La Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, resultó responsable de encubrir la muerte del joven veracruzano José Eduardo Ravelo a manos del Estado.

La autoridad federal concluyó que el mandatario incluso participó en el escenario montado para deslindar a su gobierno del presunto homicidio, de modo que podría ser separado de su cargo para que enfrente las consecuencias penales que resulten.

De igual manera, mediante entrevista telefónica concedida a PRESIDIO, fuentes de la FGR revelaron que el Fiscal del Estado, Juan Manuel León León será inhabilitado para ser procesado por instrucciones de la Presidencia de la República en este caso que indignó a la sociedad mexicana.

El sustento de estas acciones legales contra las autoridades yucatecas, según se indicó, está basada en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en el Código Penal Federal.

Junto con el titular León León, otros funcionarios de la Fiscalía estatal serán separados de sus cargos al comprobarse su participación directa en la falsificación de dictámenes periciales y forenses, así como en la filtración de información reservada y materiales editados, con el fin de aparentar que la Policía Municipal de Mérida fue la responsable de la muerte del joven veracruzano.

“Al que cometa el delito de coalición de servidores públicos se le impondrán de dos años a siete años de prisión y multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente, en el momento de la comisión del delito, y destitución e inhabilitación de dos años a siete años para desempeñar”, según la Ley federal.

De la misma manera los fiscales de la FGR recabaron declaraciones y lograron identificar a todo el personal del Hospital Agustín O’Horán que tuvo contacto con el joven malherido y no le prestaron la debida atención, comenzando por el médico que lo discriminó y la doctora que ordenó ingresarlo al área Covid, donde contrajo la pulmonía que le quitó la vida.

“Se han establecido diferentes delitos de gravedad en torno a este caso, considerando que todos son servidores públicos y que su obligación es proteger y salvaguardar los derechos humanos de la población, independientemente de su origen, raza o condición social”, abundó la fuente.

El informante detalló que el delito de encubrimiento se castiga, según el Capítulo I de la Ley, con prisión de tres meses a tres años y de 15 a 60 días de multa, al que “con ánimo de lucro, después de la ejecución del delito y sin haber participado en éste, adquiera, reciba u oculte el producto de aquél a sabiendas de esta circunstancia”.

Asimismo cometen el delito de coalición de servidores públicos, y lo castiga el Artículo 216 del Código Penal federal, “los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas”.

Por último, la fuente de la FGR explicó que los delitos contemplados en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, son:

Ejercicio ilícito de servicio público

Tráfico de influencias

Abuso de Autoridad

Cohecho

Coalición de Servidores Públicos

Peculado

Uso indebido de atribuciones

Cohecho a servidores extranjeros

Concusión

Enriquecimiento ilícito

Intimidación

Ejercicio abusivo de funciones

Ejercicio Indebido en la Administración de la Justicia

¡No se la crea! Disfrute su Día de Santos Inocentes.

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A punto de morir degollado acabó un motociclista que circulaba durante la noche en el municipio de Tahdziu, cuando se atoró con una soga atravesada sobre la calle 4 de la colonia Santa Rosa.

El joven conductor, José Santiago Zozaya Cen, de 26 años de edad, cayó al pavimento con un profundo corte en la garganta del que perdía una importante cantidad de sangre; fue trasladado y rechazado en dos hospitales diferentes por la gravedad de sus lesiones, hasta que llegó a la ciudad de Mérida.

En un domicilio de la calle 4 entre 5 y 7 de la colonia Santa Rosa, vecinos realizaron una fiesta y cerraron la vialidad con una soga de lavado, sin poner señalamientos y sin el permiso del Ayuntamiento de Tahdziu.

A palabras de la familia del joven motociclista, los organizadores de la fiesta son parientes de un comandante de la Policía Municipal y la corporación está haciendo lo posible por encubrir el caso.

El accidente ocurrió entre las 18 y 19 horas, cuando el sol se había ocultado. El motociclista se atoró con la soga a la altura del cuello y la tensó a su máximo punto, hasta que se le cortó la garganta y fue derribado de su unidad.

La moto quedó a pocos metros del joven, que, a palabras de los médicos, perdió casi la mitad de su sangre y se encontraba entre la vida y la muerte.

Agentes municipales fueron los primeros en llegar al lugar para llevarse el vehículo, la soga y retirar la evidencia. El charco de sangre tampoco tardó en ser cubierto con cal.

Se le preguntó al respecto al comandante en turno de la Policía Municipal de Tahdziú pero se negó a dar información, argumentando que se trata de un asunto “delicado y es confidencial”.

