Debido a diversas omisiones e irregularidades en el llenado del informe policial homologado que evidenciaron la actuación arbitraria de los agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI), el juez de control Santos May Tinal decretó como ilegal la detención de los jóvenes  Andrea Sofía  C.R.  y Sebastián N.U., quienes participaron en la marcha a favor de Sitilpech y, por lo tanto, ordenó su inmediata liberación.

En la audiencia inicial, la Fiscalía General del Estado intentó imputar a los jóvenes por los delitos de ataque a servidores públicos y lesiones a servidores públicos, pero no contó con elementos para acreditar la presunción mínima de que sí lo cometieron en flagrancia.

La fiscal dio lectura a la información de la carpeta de investigación, en la que indicó que la razón de la actuación de los policías vestidos de civil es porque dichos jóvenes estaban discutiendo en la vía pública al finalizar la marcha. Según la PEI, cuando los agentes se acercaron para intervenir, Sebastián  golpeó a un policía con un caracol blanco que se utiliza para ceremonias prehispánicas y amagó con atacarlo de nuevo, mientras que Andrea Sofía empujó a una mujer policía, provocándole un esguince de primer grado.

Sin embargo, la carpeta estaba llena de inconsistencias, como el hecho de que, según la Policía Estatal, el arresto ocurrió a las 10: 30 de la noche y así lo precisó en el Registro Nacional de Detenciones. La fiscal indicó que hubo un error en el llenado de dicho dato y que en realidad se realizó a las 8: 30, pero nunca se corrigió en el mencionado sistema.

Además, la fiscal reconoció que al momento de la detención no le leyeron sus derechos a los jóvenes y no se precisó la hora en que le aplicaron los mecanismos de seguridad (esposas) cuando los metieron a dos vehículos de la Policía Estatal, los cuales no estaba rotulados.

Otra inconsistencia fue que supuestamente los agentes portaban chalecos de seguridad y que al momento de la detención, aproximadamente 30 personas se les acercaron y se los jalaron, por lo que al sentirse en riesgo decidieron retirarse. En esa versión, sostuvieron que no pudieron encontrar el caracol que supuestamente se usó para al agresión del policía.

Por todas esas irregularidades, los abogados de los acusados, David Dorantes y Orlando Estrella, solicitaron al juez que se proyecte un video en el que se observó el momento de la detención y en el que se corroboró que los agentes no traían sus chalecos y en ningún momento se vio el caracol.

Además, precisaron otra inconsistencia, como el hecho de que, según el informe policial,  un oficial le informó de sus derechos a los arrestados a las 8: 30 de la noche al mismo tiempo y en dos vehículos diferentes, lo que catalogaron de fantasioso.

Los defensores hicieron mucho hincapié en las inconsistencia en cuanto a la hora que supuestamente se hicieron las detenciones y del momento en que fueron presentados ante el ministerio público, datos plasmados en el Registro Nacional de Detenciones.

La fiscal pidió al juez que no se tome en cuenta el video, a pesar de que en un principio no se opuso a que se proyecte, pues según ella “no aporta nada”  y solo se trata de un fragmento de lo ocurrido. Sin embargo, May Tinal recalcó que dicho material era importante porque sólo se contaba con la versión de los dichos de los policías de un informe lleno de omisiones.

En su resolución, el juzgador señaló que el operativo de la PEI fue desacertado y consideró como absurdo que se emplearon al menos 6 agentes policiacos ante una “discusión en la vía pública”.

También cuestionó la capacidad y el entrenamiento de los policías que no pudieron advertir que supuestamente Sebastián tenía un caracol en su mano para agredirlo. Además, indicó que en el video no se aprecia que 30 personas se aproximaron a los policías

Asimismo, recalcó que ninguno tenía chaleco, por lo que sería ilógico que los hayan jalado y puesto en riesgo. En ese sentido, les recordó que debieron tener un distintivo que los acredite como miembros de la Secretaría de Seguridad Pública.

Por todas estas irregularidades, el juez declaró la no legal detención de los jóvenes y ordenó su inmediata liberación. Pese a eso, la fiscal solicitó que sean imputados, a lo que el juzgador le advirtió lo delicado de su petición y por eso se retractó.

En la otra audiencia, que se celebró de manera simultanea, una juez sí imputó a les activistas Andrew “N” y Dafne Isabel “N”, por los delitos de portación de armas y objetos peligrosos, desobediencia, resistencia y agresiones a servidores públicos. Sin embargo, le impusieron medidas cautelares menores y seguirán su proceso en libertad.

