pasado hasta las 3 de la tarde de hoy viernes, con diversas lesiones en la cara y cuerpo.
Carlos Cua Sulú, de 34 años de edad, relató a PRESIDIO que ese día salió a trabajar temprano como chofer de plataforma Uber, con rumbo a Mérida.
Al pasar por una calle de la población vio un cable de alta tensión tirado en la calle, de modo que se lo dijo a unos policías municipales y pidió que lo retiren para evitar accidentes.
Los agentes de Chicxulub Pueblo, que estaban a bordo de una unidad policial, le respondieron que no son electricistas y, acto seguido, se acercaron a su vehículo, lo rodearon y le pidieron su documentación.
Luego, añadió, pidieron que me bajara del auto. Como no había cometido algún delito, accedí a descender y fue cuando se pusieron violentos y me subieron a una patrulla.
Relató que otra unidad llegó con más elementos y lo llevaron a las afueras de la población, en el rumbo del cementerio, y se internaron en una brecha junto a la vía del tren.
Ahí en el monte, continuó, me colgaron de un árbol y continuaron golpeándome en todo el cuerpo. “Me asfixiaron con una bolsa, me echaron agua en la nariz y, como si no fuera suficiente, me bajaron los pantalones y me dieron choques eléctricos en los genitales”.
Luego de una hora de tortura colgado del árbol, lo bajaron y lo tiraron en un charco de agua mientras se reían y lo humillaban, según relató a PRESIDIO.
Posteriormente lo volvieron a subir a la patrulla para trasladarlo a la Fiscalía General del Estado en Mérida, donde lo metieron a una celda, acusado de ataque a servidor público y daños a la unidad policial.
“Estuve detenido desde el 11 de noviembre en la mañana y apenas hoy por la tarde recuperé mi libertad, y la recuperé porque no tenían nada contra mí”, dijo.
Señaló que ha tenido diferencias con la alcaldesa de Chicxulub Pueblo, Guadalupe Canto Ale, y considera que por ello “le traen filo” los agentes, pues cuando lo golpeaban en la patrulla le dijeron que era “por órdenes de arriba”.
“Los agentes que me golpearon me amenazaron a mí y a mi familia si no firmaba en la Fiscalía un papel en blanco y si me atrevía a denunciarlos”.
Dijo que durante la golpiza estuvo presente el director de la Policía Municipal de Chicxulub Pueblo, Ismael Caamal, y señaló al agente Saúl Loría, originario de Ixil, como el elemento que se ensañó con él.
En los hechos hubo alrededor de 15 elementos a bordo de dos unidades. No los conoce a todos porque varios provienen de diferentes pueblos, pero ya tienen varios señalamientos por robos en la zona.
“El comandante y la Policía de aquí se dedican a robos a propiedades y ranchos que están apartados de la población, la gente lo dice y los señala”.
PRESIDIO ha publicado que en la zona de Ixil, Chicxulub y Mochochá se han reportado robos de equipo y herramientas del campo. Incluso hemos ofrecido testimonios de víctimas de estos robos, que coinciden en señalar que se trata de elementos de la Policía:
https://www.facebook.com/PresidioOnline/posts/842709413228931

https://www.facebook.com/PresidioOnline/posts/843480906485115
Ante las acusaciones, incluso la alcaldesa de Ixil, Sandra Guadalupe Tec Yam, declaró a PRESIDIO que la única manera de acabar con estos robos, en los cuales se involucra a los policías, es haciendo justicia por propia mano.
Cua Sulú dijo que “estoy hasta la madre de sus abusos, a muchas personas les ha pasado lo mismo y no podemos quedarnos callados ante estos abusos de poder de la Policía”, recalcó.
“No soy el único, a muchos les han hecho lo mismo: los han torturado, maltratado y hasta les han quitado la vida, pero quisiera ser el último”.
Por último dijo que “si a alguien de mi familia o a mí nos pasa algo, la Policía Municipal es la responsable”.

