La Policía Municipal atendió un reporte de intento de extorsión en la comisaría de Petulillo, luego de que el comisario local denunciara amenazas telefónicas.

El caso ocurrió alrededor de las 14:30 horas, cuando el comisario municipal solicitó apoyo al 911 tras recibir exigencias de dinero a cambio de supuestos beneficios.

Elementos acudieron al sitio y se entrevistaron con Jaime A.S.E., de 54 años, quien informó que desde el viernes comenzó a recibir mensajes vía WhatsApp con datos personales.

Posteriormente, recibió llamadas en las que le indicaron que pertenecían a un grupo que ofrece apoyos en ganadería, apicultura y otros programas, solicitándole un depósito de 50 mil pesos.

El afectado señaló que negó contar con el dinero, pero las llamadas continuaron, intensificándose el domingo con nuevas exigencias y amenazas.

De acuerdo con su testimonio, los interlocutores advirtieron que, de no realizar el pago, podrían causarle daño a él y a su familia, además de sugerir que buscara al tesorero para reunir la cantidad.

Ante la presión, el comisario decidió cortar la comunicación y reportar los hechos a las autoridades mediante el número de emergencias.

Policías municipales recomendaron no responder a este tipo de solicitudes, bloquear el número y mantenerse alerta ante posibles intentos de fraude.

Asimismo, exhortaron a reportar cualquier situación sospechosa para evitar que este tipo de delitos afecte a la comunidad.

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Hoy, alrededor de las 3:20 p.m., la Policía Municipal de Motul acudió a un reporte de posible extorsión en la calle 26-A, por 27 y 29, del Centro.

La denunciante, María E.C., de 49 años, dijo haber recibido una llamada, en la cual le afirmaban que su hija estaba privada de la libertad.

Debido a esto, los oficiales acompañaron a la mujer mientras intentaba comunicarse con su hija.

Eventualmente, Lili R.G.C., de 23 años, confirmó que se encontraba en su domicilio y que no había sido secuestrada.

Los policías explicaron a la familia que se trató de un intento de extorsión telefónica. Asimismo, se les invitó además a presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado si así lo consideraban.

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Un peligroso delincuente, que se fugó de un centro penitenciario de Guatemala en mayo de 2023, fue capturado el pasado domingo por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Rudy A.O.M. y/o Mynor A.O.M., alias “El Smoking”, de 49 años; es miembro del grupo delictivo Mara Salvatrucha, célula Rueda del Barrio 18.

Rudy estuvo recluido en Guatemala desde octubre de 2009 por delitos graves como homicidio y homicidio en grado de tentativa y extorsión.

Hace casi dos años, escapó de la cárcel e ingresó a México. Anduvo por Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, donde finalmente fue aprehendido.

La Policía Estatal lo detuvo en Mérida junto con cinco mujeres, luego de que robaran mercancías de una tienda de autoservicio en Prolongación Paseo de Montejo.

Al sujeto, por un tiempo, se le dio por muerto en su país de origen, ya que lo suplantaron con otro recluso al que privaron de la vida.

Tras descubrirse el engaño, las autoridades guatemaltecas emitieron una ficha roja y lo declararon objetivo prioritario.

Posteriormente, fue plenamente identificado por la SSP a través del Centro de Control C5i y el Centro Estatal de Inteligencia MID-4.

A su vez, la Policía Estatal de Investigación estableció contacto con la Interpol México y con el Instituto Nacional de Migración, a fin de que sea entregado a la justicia guatemalteca.

Por su parte, Glenda E.L., Joselyn A.G., Evelyn G.M.G., Verónica E.R.Z., y Génesis G.C. fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado por el delito de robo.

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Dos elementos de la Policía Municipal de Progreso fueron detenidos por exigir dinero como condición para “dejar trabajar” a bares que funcionan en Mérida.

Los agentes portaban insignias de la Policía Estatal de investigación (PEI) y llevaban escudos y leyendas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cuando llegaron al restaurante bar “La Piraña”, ubicado al sur de la ciudad.

El hecho ocurrió ayer alrededor de las 2 de la tarde en el establecimiento localizado sobre la calle 86, después del Periférico y antes de la hacienda Santa Cruz Palomeque. Los sujetos llegaron a bordo de una motocicleta rojo con negro.

