Más de 30 profesionales concluyeron el diplomado “Raquel Dzib Cicero” para la atención a las violencias de género contra mujeres, niñas y adolescentes, informó la Presidenta Municipal Cecilia Patrón durante la entrega de certificados.

Durante el acto, destacó que esta formación permitirá contar en el municipio con personas capacitadas para atender de manera especializada situaciones de violencia de género.

“Como gobierno, llevamos más de un año emprendiendo acciones a favor de las mujeres, en su seguridad y fortalecimiento. Gracias a las y los 36 participantes de este diplomado por decidir desde la conciencia, y prepararse para brindar una mejor atención. Por no quedarse de brazos cruzados ante la violencia y la huella que muchas veces deja”, puntualizó la Alcaldesa.

El diplomado fue un trabajo conjunto entre el Ayuntamiento de Mérida, a través del Instituto de las Mujeres, la asociación civil “Apis Sureste: Fundación para la Equidad”, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y la Universidad Autónoma de Yucatán.

Cecilia señaló que esta suma de esfuerzos fortalece la formación de profesionistas, ante la falta de actualización especializada y la alta rotación de personal en servicios de atención; factores que pueden derivar en prácticas deficientes y revictimización.

“La sociedad avanza cuando se apoya mutuamente, cuando la gente confía y recibe esa misma confianza de vuelta en una mano solidaria; creo en la Mérida que somos cuando, como mujeres, nos sostenemos entre nosotras”, agregó.

Con la conclusión del curso, la administración municipal refrendó su compromiso de impulsar acciones para fortalecer la atención profesional y especializada de las violencias de género.

“Cuentan conmigo, Cecilia, como su más grande aliada. Cuentan con este Ayuntamiento que las seguirá impulsando y acompañando a todas y todos”, finalizó Patrón Laviada.

La asignatura fue gratuita y estuvo alineada con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias del Estado de Yucatán; con la participación de profesionistas y estudiantes de Trabajo Social, Psicología, Derecho y Pedagogía.

Como parte de la formación, las personas participantes desarrollaron proyectos de análisis de casos, con enfoque integral y multidisciplinario, incorporando perspectiva de género, derechos humanos e interseccionalidad.

Los resultados reflejaron un impacto positivo en la formación académica y en el fortalecimiento del trabajo interdisciplinario.

“A ustedes, nuestra primera generación: Su trato, sus palabras y sus acciones pueden ser la diferencia entre el silencio y la denuncia, entre el miedo y la protección, entre la resignación y la posibilidad de una vida libre de violencias”, mencionó la Maestra Yahayra Centro Ceballos, directora del Instituto de las Mujeres.

El Ayuntamiento de Mérida informó que continúa impulsando políticas públicas a favor de las mujeres, entre ellas la próxima operación del Primer Refugio para Mujeres en Situación de Calle y con Problemas de Adicciones en la ciudad.

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En Sesión Solemne de Cabildo, la Presidenta Municipal Cecilia Patrón Laviada entregó el Premio Ayuntamiento de Mérida a la Cultura Ciudadana 2025.

Lo anterior, para ocho ciudadanos y organizaciones que han destacado por preservar y difundir valores cívicos y culturales en el municipio.

“Nuestra Mérida de Yucatán es cálida, armoniosa y, sin duda, única. Pero lo que la hace excepcional es su gente”, afirmó la Alcaldesa al iniciar la ceremonia, realizada en el Centro Cultural Olimpo.

El reconocimiento se otorgó en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948.

La convocatoria se emitió en octubre para distinguir a habitantes, asociaciones y colectivos con aportes significativos a la cultura y participación ciudadana.

“El impulso de esta ciudad está en cada mujer que transforma y cuida su entorno; en cada joven que imagina un futuro mejor; en cada niña y niño que llena nuestros espacios de alegría; y en cada persona mayor que nos guía con su sabiduría”, expresó Cecilia.