En la corporación aseguraron también que no levantaron un reporte de lo sucedido porque la Secretaría de Seguridad Pública se hizo cargo de todo, aunque admitieron haber acudido al lugar de los hechos.

El lesionado fue traslado al municipio de Peto donde fue auxiliado por paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública, luego de que fuera abandonado por ocupantes de una patrulla de la Policía Municipal de Tahdziú, frente a la base de Bomberos ubicada en la calle 28 por 31 y 33 del centro de Peto.

Los paramédicos lo estabilizaron y llevaron al Centro de Salud más cercano, pero debido a que estaba grave no fue aceptado; fue traslado al Hospital General de Tekax, donde casi inmediatamente fue remitido en una ambulancia equipada al Hospital General Agustín O’horán en Mérida, pues en ese punto había perdido mucha sangre y las complicaciones médicas eran mayores.

Se averiguó que había perdido casi la mitad del total de su sangre y la lesión en el cuello era grave, por lo que su vida estaba en riesgo.

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VÍDEO: https://www.facebook.com/PresidioOnline/videos/410596647272612

Un elemento de la Policía Municipal de Tizimín arrolló anoche a una madre y su hija que iban a bordo de una motocicleta cuando transitaban en la ciudad de Reyes.

La unidad policial arrastró varios metros a la motocicleta al intentar huir el patrullero del sitio del percance.

Los testigos impidieron que el policía escapara, aunque el hecho se intentó ocultar por órdenes del alcalde Pedro Couoh para no “empañar” el convite que anoche se celebraba para dar inicio a los festejos a los Tres Santos Reyes.

El atropellamiento ocurrió alrededor de las 7:30 de la noche sobre la calle 27 por 48-A y 48-B del fraccionamiento Fovisste de Tizimín.

La unidad 1517, al mando del oficial de la policía municipal Esteban Pisté M., circulaba a alta velocidad en calles de Tizimín.

Cuando transitaba sobre la calle 48-A, al dar vuelta de manera intempestiva en la 27 invadió el carril contrario y colisionó una motocicleta donde viajaban una madre y su hija.

Tras chocar a la moto, el agente policiaco siguió avanzando en la patrulla mientras arrastraba la unidad de dos ruedas.

Vecinos de la zona impidieron que escapara y se encontraban enojados por lo sucedido. Señalaron que el policía se encontraba alcoholizado.

Ambas atropelladas resultaron con golpes y raspones y tuvieron que ser llevadas en ambulancia al hospital del IMSS para su atención.

Agentes de la Policía Municipal llegaron para resguardar a su compañero y proteger su integridad física, al tiempo que rápidamente retiraban los vehículos por órdenes del alcalde, según señalaron los vecinos.

Indicaron que Pedro Couoh quería evitar que se enteren los reporteros que fueron llevados desde Mérida con los gastos pagados para que asistan a los festejos del convite.

El elemento municipal tuvo que ser abordado en una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), mientras los enfurecidos vecinos grababan lo acontecido y exigían que le hagan la prueba de alcoholemia.

Un oficial del municipio le aplicó la prueba y mostró que arrojó 0 g/l.

Luego el elemento responsable fue llevado a las instalaciones del cuartel Morelos para los fines correspondientes y un perito de tránsito tomó conocimiento.

Ante el escándalo por lo sucedido, al sitio también se presentó el director de la policía municipal de Tizimín, comandante Marcos López Ovando, para seguir las órdenes del alcalde “de moverse rápido” y retirarse pronto para que no se entere más gente.

Luego el edil envió a su encargado de Comunicación al Seguro Social, identificado como Alejandro Och, ex elemento de la Policía Municipal de Tizimín, para que llegue a un acuerdo con la familia y no se diga nada a la prensa.

Más tarde el Ayuntamiento confirmó que tuvo “un acercamiento” con la familia afectada para la reparación del daño y cuidar la imagen de los festejos que se llevan a cabo.

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Las videocámaras de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán contienen la evidencia, aún no revelada, de lo que realmente ocurrió al joven José Eduardo Ravelo Echevarría, quien murió por una golpiza y violación presuntamente a manos de elementos de la Policía Yucateca.

Los miles de millones de pesos invertidos por los yucatecos en la infraestructura tecnológica del programa “Yucatán Seguro” tienen la respuesta de lo que sucedió antes y después con el joven veracruzano, que fue drogado de manera inusual –por personas hasta ahora desconocidas- y llevado en esas condiciones al centro de Mérida, para posteriormente dar aviso a la Policía Municipal.