En el lugar pidieron hablar “con el dueño o gerente” y fueron atendidos por la encargada, quien a su vez los comunicó vía telefónica con el propietario a quien ofrecieron “protección” a cambio de dinero.

Los agentes progreseños estaban vestidos de civil pero “decían cosas que hacían notar que en realidad eran policías”, narró una testigo.

Se averiguó que los extorsionadores están bajo las órdenes del nuevo director de la Policía de Progreso, Omar Herrera Cocom, quien cuando fue director del Sector Poniente de la SSP en Mérida fue señalado por varios oficiales por permitir e incluso promover estas prácticas para obtener ganancias ilícitas.

Se averiguó también que no laboraban en la corporación municipal cuando era director Emilio Camaal Gutiérrez, sino que supuestamente ingresaron con la llegada del nuevo comandante.

Para causar nerviosismo de que el establecimiento sería clausurado, los elementos advirtieron al dueño que se dirigía hacia “La Piraña” un convoy policial en operativo antidrogas y contra corrupción de menores.

Sin embargo, la encargada señaló que lo esperaría porque toda su documentación estaba en regla, su personal era mayor de edad y podían revisar “hasta la cocina” en su búsqueda de narcóticos. Incluso, dijo, sus permisos estaban vigentes y recién autorizados

Fue entonces cuando la sacaron al patio, tomaron fotografías a sus identificaciones y dijeron que “subirían su foto al sistema” a ver qué sale, con el fin de intimidarla.

“¿No tienes miedo, no estás asustada?”, preguntaron a la empleada.

Luego le dijeron que podían resolverlo de otra manera, mediante un arreglo económico, por lo cual la encargada prefirió llamar al dueño para que él decida qué hacer ante la situación.

Uno de ellos se identificó vía telefónica como el “comandante Edilberto Segura” y dijo que era “de la PEI”.

Tenemos un problema porque hay un menor de edad en el sitio, dijo al teléfono el supuesto comandante, ante lo cual el dueño respondió que era hora de funcionamiento, tienen permiso de restaurante y podían acudir familias y menores de edad.

“Vamos entonces a proceder con el Ministerio Público”, lo amenazó.

Sin embargo, al ver que el propietario y la encargada no lograban ser intimidados, asentaron el teléfono y subieron a una moto de buen tamaño, en la cual huyeron velozmente con rumbo a la población de Santa Cruz Palomeque.

Cuando se daban a la fuga los empleados notaron que la unidad no portaba placas.

Los responsables del lugar dieron aviso al 911 y llegó al sitio la Policía Estatal, que en conjunto con la PEI lograron la detención de los delincuentes mediante un operativo de búsqueda.

La Policía Estatal arribó a los 10 minutos de la llamada y hora y media después llegaron agentes de la PEI para entrevistar a la encargada.

A la media hora los oficiales estatales reportaron que habían localizado a dos sujetos con las características descritas.

Ambos fueron llevados al lugar de los hechos y fueron identificados porque aún llevaban la misma vestimenta y cubrebocas tipo pasamontaña, así como botas y mochilas negras.

Se trata de José Alberto Gio Pat, de 33 años de edad y originario de Hunucmá, donde vive actualmente, y Gerardo Cetina Gio, de 35 años de edad, natural de Hunucmá y vecino de San José Tzal.

Al momento de ser arrestados ambos se encontraban bajo el influjo del alcohol.

Los responsables del bar acudieron a denunciar los hechos a la Fiscalía General del Estado, donde les dijeron que era probable que los policías de Progreso sean liberados y se les siga un proceso administrativo en “forma interna”.

Hoy trascendió que los elementos a cargo de Herrera Cocom serían “rescatados” por la corporación de Progreso y que ahí se encargarían de aplicarles “un castigo”.

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Ganancias ilícitas sin reportar obtiene la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán en su módulo de canje de placas ubicado en la colonia Xcumpich, al norte de Mérida.

Mediante una red de enganchadores, conocidos como “coyotes VIP”, el ciudadano es extorsionado con 1,500 pesos para obtener una ficha rápida y expedita y con ello ahorrarse meses de espera.

