La Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, resultó responsable de encubrir la muerte del joven veracruzano José Eduardo Ravelo a manos del Estado.

La autoridad federal concluyó que el mandatario incluso participó en el escenario montado para deslindar a su gobierno del presunto homicidio, de modo que podría ser separado de su cargo para que enfrente las consecuencias penales que resulten.

De igual manera, mediante entrevista telefónica concedida a PRESIDIO, fuentes de la FGR revelaron que el Fiscal del Estado, Juan Manuel León León será inhabilitado para ser procesado por instrucciones de la Presidencia de la República en este caso que indignó a la sociedad mexicana.

El sustento de estas acciones legales contra las autoridades yucatecas, según se indicó, está basada en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en el Código Penal Federal.

Junto con el titular León León, otros funcionarios de la Fiscalía estatal serán separados de sus cargos al comprobarse su participación directa en la falsificación de dictámenes periciales y forenses, así como en la filtración de información reservada y materiales editados, con el fin de aparentar que la Policía Municipal de Mérida fue la responsable de la muerte del joven veracruzano.

“Al que cometa el delito de coalición de servidores públicos se le impondrán de dos años a siete años de prisión y multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente, en el momento de la comisión del delito, y destitución e inhabilitación de dos años a siete años para desempeñar”, según la Ley federal.

De la misma manera los fiscales de la FGR recabaron declaraciones y lograron identificar a todo el personal del Hospital Agustín O’Horán que tuvo contacto con el joven malherido y no le prestaron la debida atención, comenzando por el médico que lo discriminó y la doctora que ordenó ingresarlo al área Covid, donde contrajo la pulmonía que le quitó la vida.

“Se han establecido diferentes delitos de gravedad en torno a este caso, considerando que todos son servidores públicos y que su obligación es proteger y salvaguardar los derechos humanos de la población, independientemente de su origen, raza o condición social”, abundó la fuente.

El informante detalló que el delito de encubrimiento se castiga, según el Capítulo I de la Ley, con prisión de tres meses a tres años y de 15 a 60 días de multa, al que “con ánimo de lucro, después de la ejecución del delito y sin haber participado en éste, adquiera, reciba u oculte el producto de aquél a sabiendas de esta circunstancia”.

Asimismo cometen el delito de coalición de servidores públicos, y lo castiga el Artículo 216 del Código Penal federal, “los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas”.

Por último, la fuente de la FGR explicó que los delitos contemplados en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, son:

Ejercicio ilícito de servicio público

Tráfico de influencias

Abuso de Autoridad

Cohecho

Coalición de Servidores Públicos

Peculado

Uso indebido de atribuciones

Cohecho a servidores extranjeros

Concusión

Enriquecimiento ilícito

Intimidación

Ejercicio abusivo de funciones

Ejercicio Indebido en la Administración de la Justicia

¡No se la crea! Disfrute su Día de Santos Inocentes.

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El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, Luis Felipe Saidén Ojeda, tiene lista su salida de la corporación estatal.
Será en los próximos días cuando el jefe de la Policía Estatal deje el cargo que le fue encomendado durante 17 años en tres gobiernos priistas.
Saidén Ojeda ya había presentado su renuncia en dos ocasiones: la primera al término de la administración de Ivonne Ortega Pacheco, pero fue ratificado a petición de su sucesor Rolando Zapata Bello, y la segunda, cuando llegaba a su fin la gestión del hoy llamado el peor gobernador de Yucatán.
Fue producto de las negociaciones entre los grupos de poder en Yucatán que se decidió mantener al jefe policiaco con el cambio de partido en el gobierno.
El propio Mauricio Vila Dosal, como gobernador electo, solicitó a Saidén Ojeda su permanencia como titular de Seguridad Pública al menos durante el primer semestre de su sexenio.
Saidén Ojeda aceptó seguir a cargo de la Policía Estatal durante seis meses más.
Lo reemplazará el veterinario Javier Medina Torre, quien fue el encargado de la seguridad de Yucatán durante el primer gobierno panista con Patricio Patrón Laviada.
Se espera como el primero de los cambios que realice el gobernador Mauricio Vila, pues se ha hecho una revisión en la estructura del Gobierno y ha trascendido que habrá algunos “ajustes”.
Saidén Ojeda estaba inconforme por continuar en el cargo con el gobierno actual del PAN, pero aceptó permanecer “por el bien de Yucatán” y a petición expresa de los grupos que manejan el capital y los negocios en la entidad.
En la corporación policial es conocido entre mandos superiores y medios que “el jefe ya se va” y realizan algunos reacomodos en sus filas para mantener la “línea de mando”.
Los afines al policía pupilo del extinto gobernador Víctor Cervera Pacheco anticipan un incremento en la ola criminal en la entidad, derivado del acomodo de las fuerzas delictivas que esperan su retorno como en años de los hermanos Patrón Laviada.
Fue con Patrón Laviada y Medina Torre, al principio del gobierno del PAN, cuando fue ejecutado el diputado Pánfilo Novelo Martín, apreciado mentor de Valladolid quien comenzó a denunciar el abierto narcotráfico en el oriente del estado.
Ese crimen nunca se aclaró, pero fue atestiguado por dos campesinos que identificaron a los elementos de fuerzas oficiales cuando abrían fuego contra el legislador, su hijo y su asistente en la autopista Valladolid-Mérida, versión que en su momento fue valorada por el fallecido empresario don Andrés García Lavín, uno de los concesionarios de esa vía.