Los galardonados fueron:

• Martha Sam Yick Domínguez, Asociación Alas Unidas con Liam (Valores Ciudadanos)
• Comedor Zarigüeyas, representante Marina Buenrostro (Participación Ciudadana Solidaria)
• Carlos Alberto Cobá Loría (Convivencia con el Entorno Ambiental)
• Elena Clementina Fernández Moral (Tradiciones, Usos y Costumbres)
• Manuel Jesús Zavala Gómez (Historia y Crónica)
• Diego Mariano Olivera Cal, Convoy Teatro (Empresas Culturales)
• Chef Roberto Solís Azarcoya (Gastronomía)

Patrón Laviada expresó que estos reconocimientos honran a quienes fortalecen la identidad local, protegen el entorno y promueven la solidaridad.

“Son ustedes quienes nos demuestran que cuando la gente se organiza, cuando la gente participa, cuando la gente se compromete, Mérida se vuelve más ordenada, más generosa y más nuestra», afirmó.

Asimismo, agradeció el compromiso colectivo, la solidaridad, la integridad y la cooperación; destacando que la mejora de Mérida es un trabajo conjunto.

«Sigamos construyendo nuestra ciudad desde la solidaridad, la integridad, la cooperación y el compromiso social. Mantengamos esa calidad humana que nos caracteriza y que representa la fuerza de nuestra gente trabajando en distintas áreas para hacer de Mérida un mejor lugar para vivir», agregó la Alcaldesa.

En representación de los galardonados, Manuel Jesús Zavala Gómez recordó que Mérida firmó en 2015 la primera carta mexicana de derechos culturales.

“Este galardón me confirma que ese esfuerzo resuena en nuestra comunidad. Este premio, no es sólo un galardón, es el reconocimiento a una pasión compartida”, dijo.

El evento contó con la presencia de regidores, académicos, ex recipiendarios, integrantes de la comunidad artística, familiares y ciudadanía que acompañó la entrega.

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En el marco del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, la Alcaldesa Cecilia Patrón Laviada, participó en la “Rodada en Silla de Ruedas”.

El evento se efectuó en Paseo de Montejo, en Mérida; con el objetivo de promover la empatía y la inclusión hacia las personas con discapacidad.

Fue organizado por Familias por la Parálisis Cerebral y la Inclusión, junto con el Ayuntamiento de Mérida, a través del DIF Municipal; y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).

“Hoy estamos aquí para hacer visible una condición que pocas veces es vista con sensibilidad. La parálisis cerebral es una realidad que existe en nuestra ciudad, y nuestra responsabilidad como sociedad y como gobierno es acompañar, cuidar y reconocer a quienes viven con ella y a sus familias”, expresó la Presidenta Municipal.

En este sentido, Cecilia reiteró su compromiso de trabajar de la mano con la Codhey, el Instituto Municipal de la Mujer y la ciudadanía, a fin de fortalecer la inclusión desde varios ámbitos.

La actividad reunió a niñas, niños, jóvenes y familias que participaron en sillas de ruedas, andadores, bicicletas, triciclos o a pie.

Posteriormente, se realizó un conversatorio en el que especialistas, activistas y familias compartieron experiencias y propuestas, para mejorar la accesibilidad en espacios públicos y fortalecer los programas de rehabilitación.

“Estamos trabajando para cuidar a quienes cuidan. Detrás de cada niño o niña con parálisis cerebral hay madres y padres que todos los días entregan su tiempo y su corazón. Nuestro deber es apoyarles, decirles que no están solos y que cuentan con nosotros para mejorar su calidad de vida”, afirmó Patrón Laviada.

Asimismo, la Alcaldesa recordó que su administración ha ampliado los apoyos de movilidad y rehabilitación dirigidos a personas con discapacidad.

Lo anterior, mediante la entrega de sillas de ruedas, becas de transporte, asistencia médica a domicilio, viviendas adaptadas y lentes gratuitos.

También, agregó que el Ayuntamiento trabaja en la adaptación de parques y espacios públicos, en pos de garantizar la accesibilidad universal.

“Si hay una calle, un parque o una rampa que falta, díganmelo: trabajemos juntos para cambiarlo. Estamos aquí para que cada espacio de nuestra ciudad sea más inclusivo para nuestras niñas y niños. Estamos avanzando en esa tarea, con amor y compromiso”, concluyó.

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El Gobierno de Yucatán y el DIF firmaron un convenio de colaboración para la habilitación de un centro de asistencia social para niños migrantes que se llamará “Casa U’ulab”.