Con esta práctica, el director del módulo de la SSP, José Guzmán Salcido, logra recaudar alrededor de 150 mil pesos al día del bolsillo de propietarios de vehículos que desean un trámite “exprés”.

PRESIDIO investigó reportes de usuarios del módulo acerca de una extorsión que se realiza en el sitio para evitar filas y la espera afuera de esas instalaciones.

Actualmente, debido a la pandemia, las citas para realizar el trámite se obtienen vía telefónica al número 9994000480 y son otorgadas en fechas diferidas, con varios meses de espera.

En estos días, por ejemplo, la cita más próxima se pacta por teléfono para finales de julio o principios de agosto del año en curso.

Esto hace que los ciudadanos deseen agilizar su trámite, ante el riesgo de que finalice el año y sus vehículos puedan ser retenidos por portar placas vencidas.

Por ello acuden al módulo preguntado por alguna forma de hacerlo más rápido y personal que se encuentra afuera proporciona los números de los “coyotes VIP” para contactarlos.

Una vez contactado al tramitador, éste le envía a uno de sus “auxiliares” que se encuentra en el sitio para que le entregue los papeles y el dinero, que suman 1,700 pesos por el derecho oficial, más la tarifa de 1,500 que no se reporta a las cajas del gobierno estatal.

Si además es necesario realizar el cambio de propietario, el costo se incrementa de 400 a 1,500 pesos más, dependiendo del año y modelo del vehículo.

De esta manera el ciudadano termina pagando alrededor de 4 mil pesos por el trámite completo, el mismo día. Sin embargo, esta cantidad está fuera del alcance de la mayoría de las familias yucatecas, que a duras penas logran recabar los 1,700 pesos que cobran por las placas nuevas.

Cabe mencionar que el pago de “mordida” para obtener una ficha exprés es voluntario, es decir, a nadie se obliga a contratar el servicio clandestino, pero los ciudadanos se sienten orillados a caer en esta práctica debido al tiempo de espera.

Una vez entregado papeles y dinero, y luego de verificar que están completos, los enviados entran directamente a la oficina del director Guzmán Salcido o del coordinador del módulo, Jesús Benjamín Hernández Estrada, cuyas secretarias se encargan de capturar en el sistema los datos del “cliente”.

Los auxiliares de los “coyotes VIP” permanecen en la oficina hasta que a los pocos minutos los llaman y pasan directamente a la caja de cobro.

Cabe recordar que el módulo de trámites vehiculares de la SSP estuvo cerrado por varios meses debido a la pandemia y fue reabierto en septiembre del año pasado, con esta nueva modalidad de recaudación de fondos ilícitos.

Según se averiguó, ya existían más de 100 gestores autorizados por el gobierno del estado mediante oficio, que hacían el trámite por el ciudadano y con ello se evitaban aglomeraciones.

Cada gestor atendía dos o tres trámites al día, previo pago de 500 pesos, con lo que se lograba una meta de unos 250 trámites diarios, evitando la concentración de más gente en el módulo.

Sin embargo, al reabrir en septiembre el módulo de Xchumpich, el coordinador llamó a algunos allegados para trabajar como “VIP”, sin tener registro oficial, de modo que operan en lo “oscurito”.

Mediante una investigación, PRESIDIO pudo identificar a nueve presuntos “coyotes VIP” con los nombres de Francisco Hoyos Figueroa, Fidel Basulto, Tony Méndez y su esposa Madeleine; Iván Morales y su hijo Iván; Martín Martínez y Grefy Martínez, quien sería ex esposa del director jurídico del módulo Angel Díaz, y uno más llamado Geovany.

A estos “VIP” se les permite atender de 10 a 15 personas al día cada uno, es decir, al menos 90 usuarios que dejarían una derrama mínima de alrededor de 150 mil pesos que no pasan por la Secretaría de Administración y Finanzas estatal.

El dinero, según la investigación realizada con fuentes internas del módulo, es dividido con Guzmán Salcido, quien fue puesto en el cargo por el titular de la SSP, Luis Felipe Saidén Ojeda, hace más de 10 años, cuando el módulo de placas y licencias se encontraba frente al Parque de la Paz.