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Una serie de sospechas e incongruencias rodean el asesinato y posterior hallazgo del chofer de “InDriver” que fue llamado a un servicio y luego privado de la vida de un disparo en la cabeza.
Tras su sepelio, familia y amigos han reflexionado sobre cómo se dieron los hechos y manifiestan una posible complicidad, o por lo menos encubrimiento, por parte de la Policía Estatal.
Familiares de Edgar González Meneses plantearon en entrevista con PRESIDIO sus motivos para creer que la Policía “sabe la verdad, pero no la dirá” por proteger a alguien o por seguir engañando de que en Yucatán no pasa nada.
A la familia no se le quiere informar del avance en las investigaciones, señalaron, “no nos dicen nada. Supuestamente ya había detenidos, pero ahora que aún no”.
Exigieron al gobernador Mauricio Vila Dosal que le diga a su gente “que se ponga las pilas” e instruya a una investigación veraz, pues les arrebataron a uno de los suyos por lo que parecen ser movimientos delictivos encubiertos por la Policía.
Sus conclusiones más graves son que el cuerpo de Edgar fue “sembrado” la noche anterior en el monte de Ekmul donde fue encontrado a la mañana siguiente.
El propio comisario municipal de Ekmul, Héctor Gabriel Uicab Moreno, reveló que el miércoles 8 en la noche hubo un extraño movimiento en ese tramo carretero.
El dueño de un rancho cercano al lugar del hallazgo reportó que “algo pasaba” porque veía movimiento de camionetas.
Intrigado, el comisario acudió a la comandancia de Tixkokob, donde de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) respondieron que eran agentes que estaban en la “búsqueda” del conductor extraviado.
“Es ilógico que se haga una búsqueda de noche en los montes, cualquier persona con sentido común lo sabe”, resaltaron los familiares.
“La búsqueda se hace en el día y la siembra de cadáveres se hace en la noche”, apuntaron amigos del joven asesinado.
“Qué casualidad que la noche anterior la Policía estuvo andando tarde por allá y al día siguiente, a las 9 de la mañana, hallaron el cuerpo”.

“Es muy sospechoso para nosotros que hayan estado en ese mismo lugar a altas horas de la noche, cuando supuestamente tenían días buscándolo y no lo encontraban”.
“Si fuera cierto que ese mismo día lo mataron y tiraron, ese mismo día lo hubieran encontrado”, opinaron.
“Nosotros creemos que los asesinos lo mataron al día siguiente de su desaparición y tuvieron su cuerpo guardado o estuvieron andando con él en el mismo coche”.
También se preguntaron cómo es posible que con tantas cámaras, y después de varios días, no hayan detectado el Chevrolet Beat con reporte de robo.
“En la Policía hay corruptos, hay corrupción, y la verdad sobre la muerte de Edgar la saben, pero no la van a decir. Lo que están haciendo es manchar su nombre para que su crimen quede en el olvido e impune”.

HUBO OTRO CASO SIMILAR

Versiones recogidas por PRESIDIO entre policías que pidieron omitir su nombre, “por temor a que vengan por nosotros”, señalaron que el caso de Edgar no es el primero.
Hace tres semanas, aproximadamente, hubo otro chofer de la plataforma “InDriver” al que le pidieron un servicio en la misma zona de Tixkokob.