Con esto, se ofrece un nuevo espacio de dignidad, protección y esperanza para las niñas, niños y adolescentes migrantes.

Lo anterior, con el fin de responder a la creciente migración en tránsito de dicho sector poblacional, basándose en la justicia social, los derechos humanos y el profundo respeto a la infancia.

El Gobernador Joaquín Díaz Mena, la presidenta honoraria del DIF Yucatán, la maestra Wendy Méndez Naal, y la titular del DIF Nacional, María del Rocío García Pérez, firmaron este convenio de trabajo.

Lo anterior, a favor de más de 50 menores, que será la capacidad de este centro de atención. En este sentido, Yucatán será la entidad número 30 del país con este tipo de instalaciones.

Díaz Mena explicó que esto es una respuesta estructurada ante el aumento exponencial de la migración infantil en tránsito a través del territorio yucateco.

En la “Casa U’ulab” no solo se les dará techo y comida, sino que también recibirán atención médica, psicológica, educativa y acompañamiento legal.

Por ello, el Gobernador agradeció el respaldo del Gobierno de México, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como el esfuerzo conjunto entre el DIF Yucatán, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes0; y el Sistema Nacional DIF.

En su discurso, la maestra Wendy Méndez Naal agradeció al DIF Nacional por su respaldo para hacer realidad proyectos en beneficio de personas migrantes.

“Aprovecho esta inmejorable oportunidad para agradecer infinitamente al DIF Nacional, el haber seleccionado a Yucatán como sede del próximo Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo 2025″, afirmó.

También, subrayó el compromiso de los gobiernos estatales y la sociedad para fortalecer acciones que protejan los derechos humanos, especialmente de niñas, niños y adolescentes.

“Nuestro reconocimiento al DIF Nacional por su invaluable apoyo”, reiteró Méndez Naal, destacando la importancia de la colaboración interinstitucional.

El acuerdo permitirá la remodelación de este centro de atención, así como su equipamiento, la adquisición de productos de primera necesidad y los gastos de operación.

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La Presidenta Municipal Cecilia Patrón Laviada presentó una iniciativa al Cabildo para reformar la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, con el objetivo de extender la aplicación de la Ley 3 de 3 a los 105 municipios de la entidad.

La Ley 3 de 3, que prohíbe a personas con antecedentes de violencia de género o deudores alimentarios morosos ocupar cargos públicos, ya fue aprobada en Mérida.

La Alcaldesa destacó su compromiso con la igualdad de género y los derechos humanos, resaltando que Yucatán fue el primer estado en adoptar esta ley a nivel nacional.

Esta iniciativa será analizada por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento antes de ser enviada al Congreso del Estado para su aprobación.

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La decisión de suspender por solo unos días y con goce de sueldo, al comandante de la Policía Municipal de Kinchil, Abraham Solís Castillo; ha generado indignación.

Los habitantes consideran la medida como insuficiente, ante las diversas denuncias de abuso de autoridad.

El caso que desató el enojo ciudadano fue la denuncia de Luis A.C., alias “Dino”, quien aseguró que el pasado 10 de febrero fue detenido arbitrariamente.

Según Luis, se encontraba ayudando a una adulta mayor a cerrar su restaurante. En un momento dado, los agentes lo esposaron, lo lesionaron y lo trasladaron a la cárcel.

Al ser liberado, descubrió que su billetera con tarjetas bancarias y $17,000 pesos en efectivo habían desaparecido.

No se le aplicó ninguna multa, lo que generó sospechas sobre un intento de compensación encubierta por parte de las autoridades.

Ante estos hechos, los pobladores exigieron la destitución definitiva de Solís Castillo, quien ya contaba con antecedentes de represión.

Sin embargo, solo fue suspendido temporalmente con sueldo íntegro, lo que desató aún más molestia entre la comunidad.

«Literalmente le dijeron: ‘cámate afedo pofavor y regresa, pero cálmate’», ironizó un ciudadano sobre la impunidad del comandante.

El Alcalde Irvin Pisté Canul no ha tomado medidas más severas contra el mando policial, lo que ha despertado sospechas de una posible protección desde el Ayuntamiento.

Mientras tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tienen en su poder dos denuncias formales contra la corporación municipal.