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–Logran «secuestradores» que matrimonio en Tizimín pierda el control de sus emociones y su dinero

#TIZIMÍN Un falso secuestro provocó que una persona, guiada por sus emociones, entregara 10 mil pesos a los supuestos raptores de su esposa.
En redes sociales circuló información falsa sobre una persona privada de su libertad en una clínica particular de Tizimín.
Ocurrió ayer a las 2:15 de la tarde cuando el doctor Luis A. T., quien labora en una clínica en la calle 39 por 48-B y 48 del municipio, recibió una llamada en la que solicitaban lleven medicamentos a un domicilio, ubicado en la calle 56 por 41.
El médico mandó a una enfermera, de nombre Ana B. E. K., de 41 años de edad, a realizar la entrega de los fármacos.
Cuando la mujer se trasladaba al predio recibió otra llamada de un número desconocido.
A la enfermera le indicaron que deposite 800 pesos en una tienda Oxxo. La fémina, desconfiada, informó al doctor y éste a su vez dio parte a las autoridades.
Al mismo tiempo los estafadores se comunicaron con el marido de la enfermera, a quien le dijeron que tenían secuestrada a su esposa.
El señor se trasladó a la clínica e informó a la Policía Municipal sobre la llamada que recibió del número 5621453324.
Explicó que los “secuestradores” exigían que deposite 10 mil pesos a una cuenta bancaria para que su pareja sea liberada.
El hombre se trasladó de inmediato a la dirección donde fue enviada su esposa, pero no la encontró.
El señor marcó en varias ocasiones al teléfono de su pareja pero la llamada era desviada al buzón de voz.
Luego se dirigió a su casa pero la mujer tampoco estaba ahí.
Al ver que su esposa no aparecía perdió el control de sus emociones, tomó los 10 mil pesos y se trasladó a un Oxxo del centro de Tizimín.
El hombre tenía todas las intenciones de depositar el dinero, pese a las insistencias de los agentes de que no lo haga.
Comandantes de la Policía se acercaron con el afectado para hacerlo desistir, pero éste descendió de su vehículo, ingresó en la tienda y realizó el depósito.
Posteriormente se comunicó con el doctor y éste le indicó que su esposa acaba de llegar a la clínica.
La enfermera explicó que, tras recibir la llamada, depositó los 800 pesos y apagó su teléfono para que la dejen de molestar.
Luego se dirigió caminando a la clínica y fue por eso que su esposo no pudo contactarla.
La pareja optó por retirarse del sitio y dijo a la Policía Municipal que no requería ayuda para interponer una denuncia en la Fiscalía General del Estado.

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SUJETOS EXTORSIONAN Y EXIGEN DINERO a personas en Mérida a cambio de dejarlos en paz en sus bienes y tranquilidad, según se desprende de las declaraciones de una enfermera cuyo automóvil fue incendiado esta madrugada dentro de su cochera, en el fraccionamiento Lindavista.
Reveló que días antes estuvo recibiendo amenazas a través de su celular, donde le pedían dinero o, de lo contrario, advirtieron que “me iban a golpear y me iban a matar”. Desde hace algunos meses han estado ocurriendo incendios de vehículos «de la nada» en esta ciudad.

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Criminales ligados a mandos policiacos de Yucatán extorsionan a comerciantes de esta entidad con fuertes sumas de dinero a cambio de “dejarlos trabajar”.
En esta actividad participan también algunos agentes federales, que exhiben su placa policial con el objeto de intimidar y obtener el dinero.
Este fin de semana ocurrió una extorsión a un comerciante de Mérida, al cual pidieron 200 mil pesos como cuota para dejar que desarrolle sus actividades “sin tener problemas”.
El afectado, de quien PRESIDIO se reserva su identidad, se dedica a la venta de bolsas y accesorios para mujer en diferentes locales que tiene en el centro de Mérida.
Sin embargo, tras una denuncia vía telefónica por sus familiares de lo que estaba ocurriendo, los extorsionadores fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal en el Periférico norte de Mérida y trasladados al edificio de la corporación.
En Yucatán, diferentes empresarios y comerciantes se han quejado de extorsión por parte de personas vinculadas a altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán.
“Cuando detectan que algún negocio tiene éxito y su propietario vive con prosperidad, les piden su cuota”, señaló una fuente extraoficial a PRESIDIO, que asegura que de esto no tiene conocimiento el gobernador Mauricio Vila Dosal.
El último caso del cual se tuvo conocimiento fue este pasado viernes en la tarde, cuando tres sujetos interceptaron a un comerciante que salía de su domicilio localizado en la colonia María Luisa de la ciudad de Mérida.

