Pobladores del municipio de Chocholá reportaron el aterrizaje de una avioneta en medio del monte, tras lo cual se originó una persecución y posterior operativo de búsqueda que incluyó a las fuerzas federales.

Supuestamente se realizó el decomiso de cuatro maletas que eran llevadas a bordo de tres vehículos, que fueron interceptados a la altura de la hacienda Poxilá por elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI).

Información recibida por PRESIDIO señala que el presunto aterrizaje ocurrió alrededor de las 9 de la mañana del martes y la persecución se originó al mediodía hasta el municipio de Umán.

Una persona fue detenida y cinco lograron escapar, internándose en los montes de Poxilá, según versiones extraoficiales, de modo que el operativo continuó hasta la noche, con apoyo del helicóptero de la Policía Estatal.

Reporteros de este medio llegaron alrededor de las 9 de la noche del mismo martes a Poxilá y recorrieron todo el tramo hasta Chocholá, pero no había indicios de dicha movilización policial.

El presunto operativo continuó –según los testimonios- la mañana de ayer miércoles y reporteros de PRESIDIO se trasladaron de nueva cuenta a la zona.

Se buscó una versión oficial sobre lo ocurrido pero no fue posible obtenerla.

De manera extraoficial se pudo confirmar la persecución ocurrida al mediodía del martes, pero se dijo que eran agentes de la PEI que perseguían –sin poder darles alcance por varios kilómetros- a indocumentados que seguían desde el municipio de Halachó.

Según la versión extraoficial, durante la persecución los agentes estatales lograron interceptarlos en Poxilá, pero los indocumentados descendieron de los vehículos y “se perdieron” en el monte, de modo que inició un operativo de búsqueda por tierra y aire.

El relato ciudadano obtenido por este medio indica que tras la persecución, la Policía detuvo a un vehículo a la altura de las instalaciones de Kekén en hacienda Poxilá, cerca de la ciudad de Umán.

“Los otros autos dieron vuelta en U y trataron de regresar rumbo Chocholá, pero les cerraron el paso y fue cuando los ocupantes bajaron y corrieron al monte”, relató uno de los testigos.

“De uno de los autos sacaron dos maletas y dos más de otro, pero no se sabe qué tenían dentro”, apuntó.

Trascendió que el resultado, hasta ayer miércoles, fue que no los habían ubicado, de modo que se consideró que los presuntos indocumentados “lograron escapar”.

Los reporteros de PRESIDIO, que realizaron ayer en el día la investigación al regresar a Chocholá y Poxilá, recogieron testimonios de pobladores y pudieron obtener algunas gráficas para corroborar la movilización policial, que fue incluso dentro de propiedades y ranchos.

Supuestamente el amplio operativo incluyó a efectivos de la Fiscalía General de la República (FGR), del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, además de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán y la PEI.

La zona de búsqueda abarcaba todo el tramo carretero desde Umán hasta Chocholá, señalaron, y “había agentes federales apostados en la carretera en espera de ver  si alguien salía del monte”, según los relatos.

En Chocholá se dijo que una avioneta “bajó atrás de la cabecera” y la vieron pasar “muy bajito” alrededor de las 9 de la mañana.

Posteriormente, se abundó, salieron cuatro autos de Chocholá con dirección a Mérida, pero entraron por Poxilá para dirigirse a Umán, que es cuando sucedió la persecución narrada por los lugareños.

Una versión en el sitio dijo que “eran tres autos con personas armadas y bultos”. Presuntamente hubo un detenido y se encontraron armas y droga en las unidades, pero esto no ha podido ser confirmado.

“Lograron detener a los autos, pero todos se bajaron y corrieron al monte. A uno agarraron”.

Una fuente federal mencionó que se tuvo conocimiento de tres supuestas cubanas, un veracruzano y dos yucatecos que huían a bordo de dichos vehículos. Un detenido fue quien habría revelado la nacionalidad de los demás.

Sin embargo, la molestia de la gente local, según fue señalado a PRESIDIO, es que los elementos entraron en sus propiedades y ranchos sin permiso, en busca de dichas personas, y fuertemente armados.