La Fiscalía General del Estado dispone de esas grabaciones, donde se observa cómo llegó y quién llevó al joven veracruzano al centro de Mérida, donde fue primeramente reportado a los policías municipales en la calle 71 por 62 y 64, alrededor de las 9:30 de la mañana del 21 de julio.

Las mismas cámaras de la SSP dieron seguimiento al muchacho tras salir por su propio pie del edificio de la corporación municipal al cumplir 24 horas de arresto administrativo, alrededor de las 10:30 horas del 22 de julio.

La llamada de auxilio a Ciudad Isla, Veracruz, la recibió su hermano en las primeras horas de la tarde, cuando José Eduardo señaló que lo acababan de agredir. Su madre Dora María Ravelo Echevarría se trasladó a Mérida para llevarlo al hospital el día 24, mismo que interpuso la denuncia y fueron certificadas sus lesiones.

Sin embargo, es aún una incógnita lo que realmente sucedió, pues José Eduardo, en lo poco que podía recordar, dijo a su mamá que fue arrestado y subido a una camioneta policial negra con franjas grises.

Pero también dijo que fue atacado por elementos con pantalón oscuro y camisolas de color gris claro, como la señora narró a PRESIDIO en vídeo al dar a conocer estos hechos de manera pública: https://fb.watch/7jG8_GK_F8/

Los vídeos entregados por la Policía Municipal de Mérida a la Fiscalía estatal incluyen casi 25 horas de grabación –desde el primer contacto con el muchacho veracruzano hasta su posterior liberación- en las cuales no pudieron hallarse los delitos de los que acusan a cuatro agentes de esa corporación.

La investigación realizada por PRESIDIO indica que dos agentes acudieron a un primer reporte, alrededor de las 9:30 de la mañana, a la calle 71 por 62 y 64 del centro de la ciudad, donde se encontraron con José Eduardo en estado deplorable y lo dejaron ir al no existir aparente motivo para su arresto.

Un reporte posterior ocurrió aproximadamente una hora después, cuando en la calle 67-A por 62 y 64 junto al parque de San Juan un taxista llamó para decir que el muchacho había lanzado una piedra a su unidad.

Otros dos elementos municipales acudieron a verificarlo y, tras los señalamientos de testigos, procedieron a esposarlo y trasladarlo a la cárcel ante el estado en que se encontraba.

Su traslado al edificio de la Policía Municipal duró alrededor de 10 minutos, trayecto que fue grabado completo por las cámaras de la SSP, con un solo elemento en la parte posterior de la camioneta, y presuntamente no se observa ataque sexual o agresión a golpes.

Al ser ingresado en la cárcel se le envío a una celda donde permaneció como único ocupante las 24 horas, grabado por una cámara de seguridad en el interior.

Los policías municipales J.E.H.H, E.M.L.R, A.G.G.M y R.G.B.R se mantienen presos en el penal de Mérida por la acusación formulada por la Fiscalía de homicidio calificado cometido en pandilla, violación agravada y tortura agravada.

Los familiares de los agentes incriminados exigieron, mediante llamadas telefónicas a PRESIDIO, que la SSP y a la Fiscalía muestren esas evidencias para que se sepa la verdad de lo que ocurrió con José Eduardo, pues desean que se haga justicia a su madre y también a sus parientes.

“El gobierno del estado sabe, porque así está en las bitácoras y en los registros originales de la Policía Municipal, que ellos acudieron por separado, en parejas, a verificar los diferentes reportes de una persona que se encontraba alterando el orden en la vía pública”, señalaron.

Los dos últimos, agregaron, fueron quienes trasladaron al muchacho en una camioneta. Uno conducía y otro lo mantuvo esposado en la parte posterior de la patrulla durante el trayecto del parque de San Juan al edificio ubicado cerca del parque de La Mejorada.

“Nunca estuvieron más de dos agentes al mismo tiempo con José Eduardo, para que los señalen por agresiones en pandilla. Todo eso lo tienen grabado y la Fiscalía y el gobierno del estado lo saben”, expusieron a este medio.

También denunciaron que los policías fueron llamados para “una entrevista” ante la autoridad estatal investigadora en el Periférico de Mérida, pero fue una trampa.

“Al llegar ellos al Complejo de Seguridad Pública ya se tenían listas las órdenes de aprehensión, tras lo cual fueron esposados, les tomaron fotos e inmediatamente el gobernador Mauricio Vila los subió a sus redes sociales para asegurar que capturaron a los presuntos asesinos”.