Dos de ellos portaban placa y se identificaron como agentes federales con los nombres de Eduardo Garza y Luis Alvarez, en tanto un tercero se quedó al volante del automóvil Audi en que llegaron.
El conductor resultó ser Eduardo Jerzy Swiadek Tenorio (a) “El polaco”, originario de la Ciudad de México y quien ha sido arrestado en múltiples ocasiones por narcotráfico.

Como PRESIDIO evidenció el 15 de junio pasado, este criminal radicado en Yucatán responde a su “jefe” directo Carlos Eduardo Flores Moo, uno de los brazos derechos de la Policía yucateca.
Fuentes extraoficiales confirmaron la extorsión ocurrida el viernes e identificaron a uno de los tres sujetos como agente en activo de la Policía Federal, apellidado Ortiz (a) “El barbas”.
La investigación que realizó PRESIDIO ese mismo día permitió verificar el suceso desde el lugar de los hechos.
En el domicilio de la colonia María Luisa los extorsionadores descendieron de un Audi A3 de color blanco y cristales polarizados, con placa YWC-302-A.

Llamó la atención que el vehículo carecía de la parte frontal, es decir, no tenía fascia y parrilla, pero es el mismo auto en que fueron detenidos en Kanasín hace unas semanas.
Tras dialogar con la víctima, a la que sensibilizaron para que pueda seguir desarrollando su actividad comercial “sin problemas”, los sujetos solicitaron un pago de 200 mil pesos con la invitación de “seguir trabajando juntos”.
El afectado señaló que carecía de esa cantidad y que para pagarles debía dirigirse a una oficina que tiene en el fraccionamiento Francisco de Montejo, al norponiente de la ciudad, donde tenía el dinero.
Tras varios intentos, finalmente llegan a un acuerdo por una cantidad más baja. El comerciante pide que lo acompañen, de modo que “El barbas” y “El polaco” suben a un Ford Focus blanco, donde reciben 60 mil pesos.
A bordo de ese vehículo salieron al Anillo Periférico por la calle 42 sur, alrededor de las 6:30 de la tarde, y enfilaron hacia el oriente, con rumbo a Francisco de Montejo para recoger el “saldo”.
Sin embargo, familiares y amigos del agraviado que fueron avisados mediante un mensaje de lo que estaba ocurriendo, a bordo de otros vehículos siguieron al Focus en el Periférico mientras mantenían contacto con la Policía.
Cuando estaban a la altura de la agencia automotriz Kia Norte, una patrulla de la SSP les marcó el alto. Los extorsionadores no se habían dado cuenta de que los seguía un Mercedes Benz negro con los familiares.
Al verificar las características de los sujetos denunciados y la extorsión que se desarrollaba, los policías estatales los detuvieron y trasladaron a la Base Norte de la SSP, frente al centro comercial The Harbor.
Ahí permanecieron alrededor de 30 minutos, hasta que se dio la orden de que los trasladen al edificio central de la SSP en el Periférico surponiente.
A la familia se le pidió que no pusiera denuncia para que no trascendiera el hecho, sino que todo se arreglara “en lo interno”, a cambio de la devolución del dinero. De esto último no pudo confirmarse si se concretó.
Hasta donde se pudo averiguar, la familia accedió y, en menos de dos horas, “El barbas” fue liberado una vez que lo fueron a rescatar por personal de la Policía Federal en el edificio central de la SSP.
Al delincuente “El polaco” lo dejaron en la celda porque no forma parte de las fuerzas federales, como se ostenta en operativos oficiales en los que ha participado.
A él le dijeron que lo rescataría “su jefe” y el sábado temprano fue liberado a petición expresa de mandos superiores de la SSP.
Según se averiguó, durante el tiempo que “El polaco” traficó drogas en los locales comerciales conocidos como “El chetumalito” en el centro de Mérida, se puso al tanto de quiénes eran los dueños de puestos de los alrededores y averiguó sobre ellos. Es así como “los pone” ante los federales para extorsionarlos o amenazarlos con decomisarles sus productos.
Se supo que al comerciante agraviado esta ocasión no es la primera vez que lo extorsionan, pues antes otra persona, identificada como Ibrahim Lugo, sin ser policía ni agente ministerial, logró intimidarlo para que le entregara fuertes sumas de dinero.
De ello tuvo conocimiento la Fiscalía General de Yucatán y presuntamente existe un expediente con ese caso.
Cuando quedó al descubierto que miembros de la delincuencia realizan “encargos” para la Policía yucateca, los diputados del Congreso del Estado prefirieron guardar silencio y no opinar al respecto.
Únicamente el coordinador de Morena, Miguel Candila Noh, señaló que era una situación grave que el titular de la SSP, Luis Felipe Saidén Ojeda, debía explicar ante los legisladores.
La postura que sorprendió fue de la representante de Movimiento Ciudadano, Silvia López Escoffié, quien consideró este asunto como algo normal porque “en todo Gobierno se hacen cosas malas”.

