Con burla, diciendo a la auxiliar de la Sala 5 del Centro de Justicia Oral de Mérida, que era “chivo expiatorio”, una vez más, pero por una denuncia por peculado cometido en pandilla, compareció ante la justicia el alcalde de Motul, Roger Aguilar Arroyo, por cobrar la pavimentación de una calle en dos ocasiones.

La juez de control Diana Yadira Garrido Colonia llamó a comparecer a este personaje de la política local.

Junto con Aguilar Arroyo estuvieron en calidad de coacusados el secretario de la Comuna de Motul, Reynaldo Luis Canul Guerra; el director de Obras Públicas de Motul, Eric Martín Acosta Palma, y Salvador Alberto C.C., representante de la compañía “Avril Ingeniería y Asociados, SA de CV”.

El alcalde, funcionarios y constructor, estuvieron acompañados de un grupo de abogado que buscaban aplazar la audiencia 10 días.

Al final, lograron su cometido, al alegar que necesitaban tiempo para imponerse a la carpeta de investigación de sus defendidos.

La juez Garrido Colonia accedió a la petición de los defensores y difirió la audiencia de imputación para el 9 de junio.

Roger Aguilar llegó sin su clásica barba y con un cambio de “look”, pues quedó con patillas largas, al estilo de los años 70.

La denuncia fue interpuesta por el auditor superior del Estado, el contador público Mario Can Marín.

La Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) detectó que el Ayuntamiento de Motul, que preside Aguilar Arroyo, justificó un contrato de obra pública de la pavimentación de una calle de Motul por un monto de 816,476 pesos, en el año 2021.

Sin embargo, esa misma obra fue ejecutada en el año 2018.

Al verificar la ASEY, se detectó que en el 2019 se reportó la conclusión de los trabajos de pavimentación.

Todo indica que el alcalde, sus funcionarios y el representante de esa empresa constructora cobraron en dos ocasiones por el mismo trabajo.

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Debido a diversas omisiones e irregularidades en el llenado del informe policial homologado que evidenciaron la actuación arbitraria de los agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI), el juez de control Santos May Tinal decretó como ilegal la detención de los jóvenes  Andrea Sofía  C.R.  y Sebastián N.U., quienes participaron en la marcha a favor de Sitilpech y, por lo tanto, ordenó su inmediata liberación.

En la audiencia inicial, la Fiscalía General del Estado intentó imputar a los jóvenes por los delitos de ataque a servidores públicos y lesiones a servidores públicos, pero no contó con elementos para acreditar la presunción mínima de que sí lo cometieron en flagrancia.

La fiscal dio lectura a la información de la carpeta de investigación, en la que indicó que la razón de la actuación de los policías vestidos de civil es porque dichos jóvenes estaban discutiendo en la vía pública al finalizar la marcha. Según la PEI, cuando los agentes se acercaron para intervenir, Sebastián  golpeó a un policía con un caracol blanco que se utiliza para ceremonias prehispánicas y amagó con atacarlo de nuevo, mientras que Andrea Sofía empujó a una mujer policía, provocándole un esguince de primer grado.

Sin embargo, la carpeta estaba llena de inconsistencias, como el hecho de que, según la Policía Estatal, el arresto ocurrió a las 10: 30 de la noche y así lo precisó en el Registro Nacional de Detenciones. La fiscal indicó que hubo un error en el llenado de dicho dato y que en realidad se realizó a las 8: 30, pero nunca se corrigió en el mencionado sistema.

Además, la fiscal reconoció que al momento de la detención no le leyeron sus derechos a los jóvenes y no se precisó la hora en que le aplicaron los mecanismos de seguridad (esposas) cuando los metieron a dos vehículos de la Policía Estatal, los cuales no estaba rotulados.

Otra inconsistencia fue que supuestamente los agentes portaban chalecos de seguridad y que al momento de la detención, aproximadamente 30 personas se les acercaron y se los jalaron, por lo que al sentirse en riesgo decidieron retirarse. En esa versión, sostuvieron que no pudieron encontrar el caracol que supuestamente se usó para al agresión del policía.

