El gobernador Mauricio Vila Dosal, en su cuarto día en funciones, anunció que se acabaron los privilegios que tenían los funcionarios en la administración anterior.
Vila Dosal renunció hoy al seguro médico del que gozaba Rolando Zapata Bello y dijo adiós a la línea de teléfono celular que el ex gobernador se pagaba con cargo al erario.
El nuevo mandatario firmó un acuerdo de austeridad donde instruye a la Secretaría de Administración y Finanzas aplicar medidas de austeridad y ahorro presupuestal en todo el Gobierno.
“Esto será sin afectar la prestación eficiente de los servicios públicos a los yucatecos”, aseguró, durante un acto efectuado esta mañana en el Salón de la Historia del Palacio de Gobierno.
De un plumazo, Vila mandó a cancelar 300 líneas de celular de funcionarios de primer nivel, que ahora pagarán de su sueldo el servicio telefónico personal, ya que representan la mitad de las contratadas por el Gobierno.
Los secretarios tampoco tendrán a su disposición sus acostumbradas camionetas de lujo y se devolverán 500 vehículos cuya renta mensual cuesta más de 60 millones de pesos por estar al servicio de funcionarios.
Se propone ahorrar 30 millones de pesos en combustible, que son equivalentes a 1.5 millones de litros, una vez que reduzca la flotilla de vehículos oficiales.
También anticipó que se dejará de pagar a asesores del gobierno anterior, consultores y despachos que realizaban estudios de mercado que no se consideran indispensables y a los que se entregan 500 millones de pesos.
El gobernador entrante desaparecerá la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de la Juventud, el Instituto de Museos e Historia de Yucatán, que administra Jorge Esma Bazán, y la Junta de Electrificación, entre otras dependencias cuyas funciones serán absorbidas por otras.
También se extinguirá el Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción, pues no tiene caso su existencia, ya que sus atribuciones sólo son sancionar en forma administrativa y para ello ya existe el Tribunal de Justicia Administrativa.
En caso de sanciones penales, indicó, está la Vicefiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, a la cual se pretende reforzar sus atribuciones y autonomía.

El objetivo es acabar con dependencias, paraestatales y organismos que tengan duplicadas sus funciones o mantengan un exceso de burocracia, con lo cual se irá a la calle alrededor del 20 por ciento del número de empleados de confianza al pasar la “barredora azul”.
Existen también 400 vehículos viejos y defectuosos que se darán de baja porque se gasta más dinero en comparación con el beneficio operativo que prestan, con lo cual se ahorrarán 25 millones de pesos en combustible y mantenimiento.
Estas y otras medidas representarán un ahorro de mil millones de pesos que se destinarán a infraestructura y desarrollo social para los ciudadanos, explicó el mandatario.
De esta manera desaparecerán oficinas que fueron creadas para dar cabida a personas priistas como cuota de campaña y a los que se queden, se retirarán privilegios y ciertas prestaciones que gozaban.
Tan sólo en la Dirección de Comunicación Social que tenía Zapata Bello permanece una nómina de más de 70 personas, con un pago global cercano al millón de pesos, aunque dicho personal sólo se dedica a entorpecer el trabajo de los medios informativos.

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