La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró ayer las obras que la empresa Crío realizaba en el sitio arqueológico Tzemé, ubicado en la comunidad maya de Kinchil.

Los trabajos iniciaron a mediados de octubre y, el 17 de ese mes, el Consejo Comunitario de Kinchil presentó una denuncia ante el Centro INAH Yucatán, cuando el daño aún era menor.

Sin embargo, la inspección tardó más de diez días y la suspensión ordenada por el instituto fue ignorada por la empresa, que continuó con las obras sin que se tomaran medidas para impedirlo.

La clausura de Profepa se suma a la suspensión del INAH, por lo que continuar con los trabajos constituiría un delito federal en dos vías.

Tras la intervención, representantes del Consejo Comunitario y posesionarios lamentaron que el daño al patrimonio arqueológico y natural ya está hecho.

Federico May, integrante del Consejo Comunitario, declaró:

“Venimos a constatar la clausura por parte de la PROFEPA de este lugar devastado, porque era una selva, hogar de especies en peligro de extinción, es un primer paso en esta lucha comunitaria ambiental que estamos haciendo para proteger nuestro patrimonio y el pasado histórico y cultural”.

Añadió: “Solamente acá caminando nos encontramos con restos de vasijas de nuestros antepasados, para tener una idea de la devastación y el desastre que ha ocasionado esta empresa violando todas las leyes ambientales y culturales”.

Por su parte, Félix Canul, cuyo rancho familiar colinda con la zona, señaló que la empresa derribó el cerco de su propiedad, lo que provocó la dispersión y pérdida de su ganado. Asimismo, expresó tristeza por la destrucción del cerro Kolotsó.

Gregoria del Rosario, productora apícola, cuestionó el respaldo institucional:

“El INAH vino y clausuró y tiene un mes que estamos con esto y sin embargo no había tanta devastación como ahora… yo pienso entonces la justicia es para el rico… quisiera pedirle al gobierno que se nos haga justicia, que haga que esto se pare”.

Sergio Oceransky, director de Fundación Yansa, señaló:

“El mismo día en que se anuncia un convenio entre el INAH y el Gobierno del Estado para proteger el patrimonio arqueológico, aquí seguían llegando volteos con material para tapar vestigios… es una contradicción terrible”.

“Necesitamos instituciones capaces de detener la devastación… estamos tomando acciones legales para que se restaure el patrimonio arqueológico y la selva, para que la comunidad siga disfrutando de la riqueza histórica y ecológica de Tzemé”, concluyó.

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Elementos de la Guardia Nacional arrestaron a Eli Adonías Y. C., quien era guía de turistas en la zona arqueológica de Chichén Itzá, pero fue descubierto en posesión de diferentes tipos de drogas que ofrecía a visitantes nacionales e internacionales.

Poca información se emitió al respecto, pero se señala que el sujeto fue sorprendido en flagrancia, por lo cual se le aplicó un cateo, descubriéndole bolsitas individuales con marihuana, cocaína y hasta “crack”, por lo que fue detenido.

El narcomenudista es hijo de una dirigente sindical del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), María Y. C., por lo que líderes de los guías de turistas entablaron varias reuniones para determinar las acciones a seguir.

El caso es un auténtico escándalo en la zona arqueológica, pues se trata de un área federal en la que libremente se distribuían drogas desde hace tiempo.

Representantes de las organizaciones gremiales registradas en Chichén Itzá adelantaron que, mediante un pronunciamiento escrito, se deslindarán de ese tipo de prácticas.

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