Por todas esas irregularidades, los abogados de los acusados, David Dorantes y Orlando Estrella, solicitaron al juez que se proyecte un video en el que se observó el momento de la detención y en el que se corroboró que los agentes no traían sus chalecos y en ningún momento se vio el caracol.

Además, precisaron otra inconsistencia, como el hecho de que, según el informe policial,  un oficial le informó de sus derechos a los arrestados a las 8: 30 de la noche al mismo tiempo y en dos vehículos diferentes, lo que catalogaron de fantasioso.

Los defensores hicieron mucho hincapié en las inconsistencia en cuanto a la hora que supuestamente se hicieron las detenciones y del momento en que fueron presentados ante el ministerio público, datos plasmados en el Registro Nacional de Detenciones.

La fiscal pidió al juez que no se tome en cuenta el video, a pesar de que en un principio no se opuso a que se proyecte, pues según ella “no aporta nada”  y solo se trata de un fragmento de lo ocurrido. Sin embargo, May Tinal recalcó que dicho material era importante porque sólo se contaba con la versión de los dichos de los policías de un informe lleno de omisiones.

En su resolución, el juzgador señaló que el operativo de la PEI fue desacertado y consideró como absurdo que se emplearon al menos 6 agentes policiacos ante una “discusión en la vía pública”.

También cuestionó la capacidad y el entrenamiento de los policías que no pudieron advertir que supuestamente Sebastián tenía un caracol en su mano para agredirlo. Además, indicó que en el video no se aprecia que 30 personas se aproximaron a los policías

Asimismo, recalcó que ninguno tenía chaleco, por lo que sería ilógico que los hayan jalado y puesto en riesgo. En ese sentido, les recordó que debieron tener un distintivo que los acredite como miembros de la Secretaría de Seguridad Pública.

Por todas estas irregularidades, el juez declaró la no legal detención de los jóvenes y ordenó su inmediata liberación. Pese a eso, la fiscal solicitó que sean imputados, a lo que el juzgador le advirtió lo delicado de su petición y por eso se retractó.

En la otra audiencia, que se celebró de manera simultanea, una juez sí imputó a les activistas Andrew “N” y Dafne Isabel “N”, por los delitos de portación de armas y objetos peligrosos, desobediencia, resistencia y agresiones a servidores públicos. Sin embargo, le impusieron medidas cautelares menores y seguirán su proceso en libertad.

Llamó la atención que en ambas audiencias, los fiscales enfatizaron que la Policía activó un “código rojo” por la marcha de Sitilpech, debido a que los manifestantes lanzaron amenazas y cargaban latas de pintura, por lo que se dispuso el operativo de seguridad en la que los agentes llegaron vestidos de civil.

Con información de Herbeth Escalante / Haz Ruido

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–Inicia la etapa intermedia del juicio por el crimen de Sergio Serranova y existe la posibilidad de una sentencia mínima o la libertad al homicida

