El Gobierno de Yucatán amplió la vigencia de las placas y tarjetas de circulación de vehículos registrados en la entidad hasta el 31 de mayo de 2025.

Esta noticia se publicó en el Diario Oficial, en el decreto 44/2024 del Gobernador Joaquín Díaz Mena.

Con esta medida, se busca apoyar a la ciudadanía en su economía familiar, especialmente en un contexto marcado por las dificultades financieras de inicio de año.

Al mismo tiempo, se pretender promover una administración austera y enfocada en las necesidades de la población.

El decreto emitido por la tarde del 31 de diciembre, en la edición vespertina del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, destacó que:

“Hoy el gobierno es el que debe ajustar sus presupuestos para proveer de certeza y seguridad a las y los ciudadanos mediante presupuestos austeros, objetivos y proporcionales a las necesidades más importantes de la sociedad y que no se hagan gastos innecesarios”.

Con esta decisión, se reafirma el compromiso de Díaz Mena, donde se prioriza el bienestar de la población, en un equilibrio de austeridad, orden y progreso en la entidad.

Hay que recalcar que las placas actuales ya vencieron, lo que ha hecho urgente la actualización para evitar un impacto a la seguridad y eficiencia en la vigilancia estatal.

Además, los dispositivos electrónicos instalados como parte de la videovigilancia en la entidad y a nivel nacional, son compatibles con las placas vehiculares.

Debido a esto, se debe contar con aquellas que puedan ser identificadas con la infraestructura dispuesta para su lectura digital.

El último reemplacamiento en la entidad se llevó a cabo en el 2020, de acuerdo con la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán.

La actualización del padrón vehicular, mediante el cambio de la tarjeta de circulación, de las placas de circulación y de la calcomanía correspondiente debe realizarse cada 3 años.

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Aunque el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció que quedaba sin efecto el pago del polémico Derecho por Infraestructura Tecnológica en Materia de Seguridad Pública para Yucatán, que se pretendía cobrar a través de los recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hoy el Diario Oficial del Estado de Yucatán publicó que la exención de dicho impuesto sólo será vigente durante el ejercicio fiscal 2020.
Ayer, en un acto realizado ayer a temprana hora en el Salón de la Historia del Palacio de Gobierno, el titular del Poder Ejecutivo admitió que la paraestatal federal rechazó cobrar dicho gravamen mediante sus recibos y dio marcha atrás en su intención de allegarse más recursos.
Con la publicación en el Diario Oficial todo indica que el próximo año se pondrá en marcha la recaudación a través de algún método que sería diseñado desde ahora y hasta el 31 de diciembre, según se estableció en los artículos transitorios del Decreto 173/2020 que firmó Vila Dosal y hoy apareció en las páginas 10 y 11 de la citada publicación gubernamental.
Sin embargo, en el mensaje que el mandatario leyó ayer, omitió decir que la cancelación de dicha contribución estaría vigente nada más durante 2020 e hizo hincapié en que se tomó la decisión de no realizar el cobro de este derecho y tampoco activar otros mecanismos de recaudación, como podría ser a través del impuesto predial o del recibo de agua potable.
Lo anterior se interpreta como que Vila Dosal “chamaqueó” a los yucatecos, pues ayer expresó una cosa y otra es la que contiene hoy el citado decreto que firmó. Incluso, tras el anuncio que hizo, partidos políticos, organismos empresariales y público en general se congratularon con la medida sin saber que el acuerdo era temporal.
El decreto de cancelación tiene vigencia de un año donde Vila exentó este cobro, pero no envió una iniciativa al Congreso para derogarlo.

Francisco Chi Lavadores/PRESIDIO

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