“Todo esto está armado –insistieron- y vamos a contrademandar al Estado apenas salgan de la prisión donde los tienen injustamente acusados de un crimen que no cometieron”, sostuvieron.

La sociedad yucateca exige que los miles de millones de pesos gastados en “Yucatán Seguro”, que registraron los pasos de José Eduardo cuando se desplazaba en calles del centro de Mérida tras salir de la cárcel municipal, muestren cómo y con quiénes pudo alejarse de esa zona –sin dinero- y horas después aparecer salvajemente agredido.

Una versión que recabó PRESIDIO es que supuestamente José Eduardo fue llevado a Kanasín, donde fue objeto de violación y una golpiza para luego ser abordado en un taxi, versión que aún están corroborando reporteros en ese municipio.

Mientras tanto, la autoridad estatal se ha negado a revelar el contenido de los vídeos de las cámaras públicas, colocadas en puntos estratégicos de la capital yucateca y en toda la geografía estatal, en donde se observan las horas previas al arresto de José Eduardo, así como las horas posteriores a su liberación, los cuales son claves para identificar a los autores de su muerte.

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Una serie de sospechas e incongruencias rodean el asesinato y posterior hallazgo del chofer de “InDriver” que fue llamado a un servicio y luego privado de la vida de un disparo en la cabeza.
Tras su sepelio, familia y amigos han reflexionado sobre cómo se dieron los hechos y manifiestan una posible complicidad, o por lo menos encubrimiento, por parte de la Policía Estatal.
Familiares de Edgar González Meneses plantearon en entrevista con PRESIDIO sus motivos para creer que la Policía “sabe la verdad, pero no la dirá” por proteger a alguien o por seguir engañando de que en Yucatán no pasa nada.
A la familia no se le quiere informar del avance en las investigaciones, señalaron, “no nos dicen nada. Supuestamente ya había detenidos, pero ahora que aún no”.
Exigieron al gobernador Mauricio Vila Dosal que le diga a su gente “que se ponga las pilas” e instruya a una investigación veraz, pues les arrebataron a uno de los suyos por lo que parecen ser movimientos delictivos encubiertos por la Policía.
Sus conclusiones más graves son que el cuerpo de Edgar fue “sembrado” la noche anterior en el monte de Ekmul donde fue encontrado a la mañana siguiente.
El propio comisario municipal de Ekmul, Héctor Gabriel Uicab Moreno, reveló que el miércoles 8 en la noche hubo un extraño movimiento en ese tramo carretero.
El dueño de un rancho cercano al lugar del hallazgo reportó que “algo pasaba” porque veía movimiento de camionetas.
Intrigado, el comisario acudió a la comandancia de Tixkokob, donde de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) respondieron que eran agentes que estaban en la “búsqueda” del conductor extraviado.
“Es ilógico que se haga una búsqueda de noche en los montes, cualquier persona con sentido común lo sabe”, resaltaron los familiares.
“La búsqueda se hace en el día y la siembra de cadáveres se hace en la noche”, apuntaron amigos del joven asesinado.
“Qué casualidad que la noche anterior la Policía estuvo andando tarde por allá y al día siguiente, a las 9 de la mañana, hallaron el cuerpo”.

“Es muy sospechoso para nosotros que hayan estado en ese mismo lugar a altas horas de la noche, cuando supuestamente tenían días buscándolo y no lo encontraban”.
“Si fuera cierto que ese mismo día lo mataron y tiraron, ese mismo día lo hubieran encontrado”, opinaron.
“Nosotros creemos que los asesinos lo mataron al día siguiente de su desaparición y tuvieron su cuerpo guardado o estuvieron andando con él en el mismo coche”.
También se preguntaron cómo es posible que con tantas cámaras, y después de varios días, no hayan detectado el Chevrolet Beat con reporte de robo.
“En la Policía hay corruptos, hay corrupción, y la verdad sobre la muerte de Edgar la saben, pero no la van a decir. Lo que están haciendo es manchar su nombre para que su crimen quede en el olvido e impune”.

HUBO OTRO CASO SIMILAR

Versiones recogidas por PRESIDIO entre policías que pidieron omitir su nombre, “por temor a que vengan por nosotros”, señalaron que el caso de Edgar no es el primero.
Hace tres semanas, aproximadamente, hubo otro chofer de la plataforma “InDriver” al que le pidieron un servicio en la misma zona de Tixkokob.

