Un juez federal aprobó un acuerdo reparatorio que obliga a tres personas a reforestar dunas costeras afectadas durante un periodo de tres años, como parte de un proceso por daño ambiental.

La medida fue autorizada en una audiencia de suspensión condicional del proceso, en la que se estableció una solución alterna para los imputados por delitos contra la biodiversidad.

Como parte del acuerdo, deberán repoblar las dunas con plantas forestales mediante jornadas semanales, además de elaborar y difundir contenidos de concientización ambiental en redes sociales.

También deberán mantener su residencia, contar con empleo lícito y presentarse periódicamente ante la autoridad correspondiente.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente proporcionará los guiones para los materiales de sensibilización.

El caso se originó en febrero de 2025, tras una denuncia presentada por la Profepa ante la Fiscalía Federal en Yucatán, lo que derivó en una investigación de la Fiscalía General de la República.

Posteriormente, se realizó una inspección en el puerto de Sisal con apoyo de la Policía Federal Ministerial, donde se detectó la eliminación de vegetación en dunas sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En septiembre de 2025, el Ministerio Público presentó pruebas suficientes para que el juez impusiera medidas cautelares distintas a la prisión y fijara un plazo para la investigación complementaria.

La resolución forma parte de los mecanismos de justicia restaurativa, con el objetivo de reparar el daño ambiental y promover la protección de los ecosistemas costeros.

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