Llamó la atención que en ambas audiencias, los fiscales enfatizaron que la Policía activó un “código rojo” por la marcha de Sitilpech, debido a que los manifestantes lanzaron amenazas y cargaban latas de pintura, por lo que se dispuso el operativo de seguridad en la que los agentes llegaron vestidos de civil.

Con información de Herbeth Escalante / Haz Ruido

La entrada FUE ILEGAL LA DETENCIÓN TRAS MARCHA: JUEZ se publicó primero en PRESIDIO MX.

El sindicato de los trabajadores al servicio del Poder Judicial de Yucatán convocó a una huelga, a partir de mañana 1 de diciembre, en juzgados y áreas administrativas porque el Gobierno del Estado les negó aumento salarial el próximo año.

El paro laboral comenzaría en el edificio que se ubica en la calle 35 del centro de Mérida y se haría extensivo en los siguientes días en los demás juzgados y centros de justicia del estado de no recibir una respuesta positiva a sus demandas.

El Sindicato Único de Trabajadores Administrativos y Manuales del Poder Judicial de Yucatán (SUTPAMPJY) manifestó que, por segundo año consecutivo, el Gobierno del Estado pretende dejar sin aumento al salario a los trabajadores del Poder Judicial.

Lo anterior, pese a que el Poder Judicial contempló en su proyecto de presupuesto presentado al Ejecutivo una partida destinada para aumentar en 7% el salario de 1,200 servidores públicos judiciales, lo que representa 24 millones de pesos.

Indicó que en dicho aumento, solicitado el 15 de octubre pasado en dicho presupuesto, no se considera a consejeros o magistrados, y que el mencionado porcentaje representa la inflación estimada para el año.

Añadió el sindicato que se justifica por el descenso del poder adquisitivo y porque este 2021 no se les incrementó el salario, ni las prestaciones.

“El SUTPAMPJY, siguiendo los acuerdos aprobados por la Asamblea del Sindicato, ha convocado a los trabajadores del Poder Judicial a PAROS LABORALES, iniciando el 1 de diciembre de 2021, con los juzgados y áreas administrativas del edificio de la calle 35, sumándose diariamente más juzgados y áreas administrativas, hasta que sean atendidas nuestra petición”, apuntó en un escrito dirigido a la prensa.

“En caso que no se atiendan antes del 10 de diciembre, ese día se declarará PARO GENERAL en todo el Poder Judicial y así permaneceremos hasta que se resuelva este conflicto”.

La organización agrupa a sólo 451 trabajadores al servicio del Poder Judicial de Yucatán y tiene presencia en los municipios de Mérida, Progreso, Umán, Kanasín, Izamal, Motul, Tekax, Ticul, Valladolid y Tizimín.

Por ello, el Poder Judicial de Yucatán informó que mañana 1 de diciembre, y en los días subsecuentes, los servicios de impartición de justicia en todo el estado “laborarán normalmente”.

En comunicado oficial, el Pleno del Consejo de la Judicatura informó a los jueces y personal de los juzgados de control de los cinco distritos judiciales del estado, así como a los jueces y personal del juzgado especializado en justicia para adolescentes del sistema acusatorio y oral; de los Tribunales de juicio oral del estado; directores de área, jefes de departamento y encargados de área del Consejo de la Judicatura, que no ha autorizado suspensión de labores en ninguno de los centros de trabajo.

Apuntó que permanecerán laborando normalmente los juzgados civiles, mercantiles, familiares y mixtos de todo el estado.

“Las ausencias laborales que se llegaran a presentar deberán ser registradas y comunicadas al Departamento de Recursos Humanos, para los fines correspondientes”, señaló.

La entrada AVISAN DE “PARO LABORAL” EN EL PODER JUDICIAL se publicó primero en PRESIDIO MX.

La entrada SE QUEMA ELEVADOR EN JUZGADOS FAMILIARES se publicó primero en PRESIDIO MX.