“Hubo otro muchacho al que le pasó lo mismo, solo que él se escapó”, relataron.
“Le pidieron un viaje a Tixkokob, no se sabe para qué fue el servicio, pero luego le pidieron ir a Cacalchén. Cuando estaban entre las poblaciones de Euán y Cacalchén lo bajaron para torturarlo. Ahí lo iban a matar”.
Sin embargo, se les escapó corriendo, internándose en el monte, hasta que se perdió.
“Fueron unos cazadores que lo ayudaron. Su auto lo encontraron en la población de Chochoh, Tixkokob, a varios kilómetros de donde lo bajaron”.
“A ese muchacho lo iban a matar, se salvó sólo porque se les escapó”.
Comentaron que este fin de semana lo han estado llevando a la Fiscalía a declarar sobre su caso similar al de Edgar González.
“Para nosotros son los mismos que operan entre Euán y Cacalchén”.

Junto con Motul, donde en febrero pasado sujetos con armas largas atacaron a agentes policiacos, la zona de Muxupip, Bokobá, Tixkokob, Cacalchén y Tekantó es refugio de personas dedicadas a actividades delictivas, según los informantes.
Se presume que utilizan los vehículos de las plataformas para realizar actos delictivos a la vista del chofer, al que luego asesinan y se deshacen de su cuerpo.
Algunos aparecen en poblaciones de Yucatán, pero la mayoría se deshace de ellos en Quintana Roo.
Mientras tanto, los familiares de Edgar señalan que a su pariente “lo van a querer involucrar en algo ilícito. Ya vimos cómo algunos están publicando cosas falsas, pero mucha gente sabe en realidad cómo era y por eso estaban en su entierro”.
Destacaron que “se dejaba querer, tenía un montón de amigos, si alguien lo conocía lo apreciaba. Por eso fue mucha gente al sepelio, pero hoy está llena de dolor y rabia por lo que se dice”.
“Están inventando cosas sobre Edgar para manchar su nombre. Fueron asesinos a sueldo y la Policía lo sabe, pero esa verdad no va a salir a la luz”.
“Mi pariente era humilde, porque lo educamos para ser una persona con valores, respetuosa”.
Señalaron que no tenía hijos, ni siquiera novia, mucho menos andaba con alguna mujer casada y que lo hayan matado por celos.
Mencionaron que son inventos para que la Policía salga bien librada de este caso.
“Siempre Edgar venía y nos contaba todo: dónde andaba, nos llamaba y decía estoy en tal lado, voy a llegar tarde, etcétera”.
Tenía necesidades y antes estuvo trabajando en campañas políticas; “entró a la SEP a trabajar y en las tardes salía a manejar”.
Les duele que la gente esté diciendo que fue un “ajuste de cuentas” porque era narcomenudista, “pero no estaba metido en nada, ni en drogas, era muy humilde”.
“Mi pariente no tenía muchos ingresos, a veces no tenía ni para comer. Si la gente llegara a ver cómo vivimos no hablaría así”.
Recordaron que el joven trabajaba fines de semana en “Eladio’s” para costear sus estudios. Acababa de terminar como Ingeniero en Administración de Empresas, “él se pagó su carrera con ese esfuerzo”.
“¿Creen que si estuviera metido en drogas no iba a tener dinero? Ni coche tenía, el carro era rentado, le pagaba al dueño”, apuntaron. “Pero por desgracia tuvo la mala fortuna de toparse con estos tipos que le quitaron la vida”.
En cuanto a la identificación de su cuerpo, dijeron que no tienen duda de que se trataba de Edgar porque “tenía una marca que sólo nosotros sabíamos y la Policía no”.
Pidieron que se aclare su muerte y que no manchen su nombre porque “era una persona honorable, con valores, humilde”.
Exigieron al gobernador Mauricio Vila que no quede impune el asesinato de González Meneses; que encuentren a los verdaderos asesinos y reciban la pena máxima.
“Que no saquen a personas de la cárcel para mostrarlos como los autores y los vuelvan a meter, que la Policía no invente que fueron ellos sólo para mostrar que está haciendo su trabajo”.
“Los verdaderos asesinos siguen allá afuera y pensamos que la Policía está encubriéndolos porque ya supimos que no es la primera vez que pasa. Y seguirá pasando”.
“La Fiscalía jamás va a decir la verdad. Esperamos que el gobernador Vila haga todo lo posible, que hagan su trabajo, no inventen cosas, pues los asesinos están en la calle y la sociedad no está enterada”, concluyeron.

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