#YUCATÁN Aún cuando el fallecido juez Luis Edwin Mugarte Guerrero constató que el asesinato del promotor artístico Sergio Serrano Navarro (a) “Serranova” fue una masacre, la Fiscalía General del Estado insiste en presentarlo como una muerte ocurrida en riña.
Este martes, al cumplirse 10 meses exactos del crimen, inicia la etapa intermedia del juicio y el fiscal de la Agencia Especializada en delitos de Homicidios, Jesús Eddiel Zapata Solís, lo reclasificó por segunda ocasión para que sea presentado al juez como “homicidio por riña con carácter de provocado”.
El miércoles pasado PRESIDIO publicó que la escena encontrada en la casa del fraccionamiento Francisco de Montejo fue del cuerpo con casi 40 puñaladas, con cráneo y cara destrozados, regueros de sangre en pisos, paredes y techo, pero la representación del gobierno del estado pretende que el crimen sea juzgado como muerte “en riña”.
En esa recolección de indicios los agentes hallaron y fotografiaron rastros de sangre que muestran que el ahora occiso corrió por todos los rincones de la casa, desangrándose, al tratar de escapar de las cuchilladas, lo cual este medio mostró a la opinión pública: https://www.facebook.com/PresidioOnline/posts/890858681747337
En nueva entrevista con PRESIDIO, la madre del asesinado, la señora María Martha Navarro Arévalos, expuso que los abogados del imputado por el homicidio, Braulio Luna Sánchez, buscan que además de homicidio en riña –sin agravantes- cuya pena es de 2 a 6 años, tenga un juicio abreviado, es decir, que confiese que lo mató y reciba una sentencia de sólo 3 años.
El joven Luna Sánchez está preso –no libre, como fue indicado en la primera entrevista de los familiares con PRESIDIO- y el día 23 de este mes cumple 10 meses. “Y como está cerca de cumplir un año, existe la posibilidad de que le dicten su liberación con alguna medida cautelar diferente a la cárcel”, expuso.
Si la titular del Juzgado Segundo de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Ileana Georgina Domínguez Zapata, acepta la propuesta de la Fiscalía y no considera las agravantes que en su momento resaltó el juez Mugarte (quien tras ver las evidencias “regañó” a fiscales y abogados por presentar la muerte como ocurrida en riña), podría reducirse por muchos años la condena y que el asesino quede libre, externó la madre de “Serranova”.
“Mi hijo fue asesinado con todas las agravantes, de manera brutal y cobarde, por un sujeto originario de Veracruz que actualmente tiene la medida cautelar de prisión preventiva por el tiempo que dure este proceso”.
Detalló que los hechos están en la carpeta de investigación H1/025/2019, radicada en la Fiscalía Investigadora en Delitos de Homicidio, y relacionados con la carpeta administrativa con número 388/2019.
Señaló que hay muchas irregularidades en este proceso penal, pues “desde el inicio el imputado fue detenido en Mérida por la Policía Estatal y posteriormente puesto en libertad por motivos que desconozco”.
Relató que 3 días después del crimen, Braulio Luna se presentó con su abogado particular para rendir su declaración, “que ya estaba previamente preparada en el Ministerio Público y con la misma se retiró a su domicilio”.
Luego el fiscal de Homicidios Eddiel Zapata Solís, cuando fue celebrada la audiencia de imputación contra Luna Sánchez, el 23 diciembre de 2019, formuló su acusación por el delito de “homicidio por riña en su carácter de provocado” cuya pena es de 2 a 6 años de prisión.
“Mi hijo recibió más de 30 puñaladas en cara, cabeza y todo el cuerpo, además de 5 costillas fracturadas, lesiones que constan en el dictamen de Criminalística de Mecánica de Hechos», elaborado tanto por el perito de la propia Fiscalía General del Estado como por el perito particular de la defensa, donde se detallan todas las lesiones del occiso.
Sin embargo, indicó, se busca desacreditar esas lesiones al decir que Sergio se las hizo solo, al caer sobre un mueble o al golpear su cara y cabeza contra el piso, aunque la evidencia indica que el homicida lo tenía sujetado de su ropa al momento de ultimarlo.
El estudio fue elaborado por el Perito Criminalista Francisco Andrés Yam Pinto el 24 de julio de 2020 y señala que las heridas fueron ocasionadas por un objeto punzocortante (cuchillo de sierra) antes de morir (ante morten).
“No conforme con haberlo apuñalado en repetidas ocasiones, Braulio Luna lo remató con un objeto contuso de metal, golpeándolo en la nariz y cabeza”.
La madre del occiso aclaró que los peritos de la Fiscalía “en ningún momento realizaron la respectiva prueba de dactiloscopia en el arma homicida, y otras anomalías que obran en la carpeta de investigación”.
Todo eso lo omitió el funcionario de gobierno Eddiel Zapata, pues fue el Juez de Control Mugarte Guerrero, quien en la audiencia celebrada el 23 diciembre del año pasado reclasificó el delito al menos por Homicidio Simple e inmediatamente dictó prisión preventiva.
“Braulio únicamente presentó heridas en dedos y palmas de las manos, pero parece que él mismo se las provocó para justificar la supuesta riña”, consideró.
La señora Navarro Arévalos destacó que en ningún otro lugar de su cuerpo el imputado de 19 años de edad tenía hematomas visibles o heridas, de modo que es inexplicable que la representación social del gobierno quiera hacer creer que hubo una pelea. “A Sergio lo mataron con alevosía y ventaja”.
Por ello el juez Mugarte otorgó un plazo de 4 meses más, con el fin de que se realice una investigación complementaria.
El 13 de agosto de este año, cuando Mugarte Guerrero ya estaba hospitalizado al ser contagiado por el virus Covid-19, el fiscal Zapata Solís presentó su escrito de acusación, nuevamente por el delito de “Homicidio por Riña en su carácter de provocado” aun cuando ya existía una vinculación a proceso por el delito de “Homicidio Simple”.
“Cuando le preguntamos al licenciado Eddiel el motivo, únicamente manifestó que ‘es orden de arriba’. Entonces yo me pregunto: ¿quién está detrás de todo esto?”.
“Desconozco si el Fiscal General Wilbert Cetina Arjona está enterado de esta situación, pues en repetidas ocasiones he solicitado audiencia para exponerle mi caso y hasta la fecha no me ha recibido”.
Hoy 6 de octubre inicia la etapa intermedia, ya que el abogado defensor Jesús Antonio Alonzo Torres solicitó una prórroga de 20 días para solicitar un juicio abreviado y “con esto el imputado Luna Sánchez podría obtener una sentencia mínima y hasta su libertad, después de haber asesinado a mi hijo”.
“Lo único que exijo es que se haga justicia, que se aplique la ley como se debe y que su homicidio no quede impune”, finalizó.
Al preguntar entre algunas fuentes no autorizadas de la Fiscalía quiénes y por qué hay funcionarios aparentemente interesados en manipular el caso, la respuesta más coincidente fue que la familia del imputado es de Veracruz y que supuestamente su padre, del mismo nombre, estaría relacionado con algunas actividades ilícitas y autoridades de esa entidad estarían pidiendo “favores” a sus homólogos yucatecos para colaborar en este caso.