“La Fiscalía federal se metió a mi rancho y anoche había patrullas metidas en las veredas. Ya era de noche y el helicóptero seguía dando vueltas”, narró un ganadero.

“Fue algo fuerte al parecer porque se metieron también soldados al monte para revisar”, dijeron otros. Los pobladores añadieron que los policías federales se portaron prepotentes y pidieron que si veían luz o ruido de inmediato llamaran al 911.

“Los estatales fueron más decentes, pero los de la FGR, que andaban en dos autos blancos y una camioneta guinda, esos no. Esos empujaron mi portón y entraron muy locos, pero como toda mi propiedad está protegida con cámaras, se calmaron un poco al verlas”.

Los testigos detallaron que vieron en el operativo dos camiones con soldados, dos camionetas Ranger de color blanco, dos Suburban –negra y gris- y una camioneta Toyota.

La última información obtenida por PRESIDIO señala que la supuesta avioneta bajó en una pista que ya no está en funcionamiento y que se ubica cerca del súper exclusivo hotel “Chablé”, del cual –dijeron las fuentes- el dueño es proveniente del norte del país.

Asimismo que en Chocholá reside “un señor pesado” que acostumbra traer grupos foráneos a sus fiestas y tiene gustos “extravagantes”.

Con información de PRESIDIO MX

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La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el ex gobernador del PRI Rolando Zapata Bello cometió un delito penal al cancelar la construcción de un hospital en el municipio de Ticul.

El gobernante negó el acceso a mejores servicios médicos y hospitalarios en la zona sur de Yucatán y resultó en un crimen para la población, incluso con pérdida de vidas por ese motivo.

En noviembre del año pasado, la también ex gobernadora del PRI Ivonne Ortega Pacheco denunció por la vía penal a Zapata Bello para “acallar mentiras y que la justicia documente y sancione a los responsables” por cancelar el hospital que se construía en Ticul, hecho que se le ha atribuido a ella.

Mediante una notificación enviada a la denunciante la semana pasada, la FGR señaló que el delito es abuso de autoridad y se castiga con pena de hasta 8 años de prisión.

Sin embargo, indicó, dicho delito prescribió en 2019 al haberse cometido en 2015 y no realizarse ninguna investigación, pues incluso el sucesor de Zapata Bello, panista Mauricio Vila Dosal, no lo denunció a pesar del evidente daño a la población.

El delito identificado por la FGR es Abuso de Autoridad, “cometido por el servidor público que indebidamente niegue a los particulares un servicio que tenga la obligación de darles” y está previsto en el Artículo 215 fracción III del Código Penal Federal.

Se sanciona con pena de uno a ocho años de prisión y de 50 hasta 100 días multa.

Pero al abstenerse la FGR de investigarlo por haber caducado, el equipo jurídico de Ortega Pacheco dijo que explorará otras vías para hacer valer el precepto y que el delito no quede impune.

El acuerdo que la Fiscalía General de la República notificó es que se determinó la facultad de abstención de investigar la denuncia por la cancelación del Proyecto de Prestación de Servicios Hospital de Ticul presentada contra Rolando Zapata Bello y/o quien resulte responsable, pues considera que el delito atribuible prescribió en diciembre de 2019.

Consideró el Ministerio Público Federal que dicho delito se consumó en mayo de 2015, con la cancelación del Proyecto, y de esa fecha a la actualidad no se practicó ninguna diligencia para investigar ni, en consecuencia, sancionar el ilícito, por lo cual se actualizaría la “PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL del delito en estudio”.

Ivonne Ortega hizo notar que no es el único delito imputado a Rolando Zapata Bello y/o quien o quienes resulten responsables, y que hay discrepancia sobre la catalogación de la temporalidad del ilícito, por lo cual se exploran las vías legales para hacer valer el precepto ya identificado.

“El tema sigue y obviamente haremos más actuaciones jurídicas”, aseguró una fuente cercana a la ex gobernadora.