Los pobladores esperan que las autoridades estatales y federales intervengan para evitar que los abusos continúen y garantizar la seguridad sin temor a represalias.

También, exigen mayor transparencia en la difusión de boletines oficiales sobre detenciones, como ocurre en otros municipios y en la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSP).

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La capacitación constante al personal, aprovechar la tecnología, instalaciones adecuadas, mejorar la atención a los ciudadanos y el uso eficiente de los recursos, fueron las principales propuestas expresadas por los candidatos a ocupar el cargo de Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, ante los integrantes de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado.

De conformidad a lo establecido en la pasada sesión de la Comisión, este jueves acudieron 19 de los 20 candidatos a ocupar el cargo de Consejero, los participantes expusieron sus motivos ante los diputados integrantes, lo realizaron en bloques de 5, y cada uno de ellos tuvo 5 minutos.

En su exposición, mencionaron brevemente su experiencia en materia legal e hicieron propuestas para mejorar la Judicatura, entre las que destacan mejorar el portal de citas, profesionalización de los Jueces de Paz, tener una mejor eficiencia en los Juzgados Familiares a través de una nueva organización de los 10 existentes, hacer que la atención hacia los usuarios sea más humanista con respeto a derechos humanos.

Asimismo, la incorporación de buenas prácticas para el abordaje de temas de la niñez que sufren abuso sexual y otros delitos para no revictimizar a los afectados, mejorar las condiciones laborales de los empleados, alcanzar la dignificación judicial, utilizar las herramientas tecnológicas para mejorar los procesos, así como hacer un análisis responsable de la infraestructura; número de jueces y personal para que los procedimientos judiciales sean más ágiles y eficientes.

Los bloques se conformaron de la siguiente manera: en el primero, Samuel Furlong Bojórquez, Rodrigo Ortiz Eljure, Alejandro Burgos Jiménez, Alfredo Compañ Fernández, Jorge Carrillo Canché. En el segundo: Elsy Villanueva Segura, Marlene Heredia Ángel, Raúl López Cárdenas, Elmer Novelo Dorantes, Santos May Tinal. En el tercero: Gabriela Gutiérrez de los Santos, Carlos Murillo Ku, Marcelina Puch Cetina, Joaquín Cardeña Sánchez, Robert Gutiérrez Crespo. En el bloque cuatro: Ninette Lugo Valencia, Luis Méndez Corcuera, Francisco Santos Mendoza Aguilar y Luis Martín Iuit Granados, cabe mencionar que Jorge Victoria Maldonado, declinó previo aviso a la Comisión.

Durante la jornada se contó con la presencia de los diputados integrantes de la Comisión, Gaspar Quintal Parra (PRI), Luis Fernández Vidal (PAN), Eduardo Sobrino Sierra (PRD), Dafne López Osorio (PAN), Jesús Pérez Ballote (PAN), Rafael Echazarreta (MORENA), Carmen González Martín (PAN) y Víctor Hugo Lozano Poveda (PAN), excepto de la legisladora, Jazmín Villanueva Moo (Morena).

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Cada dos días, en promedio, se recibe una denuncia por tortura en la Fiscalía General de Yucatán, según los 315 casos que se documentaron el año pasado y en lo que va del presente.

Sin embargo, ninguna de estas carpetas de investigación sobre graves violaciones a los derechos humanos ha sido judicializada, es decir, ni siquiera llegan a turnarse en consecuencia legal contra quien cometió la tortura.

En el estado que tiene fama de seguro, donde “no pasa nada”, en 2020 se asentaron 212 denuncias y en lo que va de 2021 suman 103, pero ninguna ha llegado ante un juez de control.

Se estima que numerosos casos no llegan a conocerse debido a posibles amenazas hacia las víctimas o por miedo a represalias de parte de los verdugos.

La directora en México de la organización pro derechos humanos “Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos” (WOLA por sus siglas en inglés), Stephanie Brewer, difundió este lunes la respuesta de la Fiscalía estatal acerca de las denuncias por tortura en los últimos dos años y el seguimiento que les ha dado, el cual es nulo.

De 315 casos denunciados desde 2020, ninguno se ha judicializado, es decir, no son presentados ante un juez de control, de modo que no se emite orden de comparecencia o de aprehensión y, por ende, no comienza el proceso judicial.