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Con los resultados de una segunda autopsia realizada al cadáver del progreseño Gaspar Avelino Sulub Cimé (a) “El Sulub” se confirmó que la Policía Estatal cumplió una orden de “levantar”, torturar y ejecutar al ex narcomenudista.
La pugna por el control de la venta de drogas en Yucatán provocó que agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI), perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cometieran un homicidio contra el habitante de Progreso, que fue levantado el lunes pasado en el puerto, como informamos.
Mediante golpes en la cabeza con un objeto contundente, los agentes estatales que están bajo las órdenes del director de la PEI, Carlos Eduardo Flores Moo, privaron de la vida al “Sulub”, aunque la corporación inicialmente dijo que fue por un “infarto” cuando era trasladado en una patrulla.
La SSP aún no informa del motivo de su detención, en la cual presuntamente participaron comandantes identificados como Luciano Moo Arceo, con clave “Lobo”, Marcos Antonio Huchim Campos, con clave “Ranger 5”, Triay Lucatero, y Camargo (a) “R-7”, este último director de la Base Arrecife.
El ahora occiso fue abordado en una camioneta del comandante Montejo por los agentes Ballina, “Bodoque” y “Chabelo” y trasladado al complejo de seguridad en el Periférico de Mérida.
Allá fue torturado por los elementos, según las fuentes, para que confiese del paradero de un cargamento de cocaína que “El Sulub” recogió en playas cercanas a Telchac Puerto, así como del producto de su venta.
Inicialmente se dijo que entre los agentes involucrados estaba Mauricio Durán Galera alias “Saeta”, pero se informó que fue dado de baja por el comandante Nolasco cuando se creó la PEI, hoy bajo las órdenes de Flores Moo, quien fue director de la Policía Municipal de Progreso.
Aunque se dijo que los agentes involucrados en el homicidio estaban a disposición de la Fiscalía General del Estado, hasta el momento no se ha informado de sus nombres “por el sigilo de la investigación”, argumentó su titular Wilberth Cetina Arjona, quien desmintió el “infarto” de la SSP y reveló que que el fallecido murió atragantado, según la autopsia oficial.
Sin embargo, en su reporte forense presentado ayer por los familiares de Sulub Cimé, el médico Pantoja Avila asentó que sí hubo tortura y múltiples golpes en diferentes del cuerpo, pero las que causaron la muerte fueron en la cabeza, mientras el ahora occiso era golpeado y se ahogaba con su sangre.

“Con los datos obtenidos de las contusiones que presenta el cadáver en la región frontal del cráneo, en el pterium derecho e izquierdo (las sienes) y las lesiones internas en la galea aponeurótica (la nuca) y hematomas subdurales de la masa encefálica (revienta los vasos sanguíneos y el sangrado llena la zona cerebral rápidamente) se concluye que la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico”.
Asimismo, continúa el informe particular, “al estudiar las lesiones que presentaban Infiltrados hemorrágicos alrededor del cuello, así como de la tráquea, y el tejido hemático (sangre) que había en la tráquea, se concluye que sufrió una asfixia por broncoaspiración (atragantado) del tejido hemático”.
“Por las múltiples lesiones que presenta el cuerpo en cara, cráneo, brazos y piernas se concluye que sufrió tortura”, concluye el dictamen pericial de necropsia que fue expedido anteayer lunes, una semana después del asesinato de “El Sulub”.
Ese mismo día, el profesional Pantoja Avila, quien en el pasado fue director del Servicio Médico Forense, comenzó a sufrir acoso por parte de la PEI, que lo sigue en camionetas, fotografían y rondan su casa y lugares que frecuenta.
Lo mismo le ocurre al enfermero que fue contratado para que lo asista en la autopsia.
Con la desaparición del ex narcomenudista es una incógnita quién tendrá el control de la venta de droga en el principal puerto de Yucatán, pero es evidente la Policía Yucateca ha dejado libre la plaza con la detención –tres días antes de la ejecución de Sulub- de Edelma H.M. (a) “La Chiapaneca” en un predio de la colonia Vicente Guerrero de Progreso, según reporta el portal de noticias “Progreso Hoy”.
Ayer, las hijas del ahora occiso exigieron justicia y cárcel para los asesinos, entre los cuales se señala como implicados a comandantes de la SSP, aunque la corporación estatal a cargo de Luis Felipe Saidén Ojeda no ha proporcionado el número de unidad, ni nombres de los elementos involucrados.
Tampoco la Fiscalía ha querido entregar carpeta de la investigación al abogado de la familia, pese a que ya fue presentado el nuevo dictamen forense.
El Equipo Indignación, que defiende los derechos humanos en el estado, envió una carta al gobernador Mauricio Vila Dosal para que detenga las frecuentes muertes de ciudadanos a manos de los policías yucatecos, que torturan antes a las víctimas.
Las hijas de “El Sulub” afirman que han recibido acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) e incluso se emitió una recomendación a Saidén Ojeda porque las muchachas son constantemente acosadas desde vehículos y amenazadas desde números telefónicos desconocidos para que “dejen las cosas como están”.
Incluso se ha visto un dron volando en los alrededores de la casa y el helicóptero de la SSP “muy cerca”, aseguraron.