“Vamos con la ventaja de que no es una denuncia sin contenidos, ni un tema administrativo, como en su momento dijo Rolando Zapata para desestimar el asunto, sino que es un delito penal”, abundó.

La fuente señaló que el ex gobernador del PRI “se pasó todo este tiempo despreciando la denuncia y diciendo que no era asunto penal, pero sí lo es”, de modo que buscarán hacer justicia a través de otras vías.

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La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso de homicidio del joven veracruzano José Eduardo Ravelo Echevarría, quien murió en Yucatán presuntamente luego de ser violado y golpeado por elementos de la Policía Yucateca.

Será la autoridad federal la que tenga la última palabra sobre este caso, luego de que sus fiscales estuvieron en la entidad yucateca durante un mes investigando el delito de tortura y ahora se informó que la FGR se hará cargo también de la carpeta por el delito de homicidio.

Con ello quedó suspendida la audiencia que debía celebrarse el próximo lunes 25, a las 12:15 horas, en la cual los fiscales estatales apelarían la decisión del juez de control Rómulo Bonilla Castañeda quien decretó la libertad de los policías municipales.

La intención de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán era apelar para inculpar de nuevo a los elementos de la Policía Municipal de Mérida y meterlos a prisión por segunda ocasión, con mayores elementos que probaran su responsabilidad en la muerte de “El Güero”.

Sin embargo, hoy se dio a conocer mediante comunicado que la Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán suspendió de manera definitiva la audiencia de apelación sobre el juicio de homicidio que llevaba la Fiscalía estatal.

Lo anterior, se explicó, en razón de que la FGR ejerció la facultad de atracción sobre el caso, por lo que ya es de competencia exclusiva de la Federación.

El Tribunal también informó que dicha suspensión ha sido notificada oportunamente a las partes, que incluye a los familiares del Güero.

Al respecto, entrevistada por PRESIDIO desde Veracruz, la señora Dora María Ravelo Echevarría externó que tiene confianza en la Fiscalía yucateca, “pero para mi conveniencia es mejor que salga de Yucatán”.

Lo que pasa, dijo, es que “ahí (en Yucatán) hay mucha mano negra y no estoy confiada de que las cosas vayan a ser imparciales”.

Destacó que hoy viernes se cumplen tres meses exactamente de que recibió la llamada de su hijo José Eduardo, el 22 de julio de este año, donde le relató lo ocurrido y le pidió su ayuda, tras lo cual la señora viajó a Mérida.

Sobre la apelación que se buscaba ante el Tribunal, manifestó que tiene mucha confianza en los elementos de prueba que trabajó la FGE, los cuales eran fundamentales para revocar la orden del juez que decretó la libertad de los policías municipales.

“Pero si la FGR ya lo atrajo, yo me atengo a ello, porque yo misma busqué el apoyo del Gobierno Federal pues tengo más confianza de que haya justicia fuera de Mérida”, declaró, debido a actores externos como el Presidente Municipal y el jefe de la Policía Estatal.

“Se cumplió el propósito. Yo dije que sin en Mérida no me hacían justicia, me iba a ir a la Ciudad de México para hablar con el Presidente y afortunadamente él no me falló, me hizo caso, me está ayudando y le agradezco infinitamente”.

Por eso mismo, sobre la decisión de que la FGR atraiga por completo el caso de la muerte de su hijo, “no me queda de otra que seguirme con ellos, los federales”.

Afirmó que los agentes de la FGR “hicieron una investigación exhaustiva, mayor que la realizada por la Fiscalía del Estado y esperemos que paguen los que tengan que pagar”.

Y los que cayeron en el delito de omisión, apuntó, también que tengan su parte.

Reveló que la autoridad federal ya tiene el 100 por ciento de las grabaciones de todas las cámaras de la Policía Municipal, porque había dos cuyo contenido se desconocía y que serían claves en la investigación.

“El fiscal federal me dijo que ya tienen todos los vídeos, porque para poder culpar a estas personas faltaban los vídeos de dos cámaras, pues no se sabe que pasó durante ese tiempo” de grabación que estaba perdido.