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En medio de un fuerte operativo de seguridad, hoy fueron trasladados los sicarios de Quintana Roo que llegaron a Yucatán para ejecutar a un restaurantero en la localidad de Chicxulub Puerto.
Los detenidos fueron llevados en un convoy policial al Centro de Justicia Oral, ubicado en la colonia San José Tecoh, al sur de la ciudad de Mérida, donde se realiza una audiencia ante un juez por el asesinato ocurrido el domingo pasado.
Los presuntos asesinos iban en una unidad blindada, custodiados por una veintena de policías que se trasportaron en varias patrullas al edificio de San José Tecoh.
La Fiscalía General del Estado integró la carpeta de investigación por los delitos de homicidio calificado y portación de armas e instrumentos prohibidos, relacionados con la ejecución.
Ayer fueron turnados por un juez de control de Progreso, municipio donde ocurrió la ejecución, fueron vinculados a proceso y hoy se realiza la audiencia de imputación en Mérida.
Los sicarios son tres hombres y una mujer, los cuales fueron detenidos por la SSP de Yucatán cuando huían en una camioneta Nissan Xtrail blanca y portaban dos armas de fuego.
La captura de los presuntos homicidas, originarios de Veracruz y de Quintana Roo, fue en el puesto de control de la SSP en la carretera Mérida-Valladolid, a la altura de la hacienda Teya.
Los individuos fueron plenamente identificados por familiares y personas que presenciaron los hechos, ocurridos el mediodía del domingo en Chicxulub Puerto, los cuales informamos con oportunidad.

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