“Hubo otro muchacho al que le pasó lo mismo, solo que él se escapó”, relataron.
“Le pidieron un viaje a Tixkokob, no se sabe para qué fue el servicio, pero luego le pidieron ir a Cacalchén. Cuando estaban entre las poblaciones de Euán y Cacalchén lo bajaron para torturarlo. Ahí lo iban a matar”.
Sin embargo, se les escapó corriendo, internándose en el monte, hasta que se perdió.
“Fueron unos cazadores que lo ayudaron. Su auto lo encontraron en la población de Chochoh, Tixkokob, a varios kilómetros de donde lo bajaron”.
“A ese muchacho lo iban a matar, se salvó sólo porque se les escapó”.
Comentaron que este fin de semana lo han estado llevando a la Fiscalía a declarar sobre su caso similar al de Edgar González.
“Para nosotros son los mismos que operan entre Euán y Cacalchén”.

Junto con Motul, donde en febrero pasado sujetos con armas largas atacaron a agentes policiacos, la zona de Muxupip, Bokobá, Tixkokob, Cacalchén y Tekantó es refugio de personas dedicadas a actividades delictivas, según los informantes.
Se presume que utilizan los vehículos de las plataformas para realizar actos delictivos a la vista del chofer, al que luego asesinan y se deshacen de su cuerpo.
Algunos aparecen en poblaciones de Yucatán, pero la mayoría se deshace de ellos en Quintana Roo.
Mientras tanto, los familiares de Edgar señalan que a su pariente “lo van a querer involucrar en algo ilícito. Ya vimos cómo algunos están publicando cosas falsas, pero mucha gente sabe en realidad cómo era y por eso estaban en su entierro”.
Destacaron que “se dejaba querer, tenía un montón de amigos, si alguien lo conocía lo apreciaba. Por eso fue mucha gente al sepelio, pero hoy está llena de dolor y rabia por lo que se dice”.
“Están inventando cosas sobre Edgar para manchar su nombre. Fueron asesinos a sueldo y la Policía lo sabe, pero esa verdad no va a salir a la luz”.
“Mi pariente era humilde, porque lo educamos para ser una persona con valores, respetuosa”.
Señalaron que no tenía hijos, ni siquiera novia, mucho menos andaba con alguna mujer casada y que lo hayan matado por celos.
Mencionaron que son inventos para que la Policía salga bien librada de este caso.
“Siempre Edgar venía y nos contaba todo: dónde andaba, nos llamaba y decía estoy en tal lado, voy a llegar tarde, etcétera”.
Tenía necesidades y antes estuvo trabajando en campañas políticas; “entró a la SEP a trabajar y en las tardes salía a manejar”.
Les duele que la gente esté diciendo que fue un “ajuste de cuentas” porque era narcomenudista, “pero no estaba metido en nada, ni en drogas, era muy humilde”.
“Mi pariente no tenía muchos ingresos, a veces no tenía ni para comer. Si la gente llegara a ver cómo vivimos no hablaría así”.
Recordaron que el joven trabajaba fines de semana en “Eladio’s” para costear sus estudios. Acababa de terminar como Ingeniero en Administración de Empresas, “él se pagó su carrera con ese esfuerzo”.
“¿Creen que si estuviera metido en drogas no iba a tener dinero? Ni coche tenía, el carro era rentado, le pagaba al dueño”, apuntaron. “Pero por desgracia tuvo la mala fortuna de toparse con estos tipos que le quitaron la vida”.
En cuanto a la identificación de su cuerpo, dijeron que no tienen duda de que se trataba de Edgar porque “tenía una marca que sólo nosotros sabíamos y la Policía no”.
Pidieron que se aclare su muerte y que no manchen su nombre porque “era una persona honorable, con valores, humilde”.
Exigieron al gobernador Mauricio Vila que no quede impune el asesinato de González Meneses; que encuentren a los verdaderos asesinos y reciban la pena máxima.
“Que no saquen a personas de la cárcel para mostrarlos como los autores y los vuelvan a meter, que la Policía no invente que fueron ellos sólo para mostrar que está haciendo su trabajo”.
“Los verdaderos asesinos siguen allá afuera y pensamos que la Policía está encubriéndolos porque ya supimos que no es la primera vez que pasa. Y seguirá pasando”.
“La Fiscalía jamás va a decir la verdad. Esperamos que el gobernador Vila haga todo lo posible, que hagan su trabajo, no inventen cosas, pues los asesinos están en la calle y la sociedad no está enterada”, concluyeron.

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