Las denuncias de tortura, entre otros delitos de mayor impacto, deberían investigarse por oficio y es obligación de la Fiscalía del Estado iniciar las averiguaciones una vez asentada la denuncia ante el Ministerio Público.

Sólo cuando no hay suficientes elementos de prueba para determinar que se produjo el delito (mediante intervención de un médico legista) o el denunciante fallezca o desista de su denuncia, serían motivo para que el acta de investigación no llegue ante un juez para evitar un proceso judicial.

De esos 315 casos denunciados en Yucatán se desconoce el porqué ninguno llegó hasta las instancias judiciales. Ahora, tras la muerte del joven José Eduardo Ravelo Echevarría la atención internacional está en Yucatán y en la actuación de sus autoridades encargadas de servir y proteger.

Según declaró en días pasados el Juez Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, quien lleva el caso del joven veracruzano que fue violado y torturado, José Eduardo describió en su denuncia y señaló a una corporación policial que no sería la municipal de Mérida. Incluso logró dar nombres o apellidos, así como una descripción física de sus agresores sexuales y que portaban uniformes oficiales.

Por la “secrecía de la investigación” aún no se revela cuál corporación fue señalada por Ravelo Echevarría, pero esta denuncia, al igual que las 315 anteriores, no habían sido presentadas ante un juez de control.

Cuando se le solicitó la orden de aprehensión contra cuatro uniformados municipales, Rómulo Bonilla la concedió, desconociendo que la Fiscalía de Yucatán ocultaba datos de prueba.

Pero cuando se llevó a cabo el juicio de vinculación a proceso, los fiscales se vieron obligados a entregar la denuncia que el joven José Eduardo hizo en vida, de modo que el juez liberó de inmediato a los acusados.

Ayer lunes se realizaron de manera simultánea dos ruedas de prensa: una con el abogado David Dorantes, quien defiende a los policías acusados, y otra con el fiscal de Yucatán, Juan Manuel León León. De la primera informamos con vídeo en vivo (https://fb.watch/7r3x9EGhuV/). A la segunda no fue invitado, ni avisado PRESIDIO.

El titular de la Fiscalía habló del caso de José Eduardo y su explicación de los hechos se centró en los vídeos que circulan en redes sociales y que, a juicio del abogado Dorantes Cabrera, están editados y atentan contra la integridad del ahora fallecido.

La Fiscalía aceptó que su línea de investigación inicia a partir de la detención por parte de la Policía Municipal de Mérida y que se basa en la cronología de las grabaciones que circulan en redes sociales.

Sin embargo, el juez Bonilla Castañeda reveló que existen muchos datos de prueba, como las declaraciones que José Eduardo hizo en el Ministerio Público, las cuales deben ser tomadas en cuenta, más que los videos.

Por cierto, en la rueda de prensa de la Fiscalía sólo se permitió la palabra a cinco personas de los medios de comunicación. Pero cuando los reporteros comenzaron a preguntar sobre lo ocurrido antes de que José Eduardo fuera detenido y también por los señalamientos contra una corporación policial distinta, los fiscales se levantaron de sus asientos y dieron por terminado el acto informativo, que dejó más dudas que respuestas.

Edoardo Manzanilla (PRESIDIO)

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–Romario García, candidato a la alcaldía de Progreso, se comprometió con su firma a cumplir las solicitudes de activistas a favor de los derechos humanos

La comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero Travesti, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ+) entregó hoy sus propuestas al candidato a la alcaldía de Progreso por el Partido Encuentro Solidario, Romário García Ramírez.
«El Caballo Negro» hizo suyas las inquietudes de la comunidad al comprometerse a incluirlos en su agenda política, manteniendo siempre un gobierno de puertas abiertas.
Representantes de la comunidad en el puerto, encabezados por el activista Luciano Martínez Tzuc, entregaron su agenda municipal al abanderado del PES, en la que expresaban sus solicitudes para ser incluidos en las decisiones del Ayuntamiento.
El «Caballo Negro» aprovechó para señalar que dichas propuestas son una demanda histórica, por lo que firmó el documento con las propuestas para dejar constancia de su compromiso.
Tienen derecho a ser escuchados y atendidos sin ningún tipo de discriminación, por eso en mi administración les tendremos siempre las puertas abiertas», apuntó el candidato a la Presidencia Municipal de Progreso.
Romario García ofreció capacitar a todos los servidores públicos de su administración, para siempre dirigirse a la comunidad LGBTTTIQ+ con apego a los derechos humanos.
El también llamado «Candidato del Pueblo» señaló que su compromiso es crear una verdadera inclusión entre todos los habitantes del puerto.
«Somos incluyentes desde ahora, pues tanto en mi planilla como en mi equipo de trabajo hay representantes de la comunidad LGBTIQ», agregó Romário García.
De igual forma aseguró crear un gobierno de puertas abiertas para todas y todos por igual, sin distinción de género o preferencia sexual.
«Mi propuesta es un gobierno que no haga distingos ni señalamientos de ciudadanos de segunda ni de tercera, gobernaré sin poses; ese es mi compromiso» finalizó el joven político.

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Activistas pro Derechos Humanos presentaron una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) contra la diputada federal yucateca Cecilia Patrón Laviada.
La legisladora es señalada por supuestamente promover y difundir mensajes xenofóbicos que trasgreden los derechos de personas de otros estados del país que han decidido radicar en Yucatán.
La queja fue presentada ayer por los activistas Alex Orué y Carlos Escoffié Duarte “por mensajes xenofóbicos realizados en redes sociales por la Diputada Federal yucateca Cecilia Asunción Patrón Laviada”.

Tras los incidentes del pasado domingo 19, cuando elementos de la Policía Estatal lanzaron una granada de gas pimienta contra ciudadanos que tomaban parte en una manifestación, la diputada federal, dijeron, difundió un mensaje en su cuenta oficial de Twitter que fue considerado por organizaciones y activistas como xenofóbico.
El mensaje decía: “Los yucatecos siempre hemos encontrado un camino hablando y discutiendo. Hoy como pocas veces, muy pocos quisieron hacernos caer en una provocación. Quienes quieren traer a YUCATÁN modos violentos de otros estados no tendrán cabida en nuestro estado.”
Escoffié Duarte dijo a PRESIDIO que su queja fue enviada al Conapred en la Ciudad de México por medio digital y que en próximos días recibirán la notificación de recibido.
De proceder la queja, la legisladora yucateca podría ser sancionada con tomar, al menos, un taller de capacitación en materia de no discriminación.
Alex Orué y Carlos Escoffié, a través de sus cuentas de Twitter, denunciaron que el mensaje reforzaba la discriminación en contra de inmigrantes connacionales residentes en Yucatán.
Fue Orué quien contestó el tuit a Patrón Laviada señalándole que “la violencia en Yucatán no es importada. La represión violenta a la protesta vino del Estado. Si la gente salió a las calles es justo, por la falta de diálogo de las autoridades”.
Por su parte, Escoffié señaló a la legisladora que aspira a gobernar Mérida que “lo más preocupante de este discurso arribista es que no está en aislado, sino en un contexto de xenofobia connacional en Yucatán.”
Tras el tuit de contestación, la diputada panista respondió que no hacía referencia a personas y que “copiemos de otros lugares sus cosas buenas, no las malas”.
Luego del debate en redes sociales, los dos activistas presentaron formalmente la queja ante el CONAPRED en contra del discurso xeonofóbico que, señalaron, no ha sido únicamente utilizado por la diputada.
“El CONAPRED sólo puede atender quejas de discriminación cometidas por autoridades federales, pero en los últimos días el mismo discurso ha sido utilizado por autoridades estatales como María Fritz, e incluso el propio Gobernador, para justificar los controversiales hechos durante la marcha del domingo 19 de enero”, expuso.
Por último, ambos activistas pro derechos humanos señalaron la importancia de que se reconozca en Yucatán la discriminación contra personas de otros estados, la cual se manifiesta desde rechazo social hasta detenciones arbitrarias.
Por ello esperan que el CONAPRED también notifique de la queja a la diputada Patrón Laviada, a quien se ha mencionado como el “delfín” de Vila Dosal para ocupar la candidatura del PAN a la alcaldía de Mérida.

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