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La Procuraduría General de la República (PGR) detuvo ayer, por el delito de extorsión, al Subcoordinador Operativo de Estancias Infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Yucatán.
La PGR confirmó la detención de René Emmanuel Morales Briceño, quien fue trasladado ayer mismo a las instalaciones ubicadas en el Complejo de Seguridad Pública del Periférico de Mérida.
Por lo menos 10 maestras y encargadas de estancias infantiles de Sedesol lo señalan directamente de pedirles dinero a cambio de dejarlas trabajar.
Denunciaron que les cobraba ciertas cantidades como responsables de las estancias a cambio de no elaborar reportes negativos y que conservaran su lugar de trabajo.
Sin embargo, luego de años de extorsiones, las maestras se pusieron de acuerdo y buscaron asesoría legal contra el servidor público, hasta que decidieron ponerle una trampa y las autoridades federales lo apresaron en flagrancia.
Agentes de la PGR con sede en Yucatán lo aprehendieron ayer por la mañana cuando realizaba una extorsión a una maestra.
La afectada acudió a levantar la denuncia y pidió mediante las redes sociales que las demás maestras y toda persona perjudicada por el funcionario acudan para sumar sus quejas y ampliar la denuncia.
“Muchas, por miedo a sus actos ya conocidos, le pagaban para no salir perjudicadas aun siendo que trabajamos en conformidad a las ROP”, expuso la maestra.
“Pues bueno, maestras, la corrupción la alimentamos nosotras si nos quedamos calladas y si permitimos que estos servidores públicos sigan perjudicando nuestra economía y por ende a nuestras familias”, añadió.
Morales Briceño es el primer funcionario en Yucatán durante el sexenio de Rolando Zapata Bello que es detenido por aprovecharse de su posición como servidor público para enriquecerse en forma ilícita.
Fue jefe del Departamento de Espectáculos del Ayuntamiento de Mérida con la priista Angélica Araujo Lara.
Personas cercanas aseguran que Morales Briceño es protegido del delegado de la Sedesol, Miguel Enríquez López, quien supuestamente ofreció ayudarlo a salir libre. La PGR no ha informado si el funcionario federal fue puesto en libertad.
El delegado Enríquez López fue presidente del PRI municipal en Mérida y gente del círculo político del diputado federal Pablo Gamboa Miner.
Hasta el momento la delegación de la Sedesol no se ha pronunciado sobre la detención de su Subcoordinador Operativo de Estancias Infantiles, quien mostraba una vida acomodada y de frecuentes viajes al extranjero.
“Ya basta de esos servidores públicos, gente del Gobierno que sólo nos roba nuestro dinero”, señaló la maestra en un video que fue subido a las redes sociales.

En el sexenio de Zapata Bello son varios los funcionarios señalados por corrupción y enriquecimiento ilícito. Uno de ellos es su brazo derecho y jefe de Despacho, Sergio Vadillo Lora, quien presuntamente será puesto tras las rejas por las autoridades entrantes.
Vadillo Lora adquirió bienes inmuebles valuados en más de 54 millones de pesos, entre ellas una marina con yates, una casa de playa, una quinta y varios centros comerciales en los últimos tres años en Yucatán, según investigaciones periodísticas recientes.

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