Tenemos todo, todo, todo y ya no hay lugar a duda, fue lo que el fiscal federal le externó a la señora Dora Ravelo al hablar sobre los avances de la investigación, por lo cual ella tiene alta esperanza de que sí habrá justicia.

En su momento la Fiscalía yucateca me ayudó y pienso que hizo las cosas como debieron ser, aseveró, pero “me quedé decepcionada del alcalde Renán Barrera y de su jefe policiaco, pero algún día se van a quedar sin el poder”.

También se dijo decepcionada del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, Luis Felipe Saidén Ojeda, “el mero jefazo”, expresó, quien consideró es quien maneja las cosas en el estado.

“El gobernador Mauricio Vila, aunque tarde, me está apoyando”, indicó.

Reiteró que el licenciado Andrés Nieves ya no tiene relación alguna con este caso y agradeció a PRESIDIO “por ser el primero que me escuchó” cuando en todos lados le cerraban las puertas.

Soy veracruzana y lo que digo lo sostengo, y si no digo algo también lo defiendo, finalizó la madre del “Güero”.

CONTEXTO:

CONCLUYEN INVESTIGACIONES FEDERALES POR CASO DE JOSÉ EDUARDO

VIVIMOS LOS AÑOS MÁS VIOLENTOS EN YUCATÁN

CADA DOS DÍAS SE DENUNCIA TORTURA EN YUCATÁN

«ENCUBRE FISCALÍA A VERDADEROS ASESINOS DE JOSÉ EDUARDO»

VIAJAN A MÉRIDA AGENTES FEDERALES POR CASO DE JOSÉ EDUARDO: https://www.facebook.com/PresidioOnline/posts/1107599490073254

ASEGURA LA FGR TRES PATRULLAS MUNICIPALES: https://www.facebook.com/PresidioOnline/posts/1109579439875259

(VÍDEO) La presunta ruta que siguió José Eduardo Ravelo antes de aparecer con graves lesiones: https://www.facebook.com/PresidioOnline/posts/1114699849363218

(VÍDEO) Revelación de que al parecer no fueron municipales los autores de la muerte, detalles: https://www.facebook.com/PresidioOnline/videos/1162210147597027

(VÍDEO) El día que se dio a conocer el caso, a través de PRESIDIO: https://www.facebook.com/PresidioOnline/videos/501750580893713

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Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los hechos que derivaron en la muerte del joven veracruzano José Eduardo Ravelo Echevarría en Yucatán han concluido y en los próximos días se rendirá un informe sobre los resultados de dichas indagatorias.

Se indicó en forma extraoficial que será el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien ofrecerá información acerca de la amplia investigación que se realizó para esclarecer el caso que tuvo repercusión nacional y dejó en entredicho la seguridad en Yucatán.

Según se averiguó, las indagatorias abarcaron diferentes líneas de investigación, que incluyeron sus movimientos días antes de su detención a cargo de policías municipales de Mérida, e incluso sus actividades antes de llegar a radicar en la capital yucateca.

Trascendió que este miércoles la mamá del joven fallecido ofrecería una rueda de prensa en San Juan, supuesto epicentro de los hechos, para dejar en claro que no desea que se manche la memoria de su hijo y que confía en las autoridades federales en que no habrá impunidad.

Las autoridades de la FGR encargadas del caso fueron enfáticas en que se fincarán responsabilidades por este caso y que fue una acción “gravísima” haber filtrado material en vídeo –presuntamente por parte de la Fiscalía General del Estado-, independientemente de los hechos ocurridos.

Por la reserva de la investigación, que es confidencial y a la cual supuestamente no tienen acceso las autoridades estatales, no se proporcionaron mayores datos sobre los resultados.

Sin embargo, PRESIDIO supo que en los trabajos realizados en Mérida y en Kanasín participaron alrededor de 20 elementos de la FGR, entre policías y peritos, que llegaron desde el 20 de agosto pasado y cambiaron su residencia a la capital yucateca por un mes.