A 37 años, un mes y 14 días de prisión fue condenado Miguel Angel Niño Salazar luego de establecerse que sostuvo relaciones sexuales con un menor de edad que trabajaba como empacador en una tienda Dunosusa de Mérida.
Inicialmente se le había ofrecido una sentencia de 25 años si aceptaba llevar su juicio por medio de un procedimiento abreviado, en el cual admitía su culpabilidad, pero lo rechazó y posteriormente recibió 11 años más.
El Tribunal Segundo de Enjuiciamiento, durante la audiencia de individualización de sanciones, determinó imponerle además el pago de la reparación del daño moral por 80 mil pesos y una multa de 1,162 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al cometerse los hechos, equivalente a 93 mil 657 pesos.
Al acusado se le halló culpable de violación equiparada agravada y abuso sexual contra el “cerillito” de 13 años edad, el cual, según dijo, “lo buscaba” y por eso sucumbió al deseo de tener intimidad con él.
En la audiencia, el sujeto confesó que sostuvo varios encuentros sexuales con el menor, indicando qué éste lo buscaba por medio del WhatsApp. En la audiencia estaban presentes su esposa y la madre del infante.
Luego de su confesión le fue negado al sentenciado los substitutivos de prisión o el beneficio de libertad condicionada. También será amonestado públicamente, se le suspenderán sus derechos políticos y se le prohibirá acercarse a la víctima de manera permanente y definitiva.
Además se le condenó a pagar apoyo psicológico para la víctima, atendiendo a la propia naturaleza de los hechos, cuya cuantía podrá ser fijada en la etapa de ejecución.
Según los hechos descritos, los días 29 y 31 de diciembre de 2018, entre las 8 y 13 horas, el sentenciado ejerció violencia física y moral contra la víctima menor de edad de 13 años.
En esas ocasiones le impuso cópula anal y oral, en el interior de un predio ubicado en el fraccionamiento Diamante Paseos de Opichén, al surponiente de la capital yucateca.
Luego, el 3 de enero de 2019, aproximadamente a las 9 horas, en un predio ubicado en ese mismo fraccionamiento, realizó actos lascivos sin el propósito de llegar a la cópula con el menor de edad.
Lo anterior lo supo la madre, pues junto con el ahora procesado trabajaban en la misma tienda Dunosusa, donde el menor se desempeñaba como “cerillito”.

Síguenos en Facebook Presido MX: https://www.facebook.com/PresidioOnline

La entrada “NO SE RESISTE” A UN MENOR Y RECIBE 37 AÑOS DE PRISIÓN se publicó primero en PRESIDIO MX.

La “austeridad republicana” que practica el Poder Judicial de Yucatán hacia sus empleados y el público en los juzgados del penal de Mérida ha ocasionado casi una parálisis en sus actividades diarias.
La falta de mantenimiento a las instalaciones eléctricas y de cómputo ha dejado interrumpida casi toda actividad en los juzgados y departamentos del edificio anexo al Cereso del sur de la ciudad.
Trabajadores del Poder Judicial relataron a PRESIDIO lo que está ocurriendo al interior de estos juzgados debido a esta falla que pudo haber sido prevenida.
La situación ha levantado la inconformidad entre el personal que presta servicio al público.
Incluso, el presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo de Jesús Avila Heredia, se presentó ayer al sitio para constatar el grave daño que tienen las líneas eléctricas.
Por oficio han pedido a los empleados que no usen ventiladores, dispensadores de agua, cafeteras eléctricas y, en general, todo tipo de aparatos. Los aires acondicionados no funcionan al 100, al igual que la iluminación.
Por el momento sólo funcionan cuatro equipos de cómputo, de manera directa, en cada juzgado y departamento, luego de que se hizo un “remedio” en las instalaciones para conectarlos directamente.
Los 4 juzgados civiles y familiares, 3 de ejecución de sentencias, el primero y único de lo penal del sistema tradicional, los departamentos de Fiscalía, Defensoría y Mediación prácticamente no están funcionando y no se sabe cuándo se pueda normalizar dicha situación, pues sólo se hacen “trabajitos” y no se cambia el equipo o repone la pieza, que es cara, señalaron.
Comentaron que no es la primera vez que esto ocurre, pues sólo aplican “remedios” en el sistema Ups, que es el que corrige los fallos de alimentación eléctrica, caídas de tensión, “picos” de corriente y sobretensiones.
Esto ha originado el estallido y quema de reguladores de voltaje de los equipos de cómputo y que se descompongan todo tipo de aparatos.
Al respecto, el Departamento de Prensa del Poder Judicial del Estado no emitido algún comunicado para prevenir a la ciudadanía por los atrasos que ocasiona esta falla y que se prevé se prolongue en los próximos días.

La entrada TIENEN “PARALIZADOS” A LOS JUZGADOS DE MÉRIDA se publicó primero en PRESIDIO MX.