Sin embargo, las hijas planean interponer denuncias ante todas las instancias posibles y mañana realizarán una marcha a las 9 horas, teniendo como punto de reunión la casa del hoy fallecido, en la calle 37 entre 88 y 90 de Progreso.
La convocatoria dice, textual: “Estimados progreseños, meridanos, yucatecos y toda aquellas gente que ah sido abusado por la SSP les invitamos que nos apoyen «Y QUE LEVANTEN LA VOZ» y unirnos todos para luchar con toda la injusticia que hemos pasado realizaremos una marcha pacífica para exigir que sea entregada el cuerpo y la carpeta de investigación al licenciado y a sus familiares y cada uno de nosotros expongamos cada caso de injusticia que hemos pasado cada uno de nosotros «LEVANTA LA VOZ» es hora que paremos las injusticias te invitamos el jueves 5 de marzo del año en curso a qué te unas a esta marcha pacífica por una justa razón”.
En tanto, en el sencillo predio fue dispuesto un altar simbolizando el ataúd de Sulub Cimé, con lo cual velan sin el cuerpo presente, con prendas que usó el ahora occiso que fue ejecutado por la Policía Yucateca.

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La entrada CUMPLIÓ POLICÍA YUCATECA TORTURA Y EJECUCIÓN DEL “SULUB” se publicó primero en PRESIDIO MX.

La agrupación de la sociedad civil “Equipo Indignación” mandó una carta al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, donde le exige poner un alto a las frecuentes muertes de ciudadanos a manos de la Policía.
Las activistas locales que defienden los derechos humanos señalan a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) yucateca por ocultar la información en el presunto homicidio de un hombre que fue “levantado” esta semana por elementos estatales en el puerto de Progreso, “un deplorable silencio” que incluye a Vila Dosal.
En su misiva al mandatario yucateco, el grupo Indignación le recuerda casos similares que han ocurrido a habitantes de Yucatán que están bajo custodia de policías del Estado y de municipios, hasta la fecha todos ellos impunes.
El caso más sangriento que PRESIDIO pudo documentar fue el asesinato a balazos de un habitante de Tzucacab, que fue acribillado a sangre fría mientras dormía en su hamaca, por agentes al mando de un comandante de la Policía Yucateca, Ariel Alonso Samos Sánchez, hombre de confianza del titular de la SSP Luis Felipe Saidén Ojeda.
Ese hecho, que fue evidenciado con fotografías en poder de este medio, derivó en disturbios y destrozos por la población en el Palacio Municipal y la expulsión del comandante, que fue destituido por el alcalde tras revelarse los detalles.
En la carta enviada hoy al gobernador Vila Dosal, sobre el nuevo caso que amenaza con salírsele de las manos, el texto íntegro dice:

C. Mauricio Vila Dosal
Gobernador de Yucatán

Expresamos toda nuestra solidaridad a los familiares de Gaspar Sulub Cimé.
Equipo Indignación.

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