Los elementos federales han retornado a la Ciudad de México, luego de cumplir con la encomienda del presidente Andrés Manuel López Obrador de investigar de manera exhaustiva los hechos, “caiga quien caiga”.

Trascendió que habría sanciones contra determinadas autoridades por su participación indirecta en los hechos y, en otros casos, por omisión u ocultamiento de la información.

La función del grupo enviado a Mérida fue únicamente investigar y litigar el caso, sin hacer declaraciones, aunque la reconstrucción de hechos llevada a cabo el 3 de septiembre fue a la vista pública en los alrededores del parque de San Juan. Hubo un ensayo la noche anterior, como reportó PRESIDIO en vivo.

Como parte de las investigaciones fue exhumado el cadáver de José Eduardo sepultado en su natal ciudad Isla, Veracruz, para realizarle una nueva autopsia y se aseguraron unidades de la Policía Municipal de Mérida, que se mantienen resguardadas en las instalaciones de la FGR en Yucatán.

Desde el 11 de agosto PRESIDIO reportó que la Fiscalía estatal encubría a los verdaderos verdugos de “El Güero” (https://presidiomx.com/encubre-fiscalia-a-verdaderos-asesinos-de-jose-eduardo/) al mantener oculta la evidencia completa del contenido de las videocámaras a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y determinar la verdad de lo que realmente ocurrió al joven.

Durante las investigaciones también salió a relucir el actuar de la Policía Yucateca, que según testimonios recabados en ciudadanos entrevistados, emplea procedimientos que muchas veces derivan en prácticas de tortura.

PRESIDIO publicó que cada dos días se denuncia tortura en Yucatán, según un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés): https://presidiomx.com/cada-dos-dias-se-denuncia-tortura-en-yucatan/

Se estima que numerosos casos no llegan a conocerse debido a posibles amenazas hacia las víctimas o por miedo a represalias.

Incluso la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) emitió un informe donde expone que documentó 22 personas fallecidas estando detenidas y en custodia de autoridades policiacas municipales y estatales.

Dichas muertes se dieron en el lapso de 2018 a noviembre de 2020 y la información hizo eco en varios medios locales y nacionales: https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/11/16/entre-2018-y-2020-murieron-22-personas-detenidas-en-yucatan-codhey-173.html

El organismo hizo un llamado a los elementos policiales a seguir los protocolos establecidos en las corporaciones para garantizar la integridad y la vida de los yucatecos durante el tiempo que estén bajo su resguardo y responsabilidad.

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La Fiscalía General de la República (FGR) en Yucatán incineró diversos narcóticos y destruyó objetos del delito, relacionados con 29 carpetas de investigación sobre aseguramientos realizados en coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
Los estupefacientes incinerados fueron: 554 kilos 608 gramos 157 miligramos de marihuana; mil 650 unidades de clobenzorex (supresor del apetito), 66 gramos 749 miligramos de clorhidrato de cocaína (cocaína pura) 49 gramos 400 miligramos de clorhidrato de metanfetamina (“cristal”) y 500 miligramos de tetrahidrocannabinol (cannabis).
El acto de incineración se efectuó en el ex Campo de Tiro de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, situado en la colonia Mulchechén, en el municipio de Kanasín.
Asimismo en el Relleno Sanitario de Mérida, ubicado en el Periférico poniente, en el kilómetro 1.5 de la carretera Susulá-Chalmuch, se destruyeron 48 kilos de 420 gramos de la especie isostichopus badionotus (pepino de mar), 43 kilos 900 gramos de la especie acuática octopus maya (pulpo), 680 gramos de lobatus costatus (caracol blanco) y cuatro kilos 940 gramos de tubinella angulata (caracol).
Además 321 objetos del delito, entre los que se encuentran cubetas, bidones, mangueras, credenciales apócrifas, sellos de goma y básculas electrónicas, entre otros.
Los actos de incineración y destrucción estuvieron a cargo del Ministerio Público Federal, donde se contó con la participación de peritos en materia de química y fotografía, así como elementos de la Policía Federal Ministerial.
La identificación, conteo, pesaje y toma de muestras fue supervisada por personal del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República.

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